Número 43, Octubre 30 de 2003

Leonel Godoy explicita su política privatizadora

Inaceptable propuesta del PRD

Medidas legales para la autorización de permisos a particulares. Esa es la brillante coincidencia del PRD con las demás fuerzas políticas. Es, precisamente, lo que quiere Fox. La cúpula del PRD procede a espaldas del pueblo y de sus militantes. La política que promueve el aparato es privatizadora. Ya olvidaron las contrarreformas de salinas a la ley eléctrica (1992) y ahora proponen avalarlas. Las iniciativas sometidas a la consideración de Diputados y Senadores no son hechos aislados ni personales (Tapia-Carrillo, Sodi), corresponden a la política privatizadora de la cúpula burocrática y asesores.

Reforma constitucional, ¡NO!

Se ha adquirido experiencia, indudablemente. Cada vez que declaran se acomodan re’bien. El 21 de octubre hubo una reunión del PRD en la secretaría de gobernación, cuyo titular anda muy activo en el cabildeo político para forzar las reformas privatizadoras de Fox. Luego de tal reunión, Leonel Godoy presidente en funciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó a los medios de las “coincidencias” de ese partido con el foxismo. Pero no dio la información completa.

De acuerdo al documento “PROPUESTA ALTERNATIVA DE REFORMA ELÉCTRICA INTEGRAL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD y entregado a Santiago Creel por el propio Godoy se dice:

“14. Proponemos mantener sin cambios los artículos 27 y 28 constitucionales referentes al sector de energía eléctrica. Es decir: "Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".

¡Magnífico! Eso es precisamente lo que dice actualmente la Constitución. ¡Estamos totalmente de acuerdo! Pero hasta allí.

¡Privatización NO constitucional, TAMPOCO!

De inmediato, las bonitas declaraciones se hacen borrosas y francamente entreguistas.

“17. La iniciativa presentada por el PRD toma en cuenta la realidad que significa la generación de electricidad desarrollada actualmente por particulares. Sin embargo, no considera conveniente poner a discusión una reforma constitucional que ampare desde la norma fundamental a la producción independiente”.

Primero debía aclararse que, el PRD ha presentado esa “propuesta” al gobierno foxista, jamás al pueblo, ni siquiera a los militantes del partido. Es la propuesta del aparato perredista y nadamás.

Lo más importante es la primera parte. Muy comprensivos indican que “toman en cuenta la realidad que significa la generación de electricidad desarrollada por los particulares”. Sí, la toman tan en cuenta que la apoyan. ¡Eso, es incorrecto! Y, se refieren, nadamenos que a la ilegal figura llamada “producción privada independiente” misma que la Suprema Corte de Justicia declaró anticonstitucional.

Contradictorios y cada vez más expertos en el discurso borroso, los perredistas afirman:

“La participación de particulares en el sector eléctrico mexicano se ha dado de manera muy acelerada. No hay en los sistemas regulados de otros países un caso similar. En sólo tres años los particulares ya disponen, prácticamente de una quinta parte de la capacidad de generación y un rango aún mayor de la generación cotidiana. Esta magnitud esta concentrada en un reducido número de entidades trasnacionales. Este fenómeno se ha dado a espaldas de la legislación constitucional y secundaria en la materia, y auspiciada desde dentro del propio gobierno.

¡Perfecto, clarísimo, efectivamente se trata de una privatización compulsiva al margen de la ley! Aunque, no es precisamente la quinta parte, es mucho más.

PRD propone legalizar el fraude privatizador

¿Qué propone el PRD? LEGALIZAR esa privatización que critica. Es lo que quiere Fox, legalizar el atraco. Godoy lo dijo en gobernación y lo puso por escrito (punto 17):

“Por tal motivo, proponemos establecer un límite a la generación de electricidad por particulares. Para ello las reformas propuestas pretenden estimular las medidas legales necesarias para frenar la autorización de permisos a particulares y poner en práctica los recursos que permitan a CFE y LFC aumentar en el menor plazo posible la capacidad de generación necesaria para restablecer la rectoría estatal en este sector”.

¿Cuál límite proponen, y porqué? La Güera Rodríguez, sin argumentar, repite que apoya la participación privada en un 30% de la capacidad instalada total a nivel nacional. Actualmente, esa participación es más del 34% y los permisos anticonstitucionales siguen, el caso más reciente es la entrega de Altamira V a Iberdrola.

Pero, ¿porqué poner nuevos límites? Eso significaría MODIFICAR a la Constitución, o bien, APROBAR una PRIVATIZACION NO CONSTITUCIONAL mediante modificaciones contradictorias a la legislación secundaria.

Sí, porque actualmente la Constitución establece un límite de 0 (cero), la industria eléctrica de México está nacionalizada, corresponde al Estado realizar TODAS las actividades del proceso de trabajo de manera exclusiva por tratarse de actividades estratégicas. En esa materia NO se otorgarán contratos a los particulares.

Lo anterior lo saben de memoria los perredistas y gustan de repetirlo a los medios. Sin embargo, pareciera que se entiende algo distinto porque, proponen EXACTAMENT LO CONTRARIO.

“Poner límites” a la privatización, poquita privatización significa:

1. Avalar la actual Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), cuyas reformas salinistas de 1992, dieron lugar a la privatización furtiva escandalosamente en marcha. Es decir, de entrada, el PRD está de acuerdo con esas “figuras” y propone legitimarlas. Esa sería, la “certidumbre jurídica” para las transnacionales.
2. Modificar la actual LSPEE para establecer esos “límites” NO definidos aún. Eso significaría, aprobar una ley igualmente anticonstitucional como la 1992. Sería una incongruencia política, ya que la Constitución prohibe expresamente el otorgamiento de contratos a los particulares.