La iniciativa del presidente Zedillo de modificación a los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir la privatización de la industria eléctrica nacional está centrada en la idea de que se puede reestructurar e impulsar el desarrollo futuro del sistema eléctrico del país con base en plantas de ciclo combinado que consuman gas como energético primario.

En el proyecto se enfatiza el hecho real de que las plantas de ciclo combinado tienen índices de rendimiento operativo sustancialmente mayores que otras plantas generadoras y el hecho de que el consumo de gas es menos contaminante que otros combustibles. Sin embargo, se oculta el hecho de que la producción nacional de gas natural actualmente es insuficiente para esos propósitos y que existen dificultades significativas para aumentar la producción en el futuro, por lo que el proyecto tendría una fuerte dependencia de gas importado.

Desde hace varios años, y en especial desde 1992 en los círculos del gobierno se había venido trabajando en un proyecto encubierto de privatización de la industria eléctrica nacional. Pero el reconocimiento abierto y público de la existencia de ese proyecto fue dado a conocer en febrero de 1999 mediante la iniciativa de ley señalada. Este proyecto ha significado un grave atentado en contra de los intereses fundamentales de la Nación.

En efecto, en términos generales podemos afirmar que para los mexicanos es una verdad histórica indiscutible que la independencia energética del país, sustentada en la expropiación petrolera y en la nacionalización de la industria eléctrica, se ha reconocido como un pilar de la soberanía nacional y el relativo grado de autodeterminación política y económica de la que gozamos.

Por ello ha sido sorprendente que sin ninguna explicación detallada del contexto general de la industria y ofreciendo como único elemento una auto declarada limitación para financiar las futuras inversiones de la industria eléctrica se proponga un proyecto de privatización contrario a los criterios y tendencias con que se ha manejado el sector.

La propuesta del gobierno no sólo ha sido pobre y débilmente sustentada, también ha recurrido a los peores recursos de la propaganda difundiendo mentiras, como el riesgo de apagones y de "colapso" del sistema eléctrico para provocar incertidumbre entre la población, y de esta manera inducir una respuesta favorable a sus propósitos.

Aunque los documentos oficiales dados a conocer para sustentar la propuesta privatizadora son parciales e interesados y ocultan información relevante que podría sustentar otras alternativas, también registran diversas situaciones que pueden y deben ser comentadas porque resultan claramente inconvenientes para los intereses nacionales.

En el proyecto gubernamental no se trata de poner en venta las empresas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) tal y como ahora se encuentran. Es algo diferente, el proyecto gubernamental propone primero una reestructuración integral de la industria segmentando en diversas empresas especializadas y regionalizadas algunas de las funciones que actualmente realizan CFE y LyFC, y posteriormente ya que se encuentre funcionando el sector con nuevas normas y regulaciones, se pasaría a la venta (desincorporación) de esas nuevas empresas. Se trataría de desincorporar las plantas generadoras creando con ellas un cierto número de empresas. Crear también empresas privadas de distribución regional. Conformar un organismo público Centro de Operaciones del Sistema Eléctrico Nacional (COSEN) encargado de la operación de la red de trasmisión y del despacho de carga. Conformar un organismo privado encargado del mantenimiento y desarrollo de la red de trasmisión y otro organismo público encargado de la generación nuclear.

En un ambiente futuro, caracterizado por la existencia de diversas empresas privadas, separadas y con intereses contrapuestos por las condiciones de competencia entre ellas para obtener los mayores beneficios, según la propuesta gubernamental, la clave de la operación coordinada y conjunta del sistema es teóricamente la creación de un "mercado eléctrico", el Mercado Eléctrico Mexicano (MEM), controlado por la oferta y la demanda y una cierta regulación de los precios y las normas de su operación y que, según los funcionarios del gobierno, lograría incentivar la calidad del servicio, la inversión en nuevas plantas, y otros beneficios indirectos.

Sin embargo en este mercado idealizado se revelan algunos defectos y omisiones importantes: en primer lugar todos los nuevos productores generadores de energía eléctrica, como se supone que están interesados en producir al menor costo posible, optarán por las plantas de gas natural y de ciclo combinado. De hecho así lo asume el gobierno y en consecuencia se deja prácticamente abandonada cualquier posibilidad de desarrollo con otros combustibles alternativos. Esta situación es particularmente incorrecta en proyectos de largo plazo y en la perspectiva de la utilización de fuentes de energía renovables, hidráulica, eólica y solar cuyos beneficios no sólo no están descartados sino que se revelan como importantes precisamente en los proyectos de largo plazo.

Otros supuestos e hipótesis del proyecto zedillista, también han sido motivo de diversos cuestionamientos de fondo que no han recibido respuesta adecuada de parte de los funcionarios del gobierno. En estas notas abundaremos sobre algunas de estas cuestiones.

Una de las primeras objeciones al proyecto que en otras ocasiones he comentado es respecto al origen y la disponibilidad de gas como energético primario para la generación eléctrica. Veamos algunos detalles:

Las reservas totales de gas natural de México se estiman en 1.8 billones de metros cúbicos (millones de millones) de los cuales 1.018 billones (56.55 por ciento) se localizan en la zona norte del país, especialmente en la llamada Cuenca de Burgos. Tabla 1.

En la zona sur se localizan 468.8 mil millones de metros cúbicos (26 por ciento), en los campos petrolíferos de Tabasco y Campeche; y en la zona Marina en los campos de Cantarell 317 mil millones de metros cúbicos (17.6 por ciento). La extracción total de gas de los yacimientos alcanza una cifra de 126.5 millones de metros cúbicos diarios, pero por diversas pérdidas por evaporación, quema o reinyección y mermas inevitables en los procesos de endulzado (que reducen el volumen en un 5 por ciento) y el secado (otro 15 por ciento) en las plantas de Pemex Gas y Petroquímica Básica la disponibilidad final de gas seco, que es el que se utiliza para el consumo, es de poco más de 90 millones de metros cúbicos diarios. Tablas 2 y 3.

Por las condiciones de la extracción del gas natural se distinguen dos tipos: el gas no asociado, lo que significa que el gas se obtiene de yacimientos que no contienen crudos, y el gas asociado que se obtiene como subproducto de la producción de crudos. La extracción de gas es fundamentalmente no asociado en los campos de la zona Norte en donde según los últimos datos de 1997, de la extracción de 21.9 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), 18.2 MMmcd (el 83.1 por ciento) fueron de gas no asociado y 3.6 MMmcd de gas asociado. En cambio en los campos de la zona sur se produjeron 57.9 MMmcd de gas y de ellos fueron 52.5 MMmcd (el 90.6 por ciento) de gas asociado y 5.4 MMmcd de no asociado. En la zona marina los 46.7 millones de metros cúbicos diarios de producción fueron todos de gas asociado. En el total del país el 83.8 por ciento es de gas asociado y sólo el 16 por ciento es de gas no asociado. Tabla 3.

Esta característica de los yacimientos mexicanos significa que casi la única manera de incrementar la producción de gas es aumentando la producción de aceites lo que resultaría un contrasentido en un mercado de por sí inundado de petróleo, con el agravante de que ese propósito corresponde puntualmente con el interés norteamericano de impulsar la producción petrolera mexicana hasta el orden de los 5 millones de barriles diarios (actualmente es del orden de 3 millones de barriles diarios) para disponer de mayores volúmenes de aceite.

En los estudios de prospectiva de la demanda de gas natural para los próximos diez años las autoridades de la Secretaría de Energía han considerado en particular el incremento esperado en el consumo de gas por la instalación de nuevas plantas de generación eléctrica que utilizarían al gas como combustible primario.

En el proyecto de la Secretaría de Energía se pasaría de un consumo actual de 16.8 millones de metros cúbicos diarios en el sector eléctrico a 82.8 millones de metros cúbicos diarios en el año 2007 lo que significaría un incremento sostenido promedio de 10.3 por ciento anual. Tabla 4. Incrementos semejantes se predicen para el sector residencial y de comercio, y en cambio en los usos industriales y petroleros los crecimientos que se esperan son bastante moderados.

Por eso el consumo total de gas para el año 2007 se espera que alcance la cifra de 245.3 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales se supone que con las mejores hipótesis, solamente 164 MMmcd serían de producción nacional por lo que se tendrían que importar otros 80 millones de metros cúbicos diarios.

La importación en el año 2007 de 80 millones de metros cúbicos diarios de gas, a precios internacionales actuales de 80 a 90 centavos el metro cúbico significarían 64 o 70 millones de pesos diarios, es decir 6 o 7 millones de dólares al día, que al año alcanzarían la cifra aproximada de 2400 millones de dólares. Otro cálculo significativo es considerar acumulativamente los déficit de gas desde el momento en que se debería de importar por insuficiencia de la producción hasta el último año 2007 del horizonte de planificación considerado lo que da un total de 5,500 millones de dólares. Véase Tabla 5.

El simple hecho de que una parte importante de la generación eléctrica del país en un ambiente de empresas privadas llegara a depender de gas importado con precios significativamente más altos que los precios nacionales, establecería una presión inevitable para el incremento de las tarifas del servicio.

Según reporta la Secretaría de Energía y con base en planes de desarrollo de Pemex, se han estado tomando medidas para incrementar la producción de gas dando atención prioritaria a la Cuenca de Burgos (gas no asociado) y un proyecto especial en Cantarell. Según los planes se espera que el aumento de la producción de gas corresponda en un 50 por ciento a la Cuenca de Burgos, otro 25 por ciento de la zona petrolera Sur (Tabasco y Campeche), y el resto de la zona Marina (Cantarell), pero en los documentos oficiales desde luego no se dice una sola palabra respecto a las dificultades que habría para suministrar el total de la demanda proyectada con producción nacional, porque si lo hicieran tendrían que reconocer las restricciones estructurales del problema.

Un ejemplo del tipo de dificultades técnicas y jurídicas de los nuevos proyectos privatizados es la planta Mérida III concesionada al grupo Hermes de Hank González. Se trata de una planta de ciclo combinado de 440 MW de capacidad instalada diseñada para operar con gas natural o con diesel fluidizado como combustible. Para el suministro de gas a la planta se construyó un gasoducto especial de más de 700 kilómetros de Nuevo Pemex a Mérida con un costo adicional de 400 millones de dólares. Pero lo mas significativo es que en las cláusulas del contrato de la planta quedó establecido que en caso de que Pemex no pueda suministrar el volumen de gas requerido y se tengan que utilizar otros combustibles, (o sea exactamente el problema que estamos discutiendo) esta situación repercutirá sobre las tarifas a los usuarios.

Con lo dicho se ejemplifica el problema general de la situación de los gasoductos mexicanos. El desarrollo de los gasoductos de México se ha desplegado, como es evidente, en la zona del Golfo por ser la zona productora de petróleo. Las regiones norte, noroeste y la península de Baja California tienen suministros de gas por conexiones con las redes norteamericanas, y aún en el noreste, en Tamaulipas existen varios puntos de interconexión que hasta ahora han funcionado ocasionalmente en uno u otro sentido según los niveles de producción y de demanda, pero que en el futuro se contemplan como puntos de importación de altos volúmenes precisamente para las plantas proyectadas en esa región Altamira.

Un dato anecdótico que ilustra las dificultades de fondo de la producción de gas en México es la historia del gasoducto troncal de 48" que fue construido en los años de 1977 y 1978 durante la administración de Jorge Díaz Serrano, y diseñado y publicitado para exportar gas a los Estados Unidos. Se trata de uno de los elefantes blancos que apenas ha operado sin las plantas de bombeo a presión diseñadas originalmente y más que de exportación ha funcionado como un ducto de importación de gas desde los Estados Unidos. Por este tipo de razones y de experiencias es que la objeción a que todo el desarrollo futuro del sistema eléctrico nacional se haga depender del gas natural es verdaderamente seria. Con la ilusión conciente o interesada de que se podría disponer de gas natural sin restricciones se puede incurrir en el abandono de otras alternativas realmente convenientes.

Un aspecto de máxima importancia para defender los intereses nacionales y enfrentar con mayor eficacia el presente proyecto de privatización del sector eléctrico es considerar la amplia experiencia que se tiene en el proceso de desincorporación de las empresas públicas mexicanas, porque de ahí se obtienen valiosas enseñanzas. Como sucede en cualquier proceso de compra-venta, también en el caso de las empresas paraestatales, se siguen metódicamente una serie de pasos de preparación para la venta, de tal manera que en el momento que se anuncie la disposición de hacerlo se puedan recibir y comparar diversas ofertas y así lograr los propósitos buscados.

En el caso de México, los funcionarios de la Unidad de Desincorporación de Empresas Paraestatales dependientes de la Secretaría de Hacienda en la época de Carlos Salinas sistematizaron las experiencias respectivas y las han comentado ampliamente en diversos materiales escritos.

Para el tema que nos ocupa es suficiente con señalar algunas características generales de este proceso. En primer lugar, si las empresas -juntas o separadas regionalmente como se ha sugerido-- van a ser privatizadas, la información correspondiente de la situación de la empresa y de su potencial de desarrollo tiene que estar procesada para el conocimiento de los futuros compradores. ¿qué potencial tiene el negocio? ¿quiénes son y quiénes serán los clientes potenciales y qué niveles de consumo se esperan?

Pero más allá de estas situaciones típicas y normales de toda operación de compra-venta, la clave de procesos de privatización de empresas monopólicas o casi monopólicas está en las condiciones establecidas en el llamado "Título de concesión" o en los "permisos" de explotación, el instrumento legal que, al mismo tiempo, autoriza el derecho de explotación de una rama de negocios y establece las condiciones legales de su regulación, de las normas bajo las cuales habrán de operar la concesión.

En el caso de Telmex, el diseño del titulo de concesión fue una verdadera operación de planificación del desarrollo de la empresa garantizándole temporalmente una serie de condiciones excepcionales: durante los primeros años de operación de Telmex privatizado se le concedieron altos índices de permisividad en la calidad del servicio, se le eximió de ajustes por productividad, se le reintegraron impuestos a condición de que se reinvirtiera en la empresa y se les concedió una indexación trimestral de las tarifas en función de los índices de inflación del país para asegurar que "el gasto de los clientes fuera constante en términos reales". La participación de la competencia en larga distancia se difirió 6 años y se le permitió ajustar las tarifas domésticas llevándolas a la alza, para reducir las tarifas internacionales sobrecargadas hasta llevarlas a niveles de competitividad eliminando los llamados "subsidios cruzados".

Todas estas características están determinadas y fueron reguladas en el Titulo de Concesión de Telmex y lo menos que puede decirse de esa operación es que se trató de un negocio previamente arreglado para disminuir prácticamente a cero los riesgos de fracaso. De esa manera y con todas esas facilidades las empresas están "condenadas al éxito" porque no se trata de empresas que concurran a un mercado libre y de competencia, sino de empresas que operan en mercados cautivos y sobreexplotados.

Para el caso de la posible privatización de las empresas del servicio público de energía eléctrica, en este momento se deben de estar trabajando y discutiendo las características de los posibles "títulos de concesión" o permisos de las mismas. Y esto nos conduce a la Comisión Reguladora de Energía dependiente de la Secretaría de Energía, que es el organismo que desde hace 6 años, en octubre de 1995, se creó y está legalmente encargado de "promover el desarrollo eficiente de las actividades" relacionadas con el gas y la electricidad.

En la Comisión Reguladora de Energía se tratan y se establecen las condiciones de tarifas, índices de producción, precios de intercambios entre regiones, condiciones de calidad del servicio, criterios de responsabilidad por accidentes y fallas, etc, etc. y ahí se tomen decisiones trascendentales.

A la fecha no se tiene conocimiento de la forma cómo se puede estar preparando los procesos de preparación para la venta de las futuras "subsidiarias" de CFE, pero en eso están trabajando, en el diseño de CFE como una holding y las diversas empresas generadoras y distribuidoras como subsidiarias con autonomía de gestión y financiera. De hecho en el Proyecto se dibuja esa posibilidad como un paso previo.

El 22 de septiembre de 1999 nos enteramos por la prensa que el Consejo de administración de CFE había tomado la decisión de corporativizar la empresa. Se trata del paso previo indispensable para después proceder a la desincorporación (venta) de activos. Esa decisión es ilegal y no puede encubrirse en alguna disposición administrativa. Para proceder a la corporativización de Pemex se tuvo que modificar la ley para crear las empresas subsidiarias. La decisión de proceder a la corporativización de CFE es en esencia una acción de profundo desprecio político por la oposición y el pueblo que nos hemos venido expresando en contra de ese proyecto.

Estas recientes acciones del gobierno vienen a confirmar que está en curso la decisión de ir imponiendo la privatización del sector por la vía de hechos consumados tratados fuera de la atención de la opinión pública del país.

El problemas de los precios justos de las tarifas eléctricas es difícil y complejo por razones históricas, técnicas, de justicia social y hasta de simple contabilidad de costos.

Por razones históricas las tarifas eléctricas comparten el mismo problema que otros servicios que se establecieron en nuestro país por medio de compañías extranjeras que buscaban primero satisfacer sus propias necesidades o las de otras compañías de la misma nacionalidad y dejaban para después el servicio al público como complemento de sus actividades y frecuentemente con tarifas más altas. Así sucedió con los ferrocarriles, los teléfonos, el servicio eléctrico y otros.

En otros momentos de la vida nacional los constantes aumentos a las tarifas eléctricas domésticas fueron motivo de irritación y quejas de la población en contra de las compañías extranjeras. Por esas razones cuando se nacionalizó la industria eléctrica se estableció como un criterio tangible del buen servicio de la empresa mexicana el hecho de que no se incrementaran en períodos muy largos las tarifas del servicio. En estas condiciones se acumuló un déficit de operación importante. Algo semejante ocurrió con las obligaciones de pago de las empresas eléctricas derivadas de sus consumos de combustible. Tampoco se liquidaron debidamente las enormes sumas de débitos frente a Pemex. Sin embargo estas situaciones se han venido "normalizando" aunque es posible que todavía se arrastren algunas irregularidades contables absolutamente explicables por la forma como se ha desarrollado el país y sus empresas públicas.

Por razones técnicas el problema de las tarifas también es difícil de establecer con todo detalle porque aunque se supone que las tarifas actuales reflejan el "costo real" del suministro del servicio a los diferentes tipos de usuarios la verdad es que esto no es rigurosamente cierto. Esta situación dificulta discutir con propiedad el problema de los subsidios realmente existentes a las diversas tarifas. Los funcionarios del gobierno dicen que las tarifas doméstica y agrícolas están subsidiadas de manera importante y es posible que eso sea cierto. Pero también es cierto que existen grandes consumidores industriales que pagan tarifas proporcionalmente bajas. La complejidad del problema de asignar tarifas proporcionales a sus costos según las características técnicas de los diferentes tipos de usuarios puede resolverse con soluciones aproximadas o con criterios económicos y sociales diferentes, pero que en todo caso los criterios deberían ser totalmente explícitos. Por razones de interés nacional es claro que se puede aceptar que las tarifas agrícolas e industriales estén subsidiadas.

En todo caso en la propuesta de reestructuración del sector eléctrico cuando se habla de eliminar los subsidios es evidentemente un eufemismo para referirse al incremento de las tarifas domésticas principalmente.

La característica más notable del proyecto privatizador del gobierno es el mecanismo con el que se fijarían los precios de la energía. En muy breves palabras la idea es la siguiente. Con un día de anticipación todas las empresas darían a conocer cuál es su disposición y posibilidad de participar en producción y precio hora por hora para la satisfacción de la demanda. Con esa información el COSEN programaría la entrada en operación de los diversos generadores dando prioridad a quienes ofrecieran los precios más bajos e incorporando sucesivamente otros generadores de mayor precio hasta satisfacer el total de la demanda hora por hora. Alcanzado los requerimientos de la demanda, el COSEN establecería como precio de compra para todos los generadores, el precio ofrecido por el último generador incorporado al servicio (en otras palabras el precio pagado a todos sería la oferta más alta de todas las incluidas). No es difícil imaginar que este tipo de ideas, mecanismos, regulaciones y negociaciones entre los interesados es exactamente lo que se trata y se decide en la CRE. El mecanismo es análogo al proceso que explica la renta diferencial de la tierra, bien conocido por los economistas.

Otro esquema diferente y evidentemente más conveniente para los usuarios sería aceptar y pagar según la propuesta que haga el generador incluyendo primero a los de precios más bajos, aunque este esquema también tiene dificultades.

Según la Secretaría de Energía con el mecanismo que ellos proponen los generadores tendrían premios por su eficiencia al obtener ganancias extraordinarias y también se incentivaría el ahorro de energía al darse cuenta el público consumidor de las diferencias en las tarifas horarias. Lo que no se dice es que de esa manera sistemáticamente se estaría incluyendo un sobreprecio a las tarifas proporcional al porcentaje de la producción correspondiente a las plantas menos eficientes, lo que recíprocamente viene a representar una renta diferencial favorable a las plantas más eficientes. Por lo demás y en última instancia a todos los generadores privados les convendría que existieran plantas obsoletas, un déficit en capacidad y poca reserva para obtener frecuentemente el beneficio de los sobreprecios determinados por la inclusión de plantas caras en la satisfacción de la demanda.

Otro elemento fundamental de inconsistencia e incoherencia en la propuesta gubernamental es el manejo que se le debe dar a la generación eléctrica de origen nuclear porque en ese caso los costos de producción estarían altamente disparados si se incluyen todos los factores de manejo de largo plazo de los combustibles y los desechos nucleares (energía muy cara), y gravemente alterados si eso no se hace (costos escondidos que finalmente asumen los organismos públicos), además de que la generación eléctrica de origen nuclear con ser la más cara si se toman en cuenta todos sus factores es la que se considera prioritariamente para ser incluida en la base del despacho por la inconveniencia de reacción rápida ante fluctuaciones rápidas de la demanda. En otras palabras, la inclusión de la energía eléctrica de origen nuclear altera el funcionamiento "normal" del supuesto mercado eléctrico de competencia.

Si es el mercado y el nivel de la oferta y la demanda el que va a determinar el precio de las tarifas de la energía eléctrica incluyendo el total de los costos y rendimientos "razonables", entonces es evidente que el volumen total de las recaudaciones por ventas debe elevarse porque estarían incluidos por lo menos todos los diferenciales de tarifas que ahora están subsidiadas. Pero debe enfatizarse que por lo menos se trata de un incremento de igual valor que los subsidios actuales, pero que puede ser mayor por el hecho de las tarifas actuales están estimadas con procedimientos promedio dado que se determinan al principio del año fiscal, y en una base diaria la sensibilidad ante cambios en los costos sería prácticamente inmediata.

Y por último la propuesta de terminar con los subsidios a las tarifas actuales que se estiman en el orden de los 3100 millones de dólares anuales también sería un elemento que incidiría directamente en el incremento de las tarifas. A la vista de estos factores es difícil admitir como ciertas, y ni siquiera como probables, las simples afirmaciones oficiales respecto a la disminución de las tarifas en un ambiente privatizado.

En las experiencias que ya se registran de sistemas eléctricos privatizados se insiste sobremanera en que la condición del éxito del funcionamiento de esos mercados está en la existencia de un organismo regulador de las transacciones del mercado. Independientemente del grado de validez de esa afirmación en el largo plazo cuando ya se acumulan y se vuelvan perceptibles los efectos de procesos de mayor productividad y tendencias de monopolio, lo cierto es que de inmediato una mayor y mejor regulación implica mayores costos transaccionales que hoy no existen y que de darse también se habrán de reflejar en las tarifas al consumo.

Los estados financieros de CFE y de LyFC desde luego deben examinarse con detalle porque no incluyen rubros importantes como los pasivos laborales completos, pero además deben interpretarse con mucho cuidado porque son empresas estratégicas que no se pueden monetarizar en su significado. En otras palabras, para comprender cuál es el valor real de nuestras empresas eléctricas, sirve de muy poco dar una cifra cualquiera del valor en libros de sus activos. Los estados financieros actuales son una guía para conocer el desempeño general de las empresas eléctricas en las condiciones específicas en que se han desarrollado, pero no deben ser considerados como representativos del valor real de las empresas cuando se considera el papel que desempeñan en la vida nacional. Peor todavía, los proyectos especulativos, compran barato y ofrecen desarrollos futuros explosivos para hacer grandes negocios en muy poco tiempo, pero generalmente esos negocios resultan fraudulentos.

Para ilustrar este punto, y para utilizar argumentos comprensibles para los tecnócratas y los neoliberales, es conveniente hacer algunas reflexiones numéricas. El valor en libro de los activos de la CFE es de aproximadamente 40,000 millones de dólares. Tabla 7 (en inglés). Esta cifra es correcta si uno piensa en algunas situaciones que se reflejan en ella. Por ejemplo, si se piensa cuánto valen todas las plantas e instalaciones (recordemos que México dispone de 34,000 Mw de capacidad instalada, y las tasamos a un millón de dólares el Mw más el valor de líneas de trasmisión etc. etc. entonces podemos aceptar que esa cifra sea representativa de ese valor de CFE).

Pero otra pregunta diferente es la siguiente ¿es un buen negocio vender CFE -completa o en partes- a cambio de 40 mil millones de dólares? Responder esta pregunta no es fácil si no tienen otros elementos de comparación. ¿Qué significan o para qué sirven 40 mil millones de dólares en el México de hoy? El Fobaproa alcanza en 1999 la cifra de más de 85 mil millones de dólares.

¿Conviene vender CFE para pagar menos de la mitad de Fobaproa? El valor del trabajo de todos los mexicanos durante un año, el PIB de México es de 400 mil millones de dólares. ¿Conviene vender CFE por el equivalente de un mes del valor del trabajo de todos los mexicanos?

Para no extender los ejemplos sólo añadiré que vender CFE sería tan mal negocio como resultó la venta de la mitad del territorio de México por sólo 15 millones de dólares de la época. Aquella operación se realizó por 7.5 centavos de peso por hectárea. Si se hiciera una operación semejante hoy en día, si se vendiera todo el territorio nacional a 2 mil dólares la hectárea que es un precio promedio de tierra en el campo, la cifra total serían 400 mil millones de dólares. ¿Vender el país por el valor de un año de trabajo? Por eso las cifras promedios y los "valores en libros" son muy cuestionables para proyectos de consecuencias históricas, y es más segura y preferible la conciencia política y patriótica que levanta la consigna de lucha: La patria no se vende.

Adicionalmente debe insistirse en que con la venta de las empresas eléctrica ni siquiera se obtendría el total del valor de sus activos porque desde luego deberían cubrirse los pasivos y todas las obligaciones pactadas. En cambio, para la población y/o el país en su conjunto aumentarían los costos del servicio por los costos adicionales del gas de importación, la eliminación de los subsidios y eventualmente hasta por otro probable rescate eléctrico porque los productores independientes o productores privados es posible que resulten tan ineficientes e irresponsables como los banqueros y los concesionarios de las carreteras. Por todas estas razones y muchas más la privatización del sector eléctrico es un mal negocio para el país.

En la defensa del sector energético algunos actúan por conveniencias circunstanciales, pueden declarar en tiempos políticos que se oponen a la privatización de las empresas públicas, aunque en el fondo quieren que se vendan, pero que se les vendan a ellos, y en el momento en que ya estén resueltos sus problemas políticos y financieros y de alianzas estratégicas con otras empresas. Es el caso de algunos grupos políticos, como el de Hank González, propietario y productor independiente de la planta Mérida III y seguramente también es el caso de otros grandes grupos económicos que deciden sus inversiones en función de las ventajas políticas y económicas que logran en las esferas nacionales de decisión. Mientras tanto están interesados en que sigan adelante todos los preparativos de privatización del sector, y como ya hemos visto esos preparativos se llevan tiempo. Así se explican las posiciones "matizadas" de los precandidatos del PRI, declarando en general en contra de la privatización en este momento, pero promoviendo hipócritamente las formas intermedias que son indispensables para después proceder a hacerlo.

Me parece indispensable que se valoren y se distingan los momentos políticos de dos procesos que coincidieron en el tiempo: por un lado las elecciones federales del año 2000 y por otro los pasos previos y preparativos del proyecto de privatización del sector eléctrico. Por ejemplo, Roberto Madrazo dice que está en contra de la privatización pero que estaría bien proceder a modernizar y eficientar las empresas reestructurándolas. Vicente Fox ha declarado que está dispuesto a vender Pemex conservando la propiedad del petróleo. Y otros políticos han formulado declaraciones semejantes que deberían precisarse con todo detalle en sus significados.

Por estas situaciones ambiguas y parciales, pero que ya tenemos experiencia que corresponden a intenciones deliberadas de engaño, debemos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas del país para profundizar en la discusión y en los detalles de las diversas alternativas que se han propuesto y que se están trabajando. En estos asuntos no se puede ni se debe actuar con propuestas alternativas de última hora, se requieren proyectos discutidos con detalle y exhaustivamente, y en casos de duda actuar con prudencia y cautela porque están en juego los grandes intereses nacionales. De lo dicho me interesa resaltar algunas

1.- Hacer depender todo el desarrollo futuro del sistema eléctrico nacional del gas natural como energético primario introduce elementos de incertidumbre, dependencia y encarecimiento del servicio.

2.- La experiencia mexicana muestra que las estrategias de venta de las empresas públicas se han revelado como abusivas y favorecedoras de los intereses privados en detrimento del interés nacional. En otros casos también se han exhibido como erróneas en sus supuestos y fallidas en sus estimaciones. En el caso del sector eléctrico es evidente que se está procediendo a imponer por la vía de los hechos la restructuración proyectada haciendo caso omiso de las objeciones técnicas y políticas que se han levantado, especialmente de parte de los propios trabajadores electricistas.

3.- Los mecanismos de formación de precios de las tarifas en el mercado eléctrico que se propone en el proyecto de reestructuración son sistemáticamente encarecedores del servicio y favorables para el capital privado. Además de que es engañoso en sus supuestos.

4.- La Comisión Reguladora de Energía es el espacio de negociación de los intereses privados y los organismos del sector público para la definición y diseño de las normas y reglas de operación del proyecto de sistema eléctrico privatizado. Actualmente la CRE es una especie de Comisión de desincorporación de activos de empresas eléctricas y promoción de negocios con gas natural. La CRE debe dar cuentas minuciosas y ofrecer la información y los estudios técnicos y financieros completos para su análisis por parte de todos los sectores interesados en el problema. Eventualmente se debería de redefinir sus funciones o desaparecerla.

5.- Las decisiones técnicas, financieras y políticas respecto al futuro del sistema eléctrico nacional no pueden tomarse de manera aislada; en todos los casos y ante objeciones de cualquier naturaleza se deben de examinar las consecuencias e implicaciones en un amplio contexto de defensa y desarrollo de los intereses nacionales. Estas objeciones tienen el propósito de hacer explícitas algunas razones fundamentales que nos han motivado a los trabajadores electricistas a enarbolar y sostener la consigna de lucha que está definiendo estos tiempos: ¡La patria no se vende!