Provocación, violencia y represión del Estado neoliberal
La represión en Oaxaca
La PFP provoca el enfrentamiento violento con la APPO y responsabiliza a ésta.
La PFP y sicarios incendian edificios, responsabilizan a la APPO y la reprimen.
Utilizando radios piratas, el Estado llama a la violencia y agresión contra la APPO.
La PFP desata la cacería con detenciones arbitrarias violando las garantías
constitucionales.
En Oaxaca, el gobierno criminal impone un estado de excepción no declarado.
La PFP en acción contra la APPO
El 19 de noviembre, la Coordinadora de Mujeres
Oaxaqueñas y otros grupos feministas realizaron una nueva marcha en al
ciudad de Oaxaca y fueron agredidas por elementos de la Policía Federal
Preventiva (PFP) (Vélez O., en La Jornada 20 nov 2006). La
protesta fue en respuesta al abuso sexual que agentes de la PFP hicieron
días antes contra una señora. Utilizando aspersores manuales, la
PFP lanzó agua con chile piquín contra las manifestantes cuando
éstas se retiraban. La acción de la PFP fue completamente
injustificada porque, en ningún momento, se les agredió.
Al
siguiente día, 20 de noviembre, se produjo un nuevo enfrentamiento entre
la PFP y la APPO con saldo de 58 heridos y 4 horas de duración. Los
hechos ocurrieron en las inmediaciones del centro histórico. Todo se
inició cuando una marcha de algunos partidarios de la APPO partió
de la carretera internacional Cristóbal Colón, frente al Instituto
de Educación Pública. El motivo era conmemorar el inicio de la
Revolución Mexicana.
Al avanzar hacia el centro de la ciudad, en
una esquina, un grupo de jóvenes subió a una camioneta incinerada
gritando consignas, exigiendo la salida de la policía y la
destitución de Ulises Ruiz. Al parecer, desde el fondo de la
formación policíaca fue lanzada una piedra que hirió en la
cabeza a un manifestante. Esto provocó una respuesta de la APPO con
piedras y botellas de plástico. La PFP comenzó a lanzar gases
lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y éstos
respondieron utilizando sus “bazukas” lanzacohetes.
El
contingente de la APPO se reagrupó y, luego, produjo un enfrentamiento
mayor. La PFP se desplazó unas calles fuera del Zócalo y los
integrantes de la APPO se replegaron hacia la Plaza de Santo Domingo, donde
permanecía el plantón de la Asamblea. Durante 2 horas, se lanzaron
cohetes y gases. El enfrentamiento se extendió a varias calles. La PFP
utilizó a las tanquetas antimotines. El pueblo quemó autobuses
para impedir el paso de las tanquetas. La PFP utilizó, incluso, las
instalaciones del Hotel Camino Real para arrojar los gases lacrimógenos,
el pueblo respondió lanzando piedras. No fue el único caso, la PFP
utilizó a monumentos históricos, como la Facultad de Derecho y el
exConvento de Santa Catalina, para lanzar piedras, balines y gases.
Después de varias horas, tanto la PFP como la APPO se replegaron a sus
respectivas posiciones. A la madrugada siguiente, elementos de la PFP intentaron
incendiar el exConvento de Santo Domingo.
La APPO se moviliza, el Estado se prepara
En apoyo a la APPO, las bases de apoyo zapatistas
bloquearon carreteras en varios puntos de Chiapas. Las 150 comunidades de la
Sierra de Juárez resolvieron constituirse en Asamblea de Pueblos
Zapotecas, Mixes y Chinatecos, acordaron luchar por el derrocamiento de Ulises y
eligieron 24 representantes ante la APPO. A este momento, la
incorporación de nuevos contingentes era muy importante porque, la
mayoría de los maestros de la sección 22 habían regresado a
clases.
A nivel internacional continuaban las protestas, ahora en
territorio suizo. En Ginebra, Berna y Basilea se hicieron pintas y protestas
ante las sedes diplomáticas de México. El 23 de noviembre, en
Ginebra, el comité contra la tortura, dependiente de la ONU, instó
al gobierno de México a investigar los hechos ocurridos en Atenco,
Guadalajara, Ciudad Juárez y Oaxaca, donde reiteradamente se han violado
los derechos humanos.
La jerarquía eclesiástica ha estado
en contra de la APPO no así los sacerdotes de base. En otro intento
conciliador, la APPO se entrevistó con el nuncio apostólico en
México para pedir que el Papa Benedicto XVI llame a la paz en Oaxaca. En
una carta que le enviaron se le informó que, desde el 22 de mayo, se han
producido 17 muertos, más de 50 desaparecidos y 60 prisioneros. Al Papa
se le pidió que se pronunciara por la destitución de Ulises, por
el retiro de los cuerpos policíaco-militares y por el respeto a los
derechos humanos de los oaxaqueños.
El 21 de noviembre, Ulises
declaró a la prensa que el conflicto en Oaxaca había terminado
(sic). La APPO respondió que no había tal en tanto Ulises
permaneciera en el cargo. El día 25 trascendió que, Francisco
Ramírez Acuña, conocido torturador, sería nombrado
secretario de gobernación del gobierno de Calderón. Este ya
había decidido utilizar al Ejército, disfrazado de policía
vía la PFP, para desatar la represión en Oaxaca.
La PFP al ataque contra Oaxaca
En previsión de que ocurriera violencia, los 200
consejeros de la APPO acordaron convertirse en escudos de seguridad en la marcha
anunciada para el 25 de noviembre. Desde un día antes, la PFP
comenzó a instalar retenes para impedir el ingreso de contingentes
provenientes del interior del Estado. Por la llamada "radio ciudadana", Alexis y
Marco Tulio, dos sicarios de Ulises, convocaron a agredir la marcha y "a tirar
agua caliente y ácido muriático" a los manifestantes.
La
marcha se realizó y fue atacada por la PFP produciéndose un
violento enfrentamiento en las cercanías del centro histórico y en
el exConvento de Santo Domingo. La marcha comenzó sin incidentes pero
derivó en un enfrentamiento que duró casi todo el día.
Miles de personas participaron en la marcha que se extendió varios
kilómetros. El objetivo de la marcha era cercar a la PFP en el
Zócalo para exigir la salida de Ulises Ruiz. Sin embargo, la PFP se
adelantó a los hechos. "Más de 140 heridos tres de ellos
periodistas, 100 detenidos y numerosos inmuebles públicos y privados,
así como autos incendiados es el saldo parcial de varias horas de
enfrentamientos" (Vélez O., en La Jornada 26 nov
2006).
Cientos de maestros y miembros de la APPO fueron intoxicados y
lesionados, se reportaron 20 heridos de bala así como fallecidos por
impactos de armas de fuego. Al intentar romper el cerco, la PFP lanzó
canicas con resorteras, piedras y gases lacrimógenos; la APPO
respondió lanzando cohetes disparados con bazukas artesanales y petardos
conocidos como coyotas. Los enfrentamientos se extendieron por 14 cuadras
y cubrieron a la ciudad con densas nubes de gas. Individuos vestidos de civil se
dedicaron a perseguir a los manifestantes. En un momento, Flavio Sosa
llamó al repliegue. No le hicieron caso. "El pueblo es el que manda"
(sic), le contesto un bazukero. Otros dirigentes también convocaron a
"evitar más derramamiento de sangre y detenidos”; tampoco fueron
escuchados.
Más tarde se reportaron varios edificios incendiados,
entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, la sede de los juzgados
federales, así como edificios y vehículos particulares y varias
unidades de transporte público. Televisa, monopolio privado de la
televisión mostró imágenes del momento en que un grupo de
encapuchados, que se había desprendido del contingente de la APPO,
atacaba e incendiaba edificios.
La PFP avanzó hasta la Plaza de
Santo Domingo y procedió a destruir y prender fuego a las tiendas de
campaña del plantón. Las fuerzas policíacas seguían
persiguiendo a los miembros de la APPO. Presuntos miembros de la policía
ministerial disparaban contra la multitud. Algunos se refugiaron en el cine El
Pochote y fueron rodeados por la PFP impidiéndoles salir.
La
ofensiva de la PFP iba en serio y utilizó a sus tanquetas para perseguir
a los manifestantes hasta el Cerro del Fortín. Otros destacamentos se
dirigieron a la Facultad de Medicina de la Universidad de Oaxaca para detener a
quienes allí se habían refugiado. En ese lugar se supo que dos
personas habían fallecido. A las 8 y media de la noche se seguían
escuchando detonaciones de cohetes y armas de fuego.
El movimiento de la
APPO "va de salida, ya se vino abajo; es un coletazo", declaró a la
prensa Ulises Ruiz. Las fuerzas policíaco-militares siguieron las
acciones con patrullajes en toda la ciudad para cumplir la orden: detener a
todos los integrantes de la APPO que pretenden instalar o hayan instalado
barricadas. Tomando como pretexto el incendio de edificios públicos y
privados, se supo que las instrucciones a la PFP eran pasar de las acciones de
contención a maniobras ofensivas. Eso significaba que, a los 3 mil 500
elementos se les otorgaban facultades amplias para usar la fuerza. Así
ocurrió.
La tercera fase de la intervención de la PFP se
iniciaría a partir del momento en que ocurrieran hechos violentos.
¿Quién empezó la violencia? La PFP. ¿Quién
acordó el incendio de edificios? ¿Quien ejecutó las acciones?
Los provocadores del gobierno, posiblemente policías o soldados
infiltrados. Sin embargo, el Estado responsabilizó a la APPO y, eso fue
suficiente, para desatar la ofensiva represora tendiente a descabezar al
movimiento vía el encarcelamiento. ¿La APPO perdió el control
de las masas en plena batalla? Eso jamás se reconocerá, el
"horizontalismo" diluye las responsabilidades, la expresión "el pueblo
manda" no significa más que rendir culto al espontaneísmo. Sabemos
que esto suena fuerte pero la experiencia no se improvisa.
La provocación impune
En al ciudad de México, la APPO
responsabilizó a Ulises Ruiz y se deslindó de la violencia. "La
APPO ha demostrado ser un movimiento pacífico", dijeron con razón
los representantes de la Asamblea. "La APPO se deslinda de cualquier
agresión, somos pacíficos y se demuestra porque los 400 heridos
que ha habido desde que comenzó el conflicto, sin contar los de hoy
(ayer) son nuestros, los más de 300 detenidos también, de los
cuales 57 aún permanecen en prisión; son parte del movimiento los
63 desaparecidos y los 17 muertos", agregaron (Olivares E., en La Jornada
26 nov 2006). Los compañeros tienen toda la razón, lo dicho es
absolutamente cierto. Sin embargo, al momento, la lógica del
enfrentamiento con el Estado hacía palidecer a la razón. En las
condiciones creadas, al Estado no le interesa la razón sino el uso
discrecional de la fuerza armada, en un escenario de evidente
desproporción de fuerzas de todo tipo.
En Oaxaca, los
helicópteros de la PFP estuvieron sobrevolando la ciudad todo el
día y los rondines de las patrullas en la ciudad eran reforzados. "Esto
se está normalizando" (sic), dijo a la prensa Ulises Ruiz. Por la noche,
una oficina de Flavio Sosa fue baleada e incendiada. ¿Quiénes
fueron? ¿A poco fue la propia APPO? No, fue la "radio ciudadana" la que
llamó a prender fuego a la casa de los dirigentes de la APPO: Pero, ni el
gobierno ni la PFP dijeron nada, atribuyeron el hecho a "desconocidos" y ello no
motivó ninguna acción.
"La lucha del pueblo
oaxaqueño por la caída de Ulises Ruiz no ha terminado, pese a la
sangrienta represión", declaró Florentino López, vocero de
la APPO, quien habló de "165 presos políticos, decenas de
desaparecidos, centenares de heridos y lesionados, así como varios
muertos" (Vélez O., en La Jornada 27 nov 2006). Florentino
también deslindó a la APPO de la quema de edificios
públicos y establecimientos comerciales. "No hubo ninguna
orientación ni decisión (en ese sentido) porque la lucha del
pueblo y la APPO es civil y pacífica", dijo.
La secretaría
de gobernación de Fox, y éste mismo, declararon que los hechos
ocurridos en Oaxaca "ameritan la aplicación estricta de la ley, con todas
sus consecuencias" y que no puede "haber consideraciones de ningún
tipo” (Muñoz A., en La Jornada 27 nov 2006). La PFP,
nuevamente, se dijo agredida y que solamente dio respuesta a las "agresiones
directas" de la APPO. El secretario de seguridad pública foxista
responsabilizó a la APPO del daño a varios inmuebles. Nada era
casual, todo formaba parte del mismo guión.
La cacería de la PFP
Los cateos indiscriminados en varios domicilios, por parte de
la PFP, se iniciaron. En la ciudad de México se realizó una
manifestación de apoyo a la APPO, el Eje Central fue bloqueado. La
Autopista del Sol, que une a México con Acapulco, fue bloqueada a la
altura de Chilpancingo por los maestros democráticos guerrerenses. En
Guadalajara también hubo protestas. En Barcelona hubo acciones de repudio
al gobierno mexicano y en solidaridad con los pueblos de Oaxaca. En este lugar,
uno de los agrupamientos guerrilleros anunció que utilizaría las
armas. Pero, en Oaxaca, la búsqueda de líderes de la APPO se
había convertido en una cacería.
La PFP instaló
retenes móviles por toda la ciudad, con listas de supuestos delincuentes
en la mano, y procedió a revisar a todos los pasajeros de transporte
público. Un verdadero estado de excepción no declarado pero
sí practicado. Una abierta violación a los derechos y
garantías constitucionales. Los patrullajes armados y la
instalación de retenes por todo el Estado se generalizaron.
Entretanto, los detenidos fueron trasladados a las prisiones de Jalisco,
Tamaulipas y Nayarit. Por la "radio ciudadana" se intensificaban los llamados a
la población para denunciar la ubicación de los líderes de
la APPO. Alexis, un sicario con funciones de locutor (pirata) repetía:
"Si Usted llega a ver por allí a Flavio Sosa, comuníquese con
nosotros de inmediato y nosotros (sic) estaremos actuando (sic).
Comuníquese con nosotros, por favor, díganos donde se encuentra
Flavio Sosa" (Castillo G., Urrutia A., en La Jornada 29 nov 2006).
¿Estado policíaco o fascistoide? En los hechos, la
práctica política del Estado mexicano en Oaxaca es, por decir
menos, criminal. Todo esto ocurría un día antes de la
usurpación del gobierno federal por parte de la ultraderecha. En la
capital del país, para asegurar la imposición, el gobierno foxista
anunció que estaba preparada una "detención masiva" contra quien
intentara impedir la usurpación de Calderón.
La PFP entró a la
ofensiva en Oaxaca reprimiendo al pueblo
La resistencia
indígena en Oaxaca no es coyuntural, hay raíces
profundas
Comisión de Energia