Policía entra en Cadereyta
Más de 100 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de inteligencia ingresaron a las instalaciones de almacenamiento de la refinería Cadereyta de Pemex, ubicada en Nuevo León.
Supuestamente, los operativos tienen el objetivo de disuadir el robo de combustibles. Las acciones policíacas incluyen ya a las refinerías ubicadas en Ciudad Madero, Tamaulipas; Salina Cruz, Oaxaca, y Minatitlán, Veracruz, entre otras. No tardará en generalizarse la presencia policíaca en todas las refinerías del país y centros de distribución de petrolíferos.
En cada caso, 100 policías se encargan. Además, “6 mil agentes tienen instrucciones de revisar las pipas en circulación, para verificar que efectivamente trasladen los volúmenes que aparecen registrados” (Carrizales D, en La Jornada 11.03.04).
Las acciones policíacas en Pemex son ilegales. De entrada se quiere hacer responsables a los trabajadores y se ha iniciado una persecución indiscriminada, todos son sospechosos.
La entrada de la PFP, se dice, fue a petición de la Secretaría de Hacienda y avalada por Pemex. Todo partió de una denuncia informal de Juan Bueno, director panista de Pemex-Refinación. Pero, ese Bueno, sabe bien quienes participan del robo: son las mafias de las cuales él forma parte en connivencia con los charros sindicales.
Con helicópteros, la policía patrulla instalaciones y ductos en el país. Se trata de proteger las transnacionales, mismas que utilizan la Red Nacional de Ductos de Pemex para recibir “a las puertas de su casa” el gas que consumen en las plantas que operan inconstitucionalmente.
Se supone que hay procedimientos legales para presentar denuncias formales y autoridades facultadas para ejercer las funciones correspondientes. En el presente caso, se ha seguido un camino fuera de la ley para combatir a los ilícitos. La acción de la Policía Federal Preventiva corresponde a un estado SIN ley, basado únicamente en la represión.