Otra violación foxista a la Constitución y leyes sobre hidrocarburos.

Inversión privada en la industria eléctrica, también en materia de gas natural y de gas LP, la Constitución no importa.

En diversos foros empresariales extranjeros, el gobierno foxista ha venido promoviendo la entrega de los recursos energéticos nacionales. En Washington, el Secretario de Hacienda dijo "Creo que hay mucha más simpatía de lo que la gente entiende para una reforma constitucional en el Congreso que permita la exploración, extracción y distribución de gas seco". Pero como él mismo aclaró no se trata de una iniciativa que Fox desee enviar al Congreso. ¿Para qué? Al gobierno federal no le interesa respetar las leyes así sea la Constitución, les basta tomar simples medidas administrativas.

A fines de junio pasado, la administración empresarial de Pemex anunció la inversión privada para la producción de petróleo crudo y gas natural. Por supuesto, con las mismas mentiras que caracterizan al gobierno patronal dijo que "no se trata de privatizar a la empresa". Las inversiones privadas que se anunciaron se orientarán a incrementar las reservas de crudo.

En la presentación del Plan para la reforma estructural de la industria petrolera, ante empresarios e inversionistas extranjeros, el director de la paraestatal señaló su "preocupación" por el declive de varios campos petroleros. Consecuentemente, su conclusión es favorecer la apertura privada en las labores de exploración para así elevar las reservas de crudo y gas. Esto es justamente lo que firmaron los charros del STPRM en las modificaciones a la cláusula 34 del CCT durante la reciente revisión contractual: la exploración y la perforación de pozos, al igual que la distribución y otras actividades "podrán realizarse bajo contrato libre".

En cuanto al gas LP, de acuerdo a los planes empresariales de Pemex, se trata de asociarse con empresas norteamericanas como Coral, Tennesse, Kimber Morgan para que le vendan gas licuado a México. Esto significa que Pemex se retirará del transporte de combustible, exactamente como lo firmaron los charros, para ceder ese espacio al contratismo extranjero. Desde el 1 de agosto de 2001, la Exxon y la Amoco podrán encargarse de estas actividades reservadas constitucionalmente a Pemex. Entretanto, la Shell y El Paso Global anunciaron la construcción en Altamira de una terminal de regasificación de gas licuado. El propósito es abastecer a Pemex y a las plantas de generación eléctrica que se construyen en el norte del país por inversionistas privados. Falta únicamente que los ductos de Pemex también se les entreguen a las Siete Grandes empresas petroleras imperialistas, mismas que fueron expulsadas por el pueblo de México y ahora enuncian su regreso triunfal en un plan de Expropiación Petrolera Extranjera.

El Secretario de Energía del gobierno foxista ha dicho que lo anterior es congruente con la política energética nacional. Por supuesto miente, eso nada tiene que ver con ninguna política nacional, se trata de una política unilateral basada en las disposiciones norteamericanas que el gobierno foxista acríticamente hace suyas.

La apertura a la inversión privada en materia de gas natural y petróleo crudo son medidas anticonstitucionales. El párrafo 6º. del artículo 27 constitucional indica claramente que el dominio sobre los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos corresponde a la Nación y, que en esa materia, no se otorgarán concesiones ni contratos. Lo anterior se reitera en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y demás ordenamientos legales.

Los empresarios del gobierno quisieran que hubiera reformas regresivas en materia de hidrocarburos. Como no tienen consenso han procedido a la imposición. Por la vía de los hechos están llevando a cabo la privatización de Pemex. Al igual que en materia de electricidad, mediante un decreto presidencial, se pretende otorgar a los inversionistas privados la facultad para comercializar la energía eléctrica que generen, en el caso de la industria petrolera se está entregando la industria a los inversionistas privados también con simples acuerdos administrativos del Fox. Es el caso de la apertura en materia de gas seco en la Cuenca de Burgos y otras regiones.

Tales acciones gubernamentales son contrarias a la ley. Los Diputados y Senadores debieran amplia la controversia constitucional, no únicamente porque se les está ignorando en tan importantes decisiones sino porque están en marchan, a plena luz del día, sendos procesos privatizadores en las industria s eléctrica y petrolera. Los trabajadores de la energía de México estamos en completo desacuerdo con las acciones del gobierno foxista y más que nunca exigimos: ¡Democracia Sindical! ¡Fuera el Charrismo del STPRM y del SUTERM! y, al mismo tiempo, reiteramos que nuestra lucha es en defensa de la industria energética nacionalizada y por una ¡Política Energética Independiente!