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Volumen 10, Número 155, marzo 18 de 2010
La expropiación de la industria petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica, son dos hechos políticos de la mayor relevancia en los últimos cien años. Ambos, fueron conquistas del pueblo de México movilizado en grandes jornadas de lucha. Hoy, sin embargo, las dos industrias fundamentales de la nación están desnaturalizadas, consecuencia de severos procesos de privatización furtiva. (+)
Programa del XIV Foro de Energía. (+)
¿Se está acabando el petróleo en México?
No se dispone de la información geológica ni de estadísticas confiables sobre la exploración realizada en los últimos años para responder a la pregunta sobre el grado de agotamiento de los hidrocarburos en México. Solo se cuenta con piezas del rompecabezas. Se examinan algunos indicios que parecen mostrar que algunas regiones están agotadas, en tanto otras, como el Golfo de México, aún presentan un potencial importante de hidrocarburos. Se sostiene que el ritmo de extracción y de las exportaciones es insostenible, apenas podría prolongarse si se descubren, en el Golfo de México profundo, varios yacimientos gigantes, pero, continuar la política de extraer crudo solo para exportarlo, sin valor agregado, es un atentado a los intereses nacionales. (+)
Mitos de la exploración petrolera
La exploración petrolera es idealizada en la política nacional, cuando representa la posibilidad de aumentar las reservas de hidrocarburos. Son recursos energéticos obtenidos con relativa facilidad, que han sido desperdiciados irresponsablemente en los últimos años. (+)
El régimen de contratación en Pemex
Las reglas del nuevo régimen de contratación, contendidas en las DISPOSICIONES administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, son inconstitucionales porque están basadas en la Ley de Pemex y su Reglamento, y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y su Reglamento, ordenamientos son inconstitucionales porque contravienen lo dispuesto por la Constitución política del país. Las leyes secundarias y sus reglamentos describen los mecanismos para el otorgamiento de contratos a los particulares en las actividades petroleras constitucionalmente estratégicas. La Constitución prohíbe ese tipo de contratos. A través del otorgamiento de toda clase de contratos a las transnacionales, el gobierno federal promueve la privatización de la industria petrolera nacionalizada. (+)
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