Huelga eléctrica en Costa Rica
Triunfa la huelga eléctrica en Costa Rica. Los electricistas
mexicanos del FTE nos congratulamos y enviamos cordiales saludos a los
trabajadores del FIT-ICE.
El gobierno de Costa Rica y los trabajadores del
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acordaron el levantamiento de la
huelga, el 3 de junio anterior en San José. Organizados en el Frente
Interno de Trabajadores (FIT) del ICE, más de 10 mil trabajadores
iniciaron el 16 de mayo la huelga nacional por tiempo indefinido en apoyo al
reclamo de financiamiento extraordinario.
Según el documento
“Para el financiamiento del ICE y el levantamiento de la huelga”, se
prevé que el Banco Central "resuelva, de acuerdo con su Ley
Orgánica, el trámite para la emisión de bonos, certificados
de emisión, por los 60 millones de dólares restantes, antes del 14
de julio del presente año" (Notimex 040603).
Esa cifra se
suma a los 40 millones en bonos cuya emisión fue establecida,
también a ser usados el año próximo, para totalizar 100
millones de dólares solicitados por el ICE. La demora en la
tramitación del total motivó la huelga en el instituto.
Por
otra parte, se indica que "El Gobierno de la República y la
Administración Superior del ICE no tomarán medidas de
carácter disciplinario, económico, legal o de cualquier otra
índole contra los trabajadores y las trabajadoras del Grupo ICE que han
liderado o participado en la huelga".
El Frente Interno de Trabajadores del
ICE (FIT-ICE) "se comprometió a levantar el estado de huelga que se
hará efectivo en el momento que sea sometido a consulta y la
ratificación por las bases a primeras horas del día 5 de junio del
2003".
La lucha de los electricistas costarricenses es parte de la lucha de
éste pueblo en defensa de sus instituciones y patrimonio nacional. Costa
Rica rechaza la privatización eléctrica.
Huelga en PetroEcuador
Los petroleros ecuatorianos estallaron la huelga y el gobierno
(supuestamente popular) del coronel Lucio Gutiérrez militarizó las
instalaciones de Petroecuador.
El 12 de junio, soldados armados ingresaron
pacíficamente a las terminales de Petroecuador en Quito y
Guayaquil para protegerlas y reactivarlas, explicó un militar. La
vigilancia externa en las plantas estaba a cargo de la policía.
La
huelga inició el 9 de junio e incluyó a 4 mil trabajadores con el
objetivo expresar el rechazo de los petroleros a la privatización. Los
huelguistas pidieron la destitución de Carlos Arboleda, ministro de
energía, principal promotor de la privatización.
La propuesta
del gobierno consiste en la suscripción de contratos de Asociación
con compañías extranjeras, incluyendo los cinco grandes campos
petroleros, refinerías, terminales, oleoductos y poliductos, cuando tal
modalidad sólo está prevista para proyectos de riesgo. Con tales
contratos el Estado pasaría a recibir una participación del 40%,
siendo que actualmente Petroecuador entrega al Estado el 99.3%. (en
Alai-Amlatina 270603)
La huelga estallada por la Federación de
Trabajadores Petroleros del Ecuador, afectó a la industria, el transporte
y el procesamiento del crudo. El transporte de combustible a través del
oleoducto Transecuatoriano se redujo considerablemente, y se desató una
escasez de gasolina y diesel. Petroecuador produce 210 mil barriles diarios de
petróleo crudo.
Ecuador produjo alrededor de 376 mil barriles diarios
de petróleo en el primer trimestre de 2003 (56 por ciento a cargo de
Petroecuador), de los cuales 59.5 por ciento vendió en el mercado
internacional, de acuerdo a las últimas cifras del Banco Central. El
petróleo es el primer producto de exportación del
país.
El inútil gobierno ecuatoriano se asustó por las
protestas obreras. Incapaz de resolver políticamente, quiso copiar a
cualquier gobierno neoliberal vulgar, amenazando con decretar la emergencia e
imponer el estado de sitio. La huelga de los petroleros se produjo en el
contexto de una amplia movilización de los maestros de la Unión
Nacional de Educadores (UNE).
El 16 de junio concluyó la huelga
petrolera. El Ministerio de Energía fue obligado a abandonar sus planes
de adjudicar contratos de asociación a empresas privadas para los cinco
campos más importantes de la petrolera estatal. La renuncia de Arboleda
no fue posible por ahora. Pero, la privatización no ha sido detenida
totalmente. Petroecuador decidirá sobre la estructura de otro tipo de
contratos. El Consejo de Administración no se opone a la
privatización “únicamente” pide reglas claras. Por
otra parte, los huelguistas exigen suspender el despido de sus representantes
sindicales.
Terroristas y criminales, les llamó Gutiérrez a los
huelguistas y amenazó con seguir aplicando mano dura, según
publicó el diario El Telégrafo. Pobre Lucio, incapaz de
gobernar y entender a su pueblo, prefiere estar en brazos del Fondo Monetario
Internacional.
Sí, nos informan desde Ecuador, ese gobierno
acusó a la dirigencia sindical de "terrorista", "delincuente" y otros
términos afines, luego siguió con despidos, allanamientos de
domicilios y detenciones realizadas atropellando procedimientos jurídicos
y constitucionales (en Alai-Amlatina 270603).
Más aún,
si bien el gobierno ha aceptado que no se privatizará petróleo, no
se licitaran los cinco grandes campos y que Petrocomercial continuará
envasando y comercializando gas, que eran las principales demandas del paro en
Petroecuador, la arremetida contra los sindicatos petroleros parece que se
mantendrá no solo para sacarse de en medio a una dirigencia
crítica, sino como ejemplo disuasivo para el resto del sindicalismo
público.
Los petroleros del FTE de México apoyamos a los
petroleros ecuatorianos. ¡No a la privatización de Petrolera!,
¡Abajo los gobiernos privatizadores!, ¡Fuera ejército de
Petroecuador!
Gravarán prestaciones sociales
La SCJN determinó que todos los empleados del gobierno
deberán pagar impuestos sobre sus prestaciones y declaró
inconstitucional la exención tributaria que el Congreso de la
Unión había aprobado en diciembre de 2002 (Muñoz P, en
La Jornada 230603).
La decisión afecta aproximadamente a 3
millones de trabajadores quienes, a partir del viernes 27 de junio,
tendrán que pagar impuestos sobre aguinaldos, bonos, pagos
extraordinarios, como recompensas económicas, primas vacacionales y
compensaciones.
La decisión de la Suprema Corte de
la Nación es muy grave. Se trata, nadamás y nada menos, que de
REDUCIR el salario de los trabajadores. Podrían ser más de 3
millones, porque han empezado por los sectores más débiles, pero
la pretensión incluye a los sindicatos titulares de Contratos Colectivos
de Trabajo (CCT), en el Apartado A.
Hace ya varios años que el
gobierno ha intentado gravar las prestaciones sociales. Estas, han sido
conquistas incorporadas a los CCT, o CGT en el caso del Apartado B. Con las
prestaciones se ha tratado de resarcir, al menos en parte, la persistente
pérdida del poder adquisitivo de los cada vez menores salarios. Baste
señalar que, desde la represión político-militar a la
Tendencia Democrática (1976), el salario real de los trabajadores
mexicanos está en caída. No ha habido un solo momento de
recuperación; ahora, en pleno noeliberalismo foxista, menos. El salario
real de los trabajadores mexicanos en 2003 está al nivel de 1903,
antes de las históricas huelgas de Cananea y Río Blanco.
La
REDUCCION del salario es evidente. A los trabajadores se nos sujetará a
la desigual tabla de impuestos determinada por la Secretaría de
Hacienda. Al ser gravada cada prestación, la tabla se dispara. El
resultado será que el pago de impuestos será mayor que los
incrementos salariales de los últimos tiempos.
Algunas organizaciones
se han inconformado y proponen interponer un Amparo ante la decisión de
la Corte. Ese es asunto de abogados y una acción burocrática.
Lo que se requiere es la acción unificada, la movilización, la
lucha concreta y real. De otro modo, el Amparo se podría perder, en la
justicia mexicana NO existen garantías de NADA, menos en materia laboral.
Lo menos sería un juicio largo y desgastante.
Solamente con la reorganización democrática
del movimiento obrero de México, y su accionar independiente basado en
una política unitaria, clasista, solidaria y antimperialista será
posible el verdadero cambio político, económico y cultural en
nuestro país.
¡Unidos Venceremos!
Política
privatización furtiva