Iniciativa Eléctrica del PRI /3

Preguntó un legislador ¿Porqué están contra la autonomía? La respuesta es sencilla: ¡La nacionalización no se hizo para la privatización!, ni para poner la industria en manos del charrismo sindical, legitimando la corrupción y desnaturalizando el patrimonio nacional. Por lo demás, el asunto no es administrativo sino de Política Energética Independiente.

Indignación es lo menos que podemos afirmar, luego de la lectura a las iniciativas de reforma eléctrica presentadas por diputados y senadores.

Si se atiende a las declaraciones en los medios, se obnubila fácilmente el panorama y pareciera que los legisladores son defensores de la Nación, sobretodo PRI y PRD en un contexto dominado por las extravagancias de Fox y el PAN. Pero, un somero análisis revela incapacidad, incoherencia e incongruencia de los legisladores.

Diputados y senadores hacen bien en hacer valer la Constitución del país, pero se equivocan en sus propuestas de legislación eléctrica secundaria. Las iniciativas que formulan corresponden a una visión administrativa y patronal, alejada de la propia nacionalización.

A partir de la propuesta para establecer una nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), el PRI deriva otras leyes que tienen como referencia a la primera, la LSPEE.

Ley Orgánica de la CFE

Naturaleza y Objeto

Se define a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el artículo 1, como un organismo público descentralizado, “multiservicios y multienergético, integrado vertical y horizontalmente, ..., dotado de autonomía técnica, de autonomía financiera y de gestión y de autonomía de comercialización...”

Respecto a los multiservicios, quienes presentan la propuesta dicen que “esto significa que pueda desarrollar actividades conexas que le permitan ampliar y mejorar los servicios de energía eléctrica y capitalizarse por diversos conceptos...” No explican los detalles, pero si se refieren a la producción de manufacturas eléctricas y electrónicas, sería lo correcto. Esto se ubicaría en la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Lamentablemente, no es lo que propone el PRI. Todas las buenas intenciones se reducen al nivel de una empresa no de la industria, como debiera de ser. De esta manera, la propuesta mencionada es apenas declarativa.

Lo que interesa al PRI es la llamada “autonomía”, tanto que son reiterativos hasta en la redacción. Dicen los priístas que “se entiende por autonomía financiera y de gestión la facultad de administrar en forma directa sus presupuestos anuales derivados de sus ingresos propios y de las transferencias que se le hagan, ... así como la facultad de tomar racionalmente las decisiones necesarias para el cumplimiento de su objeto...”

Autonomía para la desnacionalización y la corrupción

Todo este rollo es borroso y oculta lo esencial, se trata de adecuar la empresa a un modelo empresarial privado para que CFE actúe al margen de toda disposición del Estado. Esto es contradictorio y desnaturaliza a la nacionalización. La propiedad de este sector no es para el beneficio de la empresa sino de la Nación, no únicamente con relación a la prestación de un servicio público sino del desarrollo social democrático que implica socializar la renta del sector estatal de la economía. Lo demás es productivismo, eficientismo, simple gestión administrativa.

Con la facultad para administrar los recursos financieros se está otorgando la legalización de la corrupción en beneficio de funcionarios y charros sindicales.

Es preciso recordar que, la nacionalización se empezó a desnaturalizar desde el principio, precisamente por la corrupción. Hasta 1976, esa corrupción se había vuelto escandalosa en múltiples vertientes. La lucha de los electricistas democráticos, las persistentes denuncias y la conciencia nacionalista en las diversas secciones de la provincia, había impedido el retroceso nacionalizador costando vidas y pérdida del trabajo a miles de trabajadores en todo el país. Después de 1976, la imposición violenta del charrismo sindical no ha servido para corregir anomalías, al contrario, la corrupción sigue creciendo. ¿O, pueden asegurar (y probar) los legisladores y sus asesores, que ya no hay corrupción en CFE, ni en LFC?

CFE es autofinanciable, opera con ganancia, pero no excluye a la corrupción misma que no solamente no se ha extirpado sino que aumenta. Una de las vías es el contratismo que adquirió carta de naturalidad hace más de 25 años precisamente con el charrismo. Hoy, la nueva modalidad son los “permisos privados” que se otorgan a los inversionistas extranjeros. Entre funcionarios de la CFE y de la CRE se llevan a cabo espectaculares negocios. ¿Eso no lo sabe el PRI, ni el PRD? ¿O, también va a haber autonomía para la corrupción? El rollo sobre la transparencia y demás manejo leguleyo no es compatible con la realidad, menos en una industria NO integrada y en manos de los charros sindicales.

En estas condiciones, la autonomía de gestión solamente podrá servir para que aumenten las tarifas eléctricas a la población y que puedan así capitalizarse las empresas, mismas que jamás podrán hacerlo mientras coexistan el contratismo, la privatización simulada y el charrismo, inherentes fuentes de corrupción. ¡En este contexto, no es posible ninguna autonomía ni serviría de nada!

Como la plantean los priístas, y peor los perredistas, esa autonomía de gestión apunta a convertirse en autonomía para que las mafias hagan “lo que quieran” con el patrimonio nacional, precisamente “en nombre de la Nación y de la industria nacionalizada” Esto deriva de la visión atrasada y empírica que tienen los legisladores sobre la industria eléctrica y el país porque, en uno y otro caso, lo primero es la política después la administración, no al revés.

En el caso de la industria eléctrica se propone otorgar esa “Autonomía” para que, después, “autónomamente”, las camarillas decidan qué política, con qué planes y con qué recursos financieros habrán de operar. La impunidad de ahora se volverá natural y excesiva, por lo menos.

Diferente sería, si primero se integra cabalmente la industria eléctrica nacionalizada el marco de un Programa Nacional de Energía y el correspondiente Plan Eléctrico Nacional.

Tal integración industrial supone la necesaria unidad sindical. Esta es crucial, de otra manera, cualquier propuesta que no considere la intervención organizada y democrática de los trabajadores en el control de la investigación y la producción de electricidad está orientada al fracaso considerando a la industria y al país en su conjunto.

Es en estas condiciones que la susodicha “Autonomía Charra” es inaceptable.

Incongruencias de la autonomía charra

La iniciativa señala en el artículo 2 el objeto de la CFE de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución e incluye las actividades de planeación, construcción, operación y mantenimiento. Eso está bien, pero es incompleto, falta la realización de la investigación y desarrollo tecnológico.

En el artículo 3 se indica que, entre las facultades y atribuciones de CFE, tendrá la de “Promover la investigación científica y tecnológica...” y “desarrollar y prestar servicios científicos y tecnológicos...”.

Esto es evidentemente contradictorio, cómo va a prestar servicios si no los realiza, de acuerdo a la iniciativa únicamente los promueve. Ese es el error, no se trata de “promover” sino de “realizar”

La razón es que la investigación científica y el desarrollo tecnológico son parte del proceso de trabajo, en este caso, eléctrico. Claro, los priístas y perredistas no lo ven así, por desconocimiento de la materia y porque no desean considerarlo ya que eso conduce, nuevamente, a la integración eléctrica misma que eluden y niegan.

Los promotores de la iniciativa aceptan a la integración sólo declarativamente. En el mencionado artículo dicen que CFE tiene la obligación de “Mantener la unidad del servicio público...” que no es lo mismo que la integración de la industria, “..asegurando el control sobre el conjunto, integrado vertical y horizontalmente y considerado como un todo indivisible...en el territorio nacional” ¿De veras? Entonces, porque dividen a la industria y al país, considerando la parte central del mismo aparte? Qué no se trata del mismo país, o el centro no es parte del “todo indivisible” en el territorio nacional? Evidentemente, no hay coherencia. Eluden la verdadera integración industrial y se enredan en un panorama sin salida correcta para el país.

Organización

La incongruencia se profundiza de inmediato resultado de las contradicciones iniciales.

Propone el PRI que, a la Junta de Gobierno de CFE se integre el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, entidad privatizadora por excelencia y presidida por funcionarios corruptos e ineptos por definición. No nada más, también se propone a tres representantes de la sociedad civil y a tres charros sindicales, los primeros en representación del pueblo de México y, los segundos, en representación de los trabajadores electricistas. ¡Ridículo! Es una burla. Todo esto es simplemente bochornoso.

Peor aún, “Los representantes de la sociedad civil ante la Junta de Gobierno serán designados por el Ejecutivo Federal” así dice textualmente la propuesta, por lo pronto sería Fox. Desde luego, los representantes de los charros serán designados por ellos mismos. ¿Todavía creen los señores Diputados y Senadores que es posible que los trabajadores podríamos apoyar sus propuestas eléctricas? ¡Estaríamos locos o seríamos igual de corruptos que los charros!

Aclaran los priístas, en el artículo 6, que “Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán actuar con plena responsabilidad en su cargo” ¡Esto es ridículo y risible!

Según el artículo 7 de la propuesta, “La vigilancia interna del Organismo estará encomendada a un Comité integrado por tres miembros...que serán nombrados y removidos por los titulares..” de las secretarías de la Contraloría y de Energía. Los priístas piensan que los mexicanos somos retrasados mentales. Eso deriva, por supuesto, de su visión patronal de la industria eléctrica nacionalizada y de su concepción deformada de la nacionalización.

Se advierte que los priístas no han leído ni siquiera al propio López Mateos, cuando éste leyó su discurso aquel 27 de septiembre de 1960.

Lo grave de lo anterior es que la Junta de Gobierno está prevista como la máxima autoridad de las empresas “autónomas” con facultades extraordinarias, y casi plenipotenciarias, para hacer y deshacer (sobre todo esto último) el patrimonio colectivo de la Nación.

Del Consejo Superior de Planeación Estratégica y del Comité de Evaluación

La iniciativa priísta propone crear a este Consejo para formular la planeación del sistema eléctrico. Dicho Consejo elaboraría diversos documentos, tales como, “el Desarrollo del Mercado Eléctrico, el Programa de Obras e Inversiones, el Documento de Costos y parámetros de Referencia para la Construcción y una proyección financiera a diez años” La propuesta pareciera que suena bien, pero únicamente suena. La idea de la planeación es correcta, simplemente retomarla es un acierto, a la fecha esa actividad se tornó ya casi nula. Pero, una cosa es la apariencia y otra la esencia. Esa planeación está prevista en el marco de una previa ley, como si la planeación fuera solamente asunto técnico y neutro, lo cual es falso.

Ese Consejo lo que hará es aplicar lo dispuesto por la nueva LSPEE, misma que es inconveniente por las razones ya expuestas. Se procede al revés, primero se proponen retrocesos y luego, su perfeccionamiento técnico, en acatamiento a la ley. Esa es una trampa. Los resultados son previsibles: si la ley, permitirá la participación privada, el Consejo Superior diseñará los mecanismos para que esto ocurra dentro de la Ley. En el artículo 17 de la propuesta se indica esa posibilidad, como la del endeudamiento, el financiamiento público y privado, en la medida que “lo permita la legislación aplicable”

Por lo que hace a los documentos básicos, los propuestos son solo una parte, lo que realmente falta es un Plan Eléctrico Nacional aplicable a al industria eléctrica nacionalizada integrada.

Entre los documentos está la proyección financiera a diez años “que incluya flujos anuales de efectivo para ingresos por ventas y subsidios, gastos de operación...” Aprovechando el viaje incluyen “gastos de operación de productores independientes...” Estos son los inversionistas privados transnacionales.

La planeación es una actividad muy atractiva e interesante, pero en el presente caso, está prevista por los priístas para planear las actividades de privatización autorizadas por la nueva ley que proponen. Conciben a la planeación como asunto de técnicos subordinados a una política previamente establecida. ¿Qué planeación puede ser esa? Ahora bien, se prevé la existencia de un Comité de Evaluación Estratégica, como órgano consultivo. Eso no garantiza nada, menos en la forma en que se propone integrarlo.

De la Participación y Capacitación de los Trabajadores

La iniciativa del PRI es, desde luego, patronal. El concepto que tienen de los trabajadores es meramente laboral en términos simplistas, productivistas y de subordinación total. Dicen en el artículo 23 que, “Los trabajadores electricistas participarán en la organización y funcionamiento” de la CFE “a fin de elevar la productividad, la conciencia social y profesional de los trabajadores y técnicos, así como para lograr el mejor uso de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros del organismo” Esto es, se asigna a los electricistas el papel de menores de edad con la función de dedicarse únicamente ¡a trabajar!, ignorando la lucha de décadas, misma que nos ha costado vidas y miles de despedidos en todo el país, así como importantes logros para la industria y la Nación, que ahora quieren planear y evaluar al margen de los propios trabajadores.

Esa visión patronal y espuria la concretan en la integración de “comisiones consultivas mixtas de operación industrial”, por supuesto con base en la política establecida por la nueva LSPEE y las decisiones tomadas previamente por las burocracias, ahora “autónomas” Esas comisiones “Estudiarán, preferentemente, los problemas de adiestramiento y capacitación, de productividad y de responsabilidad y seguridad en el trabajo”

Abascal, secretario de trabajo del foxismo, y charros sindicales estarían muy contentos pues los legisladores son buenos maquillistas de la patronal y sus barbaridades. ¡No señores senadores y diputados! Su propuesta es inaceptable en sus términos. Los trabajadores electricistas tenemos tareas más importantes que cumplir, no únicamente en el papel de subordinados al patrón, sino precisamente en nuestro papel de productores.

La industria eléctrica nacionalizada fue, ha sido, es y será una propuesta de los trabajadores. Ni fue, ni es, de los legisladores ni gobiernos y menos de los patrones, así sean parte de la burocracia estatal y de la misma industria eléctrica. En este apartado, la propuesta priísta es, por decir menos, pobre y torpe.

De la Participación Social

En la propuesta del PRI, este capítulo está dedicado a reflejar en CFE lo dispuesto por su nueva LSPEE. Según la iniciativa, habría con “carácter consultivo”, Comisiones Sociales de Vigilancia y Participación en las diversas divisiones de la empresa en el país.

Otra vez se sigue la política borrosa. De que servirían esas Comisiones si las disposiciones fundamentales se habrían tomado previamente, precisamente en una Ley lesiva. A las autoridades se les asigna la obligación de escuchar. ¡Esa es demagogia! Jamás es posible, ni siquiera mirar, a los integrantes de la Junta de Gobierno ni al Director General, ni a los charros sindicales, menos hablarles, tratar de convencerlos y que aceptaran alguna propuesta. En el supuesto y remoto caso, que se pudiera tener alguna entrevista, la respuesta es previsible. Dirán que ellos únicamente están acatando lo que dice la Ley, la nueva que propone el PRI o la que sea, y que de no hacerlo violarían a esa ley de la cual son muy respetuosos.

¡No!, la vigilancia de la industria eléctrica nacionalizada corresponde a la Nación, organizada socialmente y con independencia de las empresas y el gobierno, en primer lugar de los propios trabajadores electricistas.

¿Porqué la ley no reconoce el derecho de los trabajadores a intervenir organizados en Consejos Obreros, y a la población mexicana organizada en Consejos Populares, en todos los centros de trabajo, poblaciones y regiones correspondientes de la industria? Evidentemente, porque eso tiene que ver con la ¡Democracia! de a de veras y, eso, no lo quieren ni los priístas ni los burócratas. De manera que su propuesta es suficientemente engañosa, pero no representa ninguna alternativa verdadera.

Del Presupuesto

Este capítulo está dedicado a darle manga ancha a los burócratas posesionados de la industria nacionalizada. Como la LSPEE que se propone autoriza la llamada “autonomía”, la Ley Orgánica de CFE solamente precisa lo antes dispuesto.

Así, la Comisión podrá administrar las tarifas y demás ingresos que obtenga. Eso no es malo, en lo que estamos en desacuerdo es en la política, no en la técnica así sea administrativa, contable o financiera.

Que la CFE elabore su presupuesto, lo presente ante las instancias respectivas, “a más tardar 45 días naturales antes” de lo establecido en la Constitución, es de obviedad no de novedad. Ahora mismo se hace y si no se cumple es por razones políticas no técnicas ni administrativas.

Por otra parte, la CFE no estará obligada “a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos, con excepción de los remanentes de subsidios y transferencias de programas de solidaridad social y otros” ¡Muy bien! ¿qué se hará con la renta eléctrica?

Los legisladores priístas no lo indican en sus proyectos de decreto, se refieren a la renta eléctrica en la exposición de motivos, ese rollo que jamás queda en ninguna ley. Allí dicen, que se destinará a los siguientes programas: “I. Sociales, II. Desarrollo Científico, III. Desarrollo tecnológico, IV. Inversión en operaciones internacionales (de expansión)”

Hay preguntas y respuestas obvias. ¿Cuál desarrollo científico y tecnológico?, si esos rubros no los consideran como parte del proceso de trabajo y, ni siquiera, como facultades de la CFE. ¿Apoco van a apoyar a otras instituciones, investigadores o proyectos? ¿En calidad de qué? de una Fundación, otro CONACYT o qué?

Primero, los priístas ni siquiera lo mencionan, segundo es un engaño. ¿Para que andar de filantrópicos? El deber de la industria eléctrica nacionalizada es REALIZAR la investigación y desarrollo que la propia industria y el país requieren. ¿Para qué buscar en otro lado? Evidentemente, para incumplir su responsabilidad social. Todo esto, además, en el caso en que se hiciera buen uso de los recursos.

Al final, los impulsores de la nueva Ley le hacen un llamado a los funcionarios a que se porten bien. Eso es como una llamada a misa.

De las inversiones

Se establece que la CFE “deberá contar con una unidad que se encargue de la inversión de los recursos económicos bajo criterios de prudencia, transparencia, diversificación del riesgo, etc. Lo dice la propia iniciativa: “se denominan recursos económicos a la renta eléctrica” a que se refiere el artículo 23 de la nueva LSPEE. Ese artículo, se refiere a otra cosa, los priístas ni siquiera revisaron la redacción de su propuesta.

Voluntarismo y más llamadas a misa es lo menos que se puede decir.

Conclusión

A la CFE hay que apoyarla, eso a los electricistas no necesitan recordárnoslo nadie, lo hemos hecho por generaciones y a diario. Pero, más importante es apoyar a la industria eléctrica nacionalizada, cabalmente integrada.

No se trata de que CFE funcione bien, sino de que la industria integrada funcione bien y el propio país en su conjunto funcione bien.

La iniciativa priísta, con un tratamiento de política borrosa, aparenta fortalecer a CFE, en realidad lo que hace es adecuarla a lo que establecería su nueva LSPEE. En ese sentido, no estamos de acuerdo. La CFE no es algo aparte de la industria eléctrica nacionalizada, LFC menos; tampoco son entidades al margen de la Nación.

La ley orgánica que proponen los priístas forma parte de un paquete, que incluye no solo cuestiones inaceptables sino hasta barbaridades. Es el caso de la legitimación de la privatización furtiva y las contrarreformas de 1992 a la LSPEE, así como el fortalecimiento desmedido de la CRE, entidad gubernamental privatizadora y proyanki.

Con la mejor voluntad, se podría aceptar la ley orgánica para CFE, porque la queremos mucho. De nada serviría, porque a cambio habría que aceptar las otras leyes propuestas por el PRI y el PRD, mismas que son inaceptables.

Reiteramos, que reconocemos en la propuesta del PRI el hecho de no intentar más una pretendida reforma a la Constitución para privatizar a la industria eléctrica de los mexicanos. Pero, rechazamos categóricamente, que se propongan modificaciones a la legislación secundaria que están en los mismos términos de la privatización furtiva.

Solamente deseamos agregar una consideración final: ¿Señores legisladores? ¿Acaso no están informados de cómo está operando la privatización eléctrica furtiva, quienes la están llevando a cabo, cómo y dónde? Creemos que sí están informados, entonces, ¿porqué insisten en lo mismo tratando de sorprender a la Nación? Si no están debidamente informados, sugerimos que primero se informen y después actúen, de no hacerlo serían cómplices de la corrupción y la traición, así sea por omisión.

Asimismo, preguntamos ¿qué no han leído el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Entonces, procedan a suprimir de sus iniciativas todo lo anticonstitucional que tienen. La privatización furtiva es anticonstitucional.

Nota Final

El dictamen de la SCJN cambia los términos de la discusión. Con toda claridad se concluyó que los permisos privados, todos, son inconstitucionales y constituyen un verdadero fraude. Esa privatización furtiva debe terminar.

Trabajadores y pueblo de México exigimos congruencia al gobierno federal y acato a la legalidad, empezando por la Constitución.

Los legisladores deberían proceder a revisar sus iniciativas, re-abriendo el debate nacional y evitando un “fast track” legislativo que sorprendiera a la Nación. Muchas de sus propuestas son claramente inconstitucionales.