Número 44, Noviembre 30 de 2003

Mundo Político

Fox compra legisladores

En el diario Reforma del 16 de noviembre se publicó una nota según la cual, “algunos senadores del PRD estarían de acuerdo en una “adecuación” de la Carta Magna en materia eléctrica, sólo para dar certidumbre a los inversionistas privados que ya participan en el sector, pero sin afectar la rectoría del Estado”. Eso dicen que dijo Antonio Soto, senador perredista.

“El legislador michoacano, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Alta, consideró que con una redacción cuidadosa se podría evitar que se abriera el mercado a grandes inversionistas. “Habemos varios senadores del PRD que no vemos mal una adecuación constitucional, que no es lo mismo que una reforma de fondo. Creo que nos debemos dejar de fundamentalismos y ser más flexibles”, señaló en entrevista, aunque prefirió no mencionar nombres”.

Como Sodi, Soto se quiere pasar de listo. Solamente una adecuación, dice el supuesto fundamentalista. Solamente tantita privatización, “cuidadosamente redactada”. Eso no es de fondo para el oportunista, le llama flexibilidad. Pero se trata de una vulgar traición a México. El derecho de propiedad colectiva social sobre la tierra y sus recursos, así como la infraestructura industrial nacionalizada no es ningún fundamentalismo. Por lo demás, el asunto no es de flexibilidad ni nada que se le parezca, ese es un falso debate.

Soto consideró que la “adecuación” constitucional podría ser “canjeada” por la plena autonomía financiera, de gestión y administrativa de la Comisión Federal de Electricidad. ¡Vaya negociación! Eso es lo que no deja dormir a esos oportunistas, ¡negociar por negociar! Y obtener prebendas particulares, por supuesto. La Patria NO se negocia y menos por una autonomía burocrática y charra que únicamente serviría al capital extranjero. Ese individuo no sabe de qué habla, menos de las implicaciones adversas para la Nación.

Subrayó que la Carta Magna tendría por objeto dar certidumbre a la inversión privada que ya está contemplada en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). ¡Más clara ni el agua! El senador foxista del PRD tergiversa la ley. No es cierto que el objeto de la Constitución deba ser dar certidumbre a la inversión privada. Soto habla de otra Constitución, la que imagina Fox, jamás aquella por la que dieron su vida más de un millón de mexicanos.

Cierto es que la LSPEE “permite” la inversión privada, pero eso es anticonstitucional. No lo decimos solo nosotros, lo explicó y fundamentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el dictamen del 26 de abril de 2002. El legislador debiera saber que ninguna legislación secundaria está por encima de la Carta Magna. O qué, Soto avala las reformas de 1992 a la LSPEE? ¡Of course! Soto parece un perredista salinista, foxista y privatizador.

Plan B privatizador

De no concretarse la Reforma Eléctrica con cambios constitucionales, mejor que no se haga nada, dijo Francisco Santoyo, vendepatrias pagado por la CFE donde funge como director de Finanzas.

Fue en el marco del “Dialogo de Alto Nivel Los Futuros del Mundo, Alternativas para México” en cuyo evento Santoyo señaló que no existe un plan “B” en caso de no haber reformas constitucionales en materia eléctrica y que lo mejor sería no hacer nada. Desde luego, “no hacer nada”, en el lenguaje de la burocracia entreguista quiere decir: seguir como hasta ahora, privatizando en los hechos, así sea al margen y en contra de la propia Constitución.

Para este burócrata los políticos y legisladores deben definir “lo mejor para el país para no perder la oportunidad de impulsar el desarrollo económico nacional” según publicó El Universal, El Economista y El Día, el 7 de noviembre anterior. “Destacó que es fundamental que la inversión existente tenga la certeza jurídica y el aumento de la misma, a fin de que el país crezca en empleos y servicios”.

Es el mismo rollo mentiroso del foxismo. Para esos tipos el único desarrollo nacional posible es la privatización del patrimonio nacional. Certeza jurídica y, ahora, aumentada, le llaman a su traición a México. Agregan que así el país crecería en empleos y servicios. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo donde se ha privatizado la industria energética. Más aún, en el caso de México, con 35% de privatización eléctrica furtiva, ¿dónde está el crecimiento, los empleos y los servicios? Simplemente, ¡NO existen!.

Luego, queriéndosela dar de muy técnico, y dizque apolítico, dijo que su “responsabilidad es presentar (a los políticos) los elementos técnicos que requieren y desde el punto de vista financiero ofrecer los números sobre demanda, infraestructura, así como el impacto financiero de las empresas”. Sí así fuera, debían revisar sus números y planes, completamente falseados y ajustados a los deseos de Fox y las transnacionales. Por lo demás, los números NO son neutros y esos burócratas no son apolíticos.

Para concluir repitió los números en abstracción de la realidad. Dijo que “para el año 2011, crecerá la demanda de energía en el país en 75%, lo que representará la incorporación de 9.5 millones de clientes al sistema eléctrico. Añadió que para hacer frente al gran reto para abastecer la demanda se requerirán 63 mil 200 megawatts y que para desarrollar los proyectos en materia de generación, transmisión y distribución en el país deberá invertir 56 mil millones de dólares”.

Esa es la “responsabilidad” de Santoyo: repetir el discurso como perico. Ese burócrata administrativo No sabe NADA de energía eléctrica, es simplemente un IRRESPONSABLE y vendepatrias encargado de adornar el Plan B, es decir la Privatización Furtiva.

Olea, inhabilitado 10 años

Hace casi dos años, Thermogas (del Grupo Z, de Guadalajara) denunció ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), en la época en que ésta era dirigida por Francisco Barrio Terrazas -el fiscal de acero por aquello de que logró cero encarcelamientos importantes-, por la forma en que este auténtico bandido -expresidente de la inconstitucional Comisión Reguladora ¿Privatizadora? de Energía (CRE) había asignado un contrato de distribución de gas a Tractebel (transnacional que se viene a alinear en el equipo de los industriales "de Nuevo León", ¡Ajá!).

De paso, los abogados de Z denunciaron que Olea había violado la normatividad del servicio público al aceptar la presidencia de Tractebel antes de transcurrir al menos un año de abandonar el cargo. (La Jornada cubrió oportunamente el caso).

A ver cuando se tropieza la SECODAM con el hecho de que nefasto jefe de Olea, el propio Ernesto Zedillo, hizo lo mismo al aceptar un cargo en la empresa estadounidense Union Pacific (curiosamente beneficiaria de una de las principales rutas de los Ferrocarriles Nacionales de México, hoy privados precisamente por obra y gracia de Zedillo).

Indudablemente que el castigo impuesto a Olea es ridículo, como quitarle un pelo al gato, puesto que estos criminales usaron ya el cargo público para enriquecerse y ahora solo les resta vivir de "sus" rentas.

En la CRE, sin embargo, debe haber preocupación luego de la "defensa institucional" que sostuvieron en favor de Olea y Tractebel tratando de preservar impoluta (o sea sin mácula) su virtud privatizadora. Tal vez hasta el príncipe belga (porque es de Bélgica y se llama Philippe) tenga que venir nuevamente a poner orden a sus recientemente adquiridas provincias de Nuevo León, sede de la empresa franco-belga a quien Olea rindió sus favores.

Por su parte, el Grupo Z no es ningún paladín de la justicia. Z monopoliza nada menos que 45 empresas distribuidoras de gas LP, en 14 estados de la República y denunciando a Olea simplemente defiende sus intereses, que son muchos.

Se abre pues un nuevo frente de lucha en contra de la privatización: los lavaderos del poder, a cuyos chismes parece estar más atenta la SECODAM.

Mientras, otros pillos encabezados por Dionisio Pérez Jácome quien preside la CRE siguen en la euforia privatizadora otorgando más permisos privados TODOS inconstitucionales y fraudulentos. ¿Qué hace la Secodam al respecto? ¡Nada, absolutamente NADA!