Gravarán prestaciones sociales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que todos los empleados del gobierno deberán pagar impuestos sobre sus prestaciones y declaró inconstitucional la exención tributaria que el Congreso de la Unión había aprobado en diciembre de 2002 (Muñoz P, La Jornada 23.06.03).
La decisión afecta aproximadamente a 3 millones de trabajadores quienes, a partir del viernes 27 de junio, tendrán que pagar impuestos sobre aguinaldos, bonos, pagos extraordinarios, como recompensas económicas, primas vacacionales y compensaciones.
La decisión de la SCJN es muy grave. Se trata, nada más y nada menos, que de REDUCIR el salario de los trabajadores. Podrían ser más de 3 millones, porque han empezado por los sectores más débiles, pero la pretensión incluye a los sindicatos titulares de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), en el Apartado A.
Hace ya varios años que el gobierno ha intentado gravar las prestaciones sociales. Estas, han sido conquistas incorporadas a los CCT, o Convenio General de trabajo (CGT) en el caso del Apartado B. Con las prestaciones se ha tratado de resarcir, al menos en parte, la persistente pérdida del poder adquisitivo de los cada vez menores salarios. Baste señalar que, desde la represión político-militar a la Tendencia Democrática (1976), el salario real de los trabajadores mexicanos está en caída. No ha habido un solo momento de recuperación; ahora, en pleno neoliberalismo foxista, menos. El salario real de los trabajadores mexicanos en 2003 está al nivel de 1903, antes de las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco.
La REDUCCIÓN del salario es evidente. A los trabajadores se nos sujetará a la desigual tabla de impuestos determinada por la Secretaría de Hacienda. Al ser gravada cada prestación, la tabla se dispara. El resultado será que el pago de impuestos será mayor que los incrementos salariales de los últimos tiempos.
Algunas organizaciones se han inconformado y proponen interponer un Amparo ante la decisión de la Corte. Ese es asunto de abogados y una acción burocrática.
Lo que se requiere es la acción unificada, la movilización, la lucha concreta y real. De otro modo, el Amparo se podría perder, en la justicia mexicana NO existen garantías de NADA, menos en materia laboral. Lo menos sería un juicio largo y desgastante.
¡Unidos Venceremos!