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Ira social, oposición antineoliberal, organización y poder popular Soberanía y Poder Popular Canalizar el descontento y las demandas populares en una acción unitaria para impulsar la amplia movilización, nuevas formas de organización y la construcción de un nuevo proyecto de Nación. Con tales objetivos, las 8 Caravanas en Defensa de la Soberanía Nacional rebasaron las expectativas iniciales. Existen amplias posibilidades para articular un movimiento nacional basado en las acciones regionales y locales. El sentimiento del pueblo mexicano reivindica la soberanía nacional expresada en el rechazo a las privatizaciones, el intervencionismo imperialista, y la defensa de las conquistas históricas. El pueblo mexicano está dispuesto a defender a su Patria y sus legítimos derechos, en el contexto de la lucha de clases. La conclusión más trascendental de la reciente Jornada en Defensa de la Soberanía Nacional es que se rebasaron las expectativas de organizar una respuesta unitaria y popular en contra de las llamadas reformas estructurales. El alcance de la Jornada permite corroborar que existen condiciones en el país para avanzar en la organización de los trabajadores como una fuerza que permita incidir en el desarrollo de un nuevo orden social y económico. Que ése nuevo orden responda a las demandas del proletariado depende de nuestra capacidad de organización clasista. Por ello, es pertinente hacer una serie de reflexiones alrededor de la capacidad real, más allá de la coyuntura que representa la lucha del momento. 1- La organización del poder popular, tarea central. Dado un escenario, en el que el poder económico ha sustituido al poder político, es necesario comenzar por reiterar dos realidades del modelo económico neoliberal en México. Estas de alguna forman caracterizan las recurrentes crisis de la economía nacional[1] y, por ende, determinan algunos de los factores que contribuyen a la debilidad de la organización popular y, en particular, del movimiento obrero de nuestro país. A - La economía mexicana muestra un retroceso cada vez más evidente, cuya máxima aberración consiste en que, conservando una organización inminentemente agrícola [[2]], el país tiene uno de los peores déficit comerciales de productos agrícolas, especialmente en los cereales base de nuestra alimentación, como el maíz, frijol y trigo. Las reformas neoliberales al artículo 27 Constitucional, realizadas en el sexenio salinista (1988-94), han terminado de destruir los métodos de producción del campo y abierto la enajenación o renta del ejido, última forma de propiedad comunal de la tierra, conquistada por miles de campesinos en la lucha revolucionaria de 1910-19. B - Las grandes migraciones de trabajadores del campo que abandonan sus parcelas para salir del país, o para incorporarse al llamado "mercado laboral" de las zonas urbanas (en lo que eufemísticamente se denomina sector servicios, que incluye al comercio informal, y en menor escala en la industria –globalizada y maquiladora, principalmente-), son una fuente inagotable de mano de obra, descalificada y de muy bajo costo, que no tiene acceso a un trabajo seguro ni a un salario digno que mejore su nivel de vida. En este escenario, los trabajadores del campo y de la ciudad, el proletariado agrícola e industrial, constituye la materia prima de un “tianguis” del trabajo pauperizado, temporal y sin prestaciones sociales. Este es el eje de la competencia bajo la nueva cultura laboral que promueve la reforma neoliberal. Tal proyecto lo suscriben, a su modo, algunas centrales sindicales “independientes”, a sabiendas de que desde allí se conculcan las conquistas laborales históricas. Por ellas lucharon muchos trabajadores en la propia Revolución Mexicana. Pareciera que el reloj de la historia regresa a la época de las tiendas de raya. Ante la falta de una respuesta social articulada, en la última década el gobierno aceleró la privatización de importantes empresas estratégicas[3], algunas de las cuales derivarían en los escandalosos “rescates” financieros (de la banca privada, las carreteras y los ingenios azucareros, por ejemplo) que hoy día merman una parte importante de los recursos financieros del Estado[4]. Esta política de “reducción” del Estado, que culminaría con la privatización de áreas estratégicas restantes continuaría invariable en el sexenio zedillista (1994-2000), fue detenida en 1999 al estrellarse con la férrea resistencia popular a la contra-reforma constitucional en materia eléctrica. El proyecto del gobierno permitiría salvar las reservas jurídicas a las denominadas “reformas estructurales” (que de manera furtiva ya han avanzado en áreas como la privatización de la electricidad, de la distribución de gas natural y aún en la explotación de hidrocarburos, así como el debilitamiento del sistema de seguridad social y de la educación, entre otras). La fiebre privatizadora recuperaría nuevos bríos con la ascensión del régimen neoliberal “del cambio”, encabezado por el PAN, que retomó machaconamente la iniciativa y que luego de dos años de fracasos intensificó su campaña, aumentando el descontento popular. Este es el escenario general bajo el cuál se proyectó la reciente Jornada Obrero Popular por la Soberanía Nacional. Canalizar el descontento y las demandas populares para plantearse la posibilidad de una movilización popular unitaria, de carácter nacional, concebida inicialmente en 7 Caravanas que, procedentes de los puntos más remotos de la República Mexicana, recogieran el sentir de la Nación y lo llevaran a una Convención donde fuese posible impulsar, o explorar al menos, el desarrollo de nuevas formas de organización popular a nivel nacional en la que todos los sectores pudieran expresarse y participar en la construcción de un nuevo proyecto de Nación. La iniciativa presentó al menos dos aspectos peculiares en cuanto a su estrategia. El primero, que no se planteaba la realización de grandes movimientos de masas, manejados desde un centro político, sino de explorar las posibilidades de organización regionales, dejando incluso la iniciativa en manos de las fuerzas locales. Ello permitió generar un movimiento amplio de muy diversas tendencias, en el que diferentes fuerzas sociales respondieron a la convocatoria aportando sus propias concepciones de la realidad nacional. El otro aspecto característico fue llamar a la movilización política alrededor de la soberanía nacional, concepto cuya vigencia es altamente cuestionada por la ideología neoliberal, e incluso por amplios sectores de centro-izquierda. La Soberanía, como proyecto político, no parecía ofrecer grandes expectativas de desarrollo, en una sociedad aparentemente ideologizada a favor de la globalización. Sin embargo la iniciativa prosperó y se desarrolló por muy diversas razones, entre otras, porque se logró elaborar una convocatoria suficientemente amplia, capaz de concitar todo el repudio social al modelo económico vigente. Incluso, en defensa de la soberanía, mucho aportó el propio gobierno generando más descontento al patrocinar una cada vez más grosera intromisión extranjera en los asuntos internos del país. Así ocurrió con el reciente seminario internacional organizado por el Banco de México y el Senado de la República, denominado "El crecimiento económico y la globalización" en el que hubo mensajes claramente intervencionistas por parte de funcionarios de las instituciones financieras mundiales. Sin embargo, capitalizar la ira social y la oposición a un régimen impopular, no es suficiente para cimentar un proyecto político de mayor alcance. Es necesario mejorar la organización y el sentido de la protesta para construir el poder popular de los trabajadores, campesinos, estudiantes y pueblo en general como expresión de una real convergencia de la clase trabajadora y el pueblo organizado. Para valorar si esto es posible, conviene reconstruir la forma en que evolucionó el concepto de la reciente Jornada Obrero Popular.
8 Caravanas recorrieron el territorio nacional, Más de 100 organizaciones participaron en intensa movilización FOTO: CNTE.
[1] 1976, devaluación
monetaria; 1982, caída en los precios del petróleo; 1987,
“crack” bursátil mundial; y 1994, devaluación del peso
(de repercusión mundial, el llamado “efecto
tequila”).
[2] Tal vez las “cifras macroeconómicas” no sostengan esta afirmación, pero en México gran parte de la población pretende aún vivir del campo (23% de la fuerza de trabajo en el 2000 todavía lo lograba, según diversos estudios, inclusive extranjeros como The Economist). El propio gobierno destina una partida considerable del presupuesto de egresos a Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Según cifras del INEGI en el 2001). [3] Sólo en el período de 1989-1992, se vendieron 977 empresas, muchas de ellas de orden estratégico para la economía nacional, como Ferrocarriles Nacionales, Conasupo, Teléfonos de México, Empresas Metalúrgicas y Siderúrgicas, Grupo DINA, así como importantes empresas Agroindustriales y Agroalimentarias, entre otras. (según datos del coordinador de la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Jaques Rogozinsky, en su libro “La privatización de empresas paraestatales. Una visión de la modernización de México”). [4] En julio de 1999, el IPAB (organismo derivado de la legalización del Fobaproa, fideicomiso que permitió salvar con recursos públicos la reprivatizada banca) manejaba un saldo de 840 mil millones de pesos (84 mil millones de dólares), cuya cobertura significó ya en aquel momento 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (la mitad absorbido por Banamex, Bancomer, Bital y Serfin). “En el periodo comprendido entre febrero de 1995 y junio de 1999, el rescate y salvamento bancario aplicado por el Fobaproa, le ha costado a la nación el equivalente a casi 170 años de endeudamiento público externo (1830-1999), periodo en el cual los distintos gobiernos nacionales (liberales y conservadores, imperiales y dictatoriales, revolucionarios, modernizadores y neoliberales) acumularon una deuda externa cercana a los 85 mil millones de dólares”, Carlos Fernández-Vega “EXPEDIENTE FOBAPROA”, en el periódico La Jornada.
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