La Privatización Furtiva del Gas Natural
en México
(Continúa)
6 CONCLUSIONES
6.1 Expropiación petrolera extranjera
El gobierno federal ha
tomado a las reformas de 1995 como la base legaloide para realizar la
privatización furtiva. Solamente hay un problema no resuelto: las
reformas de 1995 son INCONSTITUCIONALES porque contradicen y se oponen a lo
dispuesto por los párrafos 4º. y 6º. del artículo 27
constitucional. En consecuencia, TODOS los permisos privados otorgados son
ilegales y, por tanto, nulos de pleno derecho.
Lo hemos señalado
hace tiempo; está en marcha un acelerado proceso desnacionalizador en la
industria petrolera de México. La legislación secundaria y
terciaria vigente contravienen las disposiciones constitucionales en materia de
hidrocarburos. La Privatización Petrolera Furtiva se lleva acabo por el
gobierno federal de manera inconstitucional.
En este proceso, la Comisión Reguladora de Energía ha
incurrido en excesos. El Artículo 27 Constitucional indica que
corresponde a la nación el derecho sobre todos los hidrocarburos. Ahora,
ese derecho lo ha usurpado la CRE. Cuatro burócratas corruptos son los
que se han abrogado la facultad de otorgar permisos, es decir, desnacionalizar a
la industria de la nación mexicana con base es disposiciones
reglamentarias inconstitucionales.
Con este proceso de privatización se están sustrayendo a
Pemex las funciones constitucionales estratégicas por la vía de
fraccionar el proceso de trabajo petrolero. La privatización se lleva a
cabo en materia petrolera, en actividades de exploración y
perforación de pozos; y, en materia de gas natural, en actividades de
exploración, explotación, distribución y
comercialización. Con las recientes acciones, la privatización
incluye la perforación de pozos, la extracción de crudo y gas
natural en aguas profundas.
La Privatización Petrolera Furtiva en
materia de petróleo crudo es a través de los llamados Contratos de
Servicios Integrales y, en materia de gas, mediante los Permisos Privados
otorgados por la CRE y vía los Contratos de Servicios Múltiples.
Además, ahora se incluye a los contratos asignados, unilateralmente, a
empresarios privados como Slim.
El contratismo representa una de las
perversiones de la industria nacionalizada. La burocracia de Pemex se dedica a
administrar más de 10 mil contratos diversos, con la correspondiente
corrupción asociada. En todas estas ilícitas actividades, el
charrismo sindical tiene una participación destacada, al grado de haber
modificado el Contrato Colectivo de Trabajo en varias ocasiones para
“legitimar” la pérdida de materia de trabajo y
“autorizar” a la administración de Pemex a desnacionalizar la
industria. La acción del charrismo se apoya en la impunidad y respaldo
del gobierno federal en turno, así como el uso de la represión y
violencia contra los trabajadores petroleros.
Se tienen evidentes
retrocesos para el STPRM pues, en la medida en que la privatización
avanza, en esa misma medida se pierde la materia de trabajo. Por lo
demás, los trabajadores que prestan sus servicios con las transnacionales
no pertenecen al sindicato petrolero y están sujetos a condiciones
laborales inferiores a la Contratación Colectiva. Se está
regresando a las condiciones previas a la expropiación de 1938 (Bahen et
al. 2003, 2006, 2007).
6.2 ¡Pemex Sí, PeUSA No!
La privatización
furtiva de Pemex representa la Expropiación Petrolera Extranjera (Bahen
et al. 2003). A la apropiación privada que realizan de la industria
petrolera nacional las transnacionales le llaman The Mexican Oil
Industry. Petróleos Mexicanos (Pemex), en manos de sus enemigos, se
ha venido convirtiendo en Petróleos de los United States of America
(PeUSA).
Están vigentes 185 permisos privados,
prácticamente todos inconstitucionales, en materia de gas natural. La CRE
se ha abrogado el derecho de la Nación y otorga los permisos de manera
discrecional y arbitraria. El extremo es que a Pemex y a la CFE también
les otorga permisos, para realizar sus funciones constitucionales, lo que
resulta grotesco pues se les da el trato de empresas privadas
obligándolas a poner su infraestructura, en este caso, el Sistema
Nacional de Ductos (y la Red Eléctrica Nacional) al servicio de las
empresas transnacionales.
Las transnacionales han construido un total de
28 mil km para distribución de gas, 7 mil 730 km para transporte abierto
y 756.6 km para usos propios, adquiriendo una enorme capacidad en volumen
incluyendo el almacenamiento.
La invasión de las transnacionales
cubre ya 22 de los 32 estados de la República, tales como, Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo león, Tamaulipas,
Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro,
Jalisco, Michoacán, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Campeche,
Yucatán, Estado de México, Hidalgo y Distrito federal.
Por
otra parte, los permisos otorgados son muy cuestionables. Tratándose de
la distribución del gas, se le ha suprimido a Pemex una de sus funciones
para favorecer los negocios privados manteniendo cautivos a millones de
usuarios. A la fecha, se dispone de 28 mil 138 km de ductos de
distribución en amplias zonas del territorio nacional donde operan los
permisionarios privados. Esta red es, en longitud, casi el triple del SNG de
Pemex. El volumen de gas comercializado es de 42 millones 660 mil metros
cúbicos diarios, equivalente al 28% del gas que transporta Pemex
diariamente.
En el caso de transporte (acceso abierto), la longitud de
los ductos privados es de 7 mil 730 km con una capacidad de 285 millones 478 mil
metros cúbicos diarios. En este caso, se han constituido sociedades
privadas, de manera que los permisionarios proporcionan el servicio a sus
socios. En ocasiones los permisos de la CRE se han transferido entre sí
por las empresas transnacionales con la complacencia de la CRE y de la
Comisión Federal de Competencia (CFRC).
Lo mismo ocurre en el caso
de los permisos de transporte (usos propios). En varios casos, no hay tales
servicios propios, se trata de empresas privadas que abastecen a diversos
usuarios constituyendo redes privadas. En este caso, se tienen ductos por un
total de 756.586 km con una capacidad de 163 millones 523 mil metros
cúbicos diarios.
Finalmente, en el caso del almacenamiento de gas,
la CRE ha otorgado 5 permisos, los cuales son bastante grandes y se han
entregado a las transnacionales para construir poderosas infraestructuras en las
costas mexicanas, adquiriendo la propiedad y sin importar las afectaciones al
medio ambiente y la ecología. Los permisos de almacenamiento, proyectados
para operaciones internacionales tendientes al abastecimiento energético
a Norteamérica. Estos permisos representan una capacidad de
transmisión de 5 mil 520 pies cúbicos diarios y una capacidad
almacenamiento de 1 millón 520 mil metros cúbicos.
Todas
las anteriores son funciones constitucionales que corresponde realizar a Pemex
de manera exclusiva. La privatización furtiva le ha sustraído esas
facultades y consecuentemente los usuarios e ingresos por tales conceptos. Tal
privatización sigue creciendo día a día.
6.3 El Proyecto INTEGRA para PeMex
Los trabajadores de la energía de México
reafirmamos nuestras propuestas a la Nación sobre la necesidad de una
Política Energética propia, independiente del imperialismo, de las
burocracias administrativas y del gobierno en turno, tanto en materia
eléctrica como en materia de hidrocarburos (Soberanía
2007).
La Política Energética Independiente que proponemos
incluye: 1- El derecho de la Nación sobre todos loa recursos
energéticos y la infraestructura industrial respectiva, 2- La
integración industrial de los organismos responsables del proceso de
trabajo, 4- El desarrollo de la industria nacionalizada para el beneficio
social, 4- La protección del medio ambiente y ecosistemas, 5- El derecho
a la salud, la seguridad y la huelga obrera.
Esta propuesta se expresa
organizativamente en un solo organismo en la industria petrolera: Pemex,
industria encargada de realizar las funciones estratégicas asignadas
constitucionalmente, mismas que constituyen al proceso de trabajo petrolero. La
integración industrial que proponemos implica, también, una
organización “matricial” pero es conceptualmente opuesta al
Proyecto SUMA o, con más precisión, Proyecto “RESTA”.
Este, desintegra al proceso de trabajo fragmentándolo; nuestro proyecto
INTEGRA al proceso de trabajo, de allí su nombre.
En el Proyecto
INTEGRA no hay “macroprocesos” sino “Fases de Trabajo”.
Estas son 10, las mismas que caracterizan al proceso de trabajo de los
hidrocarburos (sólidos, líquidos o gaseosos). Esto es así,
porque los procesos de trabajo están determinados por las materias primas
y, en este caso, son el petróleo y/o el gas, mismas que son parte del
conjunto de transformaciones o estados por las que pasan los procesos en la
industria petrolera. Las “fases” en cuestión son:
Planeación, Investigación y Desarrollo, Ingeniería de
Proyectos, Exploración, Explotación, Procesamiento,
Transformación, Transporte, Distribución y
Comercialización. Estas Fases expresan a las funciones constitucionales
estratégicas que Pemex tiene que realizar obligatoriamente.
Estas
fases se relacionan con las actividades de Operación, Mantenimiento,
Administración, Finanzas, Materiales y equipo, Protección del
Medio Ambiente y Servicios tecnológicos.
Las Fases y Actividades
constituyen una unidad orgánica y funcional para que Pemex realice sus
funciones mediante administración directa. El financiamiento de sus
obras, proyectos y desarrollos sería con los propios recursos que genera.
Esto implica que Pemex no sería una entidad autónoma ni tampoco
simple contribuyente fiscal; el Estado, que tiene bajo su control a la industria
energética, tiene la obligación de otorgarle los recursos
necesarios para financiar el desarrollo de Pemex y ésta aportar, a su
vez, al desarrollo social.
La propuesta dista de ser simple. Se requiere
de una nueva Política Petrolera y, también, de un gobierno
coherente y consecuente. En términos de nuestra Política Petrolera
Independiente proponemos formular y concretar por la acción organizada de
los trabajadores de la energía con base en un programa (energia62 2005,
energía84S 2007) que incluya, los siguientes puntos:
1- Defensa de la industria petrolera nacionalizada.
2- Rechazo a las modificaciones legislativas privatizadoras.
3- Desarrollo del proceso de trabajo
técnico-científico-industrial por administración
directa.
4- Impulso a la integración industrial, vertical y horizontal, de
Petróleos Mexicanos.
5- Democracia sindical en el sindicato petrolero (STPRM)
Entre las
acciones de política proponemos:
1- Establecer una nueva plataforma de producción de petróleo
crudo para satisfacer la demanda interna.
2- Suspender de manera total la exportación de petróleo
crudo.
3- Suspender los proyectos de generación eléctrica a base de
gas natural.
4- Instalar 5 refinerías energéticas en los términos
propuestos por los ingenieros y trabajadores petroleros
democráticos.
5- Apoyar el desarrollo de fuentes energéticas alternas, entre otras
la fusión termonuclear controlada.
6- Cancelar TODOS los permisos privados en materia eléctrica, de gas
y petróleo.
7- Cancelar de los Contratos de Servicios Múltiples.
8- Desaparecer a la Comisión Reguladora de Energía por
así convenir al interés de la Nación.
9- Aplicar la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos a
los implicados en la Privatización Furtiva en las industrias
eléctrica y petrolera.
10- Si las transnacionales persisten en seguir vulnerando la
soberanía nacional, como lo están y seguirán haciendo,
contraviniendo la Constitución, debe procederse a la Expropiación
sin Indemnización y la aplicación del artículo 139 contra
el gobierno federal por traición a la Patria.
Una condición
indispensable para la defensa de Pemex es la movilización social
organizada en todo el territorio nacional. Necesitamos de la organización
territorial porque la privatización también significa
pérdida del territorio. A la fecha, las transnacionales han invadido a
México habiéndose posesionado de casi todo el territorio nacional.
En este aspecto estamos en clara desventaja luego de 10 años de
privatización furtiva.
La lucha del presente es por la
suspensión de la privatización petrolera furtiva. Eso significa
defender a la industria petrolera nacionalizada. Al mismo tiempo representa,
también, la lucha contra el charrismo sindical y por nuestros derechos
obreros.
Defender a Pemex no es tarea únicamente de los
trabajadores sino del pueblo mexicano organizados y movilizados en todo el
territorio nacional. No solamente las zonas petroleras sino en todos los
lugares, principalmente donde se están asentando las transnacionales. Se
trata de una invasión a escala nacional. Necesitamos, por tanto, de una
respuesta nacional.
Los trabajadores petroleros, constituidos en el
STPRM, en lucha junto a otros sectores industriales (electricistas,
ferrocarrileros, mineros y otros) hicieron posible la Expropiación
Petrolera de 1938. Hoy, debemos hacer honor a tan brillantes jornadas de lucha
obrera y organizarnos para rescatar a México de las garras del
imperialismo. Esta lucha supone la unidad democrática y la acción
coordinada en todas las secciones del sindicato petrolero. Los charros
sindicales no son los dueños ni de la industria ni del sindicato, el
gobierno tampoco.
Es necesario tomar en propias manos los destinos de la
industria y del sindicato. La tarea no es simple pero es necesaria. Un solo
Frente, un solo movimiento de petroleros, independientes del gobierno, del
patrón y de los partidos políticos tradicionales.
¡Fuera
transnacionales de México!
¡Alto a la
Expropiación Petrolera
Extranjera!
¡Unidos
Venceremos!
El Frente de
Trabajadores de la Energía, de México, en defensa de la industria
petrolera
patrimonio
colectivo social de los mexicanos FOTO J.A. López
Comisión de Energia
