La expropiación de la industria petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica, son dos hechos políticos de la mayor relevancia en los últimos cien años. Ambos, fueron conquistas del pueblo de México movilizado en grandes jornadas de lucha. Hoy, sin embargo, las dos industrias fundamentales de la nación están desnaturalizadas, consecuencia de severos procesos de privatización furtiva.

La privatización energética en México fue establecida por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica, en torno al cual, fue ajustada la legislación secundaria en abierta contravención a las disposiciones constitucionales. Las reformas regresivas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y de 1995 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, fueron la base para desnacionalizar a las industrias eléctrica y petrolera.

Con la contra-reforma energética de 2008, aprobada por todos los partidos políticos, la situación se tornó peor al haberse aprobado la privatización de todas las fuentes de energía, renovables y no renovables.

Durante el debate de 2008, el gobierno y partidos políticos aseguraron mediáticamente que no habría contratos de riesgo, luego, llamados contratos incentivados. En la Ley Petrolera y en la Ley de Pemex, sin embargo, se autorizó el otorgamiento de todo tipo de contratos, en contra de lo dispuesto por la Constitución.

De entonces a la fecha, se ha venido instrumentando la contra-reforma. Los reglamentos a las leyes secundarias reformadas son igualmente inconstitucionales y privatizadores. A estos se adicionan las recientes nuevas reglas para la contratación en Pemex, mismas que hacen reaparecer a los inconstitucionales contratos incentivados, que serían otorgados sin licitación, es decir, por invitación y/o adjudicación directa.

Pemex sigue siendo el soporte básico de la economía nacional y la empresa más rentable de México pero, la administración en turno pretende concluir su destrucción, impulsando la reestructuración interna recomendada por el capital extranjero para entregar el patrimonio nacional a las corporaciones, vía las alianzas que permitan compartir la producción. Para ello, promueven una nueva oleada de reformas privatizadoras.

A la fecha se han otorgado diversos contratos para la exploración petrolera sin que se haya revertido la tendencia declinante en la producción y sin que se hayan realizado descubrimientos relevantes.

En el caso eléctrico, la situación del momento muestra que la mitad de la generación eléctrica total a nivel nacional ya es privada y los planes próximos indican que se avanza con el proceso desnacionalizador. La extinción de Luz y Fuerza del Centro se caracteriza por la agresión estatal al Sindicato Mexicano de Electricistas enturbiando la integración de la industria eléctrica nacionalizada. En cuanto a las energías renovables, su privatización tiende a ser acelerada, lo mismo que la infraestructura pública de las telecomunicaciones.

Para continuar el análisis, el FTE de México invita a los trabajadores y pueblo en general a participar activamente en el XIV Foro de Energía, a realizarse el 18 de marzo de 2009, en el marco del 72 aniversario de la Expropiación Petrolera.