Sectores estratégicos pasan al control del Estado
Inicia nacionalización eléctrica en Venezuela
µ Petróleos de Venezuela, S.A. adquiere a Electricidad de Caracas.
µ Se anuncia la creación de una Corporación Eléctrica estatal.
µ Los electricistas venezolanos plantean formar un sindicato nacional.
“Nacionalización” de empresas eléctricas privadas
El 1 de febrero pasado, al
anunciar un conjunto de medidas, el presidente Hugo Chávez dijo que
“una de las prioridades es la nacionalización del sector
eléctrico” y agregó que “fue un error garrafal haber
privatizado” estas empresas. Precisó que la medida involucra a la
empresa Electricidad de Caracas (EDC) y sus filiales en cuatro estados (Yaracuy,
Vargas, Miranda y Falcón). “Todo eso va a ser nacionalizado”,
expresó. Además serán nacionalizadas las
compañías privadas de electricidad: Seneca de Nueva Esparta,
Elebol en Ciudad Bolívar (oriente), Eleval en Valencia, Calife en Puerto
Cabello, Turboven en Maracay (centro).
“La medida de
nacionalización requiere la promulgación de una ley
específica y la modificación de la ley orgánica del sector
eléctrico vigente”, señaló Chávez, quien tiene
plenos poderes del Congreso para legislar por decreto (AFX/España, en
www.eleconomista.es).
Las medidas anunciadas por el presidente Hugo
Chávez tienen alto interés para los trabajadores y pueblo
venezolano, representan un gran avance del proceso bolivariano y tendrán
repercusiones en todo el continente. La nacionalización de la industria
eléctrica implica el rescate del patrimonio nacional, la
recuperación de la propiedad social y el ejercicio de la soberanía
de la nación venezolana.
Se ha iniciado el proceso de
nacionalización que los trabajadores mexicanos saludamos con entusiasmo.
Pronto se acordarán las disposiciones legales respectivas. Pero, la
nacionalización no se reduce a un acto administrativo. La
nacionalización implica un acto político. En ese proceso,
serán fundamentales las conclusiones a que lleguen los trabajadores del
sector.
En nuestra tesis que el proceso de nacionalización
implica: 1- la propiedad de la nación sobre los recursos naturales e
infraestructura industrial energética, 2- una política
energética independiente para el desarrollo social democrático y,
3- la integración del proceso de trabajo energético, bajo el
control obrero de la producción.
El proceso de
nacionalización eléctrica requerirá la intervención
organizada de los trabajadores y su unidad en un solo sindicato nacional de
industria. También, será importante la participación social
para vigilar el correcto funcionamiento del patrimonio colectivo.
El gobierno venezolano firma acuerdo con AES Corporation
De acuerdo al anunció previo
del presidente Hugo Chávez, el 8 de febrero de 2007 se firmó un
acuerdo entre el gobierno venezolano y la transnacional norteamericana AES
Corporation, accionista mayoritaria de la empresa eléctrica Electricidad
de Caracas.
La corporación estadounidense era dueña del
82% de las acciones de la empresa venezolana valoradas en 739 millones de
dólares. Rafael Ramírez, ministro de energía,
declaró que el acuerdo (la valoración del 100% de las acciones) de
900 millones de dólares era “extraordinario” para ambas
partes. El representante de AES declaró que ''de todos los negocios que
hemos realizado en 62 países éste resulta ser de los más
provechosos''. EDC había sido adquirida por AES, en 2000, en 1,600
millones de dólares.
Tras la firma, EDC pasará a manos de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El ministro Ramírez
abundó que los capitales privados venezolanos que tienen 13 por ciento de
las acciones de EDC están en libertad de vender o no sus
títulos.
En Arlintong, Virginia, la AES informó
(www.aes.com) que se había firmado un memorando de entendimiento para la
compra de EDC por un valor de US$739,260,000 a ser pagado durante 2007. El
memorando tendrá efecto a partir del 31 de marzo. AES reiteró que
había comprado a EDC, la mayor empresa eléctrica privada, en 2000,
y que, EDC suministra energía a 1 millón de usuarios en el
área metropolitana de Caracas y opera cinco plantas propias de
generación con una capacidad total de 2,616 MW de capacidad de
generación que representa el 14% de la electricidad consumida en
Venezuela.
AES es una de las empresas de energía más
grandes del mundo con operaciones en 26 países (www.bnamericas.com). La
capacidad de las instalaciones de generación y transmisión de AES
tienen capacidad para atender a 100 millones de personas en el mundo. Sus 121
centrales generan 44,000 mil MW. Para AES laboran 33 mil trabajadores.
AES desarrolla, posee y opera centrales generadoras de electricidad que
venden energía principalmente a empresas de servicios públicos.
Tiene inversiones en todo el continente, en manos de sus grupos operacionales
AES Americas, AES Aurora y AES Americas South. En México, AES participa
activamente del proceso de privatización eléctrica furtiva, con
una capacidad instalada de 900 MW, siendo su principal central Mérida III
(450 MW) en Yucatán.
El sector eléctrico de Venezuela
EDC posee siete plantas de
generación con una capacidad instalada de 2.216 MW, de los cuales 1.866
MW corresponden a energía a vapor y 450 MW, a gas (www.bnamericas.com).
Junto con sus filiales, distribuye electricidad a un 26% de la población
nacional en su área de concesión de Caracas. Cuenta con
aproximadamente 1 millón de clientes y, de éstos, un 84%
corresponde a clientes residenciales; un 1%, a industriales; un 14%, a
generales; y un 1%, al gobierno y el alumbrado público.
La
Electricidad de Caracas (CEDC) concentra sus actividades en energía
eléctrica (generación, transmisión y distribución),
telecomunicaciones, agua y gas en la región andina de
Centroamérica. La división de telecomunicaciones móviles de
la compañía opera en Caracas y en sus alrededores con el nombre
Comunicaciones Móviles EDC (Commóvil).
Distribuidora
eléctrica venezolana con sede en la zona industrial La Quizanda de
Valencia tiene una capacidad total instalada a gas de 213 MW. La empresa
distribuye electricidad a través de 13 subestaciones por líneas de
transmisión de 800, 400 y 230 KV, entregando servicio en Valencia,
Guacara, Los Guayos, San Diego y Naguanagua.
Está, también,
el Sistema eléctrico del estado de Nueva Esparta, C.A. (Seneca). El 13 de
febrero, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA firmó un memorando de
entendimiento para adquirir por 105,5 millones de dólares la empresa de
energía eléctrica Seneca, que opera con una fuerza de trabajo de
315 trabajadores en la turística isla Margarita, propiedad de la
estadounidense CMS Energy Corporation. (eleconomista.es). La empresa
servía a 120.000 clientes en la isla localizada en el estado insular
venezolano de Nueva Esparta, y afirma que realizó desde 1999 inversiones
por 180 millones de dólares.
¿Nacionalización o Estatización?
La BBC de Londres (www.bbc.com.uk)
comentó, a través de sus analistas, que "existe una distancia
entre la retórica muy radical del gobierno de Venezuela y las acciones
concretas, en el sentido de que las nacionalizaciones se han hecho con una
compensación que al final las empresas lograron adecuar".
En
efecto, las medidas tomadas por el gobierno venezolano para la
nacionalización eléctrica adoptan la forma de una compra de las
acciones privadas. Ese procedimiento legal fue adoptado por el gobierno para
recuperar el control estatal. El gobierno de Chávez no optó por la
expropiación.
Pero, comprar las acciones privadas no es un hecho
incorrecto, es solamente la forma que adopta la nacionalización. Por
supuesto, la nacionalización es un proceso que no se reduce ni a la
compra de acciones ni a las solas medidas administrativas. Falta que la
decisión venezolana se eleve a la categoría de ley, la
máxima ley de la nación y, la nacionalización deberá
expresarse como el derecho de la nación sobre la propiedad de la
industria eléctrica, pues la nacionalización implica el derecho de
la nación, no del Estado ni del gobierno, sobre su patrimonio
colectivo.
La nacionalización no sería tal si el derecho de
propiedad se deja al Estado. En este caso, sería una estatización.
Nacionalización y Estatización no son lo mismo. En ambos casos,
debe existir el control del Estado pero la propiedad no es del
Estado.
Los críticos han expresado que, al comprar las acciones
privadas, "Esto permite pensar en que el gobierno venezolano no está
interesado en romper completamente sus relaciones con el capital privado, con el
sistema internacional, es decir, busca mantener ciertas reglas de juego
mínimo que le permitan seguir en un rumbo de reformas progresivas".
Evidentemente, el gobierno venezolano no desea conflictos innecesarios, lo
importante es el rescate para la nación de los sectores
estratégicos y allí reside el valor más importante del
proceso nacionalizador de Venezuela.
El Estado, que generaba más
de 80 por ciento de la electricidad del país, la mayor parte en el
gigantesco complejo hidroeléctrico de Guri, en el sudeste,
colocará todo el sector en manos de la Corporación
Eléctrica de Venezuela a crear, anunció Chávez
(www.ipsnoticias.net).
Se ha informado que la medida
involucra a la Electricidad de Caracas y sus filiales: la Compañía
Anónima Electricidad de Yaracuy (Caley), la Compañía
Anónima Luz Eléctrica de Venezuela (Calev) y Electricidad de
Guarenas-Guatire (Elegua), entre otras. También están incluidas el
Servicio Eléctrico del Estado Nueva Esparta (Seneca), Electricidad del
Estado Bolivar (Elebol), Electricidad de Valencia (Eleval) y la
Compañía Anónima Luz y Fuerza Eléctrica (Calife) en
Puerto Cabello.
La medida de
nacionalización requiere, además de la promulgación de la
Ley de Nacionalización del Sector Eléctrico, la
modificación de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico
vigente, que requerirá ser enviada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
para su revisión y posterior aprobación, informó la Agencia
Bolivariana de Noticias (www.abn.info.ve).
Corporación Eléctrica de Venezuela
En el programa
de radio y televisión “Aló Presidente”, Hugo
Chávez dijo: “Anuncio la creación de la
Corporación Eléctrica de Venezuela (...) quiero que me presenten
un proyecto de la Corporación (...) pronto quiero tomar formalmente la
decisión” (en www.noticias24.com).
El Ministerio del
poder popular para la energía y el petróleo, de Venezuela,
ratificó lo anterior. En entrevista con Rafael Ramírez, ministro
de energía y petróleo, expresó respecto a la
Creación de la Corporación Eléctrica de Venezuela que
“el proceso va bastante adelantado y el nuevo ente reordenará el
sistema eléctrico del país. Esto permitirá mayor capacidad
de integración entre los organismos e instituciones que se encargan de
prestar el servicio eléctrico en el país, además de
permitir la unificación de las obras de ingeniería destinadas a
mejorar el servicio eléctrico público e industrial”
(www.menpet.gob.ve).
La medida anunciada es correcta. Una vez rescatada
la propiedad social de la industria eléctrica, procede la
reorganización industrial que implica la reorganización del
proceso de trabajo eléctrico en todo el país. TODAS las fases del
proceso de trabajo eléctrico son estratégicas y deben
realizarse de manera exclusiva por el Estado, a través de un organismo
único en todo el país.
Tal vez la denominación de
Corporación no sea la más adecuada, ese concepto es patronal;
mejor sería denominarla Energía de Venezuela (EDV). Lo más
importante, sin embargo, será la Política Eléctrica
Nacional a seguir. Por ahora, parece que la dinámica industrial se
enmarca en la lógica capitalista. Será interesante la
definición de propuestas alternativas que conduzcan, más adelante,
a la construcción del socialismo, como lo ha propuesto
Chávez. Eso, será, evidentemente un proceso por venir.
Sindicato Nacional de la Industria Eléctrica
Las organizaciones sindicales del
sector se han expresado favorablemente al proceso de nacionalización
eléctrica. Juan Alexis Rivero, secretario general de la Federación
de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela,
señaló que motivados por el decreto presidencial,
propondrán la conformación de un Sindicato Nacional de la
Industria Eléctrica y apoyan la posibilidad de crear la
Corporación, que unificará al sector (www.elinformador.com.ve).
Zaida Gil, secretaria general del Sindicato de la Compañía
Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe),
región 7 zona Mérida, expresó que el sindicato acepta con
júbilo la nacionalización de las empresas de electricidad, porque
les preocupaba que compañías del sector en Valencia y Caracas
estuvieran en manos de personas ajenas al Gobierno central.
Angel Navas,
presidente de la Federación Venezolana de Electricidad,
señaló que espera que con la creación de la
corporación, propuesta por el presidente Hugo Chávez, se inviertan
nuevos equipos para mejorar las compañías de electricidad, en
especial Cadafe, que presta un servicio deficiente.
Los compañeros
venezolanos han respondido correctamente. Es un acierto que una de las
conclusiones políticas sea, precisamente, la unificación de los
trabajadores en una sola organización sindical a nivel nacional. La
formación de un sindicato nacional de industria potenciará que el
proceso nacionalizador se profundice y afirme.
La unificación es
un solo sindicato fue la conclusión más importante de los
electricistas mexicanos ante el anuncio de la nacionalización
eléctrica en 1960. 35 sindicatos del interior del país se
unificaron en el inolvidable Sindicato de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (exSTERM) que tan importantes aportaciones hizo para
la industria eléctrica y el movimiento obrero.
La otra
conclusión relevante fue la propuesta para la integración de la
industria eléctrica nacionalizada, habiéndose logrado la
unificación de frecuencia y la casi total interconexión del
sistema eléctrico nacional, proceso interrumpido violentamente en 1976
debido a la represión político-militar del Estado contra los
electricistas democráticos.
Servicio público de energía eléctrica
Una medida
importante será la promulgación de una nueva Ley eléctrica.
Esta será la parte legislativa que afirme a la nacionalización. Lo
primero, por supuesto, es la elevación de la decisión de
nacionalización al nivel de norma constitucional.
En
México, el decreto de nacionalización eléctrica fue
expresado en el párrafo 6º. del artículo 27 constitucional,
el cual indica que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica
que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos
fines”.
La experiencia mexicana es importante para otros pueblos.
No obstante la precisión constitucional, cuya propuesta fue formulada por
los electricistas en lucha, los actuales gobiernos neoliberales la han revertido
en la práctica, violando las disposiciones constitucionales en la materia
para privatizar en los hechos. Esto indica que no es suficiente la norma legal
pero, ésta es un valioso punto de apoyo. Tratando de afirmar la
nacionalización, los electricistas democráticos propusimos y
logramos en 1975, la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, llamada así para implicar que la energía no
puede ni debe considerarse una simple mercancía. No obstante, esa ley la
logramos 15 años después de la nacionalización. En 1992,
esa misma ley fue modificada regresivamente para permitir el actual proceso de
privatización realizado en contra de la propia
Constitución.
Hoy, el proceso bolivariano tiene la oportunidad de
afirmar rápidamente la nacionalización eléctrica, lo que
implica la formulación de una legislación adecuada.
La ley eléctrica venezolana
Mediante publicación No. 5568 Ext. Del
13-12-2001 en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela, la
Asamblea Nacional decretó la Ley Orgánica del Servicio
Eléctrico firmada por el propio presidente Hugo Chávez (en
www.laedc.com.ve).
En el Título I, Capítulo I se definen
los aspectos básicos. En el artículo 1 se indica que esta Ley
“tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán el
servicio eléctrico en el territorio nacional, constituido por las
actividades de generación, transmisión, gestión del Sistema
Eléctrico Nacional, distribución y comercialización de
potencia y energía eléctrica, así como la actuación
de los agentes que intervienen en el servicio eléctrico, en concordancia
con la política energética dictada por el Ejecutivo Nacional y con
el desarrollo económico y social de la Nación”.
Las
anteriores disposiciones son propias de la legislación secundaria que
norma las actividades del Estado y “los agentes” que intervienen en
el servicio eléctrico. Esos “agentes” serían las
empresas privadas. Suponemos que, ahora, eso deberá cambiar para ajustar
las disposiciones legislativas a las normas fundamentales, que crean el derecho,
establecidas en la Constitución.
En el artículo 3 se dice
que “El Estado promoverá la competencia en aquellas actividades del
servicio eléctrico de las que sea pertinente, regulará aquellas
situaciones de monopolio donde la libre competencia no garantice la
prestación eficiente en términos económicos, y
fomentará la participación privada en el ejercicio de las
actividades que constituyen el servicio eléctrico”. Lo
señalado en éste artículo tendrá que quitarse por
ser erróneo e incompatible con la nacionalización. Se nota que, en
2001, las propuestas eran radicalmente diferentes a las de 2007.
Este
artículo tiene un Parágrafo Unico que dice “El Estado se
reserva la actividad de generación hidroeléctrica en las cuencas
de los ríos Carona, Paragua y Caura”. En esa ocasión, la Ley
era muy limitada, hoy deberá incluir la generación
eléctrica a partir TODAS las fuentes energéticas disponibles.
Además, NO deberá ser solamente la generación, sino TODAS
las fases del proceso de trabajo eléctrico.
En el artículo
4 se dice algo importante: “Se declaran como servicio público las
actividades que constituyen el servicio eléctrico”. La
expresión es correcta pero limitada; lo peor es que la Ley es
contradictoria porque, si “las actividades que constituyen el servicio
eléctrico” se consideran como “servicio
público”, ¿porqué el Estado se reserva solamente
la generación hidroeléctrica? La definición del concepto de
servicio público es clave, si bien no basta la definición porque
las corporaciones transnacionales y sus gobiernos tergiversan a ese concepto.
Ese es uno de los aspectos clave de al privatización.
El
artículo 6º. es realmente incorrecto pues señala que
“El ejercicio de dos o más de las siguientes actividades:
generación, transmisión, gestión del Sistema
Eléctrico y distribución, no podrá ser desarrollado por una
misma empresa”. Esto es, la Ley oficializa la fragmentación del
proceso de trabajo eléctrico. Eso, con la nacionalización
sería absurdo, porque el proceso de trabajo eléctrico constituye
una unidad. El esquema fragmentador es, precisamente, el preferido por los
privatizadores.
La Ley indica muchas otras disposiciones, algunas motivo
de la misma pero, otras, son más bien propias del Reglamento de la
Ley.
Algunas disposiciones de la Ley de 2001 son, a la luz de las medidas
anunciadas en 2007, verdaderamente extrañas. En el artículo 24 se
indica que “El ejercicio de la actividad de generación
eléctrica está abierto a la competencia” (sic) agregando
“previa autorización de la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica”. Ese texto es, exactamente, el que
impusieron los privatizadores en México y, a la fecha,
prácticamente han desnacionalizado a la industria
eléctrica.
En el artículo 27 de la Ley se dice que
“El ejercicio de la actividad de transmisión está sujeto a
concesión” (sic). Eso no lo han podido lograr los privatizadores en
México; significaría poner en sus manos las redes
eléctricas en todo el territorio nacional. De acuerdo al artículo
35 de la Ley, la Distribución está sujeta “a
concesión dentro de un área exclusiva”. Eso no ocurre ni en
México, dónde el proceso de privatización eléctrica
furtiva está muy avanzado.
Las concesiones se otorgan por 30
años prorrogables hasta por 20 años, de acuerdo al artículo
46 de esa Ley. Es evidente que tal Ley se hizo para crear un Mercado
Eléctrico en Venezuela, es decir, un mercado eléctrico (Mayorista)
privado. La Ley de 2001, simplemente, regula la privatización.
Nos
congratulamos que el propio Chávez haya corregido y revertido la
privatización eléctrica. Hoy se tiene la oportunidad de formular
una NUEVA ley, COMPLETAMENTE diferente que suprima los errores conceptuales y
las disposiciones equivocadas. Esperamos que las primeras disposiciones, las
fundamentales, se inscriban correctamente en la Constitución
política de la República Bolivariana. La Ley eléctrica
sería la ley reglamentaria congruente con las normas
constitucionales.
El FTE saluda y apoya al proceso bolivariano
Los trabajadores que militamos en el FTE de
México saludamos las propuestas para la nacionalización
eléctrica del presidente Hugo Chávez. Sabemos de las enormes
dificultades que esto entraña. Es un reto, no solo para el gobierno
bolivariano sino para los trabajadores, especialmente los del sector.
Expresamos nuestra solidaridad combativa con el proceso bolivariano en
evolución. Sumaremos nuestra modesta contribución incondicional
concientes de que, si el proceso no se profundiza se puede revertir. En
México y en Latinoamérica ha habido muchas amargas experiencias.
Esta vez, todos los trabajadores latinoamericanos debemos esforzarnos por salir
adelante. ¡Unidos Venceremos!
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela
El pueblo venezolano movilizado en defensa de la soberanía
