Número 37, Abril 30 de 2003

Más de 100 empresas privadas desnacionalizan a México

Privatización Eléctrica Furtiva

Al 13 diciembre de 2002, la CRE había otorgado 194 permisos privados de generación eléctrica. El año terminó con un total de 215, todos vigentes. Esos permisos representan más de la tercera parte de la capacidad total instalada en el país. La privatización eléctrica furtiva asciende a 34%, SIN ninguna modificación constitucional. Todo se hace en la práctica, a la luz del día, de manera descarada. No es privatización silenciosa, es un atraco deliberado y grosero a la Nación.

Jorge López-Islas, electricista del SME, se refirió al proceso de privatización eléctrica furtiva. Como hemos hecho anteriormente, las afirmaciones se sustentaron en datos, hechos, pruebas.

Esta vez, con motivo del II Foro Eléctrico Nacional del FTE, realizado el 13 de diciembre anterior, se trató la actualización de ese ilegal e ilegítimo proceso privatizador al año 2002.

215 permisos privados vigentes en diciembre de 2002

Jorge señaló que de 1994 a junio de 2002, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) había autorizado 192 permisos para generación eléctrica privada. Esto representa 19 mil 145 Mw de capacidad instalada. El 42% está en operación, esto es, 7 mil 991 Mw y el 52.4% está en construcción (9 mil 985 Mw).

Según la modalidad del permiso otorgado, el 46% (8 mil 812 Mw) corresponde a la figura de Producción Privada Independiente. Estos son los grandes proyectos privados, las plantas de mayor potencia, cuya electricidad generada se vende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ésta la revende. El 31% corresponde a autoabastecimiento (4 mil 420 Mw al sector privado y 1 mil 300 Mw para Pemex) y el 11 a cogeneración (2 mil 100 Mw). El resto corresponde a importación y exportación (privadas).

En términos de energía generada, la mayor contribución corresponde también a los Productores Privados Independientes (48%) de un total de 124 mil Gigawatts-hora (Gwh) por año.

De los 192 permisos, 95 son de autoabastecimiento, 68 de cogeneración, 16 de producción independiente, 8 de importación y 5 de exportación. Por otra parte, en operación están 147 proyectos y en construcción, 36.

Jorge López reiteró que estos permisos contradicen lo dispuesto por la Constitución política del país. Esta en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que indica claramente que, en materia eléctrica NO SE OTORGARÁN CONTRATOS.

Sin embargo, en 1992, el gobierno de Salinas de Gortari auspició reformas a la legislación eléctrica secundaria, específicamente la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) deformando el concepto de servicio público. Recordó que, en esa ocasión, se determinó arbitrariamente el fraccionamiento de la industria eléctrica mediante al invención de figuras jurídicas que NO forman parte del servicio público. Esas decisiones unilaterales son falsas e ilegales pues contravienen lo indicado constitucionalmente.

En febrero de 1999, el gobierno de Ernesto Zedillo promovió una iniciativa de ley para la privatización eléctrica mediante modificaciones constitucionales. La lucha de los trabajadores y pueblo de México impidió la aprobación de esa iniciativa que terminó siendo rechazada en 2002 por el Senado.

En 2001, el gobierno de Vicente Fox emitió un decreto unilateral para ampliar la participación privada. Legisladores de varios partidos interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta resolvió en abril de 2002 que tal decreto era inconstitucional.

No obstante, el gobierno foxista envió en agosto de 2002, diversas iniciativas insistiendo en al privatización total de la industria eléctrica nacionalizada, vía la modificación a la Constitución y a la legislación secundaria.

La respuesta de los electricistas, encabezada por el SME, ha sido inmediata y sostenida todos los días, desde 1999.

Sin embargo, el gobierno en turno lleva en la práctica un acelerado proceso de privatización, completamente al margen de lo indicado por la Constitución.

Iberdrola, ejemplo del atraco a la Nación

A la fecha de celebración del II Foro, más de la tercera parte de la generación total del país estaba ya en manos privadas constituyendo en los hechos una industria eléctrica paralela y en rápido crecimiento.

Mientras tanto a las empresas eléctricas a cargo del Estado, se les sigue ahorcando negándoles un presupuesto adecuado para su expansión; más aun, se da el caso de varios permisos de supuesta cogeneración y autoabastecimiento que no lo son y representan un verdadero fraude a la Nación. Es el caso de Iberdrola Energía de Monterrey, SA que obtuvo el permiso para generar 619.3 Mw, en la modalidad de Autoabastecimiento.

Con la información oficial disponible, y datos públicos del Grupo Iberdrola es posible elaborar el perfil de las acciones de esta empresa orientadas a fundar en México su propio sistema eléctrico, que desde el noreste del país, amenaza extenderse en detrimento del Sistema Eléctrico Nacional.

En sus propias palabras, esta empresa afirma que “tiene asegurada la venta de la producción de su central de ciclo combinado de Monterrey, tras los contratos de suministro firmados en dólares por un periodo de 25 años, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 500 Mw, el Grupo Alfa-Pegi de 388 Mw, el Grupo cementero Apasco de 51 Mw y el Grupo Cervecero FEMSA de 37 Mw y otros.

Así, la compañía suministrará el 50% de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y el 50% restante a un conjunto de clientes industriales, entre los que se encuentran industrias mexicanas de la mayor relevancia."... Iberdrola además "tiene contratada y asegurada la venta de 2,193 Mw de potencia en ciclos combinados, lo que convierte a la compañía en el segundo productor y el mayor generador privado del país, donde tiene operativos 620 Mw. Además, se encuentran en construcción 1,573 Mw, de los que 537 Mw entrarán en funcionamiento en 2002 y 1,036 Mw en 2003. Asimismo, la compañía está concursando para construir nuevas centrales por otros 2,000 Mw que se esperan conseguir a lo largo del presente ejercicio."

El permiso en cuestión plantea prácticamente la privatización de una parte de la red nacional, ya que esta concesión incrementa la capacidad de Iberdrola en 619.3 Mw distribuidos en las unidades Monterrey 3 y 4 (de 285 Mw c/u) ubicadas en el municipio de La Pesquería y la unidad Monterrey 5 (de 49.3 Mw) localizada en la colonia industrial de la ciudad capital. Para integrar esta generación, se concesiona una red privada que complementa la interconexión de las centrales, mediante un anillo de 115 kV, propiedad también de Iberdrola.

Según el permiso, la transmisión y distribución de electricidad a las 44 empresas asociadas de Iberdrola se contratará con la CFE. Dichas asociadas son empresas de las consideradas grandes consumidores de las empresas públicas: la cementera Apasco (plantas Apasco, Orizaba Ramos Arizpe y Tecomán), Hylsa (plantas Puebla y Apodaca), sin contar con infinidad de empresas ubicadas no solo en Nuevo León sino en el resto del territorio nacional.

Por si fuera poco, en la cláusula de expansión se enlistan otros 109 "grandes" usuarios entre los que se encuentran “sus propios clientes”, como Enertek, empresa a su vez concesionaria del permiso de cogeneración número E/036/COG/96, otorgado al Grupo Alfa (asociado con la compañía estadounidense American Electric Power, AEP). Este permiso fue motivo de varias modificaciones para ajustar las demandas de los asociados, que rebasó la capacidad de la planta, aunque, CFE firmó un convenio de (compra) venta de excedentes.

Finalmente Enertek fue vendida al grupo Iberdrola en julio de 2001, con lo cuál Alfa daba por terminada su aventura energética iniciada en 1998 (inicio de operaciones). Todas las prerrogativas concedidas al grupo “mexicano” Alfa, terminaron adjudicadas a Iberdrola.

El permiso E/205/AUT/2002 incluye como asociada a otra generadora privada (MICASE, empresa del Grupo Maseca en asociación con la transnacional Endesa-AISE, que obtuvo el permiso E/156/AUT/94 para Cogeneración, pero cuyas asociadas son plantas de Maseca ubicadas en los cuatro puntos cardinales de la República).

Bajo la misma fórmula, el permiso de Iberdrola incluye empresas distribuidas por toda la República Mexicana. ¿Autoabastecimiento? ¿Cogeneración? Se trata de contratos entre particulares, que utilizan a CFE como excusa para justificar una generación de “excedentes” inexistente, si nos apegamos a las demandas máximas declaradas por sus “clientes” y asociados.

Seguramente por lo anterior, hace poco Iberdrola anunciaba su salida de Chile, vendiendo sus intereses en las empresas eléctricas que controlaba, indicando que en adelante “apostaría sólo en los países en los que sea primera o segunda en el sector”.

México es clave en esta estrategia, ya que Iberdrola planea establecer aquí una amplia red de generación que deberá estar lista para el 2003 y que consiste en: Un total de 2,193 Mw (casi la misma capacidad que tiene hoy instalada esa empresa en España), además de disponer del libre acceso a la red nacional garantizado, y de un permiso para instalar su propia red. Poco a poco, este subsistema se extenderá en la medida que CFE y LyFC deban retirarse ante la pérdida de contratos con los grandes consumidores.

Los datos de Iberdrola, pese a ser incongruentes, dan idea de sus planes, que consisten en llevar adelante un “programa de expansión internacional” del cuál la inversión en México “representa su entrada en el área económica de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá”.

Iberdrola es solamente un ejemplo. Más de 100 empresas privadas operan al interior de la industria eléctrica nacionalizada.

En todos los casos se trata de permisos fraudulentos e inconstitucionales.

34% de privatización eléctrica equivalente

Para finalizar, Jorge López se dirigió a todos los hombres y mujeres conscientes del país, a luchar por “la suspensión, total y definitiva, de la Privatización Eléctrica Furtiva, por la derogación de las reformas a la LSPEE de 92 y la cancelación de los permisos eléctricos anticonstitucionales otorgados hasta el momento a los particulares, por la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y, por el restablecimiento de la legalidad constitucional”.