Número 38, Mayo 30 de 2003

Quedaría sin efecto el decreto de Fox del 8 de febrero de 2002

Bajar tarifas eléctricas

Las tarifas, punto nodal de la privatización. ¡No a la reforma constitucional, No a las reformas de 1992!, expresiones acertadas que requieren congruencia legislando apropiadamente para corregir las anomalías que hoy permiten la privatización furtiva. El asunto es muy serio y no se puede reducir a golpes electoreros, sin programa y sin principios. ¿Dónde está la propuesta de los legisladores para derogar las reformas de 92? Trivializar la discusión beneficia a los privatizadores transnacionales.

A iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Senado de la República aprobó, el anterior 10 de abril, una ley que establece un nuevo esquema de tarifas eléctricas en el país. Se dijo, también, que con esta medida se impulsará una disminución en los pagos. La iniciativa fue aprobada con 62 votos del PRI, PRD y PVEM y pasó a la Cámara de Diputados para su discusión.

De inmediato, la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la Comisión Federal de Electricidad se opusieron. Dijeron que la medida afectará el mantenimiento y operación del sistema eléctrico, pondrá en riesgo el suministro de electricidad a mediano plazo y calculan que dejarán de percibir 10 mil 841 millones de pesos, cifra superior a la totalidad del presupuesto de inversión.

Para los empresarios privados, “antes de reducir el costo del servicio es mejor la apertura del sistema eléctrico a más opciones y que sea más eficiente el sector”, es decir, para ellos no hay nada mejor que la privatización.

La propuesta consiste en reformar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de la Administración Federal y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que tienen como finalidad quitar a la Secretaría de Hacienda la discrecionalidad para fijar las tarifas al tener que ajustarse a un nuevo esquema.

La reclasificación propuesta define criterios salariales y económicos del usuario, así como factores climatológicos para establecer los costos de la electricidad en todo el país. Se determina trato preferencial para indígenas y descuentos de 20 por ciento a pensionados y jubilados en el pago de la luz y se prolonga a ocho meses el horario de verano en regiones de clima extremo. Asimismo se establece que los negocios ubicados en casas habitación paguen la luz en tarifa residencial y no comercial, además de la posible facturación mensual para quien así lo desee.

Falta que los señores diputados “tengan a bien” aprobar la propuesta del Senado, seguramente serán los nuevos diputados electos el próximo 6 de julio. Si así lo hicieren, el gobierno foxista ya empezó a hablar de un posible veto

Tarifas, del interés social al mercado

Independientemente de analizar a fondo esta iniciativa, lo que ni la propuesta de los senadores, ni el acuerdo del 2 de abril (para reducir las tarifas en AT) toman en cuenta, es que la Industria Eléctrica Nacionalizada depende cada vez más del gas natural (GN) para la generación eléctrica y al quedar ésta, cada vez en mayor proporción, en manos privadas, el asunto de las tarifas sale del ámbito estrictamente social. Pasa a ser una cuestión de mercado, dónde la indexación de precios entre productos provoca alzas "en cascada" y dónde las empresas privadas buscan salvaguardar su beneficio.

Bajo este esquema sólo queda de dos sopas: o se subsidia al consumidor o se les regala el combustible a los generadores privados ¿Qué proponen concretamente unos y otros? ¿Qué hay de una planeación energética integral?

En lo que va del año el precio del GN subió más de 60% y el precio combustible representa cerca de 40% del costo de generación en este tipo de plantas, ahora que están prácticamente nuevas (en otras térmicas llega al 60%). Esto se reflejó en las tarifas directamente indexadas al costo del combustible (las industriales), lo cuál se modificó para "atenuar" el impacto al consumidor final.

Además de ser un atentado a la empresa pública (allí está la deuda por 23 mil millones de pesos de LyFC, que se deriva de la compra de energía eléctrica a CFE), ¿Cómo puede asegurar Fox que absorbiendo las variaciones en el precio de referencia mensual del gas natural, apoyará el desarrollo nacional y no solamente el de unos cuantos financieros? ¿Porqué a las tarifas industriales se les aumenta el subsidio y a las residenciales se les redujo?

Fox sabe que la mayoría de los grandes usuarios tiene acuerdos (o contempla tenerlos) a nivel de asociados con los generadores privados, es decir que se verán doblemente beneficiados (una como generadores privados y otra como consumidores).

No en balde, durante el receso legislativo comprendido entre el 15 de diciembre de 2002 y el 15 de marzo de 2003 se presentaron al congreso diversas iniciativas que tienen que ver con las tarifas eléctricas (El Economista, 01.04.2003), lo cual indica la importancia del tema. Al menos dos van en el sentido correcto. Una, es que el Congreso determine los precios y tarifas del servicio de energía eléctrica, (presentada por el Congreso del estado de Sinaloa); la otra, que busca eliminar la discrecionalidad del Ejecutivo para el ejercicio de sus facultades tarifarias (presentada por el diputado priísta, Jesús Burgos Pinto). Sin embargo faltan dos elementos fundamentales: uno, la participación social permanente, porque ya se ve que los diputados solitos no van a dar una, y dos, se requiere la propuesta técnica de CFE, siempre y cuando se le permita planear nuevamente a largo plazo y no en beneficio de los capitalistas privados, como propicia la CRE.

Así pues, las tarifas son el punto nodal para la privatización (furtiva) de la industria eléctrica. Las tarifas andan mal por una pésima planeación estratégica, que en su intento privatizador no ha reparado en comprometer la viabilidad eléctrica del país, al hacernos depender de un combustible básicamente importado.

¡Derogar las reformas del 92, poner fin a la privatización furtiva,
restablecer la legalidad constitucional!
Se requiere congruencia legislativa, antes de que sea más tarde.
Hoy, el 34% de la capacidad eléctrica instalada en el país ES privada.