Número 39, Junio 30 de 2003

Deben derogarse las contrarreformas de 92

Denuncia contra privatización furtiva

El senador Bartlet y el diputado Rocha, legisladores del PRI presentan denuncia administrativa de hechos contra el proceso de privatización eléctrica que lleva acabo el gobierno federal. La preocupación es justa, la argumentación correcta, no así las conclusiones. Las auditorías que se piden las realizaría el mismo foxismo, caracterizado cada vez más por corrupto y, además, primer responsable del otorgamiento de permisos ilegales y fraudulentos. Es necesario ir al fondo, las reformas de 1992 a la legislación eléctrica deben derogarse, precisamente por anticonstitucionales y perniciosas para la Nación.

INVESTIGAR y AUDITAR los 225 permisos privados para generación eléctrica otorgados (por la Comisión Reguladora de Energía) en “franca violación” a la Constitución y demás leyes aplicables. Esta petición se hace a la Auditoría Superior de la Federación por los denunciantes, senador Manuel Bartlet y diputado Salvador Rocha, ambos presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales en las respectivas Cámaras, ambos también legisladores del PRI.

La denuncia está bien sustentada, con la misma información que los trabajadores de la energía hemos denunciado ante la Nación, todos los días de los años recientes, el proceso de privatización eléctrica furtiva. Lamentablemente, el camino de los legisladores podría no ser el apropiado.

Según lo publicado por la prensa (La Jornada, Milenio Diario) se habla de privatización encubierta que podría paralizar el servicio público y poner en riesgo la seguridad nacional. La apreciación es tímida, no hay privatización encubierta, es descarada. Los mismos legisladores lo indican, van ya casi 20 mil Mw eléctricos otorgados mediante permisos privados. Eso representa (más de la mitad) de la actual capacidad eléctrica instalada (propia) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“...los legisladores del PRI demandan fincar responsabilidades administrativas, políticas y penales a los funcionarios públicos -entre ellos los titulares de la Secretaría de Energía, Ernesto Martens, y de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub- y los particulares involucrados en ese comercio ilegal del fluido eléctrico. Denuncian que hay 17 empresas que ya operan, todas filiales de corporaciones extranjeras, y generan en conjunto 7 mil 92 megavatios, 19 por ciento de la capacidad de generación de la CFE”

Es evidente que, también, se deben fincar responsabilidades a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y su titular Dionisio Pérez Jácome, así como al principal responsable de las fechorías: Vicente Fox.

Ahora bien, la denuncia es correcta pero limitada. Hace tiempo que debió presentarse, claro que más vale tarde que nunca, porque el asunto es verdaderamente grave. La gravedad la indican los legisladores pero no sacan las conclusiones adecuadas.

“De continuar la tendencia, para 2011 el sistema eléctrico nacional tendrá instalados 63 mil 214 megavatios de empresas privadas, la mitad de ellas extranjeras, mientras de manera progresiva, tanto CFE como Luz y Fuerza dejarán de producir electricidad”. ¡Muy cierto, de ese tamaño es la bronca!.

“En la denuncia, presentada ante la Auditoría Superior de la Federación -órgano responsable de verificar si las concesiones otorgadas por empresas públicas, así como sus operaciones se ajustan a la legalidad-, Bartlett y Rocha Díaz advierten que además de permitir la privatización del sector eléctrico el gobierno federal beneficia a los permisionarios con el cobro de tarifas subsidiadas por el uso de la red de transmisión eléctrica, lo que causa un severo daño patrimonial a la CFE”.

“De entrada, los legisladores solicitan cancelar los permisos a 44 particulares que operan a través de la simulación de las figuras de cogeneración, de autoabastecimiento, de producción independiente y de exportación, toda vez que encontraron irregularidades evidentes”.

¡Completamente de acuerdo con los señalamientos! ¡Hay que cancelar, definitivamente, TODOS los permisos fraudulentos, anticonstitucionales y corruptos! Pero, NO con auditorías que haría el gobierno foxista, el mismo que lleva a cabo la privatización eléctrica furtiva. Suena hasta ridículo que se pida a la mafia, “verificar la legalidad” de sus acciones.

En la denuncia se relacionan los múltiples casos de ilegalidad. Entre otros muchos se denuncia hasta a Arturo Whaley (ahora empresario del PAN y colaborador de Fox) y socios (algunos hasta asesores de legisladores, de izquierda y de derecha). “El 25 de septiembre de 2001, se dio el permiso para generar electricidad para autoconsumo a Eléctrica del Valle de México, con dos socios, Cimentaciones y Puertos e Inversiones Eólicas. Sin embargo, se presentaron 159 socios futuros, en su mayoría municipios y organismos descentralizados del estado de México”.

''El titular del permiso se ostenta como empresa generadora de electricidad y en realidad es un negocio de generación y venta, encubierto de sociedad de autoabastecimiento'' (Becerril A, en La Jornada 250603).

Los legisladores han venido mejorando su discurso, pero siguen fuera de onda.

Según dice la denuncia, “se advierte que las reformas que se hicieron en 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica han sido sesgadas para permitir la privatización de la electricidad”.

''La intención no fue excluir al Estado de la generación eléctrica'', sino permitir la inversión privada mediante permisos, pero respetando estrictamente las disposiciones constitucionales que ponen en manos del sector público las áreas estratégicas, como son la electricidad.

Las reformas de 1992, al establecer las figuras de autoabastecimiento y cogeneración pretenden ''fomentar el autoconsumo, el ahorro de energía proveniente del sector público y la producción de energía más limpia, pero en forma alguna convertirlos en concesionarios del servicio público, pues ello se apartaría del texto constitucional".

Para el foxismo no hay “sesgo”, es simplemente la aplicación de la ley (principalmente las reformas de 92). Lo han repetido hasta el cansancio, la base legal con que otorgan los permisos legales es, justamente, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) modificada en 1992 por el gobierno de Salinas de Gortari, siendo secretario de gobernación el propio Bartlet.

Suponiendo que las intenciones hayan sido de “buena fe”, que no es así porque la decisión se tomó por razones políticas, en el contexto de las negociaciones para la firma del tratado de Libre Comercio con Norteamérica, el hecho es que tales (contra)reformas se han revertido. De aquellas (supuestas) buenas intenciones no queda nada, con las mismas reformas aprobadas se está excluyendo TOTALMENTE al Estado. La industria eléctrica nacionalizada ya NO amplia su capacidad eléctrica instalada PROPIA, TODA la nueva capacidad efectiva en operación es privada.

Las figuras jurídicas “INVENTADAS” por el salinismo son la justificación y pretexto del foxismo. Con esas “figuras” es que se está destruyendo al patrimonio eléctrico de la Nación.

La conclusión es evidente: DEBEN DEROGARSE LAS REFORMAS DE 1992, a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Qué bien que se presente la denuncia, es un recurso válido, con ello se deja constancia de una actitud política en este caso de legisladores del PRI, preocupados por la Desnacionalización acelerada en marcha. Pero, la acción administrativa debe tener su correspondencia con la política.

Tratándose de la las iniciativas de legislación eléctrica, integradas en el paquete que llaman “reforma eléctrica”, TODAS las iniciativas son privatizadoras, incluyendo la del PRI y las del PRD, TODAS reafirman las reformas del 92 e, incluso, las amplían (tal es el caso de la propuesta de Sodi). Con ello, legitimarían a la Privatización Eléctrica Furtiva que ahora, Bartlet y Rocha denuncian. Esperaríamos que la iniciativa del PRI fuera corregida, hemos insistido en todos los tonos. No tenemos noticia siquiera de una revisión, los asesores del PRI-PRD siguen necios e incongruentes.

¿Se quiere detener a la privatización eléctrica, poner un alto a la ilegalidad y el fraude? ¡Nosotros, los trabajadores, exigimos que esto ocurra de verdad! Deben modificarse, entonces, las iniciativas de los legisladores y proceder en consecuencia.

¿Qué proponemos? ¡Derogar las reformas del 92! ¿Cómo? Mediante una Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica, coherente con la Constitución. En materia energética NO procede ninguna concesión o contrato a los particulares.

Mediante la legislación apropiada, la industria eléctrica nacionalizada debe reorganizarse para cumplir sus funciones constitucionales, expresadas en el proceso de trabajo eléctrico que constituye, a su vez, al servicio público de energía eléctrica. ¿Cómo? Mediante la cabal integración industrial, culminando la nacionalización.

El senador Bartlet y el diputado Rocha son constitucionalistas, lógico sería que sus propuestas sean coherentes. Sin embargo, el asunto es muy importante para dejarlo únicamente en manos de los legisladores y sus partidos políticos. Es preciso redoblar esfuerzos, reanimarnos, volver a la movilización en calles, asambleas y foros, seguir luchando incansables.

Fox y las transnacionales están Expropiando a México, es la hora de alzar la voz, ponernos de pié y defender a la Patria.