El gobierno responde como parte del Estado que es
La militarización de Calderón
£ El gobierno de la ultraderecha inicia operativos militares.
£ Propagandísticamente anuncia que combatirá al narcotráfico.
£ Es la respuesta del gobierno fraudulento a la protesta social.
Calderón se viste de verde
Ni siquiera le pusieron ropa a la medida; casi
arrastrando el uniforme militar, el presidente ilegítimo de México
apareció disfrazado en la Zona Militar No. 43 para regocijo de los
caricaturistas. El 3 de enero, vestido con chamarra y gorra militares,
Calderón se reunió con soldados, marinos y policías en
Apatzingán, Michoacán. El motivo oficial fue rendirles tributo
porque, dijo, “han logrado detener el avance de la delincuencia en la
primera fase de los operativos de seguridad, y a quienes ordenó que no
desfallezcan en esta tarea” (Herrera C., Martínez E. en La
Jornada 4 ene 2007).
Agradecido, "por las operaciones emprendidas
contra el narcotráfico", el gobernador del estado michoacano fue el
primero en someterse. Lázaro Cárdenas Batel del abuelo solo tiene
el apellido. En Michoacán, precisamente, se habían iniciado los
operativos militares el 8 de diciembre anterior. Ahora, los resultados indicaban
que, entre otros logros, se habían decomisado 4 kilogramos de semillas de
amapola, 19 mil 341 pesos y 2,321 dólares. Los resultados son
verdaderamente ridículos. No obstante, el secretario de la defensa de
Calderón declaró que, “estos resultados han sido
"contundentes" y no tiene precedente en las estadísticas de combate en
contra del crimen organizado en Michoacán”.
Se extienden los operativos
Dos días ates, el 3 de enero, se había
dado inicio al mismo operativo en Tijuana, Baja California. Miles de elementos
militares y policíacos fueron movilizados en un programa “que
prevé el uso de aeronaves reacondicionadas con alta tecnología
para intercepción, la instalación de puntos de detección
terrestre y marítima de narcóticos, así como de
erradicación de cultivos ilícitos” (Román J.A.,
Castillo G., Heras A., en La Jornada 3 ene 2007).
El 6 de enero,
el operativo se puso en marcha, ahora en Sinaloa. El gobierno de la ultraderecha
decidió desplegar “más de 3 mil elementos provenientes de la
PFP, la Agencia Federal de Investigación (AFI), del Ejército y
Marina-Armada de México a Sinaloa, para instalar retenes y desplegar
acciones por tierra y mar en contra del cultivo y trasiego de drogas, así
como de dinero ilícito” (Castillo G., Muñoz A., en La
Jornada 5 ene 2007). De inmediato los soldados levantaron retenes en calles,
entradas y salidas de esta frontera, y realizaron labores de vigilancia por mar
y aire con dos buques, cuatro lanchas rápidas y dos
helicópteros.
En Sinaloa, el operativo se inició sin
que el gobernador lo supiera, según declaró el mismo. Como parte
del operativo, los militares desplegaron por el estado a “grupos de
inteligencia”. Trascendió que el plan del gobierno federal era
extender los operativos a todo el país.
En Chiapas y Sonora, los
propios gobiernos locales anunciaron la inminente legada de efectivos militares.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados empezaron a instalar retenes en las
avenidas de varias colonias. En Nuevo León, el propio gobernador se
reunió con funcionaros federales para diseñar el operativo a
aplicarse en su estado.
El 10 de enero, el gobierno local confirmó
el arribo de 2 mil militares, 130 unidades terrestres y aéreas a Acapulco
pero, dijo, que era parte de la rutina no de ningún operativo. El 15 de
enero, el operativo ya se había ampliado a Culiacán, Acapulco,
Chilpancingo y Zihuatanejo. Félix Salgado, presidente municipal de
Acapulco, declaró que desconocía los detalles y estrategias que se
iban a aplicar en el estado, principalmente, en el puerto.
El 22 de
enero, ya estaban movilizados 9 mil soldados en Chihuahua, Durango y Sinaloa con
los objetivos de ''ejecutar órdenes de aprehensión, realizar
cateos y detener a miembros o líderes'' de organizaciones
delictivas”. Según informó el secretario de la defensa
nacional, desde el 8 de diciembre de 2006 se había movilizado a un total
de 19 mil efectivos militares.
A la fecha el despliegue de efectivos era
por tierra, mar y aire. En conferencia de prensa, en la casa presidencial, se
informó que, al momento, se había logrado la erradicación
de mil 613 plantíos de mariguana y 567 de amapola, además de la
detención de 20 personas y el decomiso de 14 armas largas (Aranda J., en
La Jornada 22 ene 2007).
Pobres resultados
El 7 de enero, el gobierno de Baja California
aseguró que la Operación Tijuana sólo "ha dado
buenos resultados", mientras en la jornada de vigilancia y combate al crimen
organizado se detuvo a cuatro personas por omisión de pensión
alimenticia, intento de violación y robo de cilindros de gas (Heras A.,
Martínez E. en La Jornada 8 ene 2007). Se publicó que, el
principal "golpe" en Tijuana había sido desarmar a 2 mil 100 agentes de
la Secretaría de Seguridad Pública municipal para que personal de
inteligencia militar realice pruebas de balística y dactiloscopia con el
propósito de saber si el arma de cargo o su responsable participaron en
algún acto ilícito.
Ante tan pobres resultados, el gobierno
mexicano procedió a un golpe mediático. El 19 de enero
anunció la extradición de 15 capos del narcotráfico a
Estados Unidos. Para el gobierno todo ocurrió con normalidad en contra de
personas peligrosas. Sin embargo, a ninguno se le realizó ningún
juicio de extradición, los jueces a cargo de los procesos ni siquiera
fueron notificados y mucho menos se escucho en defensa a los afectados.
Las penas a que habían sido condenados en México (cadenas
perpetuas), súbitamente fueron anuladas. Los hechos ocurrieron una semana
después de la reunión en la capital mexicana de los procuradores
de justicia de ambos países. Expertos penalistas señalaron que la
acción fue inconstitucional al permitir que a los extraditados se les
juzgue con leyes extranjeras.
El 25 de enero, Bush le llamó a
Calderón para felicitarlo por la lucha contra el narco.
Tentación totalitaria
“El uso excesivo de la fuerza pública no
sólo carece de resultados, sino que en los hechos se traduce en el
fortalecimiento del poder para combatir cualquier disidencia política y
restablecer el "orden y la legalidad, entendidos como disciplina y respeto a los
esquemas sociales y económicos establecidos". Así lo
señaló Fernando Tenorio Tagle, experto criminólogo de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Dijo que, Calderón
“está cumpliendo con los mismos requisitos que Estados Unidos
solicitó a Porfirio Díaz para garantizar la inversión
extranjera, es decir, "seguridad, pero también control de los movimientos
sociales" (Poy L., en La Jornada 5 ene 2007).
Agustín
Pérez Carrillo, de la UAM-Azcapotzalco señaló que "no se
logrará acabar con la delincuencia utilizando mano dura, mucho menos con
un proceso de militarización, que sólo en países como
Colombia ha costado miles de vidas y deterioro de los derechos humanos". El
académico dijo que iniciar la "guerra" contra la delincuencia aplicando
operativos de seguridad "no sólo vulnera garantías
individuales, como el libre tránsito, también lesiona los derechos
humanos y podría propiciar la pérdida de vidas y ocasionar
lesiones físicas a personas ajenas a cualquier actividad
ilícita".
“El prematuro uso de las fuerzas armadas
mostró a un mandatario dispuesto a gobernar con el dedo en el
gatillo” escribió J. Camil (en La Jornada 12 ene 2007).
En antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas
dijo (en La Jornada 12 ene 2007) que “La casaca verde olivo y la
gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante
supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en
Michoacán que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas
en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de
asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima
de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del
ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados
de la república en violación a la Constitución y, en
particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO,
hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe
supremo de la represión y el orden capitalistas”.
Gobierno usurpador apoyado en el Ejército federal
Gilberto analizó
seriamente la situación. El mismo reiteró que, “ya en 1999
analizábamos las razones que continúan vigentes por las cuales las
fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el
narcotráfico: 1. El adiestramiento de los militares no va
encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha
contra el tráfico de drogas. 2. El crimen organizado por su poder
económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a
través de su cooptación, corrompiendo a la institución
armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en
cómplice de la acción delictiva. 3. Los recursos materiales
de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen
organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de
comunicación e intercepción de señales, armamento,
vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa.
4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo
desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha
contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y
contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y
propaganda entre la población civil), contingencias y desastres
naturales, etcétera. 5. Predominio del narcotráfico
marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos
ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada.
6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de
competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas
instituciones federales y estatales. 7. Inversiones inútiles en
compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso.
8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil
en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia
también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto
público. 9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas
mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y
mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la
lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo
internacional".
López y Rivas dijo que “lo más
preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que
está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en
particular: 1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones
de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares. 2. Mi prioridad
como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y
control de la disidencia y la protesta social. 3. No me importa recortar
el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social
mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado
para el desempeño de sus tareas”.
También
escribió que “No serán posibles la intimidación ni el
repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos
por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de
luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e
integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!”.
La militarización va contra la protesta social
Calderón
no es solamente un político de la ultraderecha fanática sino
fascistoide. En Oaxaca, el gobierno federal optó con medidas de fuerza
ante la protesta social. Habiéndose posesionado del gobierno luego de una
elección severamente cuestionada, Calderón y grupos que lo
patrocinan busca afirmarse en la fuerza del Ejército
federal.
¿Cómo combatir al narcotráfico si éste
se ha desarrollado al amparo del poder político? El mismo Estado ha sido
penetrado por esas mafias y no de ahora. Sigue prevaleciendo la tesis de que no
hay crimen organizado sin el apoyo del Estado. Eso es lo que ocurre en
México. Por eso es que, el Ejército se ha visto mal, incapaz de
cumplir con la función que el gobierno federal en turno le ha
asignado.
Los operativos policíaco-militares y el amplio
despliegue por todo el país son el anuncio de una guerra generalizada,
aparentemente contra los narcos. Sin embargo, el mensaje va destinado a
la sociedad en su conjunto. El gobierno tiene en marcha un operativo para
criminalizar la protesta social, toda vez que el gobierno espurio sabe que, la
aplicación de su política económica no es, ni será,
aceptada voluntariamente por el pueblo. Imponer compulsivamente al
neoliberalismo salvaje conlleva al uso de la fuerza del Estado.
Lázaro Cárdenas Batel acompañando a Calderón FOTO La
Jornada de Michoacán
Detenciones en Apatzingán, Michoacán, realizadas unilateralmente por el Ejército federal
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Acciones militares en Tijuana, Baja California FOTO
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