Licencia para matar
En 1948 la ONU aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. En 1998, en Roma, se aprobó el estatuto de creación del Tribunal (o Corte) Penal Internacional (TPI). 70 naciones han ratificado el acuerdo. EU, Rusia, China y la mayoría de los países árabes NO lo aceptan.
Peor aún, EU ha firmado convenios bilaterales con 24 países sobre la inmunidad a sus soldados. De acuerdo a la resolución 1422 del Consejo de Seguridad de la ONU los efectivos de cualquier país no firmante del TPI NO pueden ser llevados ante los tribunales.
El TPI opera a partir del 1 de julio de 2002. El TPI puede juzgar sobre los siguientes crímenes: Genocidio; Guerra, incluidos conflictos internos; Lesa humanidad; Agresión, incluyendo delitos de carácter sexual (violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, etc.) y de carácter racial como el “apartheid”.
El TPI es un órgano independiente de Naciones Unidas y trabaja en forma complementaria y subsidiaria con los tribunales nacionales. Alemania, Francia e Inglaterra son los principales contribuyentes (www.bbc.com 11.03.03). La sede del TPI está en La Haya.
En 2002, el Congreso norteamericano acordó una ley para prohibir la ayuda militar a países que no concedan inmunidad a las tropas yankis. Ese año, los EU reiteraron que no firmarían el TPI porque “podría ser utilizado contra personal militar de sus propias fuerzas armadas”. El gobierno norteamericano es consciente de sus crímenes.
El 1 de julio de 2003, el gobierno norteamericano suspendió la ayuda a 35 países que no han firmado acuerdos para eximir a los soldados norteamericanos del TPI (Heredia L., en BBC 010703). Entre los “sancionados” está Brasil, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Perú y otros, incluso Colombia. Uribe dijo que ya existía un convenio bilateral al respecto desde 1962. El caso Colombia es especial, porque la presencia de tropas norteamericanas en el territorio nacional es escandalosa, y la ayuda militar cuantiosa, para apoyar al gobierno fantoche y a las bandas paramilitares asesinas.
Brasil dijo que acceder a dar inmunidad a los militares estadounidenses “permitiría que permanezcan impunes individuos acusados de práctica de crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio”, mientras se apuntaba que, en definitiva, no es mucho el dinero que se va a dejar de dar (Menéndez M, Juventud Rebelde 06.07.03).
Entre los países que firmaron están Bolivia, Honduras, Panamá y, por supuesto, México. El servilismo de Fox, aliado del fascismo , no tiene límites.
Como consecuencia de la política imperialista, el gobierno de Bélgica anunció el 13 de julio que modificaría la “Ley de competencia universal” de 1993. “Esta, ley otorga a las cortes de ese país la posibilidad de juzgar casos referentes a crímenes de guerra, sin importar dónde fueron cometidos” (BBC, 13.07.03).
Ahora, con las “modificaciones”, Bush, Blair, Sharon, Rice, Rumsfeld, Powel, seguirán impunes, las acusaciones contra estos criminales serán descartadas.
“Estados Unidos se opone a la CPI (TPI) porque participa en casi todas las guerras, tiene soldados en cualquier parte del mundo y son los militares norteamericanos precisamente los que cometen los mayores crímenes y violaciones de lo establecido internacionalmente para proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra” (en Granma Internacional 02.07.03).
“Bueno sería si, en efecto, EE.UU. suspendiera las ayudas militares propiciadoras de guerras y otros desmanes, por otra clase de asistencia. Pero el castigo parece una tonta penitencia cuando América Latina está plagada ya de sus bien equipadas bases militares, en tanto parte del Medio Oriente y de Eurasia es mantenida a buen recaudo con su presencia en Afganistán e Iraq (Menéndez M, Juventud Rebelde 06.07.03).
“Su único objetivo ahora es preparar el terreno para nuevas correrías de sus tropas intervencionistas, sembrar el miedo entre los débiles y dependientes y... humillar. Eso es lo más grave”.
Los acuerdos que promueve el imperialismo, abiertos o secretos, para proteger a sus soldados constituyen una evidente licencia para matar. Los gobiernos firmantes son cómplices de los asesinos.