Número 40, Julio 30 de 2003

Derogar reformas regresivas de 1992

Derecho a la electricidad

Por César Torroella
electricista,
cesto22@hotmail.com

El constituyente de 1917, con visión moderna, estableció las bases teóricas y jurídicas para la construcción de un Proyecto de Nación, que tuviera un desarrollo integral, democrático y sustentable; que a lo largo de la historia de México, muchos otros legisladores han ido consolidando.

El Artículo 25 Constitucional, entre otras cosas, establece que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”... .

El Artículo 26 dice que: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”... .

Sin embargo, este desarrollo integral y democrático, resulta imposible para el Estado, sin el control absoluto de la electricidad, por lo que el Legislativo estableció el derecho a la electricidad, en el párrafo sexto del Artículo 27 Constitucional, que establece: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

Aquí las palabras clave son: “abastecer” y “la prestación del servicio público”, en donde el Estado tiene la obligación de abastecer el servicio público de electricidad, sin distinción alguna de usuarios, ni mucho menos excepciones como las que establece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su Artículo 3º: en donde dice que “no es servicio público” el autoabastecimiento, la cogeneración, etc. que han sido el disfraz de las concesiones que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a los particulares, violando la Constitución.

El párrafo cuarto del Artículo 28 Constitucional, por su parte -para que no quepa la menor duda- establece que la electricidad, entre otras áreas, es estratégica para la planeación y el desarrollo nacional. De aquí se desprende con claridad, que sólo el Estado, por su vocación social, es el indicado para ejercer la rectoría de dicho desarrollo; al contrario de los empresarios, que por su condición natural de egoísmo y su afán desmedido de ganancias, jamás podrán sustituirlo. (Por más que hoy en eso empeñe todo su esfuerzo el gobierno de Vicente Fox, que dice a cada rato que el suyo es un gobierno de empresarios para empresarios, olvidando que, le guste o no, representa a todo el Pueblo).

El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es el jefe del Estado mexicano y representante directo de la Nación, por lo que es el primer mandatario del pueblo (no sólo de los empresarios); es decir, es el primer obligado a obedecer, a respetar y a hacer respetar la Constitución.

El Estado mexicano, anterior a la era de los gobiernos neoliberales (1982), que en 1937 creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en 1960 nacionalizó la industria eléctrica, sentó las bases para la electrificación de más del 95% del territorio nacional y proporcionar el servicio eléctrico a más de 25 millones de usuarios contratantes; ha cumplido este mandato constitucional con creces, al proporcionar a la gran mayoría de los mexicanos el derecho a la electricidad, y por tanto, el derecho al desarrollo integral de los individuos.

La electricidad es elemental para tener acceso a la educación, la salud, la cultura, la recreación, es decir, acceder al desarrollo integral; en una palabra: la electricidad nos permite vivir y además vivir con dignidad. Y un derecho fundamental del hombre, es el derecho a la vida, por lo que el derecho a la electricidad, se convierte en un derecho vital.

Por eso, la iniciativa del presidente Fox para privatizar el Sector Eléctrico (enviada al Congreso de la Unión el 16 de Agosto de 2002), es una violación a la Constitución y un atentado contra el derecho a la electricidad y a la vida. Tan sólo presentarla ante el Congreso para su discusión y aprobación, en más de un sentido, es una verdadera traición a la Patria y una abdicación, en favor de las transnacionales.

Los integrantes del Poder Legislativo, después de analizarla, deben desecharla completamente, sin siquiera discutirla. El solo hecho de discutirla sería una aberración, ya que toda la iniciativa presidencial está diseñada para favorecer la entrada de los particulares en la industria eléctrica, violando la Constitución.

De nada sirve que Fox declare –a la menor provocación- que no se privatizarán CFE y LyFC, si en su iniciativa propone, entre otras cosas, que estas dos paraestatales sólo atiendan los servicios domésticos y agrícolas y dejen los grandes consumidores a los particulares; que tengan autonomía de gestión financiera; cambien su régimen fiscal, y que ya no dependan más del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); es decir, quitarle al Sector Eléctrico nacionalizado, el 65 por ciento de sus ingresos actuales, y dejar que funcione sólo con el 35 por ciento de sus ingresos; lo que equivale, prácticamente, a sacar a CFE y a LyFC de la Administración Pública Federal, quitarle a sus mejores clientes -y ya sin los recursos financieros del Estado- dejarlas morir de inanición, convirtiéndolas en empresas en peligro de extinción, listas para su venta e inevitable privatización.

Este esquema, por desgracia, ya está funcionando, pues los grandes consumidores del país, solapados por las autoridades de la Secretaría de Energía (SENER) y los de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya han hecho convenios bilaterales de compra de energía con las transnacionales, con contratos de hasta 25 años, saliéndose del sistema del sector eléctrico nacionalizado, en detrimento de las finanzas de la CFE y de LyFC, engordando en consecuencia, el bolsillo insaciable de las transnacionales de la electricidad, del gas y del petróleo.

Con los 218 permisos para generar electricidad, (disfrazados de permisos de autoabastecimiento, cogeneración, etc.), otorgados a las transnacionales por la CRE, más del 30% de la generación eléctrica en México, está bajo control de las empresas extranjeras, de Estados Unidos, España, Japón, Alemania, Francia, Bélgica, etc. (ni una sola de México): Enron, Tractebel, Iberdrola, Unión Fenosa, Abengoa, Mitsubishi, Alstom, Electricitè de France, Bechtel, Intergen, etc.), las que se están llevando a sus países de origen, las enormes ganancias obtenidas por venta de energía eléctrica, que ya nunca más ingresarán a nuestro erario público.

Lamentablemente, las iniciativas de Reforma Eléctrica, propuestas hasta ahora por los partidos políticos en el Congreso de la Unión, no sólo no resuelven la violación constitucional, sino que la legitiman; por lo que las deberían de retirar y, en todo caso, sólo concretarse a derogar la figura jurídica de productor independiente y reglamentar las de Importación y Exportación y también, en concordancia con el criterio de la SCJN, las otras figuras (de Autoabastecimiento, Cogeneración y Pequeño Productor), establecidas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), de 1992, de tal manera que no rebasen las cantidades de generación para satisfacer sus necesidades y no tengan excedentes para vender.

La cosa no es fácil, porque las transnacionales y el Banco Mundial, están presionando (cabildeando, le dicen) para que se modifiquen los Artículos 27 y 28 constitucionales, pues ellos saben que sí están violando la Constitución, y sus inversiones están en alto riesgo ante una controversia constitucional, que perderían con toda seguridad.

Lo triste del asunto es que los legisladores son tan mediocres, que teniendo en sus manos pasar a la historia como patriotas congruentes, prefieren presentar una propuesta de Reforma Eléctrica al gusto de las transnacionales y del Banco Mundial (BM), al proponer, igual que Fox, que la CFE y LyFC tengan autonomía de gestión (financiera); que cambien su régimen fiscal y funcionen como empresas privadas, con sus propios recursos financieros (fuera del presupuesto de egresos de la federación); fortalecer a la CRE para “acotar” los permisos ya otorgados a las transnacionales y ponerles candados, (como si no supieran que con la ayuda de las autoridades corruptas, las transnacionales ya tienen las llaves de todos los candados); y, además de legitimar la violación constitucional, ingenuamente piensan que al “fortalecer” a la CRE se podrá regular la generación eléctrica –nueva- posterior a su Reforma eléctrica; por otro lado, estarán contribuyendo a debilitar aún más al sector eléctrico, al proponer quitarle el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, a la CFE (con lo que se perdería el control del Despacho nacional de carga) y abrir un mercado eléctrico que, dicen, estaría –ahora sí- bien regulado por la inefable CRE.

Con todos los permisos ya mencionados y los que además ahora está otorgando la CRE a las transnacionales, para construir líneas de Transmisión de energía eléctrica, violando la Constitución, se empieza a configurar el esquema que, entre otros aspectos, “propone” el BM, de dividir el Sector Eléctrico nacionalizado, en Generación, Transmisión y Distribución, para abrir un mercado eléctrico.

Por todo esto, se debe restituir la constitucionalidad en el sector eléctrico nacionalizado; se deben derogar todos los permisos ya mencionados, desaparecer a la CRE, sancionar a los funcionarios públicos que resulten responsables y, de una vez por todas, acatar el histórico Fallo (25 de Abril de 2002) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dictaminó que con este esquema se está violando la Constitución y que corresponde al Poder Legislativo poner el remedio definitivo a esta aberración jurídica.

Se tendrá que realizar algo así como una segunda nacionalización de la industria eléctrica; ha llegado el momento preciso de nuestra Historia, en donde el pueblo y la clase trabajadora, tendremos que aceptar el papel que el Estado se niega a asumir: LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE.

Industria eléctrica nacionalizada,
integración del proceso de trabajo, política eléctrica independiente,
banderas de los trabajadores mexicanos de la energía