La APPO sigue movilizada con apoyo internacional
Liberación de algunos detenidos
- La lucha de resistencia ha logrado la liberación de varios detenidos.
- La solidaridad internacional, en América y Europa, han sido ejemplares.
- Urge redoblar la solidaridad nacional en apoyo a la APPO y sección 22.
Salen bajo caución los primeros 43 detenidos
El 15 de diciembre, los
estudiantes pertenecientes a la APPO salieron a las calles para exigir la
libertad de 23 universitarios detenidos. En la ciudad de México, otra
movilización exigió a la secretaría de gobernación
la libertad de los presos políticos. No obstante la incertidumbre, la
movilización del pueblo oaxaqueño no se ha detenido. La
represión ha sido severa pero el movimiento está resistiendo todas
las vicisitudes.
Casi un mes después de las detenciones masivas, el
movimiento logró la libertad de varios de los detenidos. El 16 de
diciembre, fueron liberados bajo caución (es decir, libertad bajo fianza)
43 de los 138 detenidos en el penal de San José del Rincón en
Nayarit. La noche anterior habían llegado los secretarios generales, de
la sección 22 del SNTE y de la UABJO, quienes después se
atribuyeron la liberación gracias a sus gestiones pues, la
liberación se hizo “mediante una negociación
política”, dijo Rueda, y al parecer la fianza fue pagada por el
gobierno de Oaxaca (Narváez J., en La Jornada 17 dic 2006). El
mismo Rueda informó que 21 de los 22 maestros detenidos ya habían
sido liberados. De los 3 universitarios detenidos quedaba solo uno.
El
traslado de los detenidos, de Oaxaca a Nayarit, fue “legal” y
obedeció a una petición de Ulises Ruiz, dijo Francisco
Ramírez Acuña, el torturador que funge como nuevo secretario de
gobernación. El mismo día se anunció que la PFP
abandonaría el centro histórico de Oaxaca para acantonarse en la
Base Aérea Militar no.15.
La solidaridad internacional ha sido
sobresaliente, probablemente más activa que la nacional. En
Canadá, el Consejo Popular Indígena Oaxaca-Vancouver
realizó varias movilizaciones en ese país para exigir el a
gobierno mexicano el cese de la represión. En Costa Rica y Canadá,
representantes de la Federación de Profesores de Columbia
Británica, de la Central de Sindicatos de Québec, Canadá, y
del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, denunciaron
la violencia seguida por Calderón contra los maestros oaxaqueños y
exigieron detener la represión oficial.
¡Alto al terrorismo en
México, Solidaridad con el pueblo de Oaxaca”, decía una
pancarta frente a la embajada mexicana en Madrid, donde nuevamente se realizaron
actos de protesta. Las acciones se extendieron a Barcelona, Bilbao, Salamanca,
Pamplona, Sevilla y Zaragoza; también hubo protestas en Milán,
Berlín, París y Londres.
Militarización oficializada
En Oaxaca, para reprimir al movimiento, el gobierno
utilizó a soldados disfrazados de policías. El 13 de diciembre, en
el campo militar no. 37 de Huehuetoca, Estado de México, Felipe
Calderón (Fecal) oficializó la medida a nivel nacional. En ese
lugar, el usurpador del gobierno federal atestiguó la transferencia de 7
mil 500 elementos del Ejército ederal, y 2 mil 500 de la Marina, a la
Policía Federal Preventiva (PFP) (Herrera C., en La Jornada 17 dic
2006). Fecal dijo que la PFP requería “actuar más
rápido y sin titubeos”. Ahora, la PFP cuenta con 25 mil militares,
un verdadero ejército especializado en la represión de la protesta
social.
Además, se iniciaron las acciones para al fusión de la
PFP con la Agencia federal de Investigaciones (AFI) para integrar el
“Cuerpo Federal de Policía. La AFI proporcionaría 8 mil
elementos que sumados a otras policías y a la PFP integrarían un
contingente de 40 mil elementos al mando de Ardelio Vargas, el mismo que
dirigió las operaciones represivas en Oaxaca.
Esa fusión, de
concretarse, expresaría un “Estado autoritario y represor que
criminaliza la protesta social pacífica, aseguró Miguel Concha
Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria”
(Olivares E., en La Jornada 19 dic 2006). Concha dijo que la propuesta de
Calderón es contraria a las exhortaciones que se le han hecho y, que si
los legisladores la aprueban, sería como “legalizar” las
flagrantes violaciones a los derechos humanos en que ha incurrido el gobierno
mexicano. La situación sería por demás grave pues se
pretende legalizar la represión a las protestas
sociales.
Explícitamente, la alta burocracia militar, tanto del
Ejército Federal como de la Marina se declararon
“incondicionales” de Calderón.
Flagrante violación a los derechos sociales y humanos
La PFP y sus
acciones causaron alarma a nivel internacional. El 17 de diciembre, llegaron a
México, integrantes de nueve países de la Comisión Civil
Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH). Ese
día, en Oaxaca, por la mañana la APPO realizó un acto de
protesta, de la fuente de las Siete Regiones al jardín Madero, exigiendo
la salida de Ulises. Allí, por la tarde, recibieron a los 43 liberados
quienes llegaron a Oaxaca. En el mismo lugar se hizo un mitin. En Nayarit,
permanecían los familiares de los aún detenidos. En el penal de
Altiplano, a Flavio Sosa se le imputaban más delitos artificiales para
impedir cualquier posible salida.
Enrique Rueda, secretario general de la
sección 22 declaró a la prensa que "Fue por nuestra
gestión; los compañeros creen que haciendo marchas van a resolver
los problemas, pero ya tuvieron 15 días y no solucionaron nada"
(Vélez O., en La Jornada 19 dic 2006). Luego,
“señaló que la APPO fue la que rompió con el
movimiento magisterial, porque la entonces dirección provisional
rehusó participar en las negociaciones con la dependencia federal en
octubre pasado”. La APPO calificó a Rueda de “traidor”
pero negó algún rompimiento con el magisterio.
Según un
informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), al 19 de diciembre, había 349 detenidos, 370 lesionados y 20
muertos. La CND informó que “las mil 211 quejas recibidas por la
CNDH tienen que ver con el "supuesto uso indebido de la fuerza pública,
detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas,
daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales". La conclusión del
informe fue sencilla: "En el estado y, principalmente, en la ciudad capital se
mantiene la situación de conflicto, y no existen las condiciones
necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos
fundamentales". Ulises Ruiz, de inmediato, desestimó al informe. La
secretaría de gobernación optó por el silencio. En el colmo
del cinismo, los funcionarios dijeron que no tenían información
del caso oaxaqueño (sic).
Sigue la movilización internacional y en Oaxaca
El 20 de
diciembre, fueron liberados otros 11 de los 91 detenidos de la APPO en Nayarit
que, previamente, habían sido trasladados a las prisiones de Tlacolula y
Miahuatlán en Oaxaca. Al siguiente día, fueron liberados otros 20
detenidos más. A ese momento, 75 compañeros, seguían
aún detenidos reportándose 3 desaparecidos.
La APPO,
entretanto, mantenía reuniones de “diálogo” con
funcionarios menores de la secretaría de gobernación. Esta, el 21
de diciembre, recomendó “obtener el mayor número de amparos
posibles para evitar nuevas detenciones”. Se trata de una nueva burla. En
México, el derecho de amparo NO existe. Cuando ocurrieron las detenciones
en Oaxaca, varios integrantes de la APPO tenían consigo sendos amparos y,
en ningún caso, fueron respetados. Después, se pactó una
especie de tregua hasta el 7 de enero cuando se volvería a realizar una
nueva reunión.
El 22 de diciembre se realizó una jornada de
movilizaciones en apoyo a los pueblos de Oaxaca y contra la represión
ejercida por el Estado mexicano. Las acciones de protesta culminaron frente a
las representaciones diplomáticas de México y se realizaron en
varias ciudades de España, Italia, Francia, Alemania, Grecia, así
como, en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú y Brasil.
Ese
día, en la capital oaxaqueña, la APPO volvió a salir a las
calles para exigir la libertad de todos los presos políticos. En la
marcha participó un amplio contingente de los maestros de la
sección 22. En la Plaza de la danza se realizó un mitin. Los
maestros señalaron que "las bases están en la lucha del pueblo, no
se han deslindado ni traicionado a la APPO". Siete meses después de
iniciado el conflicto, la APPO y los maestros siguen en movilización
resistiendo todas las agresiones del gobierno mexicano.
Continúan las provocaciones del charrismo
El mismo día 22, los charros
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunciaron
“la creación de una nueva sección sindical en Oaxaca, la 59,
que competirá con la 22 por la filiación de cerca de 55 mil
mentores del estado” (Galán J., en La Jornada 23 dic 2006).
La sección 59 del SNTE tendría presencia en regiones de la
Mixteca, la Costa, Tuxtepec y el Itsmo de Tehuantepec. La nueva estructura
sindical “tiene su origen en el Consejo Central de Lucha, grupo
magisterial vinculado al oficialismo que se opuso al paro de labores iniciado el
22 de mayo pasado por la sección 22, el cual dio origen al movimiento
popular y civil en contra del gobernador priísta Ulises Ruiz".
Durante
meses, los charros sindicales de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), que no es revolucionaria, ni obrera ni campesina,
estuvo agrediendo a diario, e incluso, asesinando a militantes de la APPO. Ese
es el rostro del charrismo sindical. No satisfechos, a través de los
charros del SNTE, el gobierno ha auspiciado la división entre los
maestros. Aunque, la “sección” 59 es minoritaria se pretende,
por las mafias comandadas por Elba Esther Gordillo, seguir apoyando la
política represiva de Calderón y el Estado mexicano.
No
obstante, maestros y pueblo oaxaqueños se han forjando en la lucha por un
trecho ya largo. La APPO impedirá que las provocaciones prosperen. El FTE
de México está, y seguirá, al lado del movimiento.
Reunión del Consejo
Estatal de la APPO realizado en la ciudad de Oaxaca. La APPO, antes de la
represión policíaco-militar del gobierno de Fox y Calderón,
se reorganizó para definir una estructura y una representación
colectiva democrática.
Comisión de Energia
