Organización obrera afiliada a la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

Mayor presupuesto ¿en favor de quién?

La disputa por los recursos públicos está en el centro de la contradicción del dogma neoliberal. En medio de la crisis financiera internacional, el caso del sector eléctrico en México ejemplifica cómo "la mano invisible" del mercado está metida en la arcas públicas desde tiempo atrás, auspiciados por las administraciones neoliberales. En esta disputa, no solo las empresas públicas solicitan más presupuesto federal para distribuirlo entre los privados; sectores de trabajadores del sector (o sus representaciones) se suman a tales peticiones, asumiendo acrítica y conceptualmente los dictados del capitalismo salvaje.

Mayor presupuesto = Mayores tarifas
¿= Empresas Públicas más sanas?

Claro que ¡No! Actualmente en México, más de 48% de la generación eléctrica ya es privada. A partir de la entrada de los primeros generadores privados en el año 2000, las tarifas eléctricas se han duplicado. En ese año (2000) las tarifas eléctricas habían tenido un incremento de poco más del 15%; aún así, el precio medio por kilowatt-hora (KWh) era entonces de 60 centavos. Hoy, a julio de 2008, el precio alcanzaba ya 1 peso con 35 centavos por KWh (pesos de 2008).

La duplicación de las tarifas, sin embargo, no repercutió en unas finanzas más "sanas" para las empresas públicas, o una mayor disponibilidad de recursos de inversión, sino que sirvió para cebar un boyante negocio privado controlado a escala mundial por unos cuantos. En el sector eléctrico, que no se ha privatizado constitucionalmente, gobierno y transnacionales han pactado varios mecanismos para apropiarse de la renta eléctrica.

En primera instancia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha pagado a los generadores privados de electricidad, desde el arranque de operaciones en 2000 y hasta el 2007, más de 126 mil millones de pesos, más otros 43 mil millones de "Fijo por Capacidad" y 128 mil millones más por "Cargo variable" (según el PPE-2009).

Luego, está el control por parte de las transnacionales de los energéticos primarios y el precio de los combustibles. A partir del 2000, la "canasta energética" de la CFE sufrió una fuerte concentración, reduciéndose el empleo de fuentes nativas. Así, el consumo de combustóleo cayó de 144 millones de barriles anuales en el 2000 a 71 millones en 2007 (45 millones, en lo que va de 2008) y el de diesel se redujo de 4 millones de barriles (2000) a 1 millón (2007). Mientras, el consumo de combustibles importados se elevó: el de carbón se incrementó de 9.6 millones de toneladas en 2000 a 14.7 millones de toneladas en 2007 y, el de gas natural, se duplicó.

Según la prospectiva de Gas Natural 2007-2016, se pasó de un consumo de 1,011 millones de pies cúbicos diarios a 2,390 millones en el 2006. Cabe hacer notar que, de todo ese gas, el consumo real de la CFE se mantiene constante en alrededor de 322 mil millones de pies cúbicos anuales, es decir, poco menos de 1 mil millones diarios.

También es preciso mencionar, que la CFE tiene pactado "asegurar" el abasto de combustibles a los privados y, asimismo, financia los "desbalances" en el precio del combustible que consumen los generadores privados.

Otro medio de apropiación es mediante el pago de costosas obras de infraestructura que contrata la CFE con los privados para la reconfiguración de la red eléctrica nacional. Es una tarea colosal identificar las obras realizadas por la paraestatal para acondicionar la red eléctrica pública al modelo de mercado eléctrico pero, en términos generales, es del orden de la inversión realizada por los privados en generación, es decir, unos 12 mil millones de dólares.

Es evidente, entonces, que la espectacular alza en las tarifas eléctricas generó un mayor ingreso al Estado pero éste no lo distribuyó, sino que, lo devolvió al capital privado en forma de pagos, incentivos y tarifas preferenciales a costa de las finanzas de las empresas públicas.

Cabría preguntarse, en medio de la actual "cumbre" de la crisis sistémica del capitalismo mundial, ¿cuál es la participación de las transnacionales de la energía al desorden económico mundial?

Subsidios ¿para quién?

El centro de las propuestas privatizadoras ha sido la improductividad de las empresas públicas y la tendencia a eliminar los subsidios al consumo. En el segundo caso, a partir de 2002, el Estado neoliberal arreció su ofensiva --apoyada incluso por personalidades de la oposición--, basada en la asignación indiscriminada de dichos subsidios. Curiosamente, pocos "especialistas" mencionan que el costo de la energía para los grandes consumidores es el más bajo de todos. Critican en cambio, y por diversas razones, que los subsidios beneficien a sectores de ingresos medios y altos, o incluso, que "fomenten" el deterioro ambiental, sea mediante el uso de aparatos eléctricos ineficientes o por el derroche de energía y agua.

Efectivamente, el esquema tarifario no es distributivo y la reforma tarifaria impuesta por Vicente Fox en 2002 levantó una ola de protestas a escala nacional. La salida del corporativismo fue encausar las demandas hacia la revisión del esquema tarifario. No obstante el legislativo transformó las demandas en la presentación de una serie interminable de iniciativas de ley, tendientes a beneficiar a grupos muy localizados de usuarios: regiones de clima extremoso (caluroso), campesinos, indígenas, adultos mayores, jubilados o pensionados, discapacitados, de bajo consumo (o ingreso), usuarios de habitación de interés social, marginados, morosos, etc., con una visión totalmente asistencialista.

La mayoría de dichas iniciativas quedó archivada, pendiente de resolución. En cambio, desde el Ejecutivo, por decreto, se redujo cualquier aumento que no fuera del gusto de los grandes capitales, estableciendo precios y tarifas de gas y electricidad especiales, como estímulo a los "grandes consumidores".

Contabilidad perversa

En menos de una década de operación del "mercado eléctrico", las tarifas se elevaron a más del doble. Hoy día, según cifras oficiales (enero de 2008), la tarifa media para uso doméstico es de 1.18 pesos por KWh, mientras que, en 2000 costaba casi 56 centavos. Para la gran industria, el precio actual es de menos de 1 peso, mientras que, en 2000 costaba 43 centavos (nótese que siempre, la gran industria paga menos). No obstante la CFE debió recurrir a onerosos empréstitos y a solicitar cada día más presupuesto.

Contrariamente a lo que la mayoría de los voceros oficiosos señala, la elevación de las tarifas eléctricas, incluso, por encima de los costos reales, no redunda en mayor de recursos para la inversión pública. Omiten, además, mencionar que el régimen fiscal de las empresas públicas impide a éstas conservar los excedentes en el ingreso.

El mecanismo es simple, baste mencionar que tales empresas están obligadas al pago de un aprovechamiento al gobierno federal "por los activos que utiliza para prestar el servicio de energía eléctrica" (Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Artículo 46) determinado en función de la tasa de rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente (aplicada al valor del activo fijo determinado para el ejercicio anterior), contra el cual, mediante una perversa contabilidad, se pueden compensar los subsidios que el gobierno federal otorgue "a través de la Comisión Federal de Electricidad" a los usuarios del servicio.

Dicho impuesto por "aprovechamiento" equivale a una contribución neta equivalente al 9% sobre sus activos, que ninguna empresa privada en México, o en cualquier otra parte del mundo, paga. Tan esto es así, que parte de la justificación para proponer Autonomía de Gestión y Presupuestal para las empresas públicas, gira en torno de la posibilidad de que éstas administren su ingreso propio. ¿Con los mismo directores, dedicados a depredar el patrimonio nacional? ¡Noo!, responden, se establecerían "mecanismos de transparencia" para los que, paradójicamente proponen la integración de un consejo de notables, justo como en la empresa privada.

El presupuesto eléctrico no tiene relación con las tarifas

La mayoría de los especialistas coinciden, además, en que las tarifas eléctricas deben cubrir los costos de producción. Cierto, sin embargo, muy pocos reconocen en la formación de precios, el impacto del elevado costo de los combustibles producto de una estrategia energética de mercado. En cambio, el gas natural importado fue vital para las aspiraciones privatizadoras: elevó los precios, que quedaron bajo control de las transnacionales. ¿Cómo revertir este impacto sin una política energética independiente?

El ala radical del neoliberalismo culpa, también, a los elevados salarios y prestaciones que perciben los trabajadores del sector. Sin embargo, pocos reconocen que el elevado costo de la deuda adquirida por las empresas públicas de la electricidad es lo que más contribuye al grave deterioro de las finanzas públicas. Pretenden ignorar que, la llamada "apertura" del sector eléctrico, que fue un bastión del gobierno para capturar inversión extranjera directa a partir del sexenio de Ernesto Zedillo, cobra una factura muy elevada.

La violación constitucional, a través de las reformas a la legislación eléctrica secundaria de 1992, sintetizadas en el considerando noveno de la sentencia sobre la controversia constitucional interpuesta por el legislativo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía, como primer destinatario, afectar la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, convertido a partir de entonces en un mercado eléctrico, según el cual, se asignó a las empresas públicas el papel de "comprador único".

En la denuncia que interpusieron los senadores Bartlett y Rocha ante la Auditoria Superior de la Federación (ASF) quedó detallado el "modus operandi" de algunas de los permisionarios con respecto a la venta de energía para el servicio público. La Auditoria concedió la razón a los legisladores emitiendo una serie de "observaciones" a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como responsable del otorgamiento de los permisos violatorios de la Constitución. No obstante, la acción de la Auditoria fue invalidada por la misma Corte, a petición de Vicente Fox quien, invocando el mecanismo de controversia constitucional, logró evadir la acción de la ASF.

El resultado es que, a la fecha, la CFE destina una parte importante de su presupuesto a la compra de energía a los generadores privados y otra, igualmente sustanciosa, para el pago de su deuda, buena parte contraída para reconfigurar el sistema eléctrico y operar bajo el esquema de un mercado eléctrico. Estas partidas presupuestales no tienen relación con las transferencias que la paraestatal realiza a Hacienda, producto de la venta de servicios.

¿Para qué un mayor presupuesto?

Como cada año, la rebatiña por el reparto de los recursos del presupuesto federal es tarea de toda clase de burócratas habilitados de funcionarios públicos. En el caso de los directores de las empresas públicas del sector eléctrico, buscan la posibilidad de ejercer un mayor gasto, amenazando --como única razón-- la necesidad de cubrir la demanda nacional de electricidad y evitar el riesgo de un colapso en el sistema eléctrico. No obstante, proponen proyectos que no aseguran el mantenimiento mínimo de los elementos del sistema eléctrico nacional.

En el caso de la CFE, considerando que aún dispone de un parque de generación importante que le permite general poco más de la mitad de la energía que distribuye, tal vez pudiera pensarse en el cumplimiento parcial de dichos objetivos. Sin embargo, en el caso de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), esto es prácticamente imposible, habiendo sido convertida en una empresa distribuidora, casi sin generación propia por decisión política. Recientemente, LyFC aumentó su capacidad de generación, pero dentro de los límites estrictamente indispensables para mantener técnicamente la estabilidad del sistema eléctrico en la zona central, pero su capacidad real es marginal.

El caso es serio, porque aunado a lo anterior, LyFC enfrenta otros problemas operativos, igualmente graves. Particularmente, presenta un elevado índice de pérdidas eléctricas, entre las que destacan las llamadas "pérdidas no técnicas", es decir, aquellas derivadas del robo de electricidad o de la alteración de la facturación. Ante esto, la administración de la empresa ha venido ejecutando diversos programas orientados a la "recuperación" de pérdidas, consistentes en obras costosas y poco exitosas, tales como, blindar las redes de distribución y reemplazar indiscriminadamente los medidores. Todo esto sin realizar un diagnóstico previo que permita evaluar la efectividad de dichas medidas. Va ya una década de invertir en proyectos similares, con resultados realmente funestos, ya que, las pérdidas lejos de disminuir aumentan inexorablemente año con año.

Se padece, efectivamente, una escasez permanente de recursos económicos pero parte del problema deriva de su aplicación inadecuada. La propia administración de LyFC reconoce que actualmente más de un millón de servicios están operando "irregularmente", sin contrato o contratados bajo esquemas tarifarios provisionales, o de plano "colgados", es decir "autoconectados" a la red. No obstante, mientras se cambian medidores a discreción, no se dispone de personal, materiales ni equipo de medición suficiente para regularizar más servicios.

Entre tanto, importantes obras de mantenimiento, incluso las que afectan al parque de generación, quedarán "sin asignación de recursos en el 2009". El proyecto de presupuesto oficial revela así que, la mayor parte de los programas y proyectos de inversión de LyFC para el 2009, etiquetados como incremento de la infraestructura económica de la entidad, en realidad son para la rehabilitación y modernización de dispositivos básicos que van desde subestaciones hasta transformadores de distribución, interruptores e, incluso, cable y equipos de conexión.

Es decir, el presupuesto asignado a LyFC es apenas de supervivencia (como el de la CFE o Pemex), por lo que llama la atención que algunos trabajadores hagan coro a la administración neoliberal, limitándose a exigir también "más presupuesto". La esperanza es, tal vez, que ello signifique la posibilidad de mejorar o, al menos, mantener su ingreso. ¿De veras no hay más alternativa para el movimiento obrero que la "lucha" economicista?

Estrategias neoliberales ¿bandera obrera?

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se ha venido resistiendo a la desaparición de la empresa LyFC, su fuente directa de trabajo, prácticamente desde el momento mismo de la nacionalización eléctrica de 1960. En aquella época, LyFC generaba más de la mitad de la energía que distribuía; hoy día no genera ni el 2%, y su área "de influencia" quedó reducida geográficamente a casi la mitad. Aunque operativamente dicha influencia se extiende a una a región mucho mayor, incluida en zona central de la CFE, el deterioro y la marginación de LyFC son evidentes. Ante esta realidad ¿cabe seguir sumándose, conciente o inconcientemente, a la estrategia neoliberal diseñada supuestamente para "salvar" a la empresa? Lo que urge rescatar es a la Industria Eléctrica de México. Solo de esta manera, los electricistas cumplirán su papel histórico.

En años recientes, sucesivas representaciones sindicales del SME han tolerado la invasión de funciones estratégicas por parte de contratistas privados, que realizan obras y servicios que deberían ejecutarse por administración directa, es decir, con trabajadores sindicalizados. Un caso es la tan llevada y traída modernización de LyFC, encargada primero a la trasnacional basada en España, Unión FENOSA, la cual, luego de desperdiciar importantes recursos financieros de LyFC, fracasó al no entregar funcionando los sistemas informáticos que supuestamente posibilitarían un mejor desempeño.

Luego, ante la protesta de los trabajadores, se contrató al Instituto Politécnico Nacional (IPN), con resultados a la fecha indeterminados, no obstante haberse cumplido ya los plazos establecidos, en un proyecto que no recibirá más recursos, cuando menos para el año siguiente, según el proyecto de presupuesto presentado por la administración. ¿Y el convenio de productividad recientemente firmado por la representación sindical y la administración de la empresa, con funcionarios de primer nivel como "testigos de honor"?

No es el único caso, por lo que, es un grave error asumir acríticamente la "estrategia de empresa", diseñada por los funcionarios neoliberales de LyFC para imponer en la empresa el modelo de gestión privada. Los últimos años han demostrado que, por la vía de la conciliación, los electricistas se han quedado reducidos a una política coyuntural, irremediablemente a la defensiva y siempre en desventaja ante la amenaza de la "competencia" del sector privado, que solo espera su caída para apropiarse de ese importante sector de la economía nacional.

Los electricistas no podemos seguir evitando la discusión sobre la necesidad urgente para la nación de concluir la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Al movimiento actual no le falta un programa propio. Parece olvidarse que la lucha y el programa fueron violentamente interrumpidos por el estado en 1976, con la represión a la Tendencia Democrática (TD).

Por nuestra parte, desde el FTE, reivindicamos y actualizamos el programa de lucha de la TD llamando a los electricistas de México a integrar la organización unificada de los electricistas mexicanos, capaz de encauzar la fuerza obrera del sector integrada a una fuerza obrera y social mayor, que ponga de pié a los mexicanos y les permita recuperar el control colectivo de sus recursos energéticos estratégicos.
(b257, 7 oct 2008).

La privatización energética no solamente significa la transferencia de las funciones constitucionales estratégicas al capital privado extranjero sino, también, la transferencia de cuantiosos recursos económicos para incrementar las ganancias privadas