Desnacionalización eléctrica y anticonstitucionalidad
Permisos fraudulentos
Los legisladores Bartlett y Rocha documentan el proceso de privatización eléctrica. Al presentar la denuncia de hechos relacionan 225 permisos vigentes por 19 mil 973MW, que corresponden a las figuras de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente y exportación. También, se incluye el porteo por transmisión eléctrica y las tarifas de respaldo. El daño a la Nación es cuantioso y podría ser peor. De seguir así, hacia el 2011 el sistema eléctrico nacional estaría mayoritariamente en manos privadas.
225 permisos vigentes, 19 mil 973MW
En la denuncia de hechos presentada por Bartlett y Rocha, se relacionan los diversos permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Se indica que, ésta “ha otorgado hasta marzo de este año un total de 240 permisos a particulares para producir electricidad bajo las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, importación y exportación”.
“De ese total, 225 permisos están vigentes. Se trata de proyectos que en conjunto tienen una capacidad de 19 mil 973MW, equivalentes a 54 por ciento de la capacidad del parque de generación de CFE”.
Producción independiente
Se indica que, de los permisos, “17 son de producción independiente, con plantas en funciones o a punto de arrancar, con una producción total de 7 mil 92MW, equivalente a 19 por ciento del parque de generación de CFE”.
“Hasta diciembre del año pasado habían entrado en operación ocho centrales que totalizan 3 mil 495MW y el resto de las plantas estaba en construcción. Todos los permisionarios son filiales de empresas extranjeras. Iberdrola y Unión Fenosa cuentan con permisos por 2 mil 242 y mil 712MW, respectivamente. Ello significa que el capital español controla 43 por ciento de la producción independiente en México. Consorcios franceses controlan 20 por ciento y el resto firmas canadienses, estadounidenses y japonesas”.
Los legisladores señalan de inmediato que, de continuar esa tendencia, “en el año 2011 el sistema eléctrico nacional tendrá instalados 63 mil 214MW, alrededor de la mitad de los mismos en manos de empresas extranjeras”.
Autoabastecimiento
La CRE ha otorgado 162 permisos de autoabastecimiento, de los que siguen vigentes 158. Suman 6,311MW, equivalentes a 17 por ciento del parque de generación de CFE. “El análisis de los 60 permisos más recientes permitió comprobar que 13 consienten un comercio ilegal de electricidad. Son negocios de generación y venta de energía eléctrica que conforman un servicio eléctrico paralelo al autorizado por la ley. El desarrollo de los mismos causa daño patrimonial a la CFE y LFC por merma de sus ingresos y remanentes”.
Cogeneración
Se han otorgado 35 permisos de cogeneración. Siguen vigentes 35, que suman 2,158MW, equivalentes a 6 por ciento del parque de generación de CFE. El análisis de los 20 permisos más recientes permitió comprobar la existencia de un comercio ilegal de electricidad a través de la figura de “establecimientos asociados a la cogeneración”. Al menos ocho permisos dan cobertura a negocios de venta de energía, van más allá de las disposiciones legales en la materia.
Exportación
El actual gobierno otorgó seis permisos para exportar electricidad por la frontera norte y uno por la frontera sur, que suman 2 mil 240MW, equivalentes a 6 por ciento del parque de generación de CFE.
Justificándose, dicen los legisladores que, la instalación de centrales allende el Bravo, dedicadas exclusivamente a producir electricidad para Estados Unidos, plantea diversos riesgos, “el más importante de seguridad nacional, toda vez que cuando el Congreso aprobó esta figura buscaba retribuir beneficios a la nación con la generación de divisas. El objetivo nunca fue permitir la maquila de electricidad con gas importado ni la extensión del sistema eléctrico estadounidense en territorio nacional”.
Transmisión eléctrica
Ese servicio (porteo), “se cobra a los empresarios privados a razón de 0.0284 pesos por kWh, tarifa que sólo permite cubrir una parte de los costos reales en que incurre la CFE por prestar ese servicio, pese a que lo correcto sería 0.0982, según la media internacional. Esa diferencia de tres a uno representa un subsidio a las empresas, en su mayoría extranjeras, que no está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y ocasiona un severo daño patrimonial a la empresa pública”.
Tarifas por respaldo
También las tarifas por respaldo -es decir, el servicio que el Estado debe dar si fallan las instalaciones privadas- está por debajo de su costo real y no cubre las inversiones que CFE debe llevar a cabo para suplir al transformador que pudiera fallar. Así, con respecto a la tarifa de tensión, la Comisión pierde 0.157 pesos por cada kWh que un generador particular deja de producir por falla.
Margen de reserva
En un afán por justificar la privatización eléctrica el gobierno de Fox continuó con la estrategia de causar un daño patrimonial a la CFE, al propiciar el desplome del margen de reserva con que debe operar el sistema eléctrico, así como el deterioro de la disponibilidad, la confiabilidad y la eficiencia térmica. El daño se estima en más de 14 mil millones de pesos y se justifica en las restricciones presupuestales a que se ha sometido a la empresa desde el sexenio de Zedillo, pero agudizadas ahora.
En suma, "De los hechos expuestos derivan responsabilidades administrativas, políticas o penales para los funcionarios públicos, así como responsabilidades para los particulares", concluyen Bartlett y Rocha.
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Todos los tipos de centrales privadas, incluidas las eoloeléctricas, corresponden a permisos fraudulentos |
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