F.J. Sainz 1,
A. Hernández 2, J. López
3
Frente de Trabajadores
de la Energía
energia@fte-energia.org
RESUMEN: La
lucha obrera revolucionaria se plantea en planos superpuestos: por la
reivindicación de los derechos laborales y, desde una perspectiva
clasista, por la eliminación de la explotación, para terminar con
el neoliberalismo salvaje y por la transformación de una sociedad, cuya
prosperidad solo alcanza a las clases poderosas y al capital extranjero. La
crisis energética mundial, los constantes apagones, el racionamiento de
energía eléctrica, el alto costo de los energéticos,
así como el grave deterioro ambiental representan el fracaso del
neoliberalismo. La privatización de la energía debe analizarse a
partir de las distintas experiencias y las respuestas de los trabajadores y los
pueblos. En un primer momento, en los países desarrollados, fue
implantada con una fuerte componente ideológica, equiparando la propiedad
pública con el socialismo. Más tarde, en América y en
general en el llamado Tercer Mundo, las privatizaciones fueron imposición
del imperialismo a través de los organismos financieros internacionales.
En ciertos países no encontraron respuesta pero, en un segundo momento,
se organizaron movimientos de resistencia y en algunos casos la
privatización se impidió o se detuvo, anticipando un tercer
momento, en el que un conjunto de países se muestran decididos a revertir
las privatizaciones. Para los trabajadores de la energía, la crisis
energética actual y sus perspectivas plantean un momento crucial para
elaborar un programa de transformación social profunda, en contrapartida
a la barbarie que anuncia el modelo
actual.
1.
Introducción
En el fin de siglo, la falta de
herramientas teóricas para explicar el resurgimiento de la lucha social
en el mundo, puso "de moda" la discusión del marxismo [1]. A medida que
el pensamiento posmoderno [2] es incapaz de nutrir la retórica
política, que palidece ante problemas como la pobreza extrema ¾estigmatizada y hasta criminalizada, como en el caso
de los movimientos migratorios¾, o el cambio
climático, renace el pensamiento revolucionario. Pero más que eso,
vuelven a manifestarse los elementos que dieron origen a la noción de la
Lucha de Clases [3].
Mucho antes, el liberalismo, corriente de
pensamiento [4] que promovió las libertades civiles por encima del poder
del Estado sobre los individuos como única forma para alcanzar el
progreso de la sociedad a través de un Estado de Derecho [5] definido
como un marco mínimo de leyes ¾que el
libertinaje económico redujo al lema "dejar hacer, dejar pasar" [6] ¾, se desarrolló de diversas formas en el mundo
a partir del siglo XIX.
El desarrollo capitalista conducido por el
liberalismo aceleró la explotación, deteriorando las condiciones
de vida y de trabajo de la incipiente clase obrera cuya respuesta fueron las
grandes revoluciones (europeas) de 1847 y, a partir de éstas, el auge de
la Lucha de Clases planteada por Marx y Engels [7], síntesis de un
comunismo crítico que ordena y da cause al pensamiento revolucionario
obrero que habría de tener más adelante su segundo y mayor ensayo
para la toma del poder, a través la revolución rusa (de 1905)
[8].
En México, dos personajes fundamentales de nuestra historia
tuvieron como punto de partida dicha ideología: Benito Juárez
(1806-1872) y Ricardo Flores Magón (1873-1922). El primero, quien nunca
la abandonó consolidó la República; mientras que Flores
Magón la transformó para construir la línea radical de la
Revolución Mexicana [9] a través del programa del Partido Liberal
Mexicano, un programa en realidad anarquista [10].
En medio de la pugna
entre el desarrollo (económico) desigual capitalista y el no menos
desigual desarrollo (intelectual) de la Lucha de Clases (que impidió el
avance de los movimientos de masas), habrían de ocurrir dos grandes
guerras (mundiales) [11] producto de rivalidades entre las potencias
imperialistas, que tuvieron devastadores efectos y generaron una gran crisis
social (además de la económica). Luego de las guerras, que
sirvieron al reacomodo de las potencias, se instauró un nuevo orden
mundial en el que, en lo económico se desarrolló lo que algunos
autores denominan un modelo "mixto", en supuesta alternativa al liberalismo
capitalista y a la economía centralizada, vigente en los incipientes
países socialistas, calificada despectivamente como
"estatismo".
Luego el movimiento obrero revolucionario perdió la
hegemonía, dejando el campo libre a la vía reformista, que
mostraba gran capacidad de adaptación al sistema burgués. En esto
tuvo que ver el keynesianismo [12], respuesta capitalista a la Gran
Depresión [13], cuya estrategia era el otorgamiento de condiciones
salariales y laborales mínimas, básicamente asistencialistas, a
cambio del control del capital sobre la economía interna, particularmente
del gasto público.
Con el estado "benefactor" [14] se
institucionalizó una política social que se aplicó primero
en la Europa de la post-guerra (II) como estrategia de reconstrucción, y
luego como estrategia de estabilización en los países del
capitalismo periférico.
Años más tarde, resurge el
pensamiento liberal (neoliberalismo [15]), producto de la enésima crisis
capitalista inducida por Washington (la del petróleo, en 1973) [16],
reducido a una simple doctrina en contra del "intervencionismo estatal en la
economía", defendiendo en contrapartida el "libre juego de las fuerzas de
la oferta y la demanda" (el libre mercado, en competencia perfecta), como
"motor" del crecimiento económico (y por ende, del progreso o desarrollo
humano).
El llamado Consenso de Washington vendría a concretar el
concepto elevando a categoría de política económica
obligatoria, un conjunto de medidas para corregir las economías en crisis
(sobre todo de AL), revirtiendo las establecidas antes respecto a la
protección social [17].
En términos de política
económica, ello significaba que el Estado debía concentrarse
exclusivamente en el control de los parámetros macroeconómicos
[18], introduciendo reformas radicales en la política fiscal para reducir
el déficit presupuestario (generalmente asociado al gasto
social).
Al repunte mundial de la derecha, estas propuestas fueron
implementadas a rajatabla por gobiernos como el de Margaret Thatcher en el Reino
Unido (RU) y Ronald Reagan en Estados Unidos (EU), quién además
los adoptó como política imperial, imponiéndola al resto
del mundo como receta de tres puntos en los que cabía todo:
liberalización, privatización y
desregulación.
El impacto de estas medidas sobre la
sociedad fue múltiple. Por ejemplo, la disminución del gasto
público también implicó el aumento de precios de bienes y
servicios públicos (ajustados a un mercado que muchas veces ni siquiera
existió), reduciendo sensiblemente las condiciones de vida y trabajo de
millones [19]. A cambio, la supuesta reactivación de la economía
capitalista (que nunca se tradujo en el alza de las tasas reales de crecimiento
económico) profundizó la concentración de la riqueza
generada.
Precio nominal del
petróleo crudo (1970-2003)
 Algunos eventos que determinaron variaciones en el precio del
petróleo. (4) Comienza el embargo de OPEP (1973), (6) termina (1974),
(13) Revolución en Irán, (23) Guerra Irán-Irak, (30)
Noruega, Reino Unido y Nigeria decretan una baja unilateral, (35) se generaliza
un sistema de precios, (42) Irak invade Kuwait, (43) EU invade Irak. Fuente: WikipediaLa
"rigurosidad" fiscal aterrizó en el aumento de los impuestos al consumo
(incluso de insumos básicos) mientras que se redujeron los
correspondientes a la producción y a la renta del capital especulativo,
conservándose además la mayoría de los regímenes
fiscales especiales par el capital. Más que un motor de
desarrollo, el neoliberalismo resultó una verdadera máquina del
tiempo que remontó a la clase trabajadora cuando menos un siglo
atrás: el recuento de daños a escala planetaria en estas
décadas perdidas de neoliberalismo, no son otra cosa que la Lucha de
Clases que, como la definiera Carlos Marx, es el verdadero motor de la historia.
La tesis central sigue vigente en la sociedad neoliberal: las relaciones entre
los diferentes grupos y los medios de producción, determina los
acontecimientos, ratificando de paso aquella otra tesis ( Marx dixit) que
sostiene que el fin último de la Historia es, precisamente, la
desaparición de las clases
sociales. 2. La respuesta social y la
lucha de clasesHoy día las principales luchas
populares del mundo se libran centralmente en los países
subdesarrollados. Los efectos del neoliberalismo globalizador concitan a la
resistencia lo mismo a los damnificados directos de sus políticas ¾"gente" trabajadora desempleada, empobrecida muchas
veces al extremo del hambre, cuando no forzada a abandonar su país para
obtener un medio de vida ¾, que a otros sectores
más desarrollados, opuestos a la guerra, a la globalización, en
defensa de los derechos indígenas, del medioambiente etc. Los
conflictos son múltiples, como las resistencias. Algunas veces la
sociedad se ha organizado y obtenido éxitos, incluso derrocando
gobiernos; sin embargo no se generan cambios sustanciales. Más
aún, cada pueblo o sector lucha y resiste en el contexto de su
propia realidad, aislado, en situación y bajo condiciones que
difícilmente trasciende al ámbito de la lucha colectiva, en contra
del modelo neoliberal. Pareciera que, a medida que la respuesta social se
amplia, la noción de la Lucha de Clases se diluye. Hay sin embargo
causas que impactan a todos los estratos sociales, en todos los lugares. Un caso
es la privatización energética (y del Agua), que atenta contra
servicios públicos vitales, apropiándose de recursos
estratégicos. Cada día, a escala mundial, se extrae
más petróleo del que se descubre. El crecimiento de la demanda
acentúa la escasez de energéticos primarios y eleva el precio
final de la energía. El problema no es nuevo, pero toma desprevenidos a
amplios sectores de la sociedad, no así a las grandes potencias que
buscan apropiarse de los recursos energéticos restantes. De hecho,
en casi todas la guerras, a partir del sureste asiático [20], en la
segunda mitad del siglo pasado, está presente la visión
geopolítica capitalista, reducida a una gigantesca partida de ajedrez en
la que hombres y naciones son simples piezas, movidas al arbitrio de unos
cuantos jugadores, en una partida perversa en la que de nada sirven los ideales
básicos, la mínima solidaridad, ante la magnitud de los recursos
empleados por el imperialismo ¾incluso
militares ¾, para concretar la salvaje
apropiación capitalista. Esto exige desarrollar una política
geoenergética alternativa, que asegure el acceso equitativo a los
recursos energéticos aún disponibles y favorezca el desarrollo de
nuevos combustibles y formas de energía. En casi un siglo a partir
del uso generalizado de la electricidad y a casi dos del empleo masivo de los
hidrocarburos como combustible (carbón y petróleo), la dependencia
entre electricidad e hidrocarburos quedó establecida, y fue ratificada
recientemente con el empleo masivo del gas natural, como política
neoliberal de desarrollo eléctrico. Bajo este esquema, los pueblos del
mundo desarrollaron su industria energética, cada uno de acuerdo a
sus necesidades e intereses y conforme a su identidad y cultura. A
contracorriente, la doctrina neoliberal plantea la desintegración,
privatización y reestructuración de la industria energética
(Electricidad, Petróleo y Gas y también del Agua, esta
última no solo en su aplicación energética). Los
resultados son francamente adversos; la alta concentración de la
industria energética en unas cuantas transnacionales imperialistas no
remedia en nada la escasez, ni los altos precios o las tarifas injustas; peor
aún, aumentan y se agravan los apagones, el deterioro ambiental con grave
impacto sobre el Agua, y otras calamidades. Encima, la privatización
significa pérdida de soberanía energética y mayor
dependencia y sometimiento, a medida que se agotan paulatinamente las reservas
existentes. Existe gran malestar social, pero éste no se traduce
en una dinámica política suficiente para modificar el perverso
orden establecido. En el campo social falta, para convergir
políticamente, desarrollar la identidad de clase. Por su
importancia, la lucha en defensa del control social y colectivo de los
energéticos (y de otros recursos vitales, como el Agua) plantea grandes
posibilidades para la construcción de organización social. No solo
significa la posibilidad de enfrentar a las transnacionales en todas partes,
sino que para los trabajadores representa la oportunidad de reintegración
con la clase y el movimiento social en general. El saber obrero, hoy
disperso y expropiado en favor de unos cuantos, puede y debe ser reorientado a
la elaboración de alternativas para un futuro energético viable
para todos. Crear un futuro energético, efectivamente posible, impedir la
destrucción del planeta y rescatarlo de la depredación
capitalista, es parte esencial de un programa geoenergético, y tarea
central del movimiento. En América Latina, por ejemplo, que
después de Medio Oriente y Asia provee en conjunto el 9% de la
producción mundial de energéticos (15% petróleo) y dispone
del 8.9% de la reservas convencionales (61% corresponde a Venezuela y el 19% a
México), así como importantes reservas de Agua (y de la biosfera),
se desarrolla una potencia política importante que se expresa en
propuestas de integración hacia el sur del continente, que deben
considerarse con toda seriedad. Otro tanto sucede en Asia y
Africa. Antes, es necesario contrarrestar la atomización social,
con la construcción del nuevo sujeto histórico. Desde el campo
obrero reivindicamos la Lucha de Clases. Los trabajadores de la energía
proponemos revisar nuestra actuación, repasando las experiencias de la
lucha social contra la privatización energética.  Fuente: Domenico, Siniscalco D, Bortolotti, B. The
Challenges of Privatization:
An International Analysis. Oxford
University Press, 2004
3. Algunas
experiencias
No es necesario explicar que existe una realidad
concreta, impuesta "por la mundialización dirigida por el capital
financiero internacional en lo político y en la política,
así como en el Estado, las relaciones sociales en las que éste se
basa y las instituciones de mediación o amortiguación social en
las que el aparato estatal se apoya" [21]. Pero esa realidad se determina por
las condiciones de cada país, afectando de distinta forma a las capas
sociales, lo que le imprime características particulares que no pueden
soslayarse, puesto que estas diferencias definieron el tipo de
privatización, los programas y calendarios específicos y hasta la
profundidad de las medidas aplicadas [22].
En el caso de la
privatización de la energía se construyó un paradigma que
fue adoptado en un marco más bien ideológico en unas partes
(economías desarrolladas), pero fue impuesto en otras bajo amenaza de
colapso económico (economías subdesarrolladas). De forma distinta
en cada caso, adaptado a las condiciones y hasta a la percepción social
de cada país, se plantearon expectativas y estrategias
particulares.
En casi todas partes el proceso alcanzó cuando menos
a la etapa de restructuración (desintegración) de la industria, lo
que significó la entrega de la propiedad (y con ella el control) de buena
parte de la infraestructura (la nueva sobre todo). Es lo que algunos denominan
privatización de "primera generación", que quiere decir el paso de
esquemas monopólicos de estado a la competencia (la tercera sería
una fase de plena competencia y autorregulación que, por supuesto, no
existe en ninguna parte).
Los distintos gobiernos acataron sumisamente el
proceso general, reaccionando de forma distinta solo ante la respuesta social.
Por lo mismo el proceso de privatización presenta distintos estados, por
región, y entre países. A continuación hacemos una
revisión ilustrativa, no exhaustiva, de la situación
geoenergética mundial.
4.
¿Dónde surge la privatización?
Desde el
punto práctico, las privatizaciones representaron el predominio de la
economía sobre la política, y el triunfo del capitalismo, en la
vieja disputa sobre el papel del Estado. La caída de la Unión
Soviética y su modelo de economía centralizada, no parecía
dejar lugar a dudas.
En las economías capitalistas más
desarrolladas la privatización del sector energético,
particularmente de la electricidad, se insertó en motivaciones
subjetivas, fuertemente ideológicas, en el marco de la disputa por
establecer un nuevo orden mundial (reforzar el existente, para garantizar su
predominio). En el centro de la disputa se encuentran las fuentes convencionales
de energía, cuya distribución geográfica es adversa a las
grandes potencias. Europa es un caso y, dentro de ella, la Gran Bretaña
construyó un gran laboratorio de privatizaciones y alianzas
estratégicas que le garantizarían el acceso. EU impuso su propio
paradigma.
a) Reino
Unido
El Reino Unido (RU) destaca porque 19% del total de las
transacciones realizadas en Europa corresponden a la Gran Bretaña (20%
del valor de venta). A partir de 1977 privatizó la British Petroleum y
siete años después British Gas. En 1989 el proceso se
aceleró con la venta de las empresas del Agua y 1991 PowerGen. Casi
siempre el método fue a través de oferta pública (empresas
nacionales), pero a partir de 1992, la venta de empresas más
pequeñas se realizó mediante venta privada (empresas locales o
regionales).
Esto no es poca cosa, si consideramos que "a principios del
siglo XX el público seguía prefiriendo la propiedad
pública, y la mayoría de los municipios tenía sus propios
sistemas eléctricos" [23]. De hecho, fue “después de la
segunda guerra mundial que el gobierno británico nacionalizó la
industria eléctrica comprando todas las empresas privadas y tomando el
control de aquellas que estaban en manos de los municipios”
[24].
Como casi en todas partes, las empresas privadas construyeron los
primeros sistemas eléctricos en el RU, pero no los desarrollaron,
razón por la que se municipalizaron mediante la compra. “Hacia
1903, dos tercios de las conexiones eléctricas formaban parte de sistemas
de propiedad pública y estaban ubicados principalmente dentro de
áreas urbanas [25]. Estos sistemas, sin embargo, eran pequeños y
estaban desintegrados, con variedad de voltajes, frecuencias y redes de
distribución [26], por lo que no alcanzaron a desarrollar una
economía de escala. Así, permanecieron las empresas privadas, que
tampoco alcanzaron un desarrollo significativo, ante la reticencia de los
municipios (y la ciudadanía) a comprarles electricidad y otorgarles con
ello el control de la industria.
La nacionalización
eléctrica en Inglaterra, Gales y el sur de Escocia (1948) fue concebida
como una forma de control público, es decir, las empresas públicas
formadas fueron controladas por consejos de administración
autónomos (aunque nombrados por el gobierno laborista), similares a los
de las empresas privadas, pero con el objetivo de servir al interés
público. Se creó la Autoridad Británica en Electricidad,
que sería transformada más tarde (1955) en Autoridad Central
Eléctrica y luego en el Consejo Central de Generación de
Electricidad, CEGB por sus siglas en inglés (1957), para controlar a las
más de 500 empresas eléctricas municipales y
privadas.
 Fuente: Domenico, Siniscalco D, Bortolotti, B. The
Challenges of Privatization:
An International Analysis. Oxford
University Press, 2004
El CEGB logró crear un sistema eléctrico basado en la
economía de escala, con el objetivo de asegurar el abasto y con gran
disponibilidad de capacidad de reserva que, a la baja en la demanda de los
años setenta, se interpretó por los partidarios de la
privatización como sobreoferta, signo de la ineficiencia e
improductividad del modelo de control estatal de la economía,
pensamiento que fue arraigando en la década siguiente y con el cual, el
gobierno de Margaret Thatcher, ya en los años noventa, pudo emprender la
privatización, socavando el concepto de la propiedad pública, y a
pesar de que varias centrales generadoras habían alcanzado una alta
eficiencia al subordinar sus objetivos sociales a los comerciales
[27].
Thatcher, por otro lado, privatizó la electricidad ¾cuya generación dependía fuertemente en
el carbón, un 80%¾, impulsando la
generación a base de gas (también privado), alegando que la
mayoría de las plantas había terminado su vida útil [28].
Con ello logró “de paso” acabar con la resistencia de los
trabajadores. Según Thomas [29], el gobierno británico
atacó deliberadamente el poder de los obreros del carbón sobre el
suministro eléctrico [30].
La industria del Carbón
también fue nacionalizada después de la II guerra mundial por el
gobierno laborista, creándose la National Coal Board (NCB, 1947). No
obstante, su desarrollo venía reduciéndose; de alrededor de 750
mil mineros y 800 minas existentes en 1947, hacia 1983 quedaban alrededor de 240
mil mineros, laborando en unas 190 minas. El gobierno de Thatcher, enemigo
político de la Unión Nacional de Mineros, condenó a la NCB
desde su llegada. Una comisión dictaminó en 1983 que la industria
del carbón estaba quebrada y que el 75% de sus minas presentaba
pérdidas; que subsistía gracias a los más de 1 mil millones
de libras anuales de subsidio otorgado por el gobierno. En sus memorias la
llamada "dama de hierro" escribiría sarcásticamente:
"Consideramos que estando en la Lucha de Clases, teníamos que
declararles la guerra y la única manera de hacerlo era atacando los
puntos vulnerables, las centrales eléctricas, los depósitos de
carbón y de coque, los suministros... Deseábamos paralizar la
economía de la nación."
Todo esto sustentado en la
propaganda del liberalismo económico, basada en la superioridad de la
economía de mercado, sobre la ineficiente administración
pública. Se aseguró incluso que la privatización era un
medio para extender más la riqueza a la comunidad, creando
“‘propiedad pública real’ de las empresas del gobierno
¾de manera que más personas se
beneficiaran con el capitalismo¾.” [31]
Hubo que reconocerlo más adelante: la propuesta de un mercado
eléctrico favoreció efectivamente... a los grandes consumidores.
Tal vez por ello diversas organizaciones de estos financiaron entonces la
costosa ofensiva mediática.
Con la restructuración
desapareció la CEGB para dar paso a dos empresas generadoras, la Nacional
Power y PowerGen. El sector nucleoeléctrico quedaría bajo control
de la primera, pero finalmente quedó al margen, como una tercera empresa,
Nuclear Electric, propiedad del estado. Otra empresa, la Nacional Grid Company,
se hizo responsable del sector de la Transmisión eléctrica,
regulada por la Oficina de Regulación de Electricidad (OFFER, por sus
siglas en inglés, actualmente OFGEM, Oficina para los Mercados del Gas y
la Electricidad).
La OFFER detectó (1998-99) ganancias
injustificables de las empresas eléctricas, derivadas de la
manipulación de las reglas del mercado en perjuicio de los consumidores
[32], provocando un escándalo que fue resuelto desde el propio circulo de
poder, con cambios al modelo privatizador original. Todo esto, sin que los
grandes sindicatos o el partido laborista hicieran la menor protesta.
Hoy
día, en el Reino Unido la generación eléctrica es
totalmente privada y depende cada vez más de empresas y combustibles
foráneos. Actualmente se utiliza una mezcla energética para la
generación de electricidad basada en Gas natural (40%), Carbón
(33%) y Nuclear (19%), importando un 2.5% de Europa continental, a través
de Francia. Esta energía se entrega casi en su totalidad (más del
90 %), mediante contratos bilaterales, a los proveedores también privados
de electricidad. Otra parte (un 7%) se trafica, a precios de mercado, de acuerdo
a la variación de la demanda, negociando el precio de la electricidad
para bloques de media hora. La energía restante (un 2 a 3%) se destina a
un “Mecanismo de Equilibrio”, basado en un Código de
Establecimiento y Equilibrio, cuyas reglas son administradas por un
organismo privado, "no-lucrativo" (ELEXON, que vino a sustituir al fallido y
manipulado "pool eléctrico "), cuyo propósito es velar por
la confiabilidad del abastecimiento [33], contrarrestando los desbalances que
las transacciones en el mercado inmediato plantean.
La red de
Transmisión está integrada por cuatro subredes privadas de alta
tensión [34], entre ellas la anterior red nacional, National Grid. La
distribución y abastecimiento, luego de diversas fusiones y adquisiciones
entra las 12 empresas regionales (REC’s, por sus siglas en inglés),
quedó en manos de seis empresas privadas: British Gas, EDF
Energy, npower, Powergen, Scottish Power y la
Scottish and Southern Energy [35].
Estas fusiones han propiciado
una alta concentración, no solo de las empresas de la electricidad y del
gas, sino también con proveedoras de Agua, que constituyen consorcios
para comercializar lo que denominan multiservicios, supuestamente para ahorrar
en costos generales [36].
Si algo ejemplifica la experiencia británica
es el poder de mercado.
b) Estados
Unidos
A diferencia del RU, en EU prácticamente no
existían grandes empresas públicas (federales, de alcance
nacional), había sin embargo "autoridades" dedicadas a regular el
servicio de energía eléctrica, que se tuvieron que crear a
principios del siglo XX para normar la actuación de las empresas
privadas. Tal vez por eso a la privatización en EU se le comenzó a
llamar "desregulación".
En el caso de la electricidad la
regulación del estado fue la alternativa capitalista a cualquier intento
de control y propiedad públicos a nivel nacional, que para la
oligarquía de ese país no era (es) sino socialismo. No obstante,
la inseguridad en el suministro y las tarifas elevadas propició el
desarrollo de algunas empresas públicas, como contrapeso de las privadas.
Según Beder [37] "hacia 1888, unas 53 ciudades y pueblos contaban con
sistemas municipales de electricidad", fundamentalmente en regiones despreciadas
por el capital privado, donde la electricidad pública llegaba a costar a
la mitad de precio que las privadas.
Empero, la tendencia hacia la
"electricidad pública" resultó derrotada mediante una ideologizada
campaña y la actuación de funcionarios que, en contra del voto
público, favorecieron la propiedad privada. Beder consigna dos ejemplos:
la ciudad de Cleveland y el estado de Massachussets [38], a pesar de lo cual,
entre 1895 y 1903 se crearon más de 700 sistemas eléctricos
públicos, de manera que hacia 1912 una tercera parte de las empresas
eléctricas de Estados Unidos era propiedad pública y la
mayoría generaba su propia electricidad. De esta manera a finales del
siglo XIX y principios del XX se desarrolló una especie de
autoabastecimiento (quienes generaban en sus propias instalaciones) que
constituía casi las otras dos terceras partes del consumo
total.
Por otro lado, la batalla entre las tecnologías de
generación y distribución, entre corriente directa y alterna,
así como la federación de diversos generadores, propició el
desarrollo de un esquema consistente en la integración de pequeñas
centrales generadoras y sus redes de Transmisión y Distribución
asociadas, quedando establecido un monopolio natural más eficiente,
porque evita la duplicidad de infraestructura costosa y aprovecha la
economía de escala.
Como en otros aspectos de la vida de aquel
país, la industria eléctrica privada se forjó a base de
"donativos políticos", otorgados por "visionarios" capitalistas. Tal fue
el caso de Samuel Insull, quien habiendo iniciado su carrera al lado de
Tomás Alva Edison estableció un emporio eléctrico en
Chicago, ofreciendo tarifas baratas a los grandes consumidores, que
atraían a los clientes de otras empresas, hasta que las obligaba a
asociarse, fusionarse o venderle.
De este proceso resultó
triunfante la propiedad privada, protegida por una legislación que
salvaguardaba a los monopolios privados, compartiéndoles el trato
otorgado a las empresas estatales, así como la seguridad de recibir un
ingreso suficiente, a través de las tarifas, no solo para mantenerse
financieramente solventes, sino para obtener jugosas ganancias. Este modelo
predomina a la fecha, luego de los fallidos intentos de generalizar la
privatización en todo el país.
La propuesta de presupuesto
nacional para 1986 que presentó Ronald Reagan al congreso de EU
revivió la ofensiva privatizadora, planteando entre otras, la venta de
cinco empresas "administradoras" de energía eléctrica (que
distribuían el 6% de la energía consumida a nivel nacional) y dos
pozos petroleros administrados por el departamento de energía,
además de otras empresas. La propuesta no pasó, ni en ese
año ni en los dos subsecuentes, en que se amplió en número
de empresas a vender, incluida la emblemática Tennessee Valley Authority
[39].
La política de EU en materia de hidrocarburos es un
capítulo aparte. Desarrollada prácticamente mediante el capital
privado, a partir de empresas "multinacionales" (en realidad transnacionales de
EU y Europa Occidental) imperialistas, para resolver su dependencia en el abasto
de combustibles primarios. Para ello practica diversas opciones, incluida la
militar, para imponer un orden mundial basado en el control del mercado
energético por parte de los países consumidores y de las
transnacionales
energéticas.
c)
Europa
Al tiempo de la nacionalización eléctrica
en el RU, la mayoría de los países europeos también
asumieron diversas formas de control de sus sistemas eléctricos. Luego,
la mayoría aceptó la privatización (de sectores como la
Generación eléctrica), reformando la estructura de su industria
pero conservando siempre cierto control sobre ésta para defender su
propio modelo de desarrollo.
Actualmente la mayoría rechaza la
privatización del "mercado minorista" ¾es
decir el consumo doméstico¾, generalmente
controlado a nivel municipal, y otros simplemente la ignoraron. Solo los
países nórdicos, cuyos estados adoptaron hace años medidas
de protección social, desarrollaron formas de competencia; no obstante,
el mercado sigue integrado y bajo control del estado (Nord Pool, que poco a poco
sustituye a los contratos bilaterales), por lo que los cambios no son
sustanciales.
En Europa el tema ha quedado opacado por preocupaciones
más inmediatas, como la escasez mundial de hidrocarburos y el lento
desarrollo de fuentes alternas masivas (nucleoelectricidad). La llamada
"apertura" energética (eléctrica principalmente) es fuente de
constantes disputas, aparentemente resueltas en el ámbito comercial
(entre empresas), pero que en realidad son el centro de enfrentamientos
políticos al seno de la actual Comunidad Europea [40].
 Fuente: Bergman, L. More About Single European Market for
Electricity
Centre for Economic Policy Research
Los países del ex-bloque comunista, que en su proceso de
transformación hacia una economía de mercado adoptaron el modelo
neoliberal, toparon muy rápidamente con una crisis financiera a finales
de la década de 1990. En el sector energético, esto fue realizado
con reservas, manteniendo un cierto grado de integración territorial,
pero sobre esto, de control de los energéticos [41].
Algunos
países incluso sacaron ventaja del proceso, fomentando el expansionismo
de sus empresas. Ejemplos son Francia, que ni siquiera cumplió con
incluir la directiva europea respecto a la apertura en su legislación, y
España, cuya estructura eléctrica ya era mixta y con un consumo
interno muy bajo, se organizaba de forma similar a lo que se pretendía
lograr con la "liberalización". Las empresas de ambos países
tienen actualmente una fuerte presencia en América
Latina.
5. ¿Dónde la
privatización es
barbarie?
a)
Irak
Hemos afirmado que "terribles golpes han llevado al
repliegue a los trabajadores del mundo. En muchas partes se han abandonado los
principios, el programa y las banderas. En otras partes, la desproporción
de fuerzas nos afecta adversamente. A pesar de todo, en muchos lugares
más, la clase obrera está en lucha por sus legítimos
intereses inmediatos e históricos” (energía No 4, abril de
2001), en medio de conflicto políticos y hasta militares.
Tratándose de los trabajadores de la energía, la barbarie
capitalista está brutalmente representada en la invasión de
Irak.
La región (donde se ubican las mayores reservas petroleras
del mundo) se ha visto sacudida por diversas agresiones [42]. Luego de diversas
disputas, Irak invade Kuwait en 1990 y al año siguiente EU interviene
militarmente en Irak, estableciendo una fuerza militar que se suma a la que ya
existía en Afganistán.
Reservas en la
región del Medio Oriente
País |
1960 |
1970 |
1980 |
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
2001 |
2003 |
A. Saudita |
50,000 |
128,500 |
165,000 |
254,900 |
258,700 |
258,700 |
259,000 |
259,200 |
259,400 |
Irak |
27,000 |
32,000 |
30,000 |
100,000 |
100 |
1,000 |
112,000 |
112,500 |
115,000 |
Kuwait |
62,000 |
67,100 |
64,900 |
94,500 |
94,000 |
94,000 |
94,000 |
94,000 |
96,500 |
Irán |
35,000 |
70,000 |
57,500 |
92,800 |
89,300 |
88,200 |
93,000 |
89,070 |
125,800 |
E. Arabes |
|
11,800 |
29,000 |
92,200 |
92,200 |
92,200 |
92,200 |
92,000 |
92,200 |
Omán |
|
|
2,300 |
4,200 |
4,800 |
5,100 |
5,100 |
5,500 |
5,506 |
Zona neutral |
6,000 |
25,700 |
6,000 |
5,200 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
Yemen |
|
|
|
3,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
Qatar |
2,500 |
3,550 |
3,600 |
4,500 |
3,700 |
3,700 |
3,700 |
15,000 |
15,207 |
Siria |
1,000 |
1,000 |
1,300 |
1,700 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
Total de la región* |
85,500 |
341,600 |
361,750 |
659,050 |
660,500 |
659,555 |
676,352 |
68,600 |
622,860 |
183,500 |
339,650 |
359,600 |
653,000 |
554,300 |
554,400 |
670,500 |
678,770 |
721,113 |
 |
 |
| El mundo contra la guerra |
Bombardeo imperialista a Bagdad |
Producción en la
región del Medio Oriente.
País |
1960 |
1970 |
1980 |
1990 |
1995 |
1996 |
1997 |
2001 |
2003 |
A.Saudita |
1,247 |
3,548 |
9,630 |
6,215 |
7,859 |
7,841 |
8,082 |
6,470 |
8,430 |
Irak |
1,004 |
1,548 |
2,638 |
2,083 |
600 |
600 |
1,147 |
1,960 |
1,275 |
Kuwait |
1,628 |
2,734 |
1,382 |
1,080 |
1,792 |
1,817 |
1,836 |
1,440 |
1,850 |
Irán |
1,067 |
3,328 |
1,467 |
3,120 |
3,612 |
3,675 |
3,632 |
3,130 |
3,730 |
E.Arabes |
|
693 |
1,350 |
1,587 |
1,832 |
1,846 |
1,873 |
1,550 |
1,850 |
Omán |
|
332 |
283 |
658 |
849 |
882 |
904 |
960 |
600 |
Zona neutral |
136 |
500 |
540 |
315 |
430 |
484 |
533 |
540 |
600 |
Yemen |
|
|
|
179 |
338 |
338 |
370 |
350 |
350 |
Qatar |
175 |
362 |
472 |
387 |
454 |
479 |
622 |
574 |
720 |
Siria |
|
83 |
165 |
385 |
605 |
601 |
570 |
515 |
528 |
Total de la región* |
5,306 |
13,279 |
18,335 |
16,565 |
18,849 |
19,040 |
20,057 |
17,872 |
19,933 |
10,563 |
26,407 |
36,262 |
32,574 |
37,220 |
37,603 |
39,626 |
35,361 |
39,866 |
ler. Dato = reservas en millones de barriles.
2do. Dato = producción en miles de barriles de
petróleo diarios (bpd).
Fuente: Buletin Neftigasonasnoi Industrii,
Moscú, Nedra, dic. de 2002, vol. 35, núm. 12, pp.38-40. Para
datos del 2003: Oil
and Gas Journal, EU, 22 de
diciembre de 2003, vol. 101, núm. 49, pp.41-46.
Tomado de EU Petróleo y Geopolítica,
García, M y Ronquillo, G. Plaza y Valdéz. (*) Sumas
inconsistentes.
El despojo es legalizado por la ONU mediante
un embargo petrolero y la imposición de severas sanciones
económicas que, luego de una década, provocaron hambre y la
más alta mortandad infantil registrada hasta entonces, por falta de
alimentos y medicinas básicas, así como de servicios vitales
(agua, luz).
Hacia 2002 Irak "exportaba" diariamente 2 millones de
barriles diarios de petróleo. Sin embargo, en protesta por la
enésima agresión israelí contra los territorios palestinos,
decidió suspender por un mes las exportaciones, lo que elevó el
precio del barril de inmediato.
El imperialismo reaccionó y meses
después, como parte del nuevo orden internacional impuesto por EU, Irak
es agredido por una fuerza imperialista (2003), basado en el supuesto de que
este país había construido armas nucleares ‘no
convencionales’, mentira avalada por la ONU. Pese a las multitudinarias
protestas que en meses anteriores se desarrollaron en las principales ciudades
del mundo. La invasión a Irak tuvo siempre como objetivo apoderarse del
petróleo: "sangre por petróleo", advirtieron
millones.
Antes, los crecientes rumores de la invasión (y otras
“alteraciones” del mercado, como la amenaza de paro patronal en
PdVSA) elevaron el precio del petróleo. Ante ello, la OPEP se
declaró lista para "abrir las válvulas" de sus reservas y
compensar cualquier desabasto que pudiera desestabilizar los precios. Y
así sucedió, Arabia Saudita produjo altos volúmenes, los
más elevados en más de 20 años; incluso México
incrementó su producción y exportación a EU y hasta
Venezuela se sumó a dicha política. El resultado, el mercado se
inundó de crudo, "petróleo para la guerra".
La
nación iraquí ha pagado un costo muy elevado por mantener la
soberanía sobre sus recursos naturales. Las políticas neoliberales
de privatización chocaron en este país con la resistencia de un
pueblo, por lo que, recurriendo a las viejas formas imperialistas, decidieron la
invasión que puso en manos de las transnacionales petroleras los
hidrocarburos de ese país (y de la región) como botín de
guerra (repartido incluso antes de la invasión).
En cuanto a la
infraestructura eléctrica iraquí, fuertemente castigada por el
bloqueo, quedó destruida luego de la ocupación. El sistema
eléctrico iraquí operó por años basado en la
geotermoeléctrica (8 plantas que atendían la demanda al sur de
país) e hidroeléctrica (5 plantas, que cubrían el
suministro al norte). Bagdad, la capital, consumía cerca del 40% de la
demanda total y obtenía su suministro de ambos sistemas. A nivel
nacional, 80% de la población tenía acceso al servicio. Hoy
incluso Bagdad padece racionamiento.
El proyecto de
"reconstrucción" yanqui terminó de destruir el sistema
eléctrico iraquí, al tratar de adaptarlo a las necesidades del
desarrollo capitalista. Para ello se han autorizado pagos millonarios a las
transnacionales. Hoy existen en Irak más soldados y mercenarios que
técnicos, dedicados a “la reingeniería de Irak” [43],
estrategia yanqui para reivindicar sus sangrientas acciones ante los ojos del
mundo.
Las transnacionales invasoras proyectaron construir 30 plantas
termoeléctricas para duplicar la capacidad total del sistema. Pero como
parte de la heroica resistencia a la invasión, el pueblo impide las
operaciones normales (obstaculizando la construcción y bloqueando el
abasto de combustible, refacciones y equipo y materiales para el mantenimiento)
de manera que solo una parte de la nueva generación está realmente
disponible. La población civil, prescinde de electricidad porque
así contribuye al rescate de su
soberanía.
6. ¿Dónde
se impuso la
privatización?
a)
América Latina
Luego de décadas de
confusión ideológica ¾enfrentando
sistemas económicos "mixtos" encabezados ya por corrientes nacionalistas
de borrosos ideales socialistas, o bien por liberales aferrados a la
ilusión de crear cuando menos un capitalismo periférico¾, una ola derechista se levantó en
América Latina. Pronto recuperó el poder (muchas veces por la
vía armada), de la mano del neoliberalismo y con la bendición de
los organismos financieros internacionales, decretando vía libre a las
privatizaciones.
Mientras sus "avances" en economía neoliberal
dieron a Milton Friedman [44] el nóbel, a los trabajadores
latinoamericanos tocó soportar la "democracia totalitaria" impuesta en
algunos países. Las dictaduras en Brasil (1964), Chile (1973), Uruguay
(1968), Paraguay y Argentina (1976) causaron más de 90 mil muertos y
desaparecidos, pero cientos de miles más fueron encarcelados, torturados,
despedidos del trabajo o privados de su medio de vida.
El subdesarrollo y
el endeudamiento crónico en la región provocaron una crisis que
fue aprovechada para impulsar gobiernos neoliberales y con éstos, imponer
la "liberalización comercial y financiera", instrumentada mediante la
venta, siempre a bajo costo y con altos "incentivos fiscales", de las empresas
públicas más rentables, bajo pretexto de captar capital
extranjero. Lejos de resolver los problemas, la crisis los profundizó
[45].
Dependiendo del país, la reacción social fue diversa.
En la actualidad la inconformidad ha generado una tendencia, por la vía
electoral, a elegir gobiernos de izquierda. En este proceso mucho ha tenido que
ver la lucha de los pueblos por el control nacional de los recursos
energéticos, señaladamente el petróleo y el gas, así
como el agua.
No se trata de gobiernos socialistas, pero tampoco emanan
simplemente de la coyuntura; son resultado de la lucha popular, electos a partir
de propuestas muy concretas entre las que destaca la de construir el socialismo
y de hacer realidad una América integrada. Ello ha permitido algunos
avances en ciertos países, como reducir la influencia de los organismos
financieros internacionales y la renegociación de la deuda externa para
aminorar su peso.
No se trata aún de proyectos de gobierno
popular, aunque en el cambio democrático hayan participado
organizadamente importantes sectores sociales: los círculos bolivarianos
en Venezuela, los Sin Tierra en Brasil, los piqueteros en Argentina y amplios
sectores campesinos e indígenas en el Ecuador, Perú y Bolivia.
Solo en ciertos países ha sido visible la presencia de la fuerza obrera
organizada. Esto plantea un problema que sería necesario revisar. Se
trata sí de una crisis mundial, pero que adquiere rasgos
particulares.
En algunos casos, la destrucción parece
irreversible, porque fue desintegrada y las empresas originarias destruidas y
entregadas a manos extranjeras. Algunos incluso, aceptando la tendencia
mundializadora, realizaron reformas que a cambio de conservar un control
mínimo, les permitieron "internacionalizarse", es decir a su vez
colonizar energéticamente a otros países. Sectores de trabajadores
especializados en el sector público fueron despedidos,
convirtiéndose en fuente de mano de obra barata (especializada) para
apoyar con su conocimiento la expansión de las empresas
privatizadas.
b)
Chile
La dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990), que
terminó de forma sangrienta el primer ensayo socialista por la vía
democrática de América, fue "pionera" en AL, en materia de
privatizaciones ¾base del "milagro chileno" (M.
Friedman dixit)¾, que representaron para el
país una mayor dependencia exterior y más endeudamiento. Una de
las privatizaciones más "exitosas " de la dictadura chilena fue la de la
industria eléctrica, porque facilitó la privatización a la
vez de los fondos de pensión, incluyendo a particulares como accionistas
[46].
Chile fue el primer país de AL que desintegró y
privatizó su industria eléctrica. La empresa más importante
del ramo, la Empresa Nacional de Electricidad S.A., ENDESA, fue
pública en su origen (1943) ¾una sociedad
anónima controlada por el Estado, a través de la
Corporación de Fomento de la Producción, CORFO¾. Desarrollada fundamentalmente en base a plantas
hidroeléctricas y termoeléctricas, permitió llevar adelante
el Plan de Electrificación de Chile. Estructurada verticalmente, ENDESA
atendía las áreas de Generación, Transmisión y
Distribución.
Luego la dictadura la dividió en seis
empresas generadoras, seis distribuidoras y dos pequeñas empresas
aisladas para privatizarla en 1989. El proceso fue ejecutado por una empresa
española ¾del mismo nombre¾ que inauguraba así su proceso de
"internacionalización" adquiriendo a ENDESA (Chile), a través de
otra empresa también chilena a la que previamente había convertido
en su filial, de nombre ENERSIS. ENDESA chilena-española, una vez
privatizada, inició su propio proceso de expansión
("internacionalización") (1992), adquiriendo plantas generadoras en
Argentina y el cono sur.
ENERSIS, a su vez, surge de la
reorganización (1987) de otra empresa eléctrica, responsable del
suministro en la Región Metropolitana, la Compañía
Chilena de Electricidad, CHILECTRA (fundada en 1921), de origen privado y
que fue nacionalizada (en 1970) y vuelta a privatizar (1981), dividida antes en
tres empresas: una generadora y dos distribuidoras.
La situación
energética de Chile, sin ser holgada, resulta solo favorable a las clases
hegemónicas que gobiernan. Existe gran inconformidad y lucha social
sigue, sin embargo no se consolida una opción clasista.
Tampoco lo
fue el gobierno de unidad popular encabezado por Salvador Allende, el cual
inició una serie de cambios económicos, descritos en un programa
de transición al socialismo, entre los cuales se propuso la
“estatización” de las áreas ‘claves’ de la
economía y un aumento salarial a todos los trabajadores. No obstante
estos fueron incapaces de responder masiva y unificadamente, ni aún en
los momentos más apremiantes. Allende se despidió del pueblo
trabajador de Chile con las siguientes palabras:
“Trabajadores de mi patria: Quiero agradecerles la lealtad que
siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue
intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su
palabra en que respetaría la Constitución y la ley y así lo
hizo (...)”
Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino.
Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la
traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más
temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase
el hombre libre para construir una sociedad mejor.
En mayo de1983 los
trabajadores recuperaron las grandes avenidas. Durante su congreso, la
Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) anunció una huelga
para el 11 de mayo de ese año. Otras organizaciones llamaron a organizar
una protesta masiva el mismo día. En la víspera, el gobierno
detuvo a la dirigencia sindical buscando descabezar el movimiento, ocupando
militarmente los centros mineros. Ante la inminente masacre se suspendió
la huelga, pero la protesta no. La primera manifestación de repudio a la
dictadura, la más contundente en 10 años, tomó la calle. El
saldo de la represión fue de dos muertos, decenas de heridos, centenares
de detenidos y 10 dirigentes de la CTC encarcelados "por alterar el orden
público". Nadie podrá jamás dar cuenta de cuántos
trabajadores fueron despedidos (o amenazados) por participar. Muchos años
y varias jornadas de protesta más habrían de transcurrir antes de
derrotar a la dictadura.
c)
Argentina
En este país las privatizaciones tuvieron
motivaciones similares al resto de AL, agravado por un desaseado proceso lleno
de sospechas, pero tuvieron el peor impacto en la población. “Si la
privatización es la cura, prefiero la enfermedad”, se llegó
a leer en las calles de Buenos Aires.
Pero más que una
percepción, fue la realidad quien mostró a miles de trabajadores
despedidos, de las empresas públicas y de las privadas que
dependían de las primeras. Peor aún el golpe a servicios
básicos como la salud, donde "la privatización (del suministro) de
agua potable y alcantarillado (que) afectó tanto el acceso a estos
servicios, como a la mortalidad infantil" [47].
Las privatizaciones
representaron un amplio negocio. En el sector energético la venta del
petróleo y del gas, la más importante, aportó un ingreso
total de 12,247 millones de dólares, mdd mientras la eléctrica
ingresaba 5,611mdd, por arriba de las Telecomunicaciones (2,982mmd)
[48].
Antes, los precios de los servicios y bienes subieron y se
simplificó el régimen tributario de las empresas (al cual
quedarían sometidas, ya privatizadas) y se "sanearon”
financieramente, absorbiendo el estado sus pasivos. Se crearon organismos y
procesos regulatorios laxos a modo del interés privado.
En el
sector eléctrico argentino, las principales empresas públicas
fueron Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba),
básicamente distribuidora (en el área metropolitana de Buenos
Aires) y dos generadoras: Agua y Energía Eléctrica, e
Hidroeléctrica Norpatagónica (Hidronor). Para el proceso de
privatización, el sector se desintegró en sus partes:
Generación, Transmisión y Distribución.
Segba fue
dividida en tres distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap) y cinco
generadoras (Central Puerto, Central Costanera, Central Dock
Sud, Central Dique y Central Pedro de Mendoza). Agua y
Energía Eléctrica e Hidronor fueron divididas en cada una de sus
generadoras [49], 22 en el caso de la primera y 5 la segunda, creándose
además 6 empresas de Transmisión. La coordinación operativa
(el control), está a cargo de un organismo privado, la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
S.A. (Cammesa), sujeto a la regulación del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE).
Todas estas empresas están actualmente
controladas por empresas extranjeras. Un caso, Edesur es controlada hoy
día por empresas de Brasil (Distrilec Inversora S.A. --Petrobras
Energia--, 51%) y Chile (Enersis, 14.5% y Chilectra, 14.5% + Chilectra
International Limited, 4.37%). El Banco de la Nación Argentina posee un
10% [50].
En cuanto a los hidrocarburos, la empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado (YPF) fue
privatizada mediante un complejo mecanismo de liquidación (de 1991 a
1992), que permitió consolidar el patrimonio petrolífero en favor
de la nación, para luego dividirlo y venderlo en partes. Finalmente, YPF
fue adquirida por la transnacional basada en España, Repsol, en 1999,
creándose Repsol-YPF.
Por su parte, Gas del Estado,
la gasera estatal, también fue privatizada en 1992 (conservando el estado
un 27%), dividiéndola en varias compañías de
producción, dos compañías de transporte y ocho
compañías de distribución, que fueron concesionadas a
subsidiarias (o “participadas”) de distintas transnacionales. El
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es la autoridad reguladora a nivel
nacional.
País de gran tradición obrera [51], protagonista
muchas veces heroico de la historia argentina, cuyas principales organizaciones,
divididas, fueron secuestradas por un sindicalismo adepto al populismo y
más tarde entrampado en la desindustrialización del progreso
neoliberal, que reduce el número los obreros industriales y aumenta el de
los trabajadores de servicios, pero que sobre todo precariza y reduce el empleo,
creando grandes masas de trabajadores excluidos. Muchos de ellos están
hoy organizados en el movimiento “piquetero”.
La crisis
social argentina es a la vez crisis del movimiento obrero ¾unas veces oficialista y corporativo, pero las
más proscrito y perseguido [52] ¾, que
transitó de la consigna "ni golpe ni elección,
insurrección" [53] a la célebre pinta “¡Que se vayan
todos!” [54]. El movimiento social (impulsado por los trabajadores) que
terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, a su vez sucesor de
Carlos Menem, un peronista iniciador del proceso de privatizaciones, muestra la
complejidad del proceso social argentino.
La dictadura
pinochetista, pionera de las privatizaciones en América
Latina
7. ¿Dónde se
generaron movimientos de resistencia importantes?
Pocos
países han conservado intacta su estructura energética. Casi todos
se iniciaron preparativos para introducir las reformas. La mayoría
interrumpió el proceso por diversas razones. Otros simplemente
abandonaron, bien por la resistencia encontrada o por la menor relativa de sus
mercados, o incluso, por fallas en el modelo adoptado. Un caso es Brasil, que
conservó bajo control estatal la Generación, no así la
Distribución, con grave impacto en el servicio /racionamiento en 2001).
El caso extremo tal vez lo constituye República Dominicana, donde hubo
una afectación grave al servicio y fuertes protestas populares, que
fueron reprimidas con lamentable costo de vidas
humanas.
a)
Ecuador
También en este país se iniciaron los
preparativos para la privatización con gran fuerza. En el sector
eléctrico se impuso una nueva ley (1996) por la cual el Instituto
Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), fundado en 1961 para
integrar las 22 empresas regionales existentes, tendría que desintegrarse
en seis empresas de Generación (Hidro Paute, Hidro Agoyan, Hidro Pucara,
Termo Guayas, Termo Pichincha, y Termo Esmeraldas), una de Transmisión
(Transelectric), y 18 de Distribución (Ambato, Cotopaxi, Esmeraldas,
Centro Sur, Sucumbíos, Emelnorte, Emelríos, Emeloro, Emelgur,
Santo Domingo, Quito, Emelmanabí, Santa Elena, Regional Sur, Riobamba,
Emelbo, Milagro y Emelec). En una primera etapa, todas ellas seguirían en
propiedad del estado a través del llamado Fondo de
Solidaridad.
Otra empresa (privada), la más grande en
Distribución a nivel nacional, la Empresa Eléctrica del Ecuador
(EMELEC), responsable del suministro en la ciudad de Guayaquil,
también fue puesta en venta. No obstante, las continuas movilizaciones y
protestas de los trabajadores y el pueblo, que condujeron al Tribunal
Constitucional del país a concluir que la venta de recursos nacionales
energéticos era ilegal, dejando en suspenso legal el proceso. En
respuesta, el gobierno implementó una política progresiva de
retiro de los subsidios.
En el sector petrolífero, destaca la
disputa por dos regiones norteñas, colindantes con Colombia,
Sucumbíos y Orellana, que fueron militarizadas bajo el supuesto del
combate al narcotráfico, pero que son a la vez ricas reservas petroleras
de aquel país. La represión en la región fue causa de
secuestros, desapariciones y, finalmente del desplazamiento de grupos
indígenas. La organización popular convocó a la huelga
general. Las movilizaciones y protestas incluían la demanda de cancelar
las concesiones otorgadas a la petrolera gringa Occidental Petroleum (Oxy) y la
canadiense EnCana Corp., mismas que se lograron en 2006, junto con la
expulsión de Lucio Gutiérrez (y después de Alfredo
Palacio). Sin ser definitivo, este paso garantiza la recuperación para la
nación del control de ambas regiones, a través de Petroecuador, la
compañía petrolera estatal.
No obstante, la
situación política es aún compleja. A principios del 2000,
una rebelión encabezada por el pujante movimiento indígena
organizado nacionalmente apenas una década antes, propició la
caída del régimen encabezado por Jamil Mahuad, en un movimiento
que, luego de un efímero triunvirato cedió, obligado por la
presión del sector militar ¾progresista,
pero al fin y al cabo inmerso en una tradición dictatorial¾, para optar por la sucesión constitucional.
La fuerza de los trabajadores, mostrada a plenitud apenas dos décadas en
populares huelgas obreras, había sido desarmada antes por la vía
de la represión.
Actualmente, la Confederación de
Trabajadores de Ecuador, que en su sector eléctrico reúne a los
Comités de Empresa, ha sostenido la lucha para impedir la
privatización del sector eléctrico, a la vez que participó
en las movilizaciones que llevaron al triunfo del candidato de izquierda, Rafael
Correa y con él, un Sí rotundo a la constituyente (con 78% de
votos). Participan además la Federación Unitaria de Trabajadores
de la Industria Eléctrica (FEDELEC) y la Red Nacional Sindical de
Trabajadores Eléctricos ENLACE.
Petroleros y
pueblo de Ecuador
8. ¿Dónde se
impidió (o detuvo) la
privatización?
a)
Costa Rica
En 1949 se funda el Instituto Costarricense de
Electricidad ICE con el objetivo de realizar el Plan General de
Electrificación. Otra empresa (privada) la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz (fundada en 1941), es la mayor distribuidora de
energía (39% del total nacional). La lucha en contra de la
privatización eléctrica tuvo como antecedente la
privatización de las telecomunicaciones (también responsabilidad
del ICE).
Una ley de 1990 permitió la instalación de
plantas privadas de generación eléctrica (limitadas a una
capacidad máxima de 20MW y al 15% de la capacidad total del sistema
Eléctrico Nacional). La ley se modificó en 1995 adicionando la
capacidad disponible "para venta" (otro 15%, en bloques de 50MW), a la vez que
se obligaba al ICE a comprar la producción de éstas a enorme
costo, para lo cual se reformó el régimen tarifario.
En
2000, el legislativo aprobó en primer debate lo que se conoció
como el "combo energético", que marcó el inicio de masivas
protestas, con la participación de todos los sectores sociales. El
proyecto fue retirado y de inmediato se creó una comisión amplia
para discutir con el gobierno, en la que participaron compañeros del
Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE.
Pese a la derrota,
el gobierno neoliberal tico no está vencido. Cabe recordar que en la
región, Costa Rica representa para las transnacionales la entrada un
mercado atractivo (es en América Latina el país con mayor
cobertura eléctrica, 97%) y, a la vez, puente para distintos proyectos de
"integración energética".
No hace mucho, de gira oficial,
el ex-presidente mexicano Vicente Fox anunció su “nueva
estrategia” en materia energética (frente a la propuesta por el
presidente venezolano Hugo Chávez Frías), que según
él se basa en la integración de los países de
Centroamérica y Colombia. Hablaba de "su" idea (Plan
Puebla-Panamá) para la integración a través un solo mercado
eléctrico (SIEPAC) refinar petróleo (instalación de una
"gran" refinería auspiciada por
Pemex.
b)
Perú
A partir de 1991, el Banco Interamericano de
Desarrollo auspició al gobierno neoliberal de Alberto Fujimori para la
realización de diversos proyectos privatizadores en el sector
eléctrico peruano, a través del Comité Especial de
Privatizaciones (Cepri).
Perú tenía entonces una baja
cobertura de electricidad (menor al 78%), y su principal fuente
energética era la hidroelectricidad. No obstante que la
privatización generó, después de Argentina, ganancias muy
altas, ni la cobertura ni el servicio mejoraron.
La Ley de Concesiones
Eléctricas de 1992 desintegró la industria, haciendo de la
generación es un mercado "abierto" (de competencia). Entre 1994 y 1997,
el gobierno privatizó 5 empresa públicas de generación y 5
de Distribución. La "regulación" quedó en manos del
Organismo Supervisor de Inversiones Privadas en Energía
(Osinerg).
Electroperú fue dividida en 1995 en la propia
Electroperú, Egenor, Egesur, Cahua. Las tres primeras conservaron su
estatuto público luego de una importante lucha (a partir de 2002). La
defensa de la generadora Egasa y de Egesur fue efectiva cuando la transnacional
Tractebel (Bélgica) renunció a la concesión, no sin antes
causar represión. En Lima, encabeza la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP).
Antes, en 2001 el intento de
privatizar la principal planta termoeléctrica al sur del país, la
Central Hidroeléctrica del Mantaro, concitó una enérgica
respuesta social.
Ese mismo año, había comenzado con la
división de Electrolima para privatizarla, resultando Edelnor
(distribución), Luz del Sur (distribución), Edegel
(generación) y la propia Electrolima, que fue vuelta a dividir:
EDE-Chancay y EDE-Cañete. Luego Edelnor absorbió a
EDE-Chancay.
En materia de Transmisión, se concesionaron las
Empresas de Transmisión Eléctrica Centro Norte (ETECEN) y del Sur
(ETESUR), adquiridas y controladas por Interconexión Eléctrica SA
(ISA), un grupo de inversionistas con fuerte presencia en la comunidad andina,
entre los cuales está ABB Energy Ventures. Hasta ese momento, 64% de la
capacidad total de Generación era privada, así como el 79% de la
Distribución.
Solo la transnacional española Endesa
controla actualmente, a través de las concesiones otorgadas a Etevensa y
Piura, 1,462 MW y mediante Enersis (Edegel) otros 967 MW, y tiene además
mayoría en Edelnor, para la Distribución de energía al
norte de Lima (892,000 consumidores).
Este esquema agudizó la
problemática energética, provocando que en el 2006
Electroperú no renovara los contratos de suministro con las empresas
distribuidoras Distriluz y Luz del Sur (que alimenta el sur de Lima) y desde el
2002.
9. ¿Dónde se revierte
la privatización?
Aunque pocos casos, algunos
países decidieron enfrentar a los organismos financieros internacionales
y han iniciado un proceso inverso, para recuperar el control de sus recursos
estratégicos e incluso para ponerlos a disposición de los pueblos
del mundo.
a)
Bolivia
La complejidad de la lucha social del pueblo boliviano
radica no tanto en la composición de las fuerzas que la articularon
políticamente para inducir cambios de orden económico en favor de
los grupos más marginados, como en la campaña de
desinformación que los medios de comunicación imperiales desataron
sobre este país, primero a partir de un discurso centrado en el "atraso
histórico" de una cultura asociada al narcotráfico (por el tema
del cultivo de la coca), y más tarde por la incorporación del
país a la ola populista "de amplio arraigo histórico" en
América Latina.
En Bolivia se llevó a cabo un intenso
programa de privatizaciones en cuya primera fase (1992-1994) se abrió a
la inversión privada los sectores del gas y eléctrico
(también las telecomunicaciones). A su agotamiento, siguió una
nueva, mediante la reforma del sector financiero y del propio estado
(descentralización), para favorecer la venta de las empresas
públicas, en condiciones que pretendían lograr el consenso
popular, destinado el 45% del valor de las acciones a la creación de un
fondo privado de pensiones general y otro 5% a los propios trabajadores
[55].
El proceso de privatización boliviano se caracterizó
porque tuvo un período llamado de "capitalización" de las empresas
(donde se transfería al sector privado el control total de las empresas
públicas, a cambio del 50% del valor del capital). Así se
privatizó la empresa estatal de hidrocarburos, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, y todas las plantas de
generación de la eléctrica nacional, Empresa Nacional de
Electricidad, ENDE.
Además de ENDE, la Empresa de Luz y Fuerza
Eléctrica de Cochabamba, ELFEC también tenía
carácter público y existía también la
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, COBEE, que
era privada y se constituía en la segunda generadora y distribuidora de
La Paz, que se separó en varias distribuidoras.
ENDE fue dividida
en tres generadoras (actualmente existen 8) y la red de transmisión. Las
plantas se privatizaron individuamente bajo el esquema de capitalización
mientras la red de transmisión se privatizó en un solo organismo.
Adicionalmente, a nivel regional se mantiene la Cooperativa Rural de
Electrificación, CRE, y varios sistemas eléctricos
pequeños, que son también cooperativas. Existen además tres
consumidores “no regulados” y al menos dos sistemas
aislados.
En cuanto a los hidrocarburos, en YPFB la participación
privada era posible mediante contratos de riesgo compartido, pero luego de la
reforma, se entregaron las funciones de Producción y Transporte,
estimulando la exportación de gas natural, primero hacia el sur de Brasil
(en 1999, mediante un oleoducto a Brasil) y más tarde a EU, vía
México (en un fracasado plan que recientemente fue abortado en
México por la ChevronTexaco). El 1º de mayo de 2006, y como
resultado de la llamada “guerra del gas” (2003), YPFB fue refundada,
mediante un decreto que estatiza la empresa, lo que representa un avance
respecto de la privatización. No obstante, el proceso de
nacionalización, como hecho político que implica recuperar el
derecho de propiedad social y la recuperación del proceso de trabajo bajo
control obrero, así como la integración de la vigilancia social,
sigue en marcha. Con el decreto el Estado tendrá en YPFB una
participación del 51%, y recibirá el 82% de las utilidades,
mientras los capitalistas se quedarán con el 18%
restante.
Previamente se había desatado la “guerra del
Agua” (2000, en Cochabamba). La privatización del agua potable
comenzó en 1997 cuando una empresa municipal, Sarnaza, responsable del
servicio en La Paz (El Alto), fue privatizada en favor de Aguas de Illimani
(subsidiaria del transnacional Grupo Suez). Se concedieron además
concesiones para administrar las hasta antes empresas municipales de Santa Cruz,
Oruro, Sucre y otras ciudades.
En 2005, luego de amplias movilizaciones
las comunidades marginadas (formadas por ex-mineros y ex-campesinos despojados
de su medio de sustento por las privatizaciones) lograron la cancelación
de la concesión, luego que Suez se negara a invertir para sanear y
extender la red del sistema de aguas (potable y alcantarillado), a pesar de las
altas cuotas del servicio.
La crisis política desatada por las
privatizaciones alcanzó tal magnitud que obligó al gobierno
presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada a dejar el poder 14 meses antes
de término y lo mismo ocurrió a su sucesor, Carlos Mesa, quien
había asumido el poder supuestamente con mayor respaldo popular pero
continuó las políticas de Sánchez, ante lo que el
movimiento popular afinó un programa antineoliberal, principalmente en
contra de las reformas que pretendían concesionar las reservas del gas de
la nación.
Ya en 2003 la Central Obrera Boliviana (COB) y la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Bolivia, habían convocado a un paro general indefinido en defensa del gas
natural, alcanzando niveles de rebelión al ser secundado por el MAS y el
Movimiento Indígena Pachakuti. En esta etapa la presencia obrera
organizada no tuvo el peso político necesario para elevar un plan
energético propio, más allá de la defensa del
gas.
No obstante, en la organización política y
movilización de los sectores en lucha estaban presentes los trabajadores,
gracias a ello se pudo vencer dichas reformas (en un referéndum), y
además fue posible ampliar la iniciativa hacia la Asamblea Constituyente,
convocando además a una nueva elección general, que puso
término al gobierno de Mesa y llevó a Evo Morales a la
presidencia, quien anunció un programa para recuperar las empresas
nacionales (ENDE, entre ellas), como ya se comenzó a hacer con YPFB y la
Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL.
La situación
boliviana implica el análisis de un proceso de coyuntura en pleno
desarrollo, donde los años recientes de lucha activa permitieron
restaurar el diálogo nacional, luego de la ola neoliberal cuya
dinámica (basada en una ramplona estrategia de combate a la pobreza
mediante programas asistenciales) propició una grave inestabilidad
política y social. Hoy los bolivianos discuten ampliamente sobre el
destino de sus recursos naturales (gas y minerales) y acerca de la
orientación de la asamblea constitutiva, al margen de los proyectos
elaborados para ese país por los organismos financieros
internacionales.
Indígenas
bolivianos en defensa del gas
b) Venezuela
En la República Bolivariana de Venezuela la
privatización más notoria fue la de Petróleos de
Venezuela, PdVSA, llevada a cabo mediante su apertura al capital privado
extranjero, por lo que es considerada desde la década de 1990 como "la
primera transnacional con origen a América" [56], con una política
basada en alianzas y vínculos con los grupos de poder, al interior y al
exterior del país. De este modo PdVsa se constituyó en un poder
dentro del Estado.
La industria eléctrica venezolana es conducida
por dos empresas Electricidad de Caracas (antes Elecar, hoy renacionalizada EdC)
y Enelven a nivel de Distribución. La tercera empresa pública,
Electrificación de Caroni, EDELCA, genera la mayor parte de la
energía interconectada y controla más de la mitad de la capacidad
instalada (hidroeléctrica).
La estrategia de privatización
se instrumentó a través de la Compañía
Anónima de Administración y Fomento Eléctrico, CADAFE, una
tenedora estatal, que dividió la Distribución en 4 regiones,
varias generadoras y creó una empresa de Transmisión administrada
por EDELCA, el propio CADAFE, así como Electricidad de Caracas (ELECAR) y
Empresa de Energía de Venezuela (Enelven), que maneja el Sistema
Interconectado (que conecta un 94%).
La llegada a la presidencia del
ex-teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías (1998) marca un hito
en la historia de Venezuela, dominado entonces y a partir de la crisis petrolera
de los 80s por un sistema bipartidista que impulsó las medidas
neoliberales. Con un triunfo absoluto (56% de la votación, en primera
vuelta), se consolidaba una vanguardia integrada por un grupo de militares
bolivarianos (MBR200, fundado apenas en 1982), y que en 1992 pretendió
dar un golpe de estado, a raíz del llamado caracazo
(represión militar de 1989). A partir de entonces Chávez ha
sometido a las urnas su mandato 8 veces, y las mismas ha vencido. Una nueva
Constitución y un nuevo esquema de Estado en el que además de los
tres poderes tradicionales, se crean el Poder Ciudadano y el Poder Electoral,
permiten crear un nuevo bloque de poder político.
Además,
el manejo soberano de las reservas venezolanas de hidrocarburos (las mayores en
el continente) ha sido un factor fundamental de cambio social y
consolidación de un gobierno popular, y más aún, para
plantear una nueva política de integración regional a partir de
diversas iniciativas de éste país, a pesar de que se mantiene un
alto nivel de exportación de crudo y gasolinas a EU.
En febrero de
2007 el gobierno adquirió de AES Corporation el 82% de las acciones que
detentaba. Con los recursos recuperados (2,216 MW de capacidad de
generación que representa el 26% de la distribución), el estado
venezolano se propone fundar a la nueva EdC. Chávez anunció
además la creación de una Corporación Eléctrica
estatal [Ver energía 84, Inicia nacionalización
eléctrica en Venezuela].
No obstante, estos logros se realizan
prácticamente en ausencia de la masa trabajadora organizada, lo que
contribuye a impedir la consolidación de una estructura social que
soporte el poder político, que tiene como eje articulador el Movimiento
Quinta República (MVR), primera fuerza política del país y
de la que está (auto)excluido el movimiento obrero, más bien
enfrentado al chavismo.
Desde el arribo de Chávez, una corrupta
dirigencia sindical (CTV) infiltrada y cooptada por la burguesía local
(Fedecámaras) y el imperialismo norteamericano, mostró su actitud
golpista (vía una huelga petrolera en 2000, reiterada en el cruento golpe
del 2002, encabezada por directivos de PdVSA). Actualmente busca ser sustituida
por la Unión Nacional de los Trabajadores (2003), más por una
iniciativa de Chávez (un referéndum sindical primero y
recientemente con la convocatoria a construir el PSUV), que por el desarrollo de
la democracia obrera de los trabajadores, a través de la reconquista de
sus organizaciones sindicales.
En ese sentido falta la presencia del
proletariado petrolero, de rica tradición anarcosindicalista.
El proceso
bolivariano al rescate de las industrias petrolera y
eléctrica
10. El caso de
México
El año de 1982 el estado mexicano
decretó la última nacionalización importante, la de los
bancos ¾en respuesta al saqueo constante¾. No obstante, al año siguiente, bajo el
gobierno de Miguel de la Madrid, el propio estado inició la reforma
neoliberal. El proceso alcanzó su máximo (1990-1994) durante el
gobierno de Carlos Salinas en el cual no solo los bancos, sino también
más de 1,100 empresas fueron vendidas y se "abrieron" áreas
estratégicas de la industria energética (de Petróleos
Mexicanos, Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad,
CFE). La petroquímica y los ferrocarriles, nacionalizados en la
década de 1930 por el presidente Lázaro Cárdenas, fueron
vendidos en una auténtica piñata que incluyó
además las telecomunicaciones (la televisión y el servicio
telefónico), el sistema bancario y financiero, las aerolíneas, las
minas, las metalúrgicas, y otras más, algunas fundamentales (como
las que regulaban el abastecimiento alimentario).
La cuestión
energética, que formalmente fue "reservada" en el Tratado de Libre
Comercio [57] (entre México, Canadá y EU), se abrió sin
embargo al capital extranjero, en línea con la economía neoliberal
que demandaba la diversificación de la economía del país,
misma que dependía (y sigue haciéndolo) del petróleo. La
inversión en el sector dejó de ser prioridad para el gobierno, que
además alegaba ineficiencia de las empresas energéticas
(estatales). En ese sentido el TLC se planteó como la oportunidad para
"modernizar" el sector.
Como en todas partes, dicha
"modernización" se limitó a la desintegración de la
industria. Pemex, por ejemplo, fue dividida en cinco empresas que
competirían entre sí, y más adelante se privatizó
prácticamente toda la petroquímica (1995). Por lo que hace a la
electricidad, se dijo que la reforma permitiría introducir “formas
de competencia", a través de las cuales el "organismo comprador", es
decir CFE, podría elegir a sus proveedores. No hubo tal y CFE
siguió requiriendo grandes volúmenes de inversión, para
satisfacer los cuales bursatilizó su cartera de "clientes mayores" y
hasta vende bonos en el extranjero.
El sector energético solo se
mantuvo cerrado al capital privado constitucionalmente ¾principalmente debido la movilización popular
en oposición a la privatización del petróleo y la
electricidad¾, porque en la práctica,
mediante modificaciones a la llamada "legislación secundaria" y la
"transformación y modernización" del propio sector, ha sido
despojado de buena parte de sus funciones estratégicas.
En el caso
de la electricidad, 38% de la generación, ya es privada. Mediante
inconstitucionales concesiones, CFE ¾la
principal eléctrica del país¾,
está obligada a adquirir la energía generada por los llamados
Productores Independientes (privados), en contratos garantizados por 25
años, mientras Luz y Fuerza del Centro (LyFC), responsable del
suministro en la parte central incluido el Distrito Federal, no genera ya ni el
2% de la energía que vende (la cuarta parte a nivel nacional),
obligándola a comprar energía en bloque, a precios de consumidor.
CFE no puede seleccionar proveedores, antes bien, recurre a "apagar" sus propias
plantas (puestas en "reserva fría") para seguir comprando energía,
creándose un excedente y desaprovechando plantas que tienen a veces el
mismo factor de planta (o superior) a las privadas.
Tanto CFE como LyFC
se mantienen integradas verticalmente, pero están estratégicamente
sometidas a un organismo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
que no regula nada, pero se dedica a concesionar las obras de expansión
(de generación) del sistema eléctrico, con políticas
erróneas, como crear dependencia del Gas Natural, combustible que
México no posee. Esta Comisión ha hecho del Gas Natural (y LP) un
negocio totalmente privado y dependiente del exterior.
En materia de
petróleo, Petróleos Mexicanos (Pemex), la
emblemática empresa petrolera mexicana, derrocha actualmente importantes
volúmenes de crudo para su exportación (más de la mitad de
su producción), casi en exclusiva a Estados Unidos a precios
preferenciales; descapitalizándose además, vía un
depredador esquema tributario ¾convertida en
fuente de ingreso del estado¾, y por tanto
imposibilitada para invertir en su propio desarrollo, que se realiza en base a
deuda externa y complejos contratos que terminan por ceder parte de sus
funciones estratégicas en exploración y
explotación.
Los dos últimos gobiernos han repetido que
privatizar es un medio y no un fin. Y de hecho, vencida la propuesta de reforma
constitucional, la privatización se sigue realizando a través de
mecanismos aún más furtivos, que facilitan cambios de propiedad
pero sobre todo del control de los recursos. Aunque ya no se habla de vender los
recursos existentes, se busca restringir a las empresas estatales.
El
proceso continúa, planteando además otorgar "autonomía de
gestión" a las empresas públicas (Pemex y CFE), que no es otra
cosa que dejarlas a merced del control estratégico que han logrado las
transnacionales, en un escenario donde el tipo de administración (y los
propios administradores) representan los intereses de los grupos en el poder
(empezando por el propio ejecutivo). Ninguna propuesta autonomista caracteriza
el tipo de gobierno interno que tendrían las nuevas empresas
públicas-pero-privadas, ni las formas de participación social,
entendiéndose que se trataría ponerlas a competir con el sector
privado. Esto revela el problema central, que consiste en que la supuesta
liberación de recursos propios para el desarrollo de las empresas
públicas dependería del resultado de la disputa por la renta
energética, núcleo central de la propuesta de
privatización.
De esta forma la petroquímica nacional fue
destruida, el abastecimiento de gasolinas depende cada vez más de las
importaciones, la distribución del combustible está en manos
privadas y se han dejado de procesar materias primas básicas y productos
con valor agregado. Todo esto con la complicidad de los grandes sindicatos
corporativos de las empresas públicas, cuyas dirigencias fueron compradas
y sus trabajadores amenazados con la quiebra de las empresas y la
terminación de sus contratos colectivos. Así fueron persuadidos de
aceptar la política de despidos y la flexibilización del contrato,
base de la restructuración del sector, un retroceso
inaceptable.
Antes, a principios del siglo pasado, la incipiente clase
obrera mexicana fue capaz de anunciar la Revolución, aunque tampoco la
comprendió [58]. Luego vino el sometimiento a los gobiernos en turno, por
la vía de la represión y/o la política, dando lugar al
corporativismo sindical y con él, a la pérdida de la independencia
de clase que condujo al colaboracionismo más aberrante.
Con el
afianzamiento del charrismo el movimiento sindical mexicano ha llegado a un
estado de postración que se prolonga varias décadas: el derecho de
huelga no existe y la mayoría de los derechos laborales han sido
conculcados, incluso los más básicos: hoy, la jornada de 8 horas
no se respeta y el salario ha caído a niveles lastimosos.
La
política antiobrera del capitalismo ha sido, lamentablemente, exitosa.
Hoy, el movimiento sindical mexicano está dividido hasta su
pulverización. Aún en el sector energético prevalecen
multitud de contratos, uno por cada instalación que las transnacionales
han establecido en toda la República, destruyendo una demanda
histórica: una sola industria, un solo contrato. En cambio, estas
organizaciones fantasmas son solapadas por los sindicatos charros de Pemex y
CFE.
El proletariado energético de México, fuerte en
número, exhibe extrema debilidad política e ideológica. Eso
ha permitido que el capitalismo se imponga compulsivamente en contra de los
intereses de la mayoría. Lo peor, es tolerar la obsolescencia de la
organización sindical tradicional y el bajo nivel de participación
existente.
Apenas, con luces y sombras, algunas organizaciones y el
pueblo mexicano, encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas,
emprendieron en 1999 la defensa de la industria eléctrica. Venciendo su
propia tendencia a mantener relaciones solidarias de coyuntura, generalmente
para respaldar su propia negociación contractual, fue posible bloquear la
reforma constitucional privatizadora mediante amplias protestas
populares.
No obstante, el proceso privatizador sigue adelante, toda vez
que 9 propuestas (en mayor o menor medida privatizadoras) aguardan su
aprobación en el legislativo, como parte de las reformas estructurales
del estado neoliberal impuestas a partir de 1992 en la Constitución
Mexicana, a través de distintas reformas.
Trabajadores y
pueblo de México en defensa de la industria energética
nacionalizada.
11. Algunas
consecuencias
En el caso de la electricidad, Steve Thomas en
un estudio incluido en el libro de Beder, caracteriza el fracaso de la
privatización en el RU en términos del impacto social: "Aunque
los precios de la electricidad en Gran Bretaña han disminuido desde la
privatización, esta disminución ha sido solo una fracción
de la reducción real de los costos de producción y suministro
eléctrico. Los precios al menudeo para usuarios pequeños
[domésticos] siguen siendo altos, según los estándares
prevalecientes en Europa y EU [...] Muchos países que no han
liberalizado sus mercados eléctricos siguen ofreciendo electricidad
más barata. Los usuarios industriales y personas adineradas, que usan
más electricidad, se han beneficiado de las mayores caídas de
precios. Las personas pobres y los granjeros han padecido aumentos de precios,
ya que se han eliminado los subsidios cruzados que existían para
protegerlos."
Aunque poco se habló de la privatización
de los energéticos primarios y del agua, cuyos efectos son igualmente
graves y, combinados, ponen en riego a la humanidad misma. Analizar las
experiencias presentadas muestra la necesidad de elaborar estudios más
profundos, por región, país y sector. Los casos brevemente
comentados revelan tendencias que no siempre es posible generalizar, aunque
existen algunos impactos que presentan rasgos
comunes.
a) Altos costos y tarifas
diferenciadas (polarización social)
La
privatización tuvo como una de sus razones más poderosas la
promesa de reducir los precios finales; no se cumplió. Las rebajas,
cuando existieron, correspondieron a los sectores mayoristas, pero las tarifas
domésticas (residenciales, al menudeo) no se redujeron. En la
mayoría de los casos, las tarifas industriales siguen siendo más
bajas, o cuando menos se mantienen al nivel que tenían en el modelo
público.
Es creíble que existan precios distintos entre
países (Ver Tabla 1 al final); hoy sin embargo es posible encontrar
precios diferentes entre regiones y hasta ciudades de un mismo país
(incluso en una misma ciudad).
Adicionalmente, en aquellos países
donde el régimen tarifario (o de precios) incluía subsidios y/o
ayudas como parte de una política de redistribución de la riqueza,
estos se eliminaron o redujeron, haciendo aún más inequitativa la
estructura tarifaria. Más aún, dentro del propio sector
doméstico, se diferenciaron las tarifas según el consumo, lo que
se refleja en la calidad del servicio, estratificando aún más la
estructura social y
polarizándola.
b) Alta
Concentración (del monopolio público al
privado)
Se generaron nuevos monopolios (privados,
también verticales como los estatales-nacionales, tan combatidos por los
apologistas del libre mercado). La privatización benefició la
concentración a favor del capital extranjero, a veces en términos
de simple adquisición (Inversión Extranjera Directa), otras
mediante inversión en capital, pero en general, creando empresas que,
mediante fusiones o asociaciones fueron ganando terreno. Estos monopolios
representan un peligro en dos sentidos, por el poder de mercado que acumulan y
por el riesgo financiero que implican sus operaciones. En el sector
energético esto se complica por la parte de renta que
capitalizan.
Un fenómeno adicional es que en algunas partes, donde
se estableció la competencia, ésta derivó en la quiebra de
algunas empresas cuyos costos de generación resultaron más altos
que los precios al mayoreo establecido, que hubo necesidad de rescatar
(financieramente). Las más de las veces el rescate se decretó por
el gobierno, pagando generalmente más de lo que se había recibido
por su venta (un caso documentado es el RU
[59].
c) Inseguridad del
servicio
Con la entrada de generadores privados y la
habilitación de los sistemas de Tranmisión de electricidad para
operar bajo el modelo de mercado, la seguridad y continuidad del servicio se vio
comprometida. Apagones y en algunos casos desabasto y racionamiento han sido la
constante. Se trata de la falla estructural más grave de dicho modelo,
que con la tecnología disponible resulta imposible de resolver,
principalmente debido a la falta de inversiones para la reconfiguración
de las redes de transporte de energía.
Además, los
parámetros de operación del sector privado, sometidos al rentismo,
desprecian de la seguridad y continuidad en el servicio eléctrico. Los
grandes apagones de California, Nueva York-Sureste de Canadá y Buenos
Aires en América; los de Italia y Europa y hasta los registrados en
Australia, son la constante que demuestra que la continua operación de
las redes de transporte público en estado crítico, producto de un
uso intensivo agravado por las generadoras privadas, cobra un alto costo en
términos de la estabilidad de los sistemas
eléctricos.
d) Pérdida
de soberanía energética
Siendo un tema
específico de seguridad nacional para todos los países, tiene
implicaciones generales. Una de ellas es que al aumentar el número de
plantas generadoras a base de gas natural, aumentó la demanda de dicho
combustible, generando un verdadero tráfico internacional del mismo, ante
la rápida declinación de las reservas conocidas y la
presión de las transnacionales para apropiarse de los nuevos
yacimientos.
Otra cuestión es la proximidad del agotamiento de los
hidrocarburos, sin que a la fecha existan fuentes primarias alternas, que
impulsa a las potencias a apropiarse del recurso
estratégico
e)
Corrupción
La corrupción, con la entrada de las
empresas privadas, aumentó en proporción al gran poder de mercado
que acumularon. Un caso paradigmático es el de Enron, por su impacto en
situaciones y eventos insospechados hasta entonces ¾derivados de la alta concentración y el trato
"privilegiado" otorgado a dicha transnacional y traducido por ésta en
evasión fiscal, falsas contabilidades, etc.¾. La caída de Enron reveló por ejemplo
un efecto inesperado por la mayoría, como fue la pérdida de los
fondos de retiro de los trabajadores (incluso de trabajadores japoneses),
invertidos en dicha empresa.
Se trata de una falla inherente al modelo de
libre mercado. Enron y otras empresas privadas (del sector eléctrico y
del gas natural) que habían constituido todo un cártel, se
benefició de la crisis energética de California [60], mediante la
manipulación de su contabilidad, en confabulación con diversas
empresas contables y auditoras.
Enron no fue el primer ni el único
caso, otras empresas, en otros sectores, también adoptaron y adoptan
prácticas fraudulentas, sin embargo por su impacto en la sociedad y en la
economía, la batalla legal que siguió al caso Enron reveló
que al final el capital financiero tiene la protección del gobierno y de
la clase política. Luego de un largo proceso, que incluyó
audiencias públicas ante las cámaras, no hubo indemnización
para los afectados y, por el contrario, el gobierno del estado adquirió
una deuda enorme con los generadores privados. , que se limitó a efectuar
una reforma legal favorable a los grandes consorcios, que los deja a salvo de
todo control y supervisión
efectivos.
f) Pérdida y
precarización del empleo
Las políticas generales
de reducción del estado trajo aparejada la disminución y
precarización del empleo en sectores otrora estables (servicios
públicos), bajo la promesa de incrementar la eficacia e impulsar la
productividad de las empresas, cosa que cuando se logró, se hizo
abatiendo los costos de operación mediante la disminución de
puestos de trabajo en la industria.
En el caso de la energía
eléctrica se restructuraron y privatizaron las principales empresas
públicas, empleando factores de evaluación rentistas, con grave
reducción del empleo, hasta de un 50% según datos de la OIT [61].
Imponiendo además un cambio sustancial en las condiciones de trabajo y
las oportunidades de desarrollo de los trabajadores, al subcontratar funciones
estratégicas.
Además, al imponer factores de productividad
de empresa privada, generalmente se sacrifica el cumplimiento de las normas
básicas de seguridad y la calidad del
trabajo.
g) Expropiación del
saber obrero
Una cantidad imprecisa de trabajadores,
despedidos durante el proceso de privatización, fueron absorbidos luego
por el sector privado. Se trata de trabajadores desarrollados y especializados
en la empresa pública, altamente capaces, lanzados al desempleo al
desaparecer las funciones estratégicas que desempeñaban y que
ahora realizan para las empresas privadas.
Hay el caso de áreas
operativas completas desaparecidas, como las de construcción y
mantenimiento, bajo el argumento de tratarse de funciones "no sustantivas" en el
esquema de modernización. Estas mismas áreas aportan hoy la mayor
parte del empleo generado por las empresas privadas, nada más que en
condiciones precarias, por lo que generalmente utilizan personal poco preparado
y prácticas poco probadas.
h)
Expropiación de la renta energética
Un aspecto
que merecería mayor comentario es el financiero. Por ejemplo, los altos
precios (domésticos) de la electricidad no se reflejan en un incremento
en los ingresos fiscales, lo que indica que parte importante del PIB
energético se ha convertido en renta de las empresas privadas.
Con
esto, la liberación de recursos fiscales para desarrollar el sector
social, otra de las causales de privatización de los gobiernos
neoliberales, tampoco se cumple. Para atraer capital se entrega, por vía
de otorgar exenciones, buena parte de las aportaciones que correspondería
pagar a las empresas privadas.
Este efecto, aunado a otros, refuerza la
percepción generalizada de que la cura neoliberal se basa en el principio
de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Trabajadores,
campesinos, indígenas bolivianos en defensa de los recursos
naturales energéticos e hídricos
11.
Enseñanzas
La política neoliberal de privatizaciones
no significa aceptación acrítica de la sociedad. Al contrario,
cada día crece más el rechazo. En el sector energético se
impuso retomando oportunistamente los aspectos más burdos del viejo
liberalismo. Aunque no queda claro como empezó, sí esta registrado
quienes la impusieron al resto del mundo. Queda pendiente analizar en cada caso
los impactos específicos y buscar la forma de revertirlos, mediante
alternativas que permitan reintegrar la industria para hacerla compatible con la
esperanza de bienestar de los pueblos.
La privatización de los
recursos energéticos reduce el acceso a ellos. En el sector
eléctrico está visto que no solo no mejora la eficiencia sino que
deja tras de sí una estela de apagones y en general un peor servicio. En
el caso del petróleo la escasez es causa de apropiación violenta.
En cuanto al gas, se trata del mercado más volátil y especulativo.
El "éxito" neoliberal de las privatizaciones consiste en que las
transnacionales obtienen mayor rentabilidad, o se apropian de ella.
El
acceso a la energía es un Derecho Social. En el caso de la electricidad y
el agua, el acceso debe ser universal, suministrado mediante un Servicio
Público definido en términos de su proceso de trabajo, y cuyos
medios de producción y control deben ser colectivos. Las privatizaciones
deformaron el concepto, reduciéndolo. Hoy, algunos lo consideran un
derecho humano de interés público. Eso es incorrecto, bajo tal
definición la privatización sería procedente.
El
neoliberalismo no pasa de ser una ideología. La política
económica, al privilegiar al mercado, propició una sociedad que
hace del consumo el centro de su vida, el vínculo principal
del individuo con la sociedad, en un sistema en el que todo, absolutamente todo
¾el trabajo manual, el intelectual, la cultura e
incluso la naturaleza misma¾ está
sometido a las leyes del mercado. Bajo esa perspectiva, el futuro de la sociedad
queda determinado por los límites de su propio
desarrollo.
12.
Conclusiones
El pensamiento pesimista postmoderno reduce la
necesidad de pensar el futuro a una oscura percepción de enfoques
catastrofistas e irremediables (como el fin de la historia, de las clases
sociales, etc.). La conclusión parecería ser entonces que solo
desde lo empírico, desde lo caótico, desde lo heterogéneo
es posible observar y construir nuevas formas (abstractas) de
organización social.
No hay tal. América Latina (y el mundo
en general) vive una etapa de efervescencia social sin precedente, demostrando
que el absurdo e innecesario estado de cosas creado por el neoliberalismo debe
cambiar.
Desde la izquierda, el último cuarto de siglo anterior es
un período socialmente complejo, pero sobre todo paradójico en
cuanto al avance político de las masas. A decir de algunos, el Imperio
impuesto "mediante la colonización y la interconexión profunda de
más áreas de la existencia (el trabajo material e inmaterial, el
ocio o las relaciones personales), ha llegado a crear la posibilidad de un
modelo de democracia que no tiene precedentes" [62].
¿Es esto
posible? ¿En verdad ya no se puede hablar de "silenciosas masas oprimidas"?
¿Es cierto que se desarrolla "un nuevo sujeto que forma una multitud
espontánea y creativa capaz de forjar una alternativa democrática
al actual orden global"? [63]. A primera vista, la realidad lo desmiente. Las
protestas son múltiples a nivel mundial, con avances y retrocesos que no
son sin expresión viva de la Lucha de Clases.
La izquierda surgida
"a partir de Seattle", reunida básicamente en la lucha
ati-globalización, tiene aún importantes obstáculos por
remontar hacia la construcción de un bloque social que realmente permita
modificar el orden establecido, que solo sirve para crear pobres cada día
más pobres, mientras los ricos se reducen pero son cada vez más
ricos.
Un nuevo orden social es necesario y es posible. Ello obliga a
reflexionar sobre las dificultades objetivas y subjetivas para amalgamar todas
las luchas en un mismo programa de construcción del socialismo. Un
problema central es la falta de autocrítica, toda vez que el pensamiento
neoliberal ha enraizado incluso en sectores de la izquierda. Se impone
reivindicar los intereses inmediatos e históricos de nuestra clase y de
los pueblos.
En el caso de la energía y el Agua, el papel de las
transnacionales es determinante en el despojo a los pueblos de sus recursos
vitales. Para enfrentarlas, se requiere crear la organización
internacional del proletariado.
13.
Propuestas
Corresponde a los trabajadores y los pueblos analizar
su propia situación, sabiendo que los fenómenos obedecen a una
causalidad que pocas veces se puede generalizar. En esta realidad, proponemos la
movilización organizada, a través de las siguientes
acciones:
1- Organizar movimientos de protesta y rechazo a las
privatizaciones de la energía y el agua en todos y cada uno de los
países del mundo.
2- Realizar movilizaciones diversas que incluyan
marchas, mítines, paros y huelgas en defensa del patrimonio colectivo de
los trabajadores y los pueblos, organizando la huelga energética en
términos de la huelga general de todo el pueblo.
3- Integrar a los
diversos sectores sociales, sindicales, políticos y populares en un mismo
movimiento nacional unitario y democrático, estructurado territorialmente
en cada país.
4- Realizar campañas de difusión
masiva y denuncia, directamente, mediante eventos y publicaciones propias y/o a
través de los medios de comunicación.
5- Formular
propuestas alternas específicas sobre diversos aspectos legales, tarifas,
reservas, funcionamiento y operación de las industrias energética
e hídrica, incluyendo propuestas alternativas de legislación en
materia de energía y agua.
6- Incorporar a los contratos
colectivos de trabajo, el derecho de los trabajadores a participar en la
formulación, desarrollo, concreción y evaluación de los
planes, programas y proyectos de la industria energética, organizados en
Consejos obreros.
7- Luchar por la defensa del empleo, el salario, la
salud obrera y la seguridad social.
8- Organizar en el sindicato a todos
los trabajadores del sector independientemente de la empresa y el
carácter para la cual estén contratados.
9- Impulsar los
estudios e investigaciones sobre energía, agua, geopolítica y
proceso de de trabajo, a través de la Facultad de Energética,
Facultad del Agua, Instituto de Energía e Instituto del Agua, de la
Universidad Internacional de los Trabajadores, propuesta aprobada por el 15
Congreso Sindical Mundial (2005) cuyo proyecto está en
desarrollo.
10- Practicar la solidaridad internacional apoyando
mutuamente a todos los movimientos y luchas de los trabajadores de la
energía y sus respectivos pueblos.
¡La
resistencia obrera en Irak, y en el mundo, vencerá!13. Referencias y
notas[1] El marxismo es tanto una teoría como una
práctica política basada en la crítica de la
economía política realizada por Carlos Marx y Federico Engels,
para alcanzar una sociedad sin clases [Ver 3] y sin estado(es decir
comunista), basada en la propiedad colectiva de los medios de
producción, a través de la dictadura del proletariado (cuyo estado
de transición sería el socialismo). Por extensión,
cualquier práctica basada en la interpretación del los trabajos de
Marx y Engels es llamada marxista. En la práctica se dice que han
existido (y existen) partidos y hasta estados comunistas (marxistas), que luchan
por mejorar las condiciones materiales del pueblo trabajador y equilibrar las
relaciones sociales vigentes. No obstante, varían en el grado de
conciencia de estas relaciones, de las clases sociales y de la posición
de estas frente a tales relaciones, así como de los cambios operados en
estas. [2] Posmodernismo. Se refiere al movimiento que se
desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo pasado en el campo de
la cultura (filosofía y literatura) caracterizado por su oposición
al modernismo, aunque en este texto se involucra al postmaterialismo, corriente
del último cuarto de siglo que analiza las aspiraciones "materialistas"
de la sociedad (como la seguridad, económica y ciudadana). Ronald
Inglehart desarrolló una escala de "valores materialistas", que en el
orden económico se determina por el grado de control de la estabilidad
económica y de los precios así como por la tasa de crecimiento. En
el orden social se mide por la reducción de la delincuencia y el grado de
poder de coerción del Estado. Los "valores postmaterialistas" en cambio
determinarían el nivel (subjetivo) de participación en las
decisiones concernientes al trabajo y la comunidad (en política y
libertad de expresión), pero sobre todo a la percepción sobre el
mejoramiento del entorno físico y social (ciudades más bellas,
preservación de la naturaleza, un trato menos impersonal), hacia una
sociedad en que predominen las ideas sobre el dinero. [3] (A partir de
1), el concepto de lucha, establecido por Marx y Engels, entre dos clases:
burgueses ¾los capitalistas,
dueños de los medios de producción ¾, y proletarios ¾los trabajadores ¾. [4] Sustentada en el terreno
filosófico por humanistas como John Locke y David Hume; y en el
económico, por los economistas llamados "clásicos", Adam Smith y
David Ricardo. [5] Noción derivada de la doctrina alemana
(Rechtsstaat), donde la autoridad se reparte entre los diferentes órganos
autónomos de poder, cuyos responsables ¾temporales ¾, se
determinan mediante un procedimiento institucional establecido, y actúan
en base a normas jurídicas definidas, destinadas a hacer respetar,
promover y consagrar los derechos esenciales individuales y de todos los cuerpos
que constituyen a la sociedad. El término, tantas veces mencionado,
carece sin embargo de significación para el común de los
ciudadanos, para quien persiste la sensación de inseguridad e impotencia
ante leyes confusas, decisiones arbitrarias o frente a derechos establecidos
pocas veces respetados. [6] Término acuñado por el
economista francés de Gournay: "laissez-faire, laissez-passez", dejar
hacer (libertad de manufactura), dejar pasar (libertad aduanera); noción
central en el desarrollo del liberalismo. [7] Karl Marx y Friedrich
Engels, filósofos alemanes que en 1948 publicaron El Manifiesto
comunista, a petición de una organización obrera
revolucionaria. El Manifiesto recoge la experiencia utópica del pasado y
la transforma en un programa político para el futuro. [8] El
primero habría sido durante La Comuna de París, en
1871. [9] Ver Energía 71
Regeneración I, Surgimiento y evolución, 1900-1906 y Energía 73
Regeneración II, Manifiesto a la Nación, 1905.[10]
Corriente filosófica, pero también movimiento social, que se opone
y llama a la abolición de la autoridad o forma de control social por
considerarlas formas de opresión y explotación. [11] La
Primera (I) de 1914 a 1918 y la segunda (II), entre 1939 y 1945. [12]
Keynes, John M. Teoría general sobre el empleo, el interés y el
dinero. [13] Crisis económica mundial de la década de
1930, que afectó a los países industrializados así como a
los exportadores de materias primas. Comenzó en EU con el colapso del
capital financiero, pero se propagó rápidamente por efecto del
comercio mundial. En esa nación surge el New Deal (a propuesta del
presidente F. Roosevelt) en respuesta a la crisis, mediante el otorgamiento de
subsidios y otro tipo de ayudas, que los post-keynesianistas habrían de
incluir en el gasto público. Un segundo New Deal, aboliría
todos los programas sociales de Roosevelt. [14] De bienestar,
según otros autores, que mediante instituciones especializadas
garantizaba la seguridad social ¾cuando menos
derecho a la salud, vivienda y algunas firmas pensión como de
jubilación ¾, así como a la
educación y sobre todo, cierta seguridad y protección en el
trabajo. [15] Friedman, M. Hayek, F. Menger, C. [16] En 1971, EU
dió por cancelado unilateralmente el orden económico establecido
en Bretton Woods (Un sistema de reglas comerciales y financieras establecido por
las potencias industriales, casi al final de la II Guerra mundial que obligaba a
los países miembros a establecer el valor de su moneda dentro de un rango
de referencia al oro), cuando el entonces presidente de EU, Richard Nixon
canceló la convertibilidad directa del dólar. Luego Nixon
calentó la "guerra fría" al visitar China y al año
siguiente hundió a EU en una grave crisis política a raíz
del escándalo Watergate (1972). Para resolver su crisis, EU
presionó a los países productores de petróleo a bajar los
precios. En particular atizó el conflicto árabe-israelí en
Medio Oriente apoyando a Israel. A través de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo, OPEP (fundada en Bagdad, 1960 por
Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, para asumir el control de la
distribución de petróleo y anular el poder de mercado de los
países consumidores, a través de las 7 hermanas petroleras) los
países árabes respondieron decretando un embargo petrolero en
contra de EU, Europa y Japón, lo que provocó el alza e
inestabilidad de los precios. La economía mundial entró entonces
en un período de recesión, cuyos efectos provocaron la
caída de los precios nuevamente, resultado de la
recesión. [17] Las reglas eran: 1 Absoluta disciplina fiscal; 2.
Reorientación del gasto público (eliminación de subsidios a
cambio de mejores servicios); 3. Reforma Fiscal (ampliando la base de
contribuyentes para reducir su magnitud); 4. Liberalización de las tasas
de interés; 5. Tasas de cambio competitiva; 6. Liberalización
importaciones (eliminando restricciones cuantitativas y proteccionismo); 7.
Liberalización de la Inversión Extranjera Directa; 8.
Privatización de las empresas estatales; 9. Desregulación de
mercados o de competencia (límites a la injerencia del Estado en la
actividad económica); 10. Garantía legal al derecho de
propiedad. [18] La macroeconomía observa solo el comportamiento y
las tendencias generales de la economia en su conjunto a través de
políticas fiscales y moneraias. Casi siempre los parámetros
básicos; ingreso nacional, desempleo, inflación, inversión
y comercio internacional, son manejados tendenciosamente ya que la medida total
de la reproducción del capital, siempre es positiva. [19]
Weisbrot, Mark et al. El marcador del desarrollo: 25 años de progreso
disminuido. Center for Economic and Policy Research (CEPR). Washington, 2005.
[Disponible en
http://www.cepr.net/documents/publications/development_2005_09_espanol.pdf] [20]
Incluso las del siglo XX, según García, M y Ronquillo, G.
Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica. Plaza y
Valdés – IMP. México. 2005. [21] Almeyra, G. La
protesta Social en la Argentina (1990-2004). Ediciones Continente, Argentina.
2004. [22] «La crisis mexicana ha sido resuelta porque se ha
convertido en un problema manejable (...) reducir en diez puntos reales los
salarios de sus gentes... permitir tal sufrimiento humano... permitir que
aproximadamente un millón de personas pierdan sus empleos... no...
definitivamente... sólo México» Michel Camdessus , director
gerente del FMI, 22 de mayo de 1995. [23] Beder, Sharon.
Energía y Poder. La lucha por el control de la electricidad en el
mundo. Fondo de Cultura Económica, México, 2005. p
378. [24] Íbid, p. 378. [25] Hannah, Leslie. Electricity
before Nationalization, citado por Beder, Nota 3. [26] Íbid,
citado por Beder, Nota 14. [27] Jackson, Peter & Price, Catherine.
Privatisation and Regulation, citado por Beder, Nota 25. [28]
Diversos estudios demostraban que hubiese sido más económico
rehabilitar dichas plantas (Ver por ejemplo Evans, M.J. Partrick, M.A.,
Power-station refurbishment within the CEGB, Power Engineering Journal
Vol. 3, No. 4, Jul 1989). [29] Thomas, Steve. The Privatisation of the
Electricity Supply Industry, John Surrey (ed.). 1996. [30] El cliente
más importante de NCB era la CEGB, que consumía el 70% de toda la
producción. En marzo de 1984 la NCB anunció su intención de
cerrar una mina de carbón (Cortonwood, en Brampton, Yorkshire), ello
desencadenó un movimiento casi espontáneo de los trabajadores que,
mal preparado, fue derrotado. [31] Beder, p.417. [32] Office of
Electricity Regulation, Pool Price, a Consultation by Offer. February,
1999. [33] Digest of UK Energy Statistics 2005
[www.aepuk.com] [34] Datos de la Energy Networks Association
[www.energynetworks.org] [35] Datos de la Energy Retail Association
[www.energy-retail.org.uk] [36] Beder, p. 449. [37] Citando a
Harvey Easserman (The Last Energy War, Seven Stories Press, 199). [38]
Beder p. 55. [39] Creada en 1933 para controlar la navegación, las
inundaciones, generar electricidad y otras funciones destinadas a favorecer el
desarrollo en la cuenca del Tennessee (que además de ese estado abarca
parte de Alabama, Kentucky, Georgia, Carolina del Norte y Virginia). [40]
En 1997 la Comunidad Europea acordó, con carácter de obligatoria,
una directiva que obliga a todos sus miembros a aceptar normas comunes para la
Generación, Transmisión y Distribución de electricidad. El
objetivo final es tener un mercado eléctrico común, europeo, que
se desarrollaría también de acuerdo a un solo programa. La
comunidad estableció también plazos de cumplimiento a la
norma. [41] Por ejemplo Gazprom, la mayor gasera del mundo, se mantiene
íntegra y es controlada principalmente por Rusia. Algo similar ocurre con
la petrolera Lukoil. [42] Entre ellas, una guerra contra Irán, de
1980 a 1988. [43] En energía 72. [44] Milton
Friedman, economista neoliberal ortodoxo, se le concedió el nóbel
de economía en 1976, a pesar que en aquella época ya causaban
estupor las teorías sobre los límites del desarrollo humano en
cuanto a la contradicción entre el rápido crecimiento de la
población, la disponibilidad finita de recursos y las políticas
económicas. Estudios como La Reforma de Orden Internacional (“The
Reform of International Order”, 1976), realizado por otro nóbel
(Tinbergen, 1969) y un grupo mundial de investigadores de renombre, y el informe
Leontieff sobre "El futuro de la economía mundial" (Future of the world
economy, 1977), ambos encargados por instituciones del sistema (el primero fue
auspiciado por el Club de Roma, y el segundo por la ONU). En aquel moemnto era
demostrable que la crisis económica no se debía exclusivamente a
la escasez de recursos naturales ni a la falta de conocimientos
científicos y tecnológicos, sino que eran fundamentalmente obra
humana; anticipando que, sin cambios profundos en las relaciones
internacionales, hacia el fin del siglo (pasado) se profundizaría la
brecha de bienestar entre los países avanzados y las periferias del
planeta. [45] Los ingresos per cápita para la región
crecieron en más de 80 por ciento durante el período 1960-1979,
pero solamente en cerca de un 11 por ciento durante 1980-2000 y 3 por ciento
durante 2000-2005. [Íbid nota 4, p. 10]. [46] La primera
generación de trabajadores chilenos, jubilados bajo el régimen
pinochetista de pensiones, pudieron comprobar en carne propia que reciben mucho
menos que los que decidieron acogerse al viejo esquema. Ver nota del
corresponsal del The New York Times en sudamérica, Larry Rohter: Los
jubilados chilenos encuentran un recorte en el plan privado
(27.07.05). [47] Chong, A y López-de-Silanes, F. La
privatización en América Latina Mitos y realidad. Banco
Interamericano de Desarrollo. 2005. p. 79. [48] Reporte del Ministerio de
Economía 2000. [49] Íbid 15, p. 126. [50] Segba,
Memoria de las privatizaciones. Ministerio de Economía y
Producción. Disponible en
http://mepriv.mecon.gov.ar/segba/Index.htm [51] Desde 1857 y hasta 1930
ingresaron al país más 6 millones de trabajadores, casi todos
procedentes de Europa, que llevaban consigo las ideas obreras del viejo
continente. [52] De las decenas de miles de “desaparecidos”
por la dictadura militar (1976 - 1983), muchos fueron trabajadores, dirigentes y
activistas sindicales. [53] Durante el Cordobazo (1969),
insurrección popular encabezada por el sector obrero en la Provincia de
Córdoba, pero que se repitió en Rosario, Tucuman, Mendoza y otras
partes. [54] Fernando de la Rúa (electo en 1999 por la Alianza)
enfrentó el 19 y 20 de diciembre de 2001 una grave revuelta popular
causada por la política económica impulsada por el Fondo Monetario
Internacional, cuyos estragos eran evidentes: reducción de salarios,
aumento de impuestos, desempleo. Encima se impuso el Corralito (el
congelamiento de cuentas bancarias) que insertó de golpe a las clases
medias en las protestas ( el cacerolazo). El gobierno respondió con
el estado de queda. Ante la rebelión popular se reprimió, causando
más de 30 muertos. La crisis se acentuó. 4 presidentes fueron
cambiados en dos semanas, hasta que se eligió un interino (Eduardo
Duhalde). !Que se vayan todos! ¾era la consigna
de aquellos días, !Que no quede uno solo! La rebelión fue
cúspide del movimiento anticapitalista. Del campo socialista provinieron
las iniciativas de organizar el poder popular, surgieron las Asambleas y el
"rescate" de las fábricas cerradas por la burguesía. Mientras, el
gobierno incurrió en el impago de la deuda externa, provocando
negociaciones de emergencia. ¿Buscaba el cacerolazo la abolición de
la clase política? Al menos sin dirección política es
evidente que No podía hacerlo; ante la falta de alternativas expresadas
en un programa único, los políticos realizaron nuevas elecciones
(2003), a las cuales se presentó buen parte de las masas que,
voluntarista pero fragmentariamente, habían participado en la revuelta.
Menem ganó la primera vuelta, retirándose de la segunda en favor
de Néstor Kirchner. [55] Chong, A. La privatización en
América Latina. Mitos y Realidades. Banco Mundial y Alfaomega. Inter
American Development Bank. Colombia, 2005. [56] Vidal, G.
Privatizaciones, fusiones y Adquisiciones. Las grandes empresas en
América Latina. UNAM-IIEc y UAM, 2001. [57] "Nuestros negociadores
actúan con seriedad, responsabilidad y profundo patriotismo. Saben que
los acuerdos que se tomen influirán por muchos años en el
desenvolvimiento económico del país. (...) En virtud de que se
trata de una negociación para obtener acceso a otros mercados, tendremos
que facilitar el acceso al nuestro. Pero como lo he reiterado en diversas
ocasiones, en el caso del petróleo y de la electricidad no propondremos
modificaciones a la disposición constitucional que reserva al Estado
mexicano la propiedad y el control sobre nuestros energéticos." Carlos
Salinas de Gortari, III Informe de Gobierno, 1991. [58]
Aprovechándose de su debilidad política e ideológica, el
ala burguesa la enfrentó a los campesinos. [59]
Beder, p. 451.[60] Caracterizada por una cadena de precios
extremadamente altos y constantes apagones, que duró de marzo de 2000 a
septiembre de 2001. California "desreguló" su mercado en 1996, y el
mercado mayorista había comenzado a operar apenas en 1998 cuando, en 2000
comenzó la escalada de precios y para junio de ese año, en plena
onda cálida, se presentó el primer apagón dejó sin
energía a cerca de 100 mil usuarios en la ciudad de San Francisco. De
inmediato se detectó manipulación del mercado que obligó al
gobierno del estado a decretar el estado de emergencia (obligando a los
generadores a mantener funcionando sus plantas generadoras). [61]
Organización Internacional del Trabajo. Gestión de la
Privatización y restructuración de los servicios públicos
(agua, gas y electricidad). OIT. Ginebra, 1999. [62] Hardt, M. y
Negri, A. "Multitud. Guerra y Democracia en la era del Imperio". Ed. Debate.
España, 2004. [63]
Íbid. Otras Fuentes:
La privatización en América Latina (Inter American
Development Bank) http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=906696
Organización Latinoamericana de Energía, OLADE.
Seminario Internacional, Impactos de la privatización
eléctrica a nivel mundial. Estado desarrollo y soberanía.
Thomas S., Electricity liberalisation: The beginning of the end. World
Energy Council Congress, 2004.
Informe La gestión de la privatización y
reestructuración de los servicios públicos (agua, gas,
electricidad). Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra. 1999
Observatorio
Social de América Latina. Informes y Seguimiento de
conflictos.
Periódicos en
Internet:
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www.prensalibre.co.cr
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www.emol.com
Argentina
www.clarin.com
India
www.cybernoon.com
www.asianage.com
www.businessstandard.comOtras
referencias
U.S. Department of Energy Energy Information Agency
http://www.eia.doe.gov
North American Energy Working
Group
http://www.pi.energy.gov/naewg.html
National Energy Board
(Canadá)
http://www.neb.gc.ca/clf-nsi/rcmmn/hm-eng.html
Secretariado
del TLCAN
http://www.nafta-sec-alena.org
Seguridad y Prosperidad de
América del Norte http://www.spp.gov
American Petroleum
Institute
http://api-ec.api.org/
Norwegian Petroleum
Directorate
http://www.npd.no/English/Frontpage.htm
Wikipedia,
enciclopedia libre en
Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
1
Francisco Javier Sainz, ingeniero en comunicaciones de Luz y Fuerza del
Centro.
2
Aarón Hernández Jarillo, arqueólogo, trabajador petrolero
de Petróleos
Mexicanos.
3
Jorge López Islas, trabajador electricista de Luz y Fuerza del
Centro.
Los trabajadores
de la energía de México en lucha por la energía y el
agua,
derechos sociales de
los pueblos del mundo
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