Interconexión con Guatemala

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno foxista ponen en marcha el Plan Puebla-Panamá. El propio BID anunció un convenio para la interconexión eléctrica entre México y Guatemala.

El gobierno foxista tiene prisa para llevar adelante el Plan Puebla-Panamá (PPP) acordado con el gobierno norteamericano. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el encargado de ayudarle a Fox. En sus propias oficinas se están pactando los acuerdos. Florencio Salazar, representante de México en la comisión ejecutiva del PPP es un simple empleado del BID.

En reunión celebrada con los representantes de los gobiernos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, realizada en diciembre de 2001, se acordó interconectar los sistemas eléctricos de México y Guatemala en el marco del PPP. El plan considera acciones para concretar el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) para establecer una red de transmisión eléctrica centroamericana. En el caso de la interconexión México-Guatemala, se prevé una línea de interconexión de 80 kilómetros, con 400 mil volts, entre las subestaciones de Tapachula (México) y Los Brillantes (Guatemala).

Dicen los personeros del imperialismo, entre ellos funcionarios de la Secretaría de Energía y Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, Ministerio de Energía y Minas e Instituto Nacional de Electrificación (INE) de Guatemala, que su iniciativa de integración energética es para mejorar la infraestructura eléctrica, reducir los costos de energía y propiciar inversiones productivas. El financiamiento del proyecto será del BID y del gobierno español.

En realidad, se trata de avanzar hacia la concreción del programa energético norteamericano. El proyecto de interconexión eléctrica es parte de la llamada integración energética hemisférica. No interesa el desarrollo social de los pueblos centroamericanos, sino adecuar la infraestructura energética de la región para ponerla en manos de Estados Unidos garantizándole su seguridad energética.

Diferente sería la integración energética en el contexto de un proyecto político y social democrático e independiente. La integración que propone el PPP es inaceptable por contradictoria y atentatoria al interés general de los pueblos de América. Pretenden la interconexión eléctrica, mientras en los diversos países promueven la privatización de la generación de electricidad.

¿Quién va a controlar la red eléctrica? ¿Para qué y para quién? En un esquema general de privatización, el control será de los nuevos dueños del actual patrimonio nacional. Por lo pronto, se está planteando adecuar las redes eléctricas para que sean utilizadas por los generadores privados. ¿Cuál desarrollo social y cultural de la región? El BID, los gobiernos mexicano, centroamericanos y español, mienten y hacen demagogia.

En el caso de México, ¿porqué no se concluye con la interconexión eléctrica de todo el territorio nacional? ¿Porque no se integra a la industria eléctrica nacionalizada? Lo que ahora se está haciendo es desintegrarla, privatizándola. La próxima capacidad de generación eléctrica se construye actualmente por inversionistas privados, entre otros, españoles. La red eléctrica está ya puesta a su servicio, ilegítimamente, con base en las reformas anticonstitucionales de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y las acciones unilaterales cotidianas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Es evidente que por la red eléctrica interconectada fluirá la energía generada en las diversas centrales, principalmente mexicanas. Pero esto será para apoyar a los grandes negocios de los capitalistas en la región, no para el desarrollo de los pueblos, quienes pagarán altos costos. En todo caso, el desarrollo que se promueve es para impulsar la integración económica con Norteamérica, en condiciones completamente desventajosas para los países de América Central.

La industria eléctrica, en México y en Centroamérica, es un sector estratégico. Es tesis de los trabajadores mexicanos de la energía que esta industria no debe ser sino de propiedad social. Por ello, proponemos el desarrollo estatal de las industrias eléctricas y su integración industrial en el marco de una Política Energética Independiente. Esto supone la cabal unidad de los trabajadores electricistas y la lucha política clasista.