Morelos: ¡abajo fraccionamientos,
arriba pueblos!
Por Luis Hernández Navarro
Durante la Revolución Mexicana los zapatistas enarbolaron la consigna "¡Abajo haciendas, arriba pueblos!" Hoy,
los pueblos del surponiente del estado de Morelos han cambiado el lema
histórico por el de "¡Abajo fraccionamientos, arriba pueblos!"
Un grave conflicto afecta a 12 pueblos del sur del
estado con los modernos fraccionadores que impulsan desarrollos urbanos en los
municipios de Emiliano Zapata, Zacatepec, Puente de Ixtla y Tlaltizapán.
Los pobladores exigen la cancelación del permiso para edificar más
de 15 mil viviendas en el área.
Los conjuntos inmobiliarios, como el de la unidad La
Ciénega, en el municipio Emiliano Zapata, impulsado por la Promotora
Tepetzingo, amenazan con agotar el agua de los tres manantiales (Chihuahuita, El
Salto y El Zapote) que abastecen a los pueblos de la región. El
acuífero que alimenta estos manantiales está siendo explotado por
urbanizaciones sin control.
La Cementera Moctezuma, por ejemplo, tiene tres pozos
perforados y algunas unidades habitacionales han ido cavando otros. Existe el
peligro de que muy pronto estos manantiales se sequen y se deje a 70 mil
campesinos y pobladores rurales sin el líquido vital.
El municipio, ubicado a unos kilómetros de
Morelos, no cuenta con escuelas suficientes ni vialidades adecuadas ni
infraestructura urbana para su conversión en "ciudad dormitorio". La
localidad, de origen indígena, está asolada por el analfabetismo y
la extrema pobreza.
Las preautorizaciones para la construcción de
los nuevos fraccionamientos fueron concedidas por el anterior alcalde panista,
Fernando Aguilar Palma, a pesar de que los proyectos no contaban con los
permisos requeridos ni con las manifestaciones de impacto ambiental ni con el
alineamiento que exige la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los
habitantes han denunciado la enorme corrupción que hubo por parte del
edil en la cesión de estas autorizaciones. Han presentado demandas ante
el Ministerio Público, la Profepa y la Auditoría Superior
Gubernamental, pero no han tenido respuesta. El nuevo presidente municipal, el
priísta Fernando Aguilar Palma, no se ha diferenciado en lo más
mínimo de su antecesor.
Amenazados con quedarse sin el líquido vital,
estos pueblos han realizado numerosas gestiones y protestas para impedir que la
mancha urbana avance sobre su territorio. Desde 2005 han efectuado todo tipo de
trámites sin éxito. La Comisión Nacional del Agua
negó que hubiera pozos perforados o que hubiera problemas.
Cansados de no tener respuesta, los pueblos
realizaron el 24 de julio de 2006 una manifestación en Emiliano Zapata y
tomaron la alcaldía. En las negociaciones con el gobierno del
estado llegaron al acuerdo de detener la construcción de casas por la
gran cantidad de irregularidades de la inmobiliaria. La suspensión
duró apenas tres meses. Durante ese lapso los constructores hicieron los
trámites para "regularizarse" y siguieron adelante con su
negocio.
En abril de 2007 los pueblos tomaron una vez
más la presidencia municipal, ahora en manos del PRI. El nuevo alcalde,
dicen los pobladores, no atiende las preocupaciones de la gente, omite atender,
además, el problema fundamental de la región: la existencia de los
manantiales y el riesgo en el que se encuentran. Nuevamente llegan al acuerdo de
cancelar la obra porque los fraccionadores adeudaban pagos. Sin embargo, la
suspensión sólo dura un mes.
El 29 de mayo los pueblos van al Congreso del estado
y logran que el asunto se discuta en sesión. Los legisladores nombran una
comisión para atender el problema, que visita al día siguiente las
comunidades y les da razón. Sin embargo, las obras siguen.
Dos días más tarde, los pueblos se
reúnen en asamblea y acuerdan la toma de la carretera para el 4 de
junio. Pero las comunidades circunvecinas a Xoxocotla se adelantan y cierran la
carretera desde el sábado 2.
Como el conflicto sigue y los medios de
comunicación lo ignoran hacen una nueva protesta en la Autopista del Sol.
El lunes 4, entre 3 mil y 4 mil personas marchan por el asfalto. La
policía las recibe en la caseta de Alpuyeca dándole un culatazo en
la cabeza a una mujer de 78 años de edad. Ya en el piso la gasean. Los
manifestantes responden y forcejean con la policía. La fuerza
pública les dispara con armas de fuego, además de lanzar gases
lacrimógenos y balas de goma. Los campesinos y trabajadores se defienden
con piedras. Los gendarmes retroceden. Pero la gente está indignada y
quema la caseta de cobro y dos patrullas, aunque no los persiguen. Detrás
de ellos había muchos más policías esperándolos para
una represión en gran escala. Los manifestantes se repliegan y toman
otras carreteras de menor importancia que forman el área de los pueblos
afectados. Montan guardias permanentes. Se hacen del control de su
territorio.
En venganza, la policía aprehende a 18 vecinos
del lugar, que no participan en el movimiento. Entra a sus casas sin
órdenes de cateo ni de aprehensión y los toma presos. Permanecen
detenidas 12, prácticamente como rehenes. La Comisión Estatal de
Derechos Humanos presentó una queja.
Otros municipios vecinos, que no están
directamente afectados, apoyan la lucha. Es la red de pueblos que ha estado
peleando en contra del basurero de Alpuyeca. El año pasado tomaron
en dos ocasiones la vieja carretera México-Cuernavaca y otras
aledañas generando la crisis de la basura.
Con las carreteras cerradas, sin disposición
del gobierno a negociar el problema, con el gobernador decidido a criminalizar
la protesta social y con pueblos tan enojados, el conflicto puede terminar mal,
muy mal. Todo por defender los negocios de unos cuantos en contra de los bienes
de los muchos.
Fuente: La Jornada, Martes 12 de junio de 2007.
