Número 37, Abril 30 de 2003

Desnaturalizado el concepto de servicio público de energía eléctrica

Legislación Eléctrica en México

La reforma eléctrica que proponen los partidos políticos legalizaría la cesión al capital privado de funciones que corresponden exclusivamente a la industria eléctrica nacionalizada. Fox y los partidos políticos coinciden en: mantener las concesiones privadas, sostener y fortalecer a la CRE, y desintegrar a CFE y LyFC mediante la “autonomía de gestión y financiera”. Deben derogarse las reformas de 1992 a la LSPEE y promulgarse una Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica, coherente con la Constitución y la nacionalización eléctrica.

Reformas desnacionalizadoras

El marco jurídico del sector eléctrico ha sido desnaturalizado, señaló Francisco Javier Sáinz ingeniero, trabajador electricista de LFC y miembro activo del SME, en el II Foro Eléctrico Nacional del FTE realizado el 13 de diciembre anterior en la Ciudad de México.

Desde la llamada “legislación secundaria” se han desvirtuado definiciones fundamentales, como el concepto del Servicio Público de Energía Eléctrica (SPEE), dijo. Con ello se creó un escenario normativo falsamente ambiguo, en beneficio del gran capital transnacional.

Javier Sáinz se refirió a las normas constitucionales en materia eléctrica que incluye a los artículos 25, 26, 27 y 28 así como 73, 74, 90, 93, 108, 110, 123 y 134. Luego indicó que la legislación secundaria en la materia está integrada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), el Reglamento de la LSPEE y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

Se tiene la normatividad administrativa como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Planeación y muchas otras. Está, también, la normatividad “para el usuario” como el Manual del Servicio al Público en Materia Eléctrica y el Manual de Disposiciones Rgelativas al Suministro y anualenta de Energía Eléctrica destinada al Servicio Público.

Por si fuera poco, está la normatividad “soterrada”, es decir, los tratados y convenios internacionales que someten la normatividad nacional a la jurisdicción de “entes regulatorios” internacionales. Específicamente, está el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica.

Pero, la esencia está en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Esta es la norma básica, primaria, fundamental, de la cual se derivan las demás.

Señaló Javier que, la LSPEE de 1975 excluyó del servicio público al autoabastecimiento de energía eléctrica “para satisfacer intereses particulares, individualmente considerados”.

Sin embargo, en 1992, se llevaron a cabo reformas a la LSPEE que cambian completamente el concepto de servicio público, mismo que, originalmente, se refiere al conjunto de actividades que integran el proceso de trabajo eléctrico.

Pero, desnaturalizando el concepto, se introdujo un artículo (3) referido a supuestas actividades que No se consideran servicio público. Al efecto, se inventaron figuras jurídicas para justificar la intervención privada. “Las reformas a la LSPEE del 22 diciembre de 1992 (DOF, 23.12.92) mutilaron el alcance del SPEE, para dar paso a la desnacionalización de la industria eléctrica”, expresó Javier Sáinz.

Después indicó que, la Comisión Reguladora de Energía, creada para “resolver las cuestiones derivadas de la aplicación de las disposiciones reglamentarias del Artículo 27 Constitucional en materia de energía eléctrica”, es responsable del otorgamiento de más de 200 permisos privados de generación eléctrica

Estas concesiones se refieren a 109 plantas de autoabasto (17 más en construcción) y 8 plantas de productor independiente (7 más en construcción). Los permisos restantes son para cogeneración, exportación e importación.

Por su parte, la CFE cuenta con 163 centrales de generación.

El contexto de las reformas

Javier Sáinz hizo referencia a varios aspectos del contexto de las reformas eléctricas del 92. Entre otras se refirió a un proceso de reducción y reestructuración de la administración pública que, para la industria eléctrica ha significado la desintegración de un sector que ha funcionado eficientemente integrado.

Otro aspecto ha sido la inserción de México al modelo globalizador concretado con la firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Esto significó un giro neoliberal en la política económica nacional.

La Ley Federal de Competencia Económica estableció explícitamente que, los servicios públicos “no están excluidos completamente de la aplicación de las normas de competencia económica”.

De esta manera, en México se ha vivido ya una década en creciente neoliberalismo marcado por la privatización de la banca y los sectores fundamentales de la industria nacionalizada.

Luego de una década privatizadora, el gobierno en turno (PRI) se planteó avanzar en las reformas tendientes a completar de privatizar la economía nacional ahora para incluir el sector de la energía. La iniciativa de Zedillo y Téllez no prosperó por la resistencia de los trabajadores electricistas del SME. Sin embargo, la privatización ha continuado más rápidamente con el gobierno de Fox (PAN).

El mecanismo fundamental ha sido el otorgamiento de permisos a través de la Comisión Reguladora de Energía. Pero, en 2001, el gobierno foxista emitió un decreto mediante el cual “se pretendía ampliar la venta de “excedentes” de los generadores particulares, hasta por el 50% de su capacidad instalada”.

En abril de 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que declaró INCONSTITUCIONAL a tal decreto, refirió Javier y explicó que, esa inconstitucionalidad ocurre porque “Se trata de permisos que eluden tramposamente la licitación y que no corresponder a las necesidades reales del sistema eléctrico nacional (SEN)”. Agregó que, “Estas concesiones son producto del interés y necesidad de los particulares, pero "venden" sus excedentes para el servicio público, complicando la planeación eficiente del SEN”.

La nueva reforma eléctrica

Con gran acierto expresó el ingeniero Sáinz que, la resolución de la SCJN clarificó el escenario de una probable reforma eléctrica.

Sin embargo, advirtió, “el discurso de algunos especialistas y legisladores permite suponer que, aún sin reforma constitucional, es probable que se apruebe una legislación que legalice la cesión de importantes funciones del servicio público de energía eléctrica al sector privado”.

Desafortunadamente, esta es la realidad política. Los partidos políticos de oposición (PRI y PRD) sostienen una posición muy peligrosa. En ambos partidos existe un “consenso” con el Ejecutivo para preservar el estado inconstitucional de la legislación eléctrica actual. Estas peligrosas coincidencias se refieren a: Mantener las concesiones privadas, sostener y fortalecer a la CRE, y plantean la desintegración de CFE y LyFC mediante la “autonomía de gestión y financiera”.

Con referencia a la “Autonomía”, Javier Sáinz señaló que, “A partir de las reformas del 92, el Estado restó autonomía a la CFE, distribuyendo sus funciones entre la Secretarías de Estado y diversos organismos desconcentrados y descentralizados.

Sucesivas reformas a la “legislación secundaria” impusieron a las empresas públicas el pago del aprovechamiento, la compra obligada de energía a particulares y relegaron a CFE a “recomendadora” de proyectos de expansión o renovación del parque”.

Ahora, la propuesta de Autonomía para CFE y LFC implica diversos riesgos y problemas que la hacen impropia y contraria a la nacionalización eléctrica y al concepto de empresas públicas.

Finalizó expresando que, “La reforma constitucional no procede, las reformas de 1992 y sucesivas deben revocarse, y se debe promulgar una Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica, que amplíe la visión social del servicio público.

¿Algunas referencias?

George W. Bush , 1978-84: ejecutivo mayor, Arbusto Energy/Bush Exploration, compañía petrolera; 1986-90: ejecutivo mayor de la compañía petrolera Harken.

Dick Cheney , 1995-2000: ejecutivo mayor de la compañía petrolera Halliburn.

Condoleeza Rice , 1991-2000: ejecutiva mayor de la compañía petrolera Chevron, y le pusieron su nombre a un tanquero petrolero. Y así por el estilo.

(Le Carre J, en The Times 060203).