Número 34, Enero 31 de 2003

La reforma privatizadora no pasó en diciembre

Reforma Eléctrica, Pendiente

En el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, no se discutió ninguna propuesta de reforma eléctrica. El PRI apoya el dictamen de la comisión de puntos constitucionales que implica el rechazo a la iniciativa de Fox para reformar la Constitución, modificar al Artículo 27 y privatizar totalmente a la industria eléctrica nacionalizada. No hay consenso todavía. Se insiste en reformar la legislación secundaria para legalizar la privatización eléctrica furtiva.

No hay reforma eléctrica en México, el poder legislativo NO ha decidido nada. Ese, sin embargo, no es el problema, básicamente por dos razones: Una, el poder ejecutivo, encabezado por el gobierno de Fox sigue incrementando la intervención privada en la generación eléctrica. Esto ocurre al margen de todas las leyes, incluyendo a la Constitución política del país. Dos, las diversas propuestas de reforma proponen la legitimación de la privatización eléctrica furtiva actualmente en marcha.

En su timidez, los legisladores se atreven a expresar que sigue adelante una privatización “silenciosa”. No hay tal, se trata de una privatización abierta, cínica y descarada, es el mayor atraco a la Nación después de la expropiación petrolera de 1938 y de la nacionalización eléctrica de 1960.

La llamada reforma eléctrica incluiría adiciones y modificaciones, principalmente, a las siguientes leyes: Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y disposiciones relativas a otras leyes de la administración pública federal. En el caso de Fox, se pretende modificar los artículos 27 y 28 constitucionales.

Los diversos partidos políticos han presentado iniciativas legislativas. Fox a través del PAN (5), el PRD (2) y el PRI (1). Son 8 iniciativas sobre las cuales habrá de dictaminar el Senado de la República, en primera instancia.

Al término del 2002, la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el senador Manuel Bartlett, había preparado un dictamen mediante el cual se rechazaría toda pretensión foxista de reforma constitucional. En ese punto, el dictamen es correcto. Sin embargo, en el periodo ordinario de sesiones que concluyó en diciembre no se aprobó nada, pues no se logró convencer al PRD. Entretanto, sigue la incertidumbre y se ha entrado a un proceso electoral a nivel de diputados federales para el 2003.

Tratándose de la LSPEE, se propone “regular la inversión privada” establecida en 1992 “estableciendo con mayor precisión cada una de las figuras jurídicas”. Es solo eufemismo, maquillaje parlamentario, porque dichas figuras son inconstitucionales de origen y, ahora, se pretende legalizarlas. Al respecto, PAN, PRI y PRD coinciden plenamente para vergüenza de la Nación que se ha manifestado en contra en múltiples formas.

Dicen los legisladores que, esa intervención privada, es una “forma excepcional” que NO forma parte del servicio público. Este es exactamente el mismo discurso de Salinas de Gortari, de Zedillo y de Fox para seguir deformando el concepto de servicio público, así sea de manera “excepcional”.

Le llaman “candados” a sus propuestas, en realidad se trata de una burla. Por decir menos, serían candados con llaves incluidas. Dicen los legisladores que, entre esos “candados” “debe obtenerse permiso previo” y “cumplir una serie de “requisitos” entre otros, “no tener en el presente o futuro un interés específico de beneficios económicos de la enajenación de la electricidad”. Obviamente, los legisladores están lejos de entender lo que significa el proceso de valorización de la energía eléctrica. Lo peor, es que consideran a las trasnacionales como “hermanitas de la caridad”.

En el colmo, el PRD prevé la posibilidad de que varios socios formen parte de una misma generación, EXACTAMENTE como ocurre actualmente con los permisos fraudulentos de supuestos autoabastecimiento y cogeneración. Eso esta dando lugar no únicamente a permisos privados individuales, sino a la creación de sistemas eléctricos privados. Además, el PRD posibilita que los particulares usen la red nacional de transmisión eléctrica, mediante el pago de porteo. Esto es, sencillamente, anticonstitucional.

En suma, NO hay aún formalmente reforma eléctrica, SÍ hay propuestas privatizadoras de todos los partidos políticos, sin que exista ninguna garantía de NADA.