Impedir la privatización de LFC
En tanto no se culmine la integración de la industria eléctrica, LyFC debe ser considerada como una empresa estatal y “pagar” la energía que distribuye en base a la facturación real (no en bloque), conservando el mismo margen de utilidad establecido para CFE.
En cuanto a la generación, existe disponible en la zona de LyFC cierta capacidad propia que requiere rehabilitación (reconversión en algunos casos) y otra que indebidamente opera CFE, que podría reducir las necesidades de “compra” de energía, y la necesidad de triangular recursos que por el momento, al fin y al cabo, se canalizan a otra empresa estatal y de ésta al estado.
Sin embargo, según la estrategia privatizadora oficial, no falta mucho para que se obligue a LyFC a satisfacer su déficit de energía comprándola directamente a los privados asumiendo, como hace CFE, los cargos que por contratos de capacidad y pago de combustibles implican, lo que equivaldría a decretar en los hechos el fin de toda posibilidad de autofinanciamiento. Ni CFE, que dispone aún de un gran porcentaje de capacidad propia respecto de la privada ha podido soportar el peso de los privados.
La solución definitiva es la integración eléctrica nacionalizada incluyendo la expropiación sin indemnización de la industria eléctrica privada. A ello debemos dirigir todos nuestros esfuerzos. Mientras, no basta declarar que se requiere rehabilitar la generación de LyFC. También es fundamental, si no se corrige el asunto de la compra en bloque, discutir el traslado del dominio de las plantas de CFE que operan en su zona, para mejorar su situación técnica y financiera. El traslado de las privadas también debía preverse.
No hay por el momento planes concretos que permitan suponer que LyFC tenga planeado elevar por otros medios, su propia generación en el corto plazo. En cambio, la CRE autoriza cada vez más permisos en la zona de LyFC en la que, según evaluamos a mediados del año pasado, existen cerca de 170MW privados, que representan un 20%: 43.5 en el Estado de México, 114 en Hidalgo y 15.8 en el propio Distrito Federal. Eso sin contar con los permisos otorgados a plantas instaladas fuera de la zona de LyFC, pero que “venden” energía a usuarios que están ubicados dentro de ella (energía 40 da algunos ejemplos).
Los recientes permisos privados otorgados por la CRE representan 21MW más en la zona de LyFC. Es obvio que tales acciones continuarán, mientras no se obligue al gobierno a detenerse. Un primer paso (político) podría ser obligar a LyFC para que no otorgue ninguna opinión favorable más a la CRE, que le permita a ésta justificar una sola concesión más en la zona de LyFC.