Siete horas de enfrentamiento del pueblo
con los policías-soldados
La resistencia de Oaxaca
Provocación de priístas desatan la violencia y la represión.
El pueblo enfrentó y replegó a la Policía Federal Preventiva.
Decenas de heridos y detenidos, el pueblo resiste organizado.
Provocación, enfrentamiento y represión
Con piedras, cohetones, petardos
y tanques de gas utilizados a la manera de lanzallamas, estudiantes y pueblo de
Oaxaca se enfrentaron a las fuerzas paramilitares de la Policía Federal
Preventiva (PFP). El 2 de noviembre se produjo un violento choque. La PFP
respondió utilizando granadas de gases lacrimógenos, lanzadas
desde un helicóptero, y agua a presión lanzada por las tanquetas
antimotines. Luego de siete horas de combate, la APPO obligó a la PFP a
replegarse impidiendo que tomaran la Universidad.
Todo empezó con
la puesta en marcha del llamado Operativo Juárez 2006 de la PFP
consistente en liberar la circulación de vehículos en el crucero
de la calle Cinco Señores y avenida Universidad. A las 8 de la
mañana empezó la provocación cuando grupos (identificados
por la propia secretaría de gobernación de Fox) pertenecientes al
PRI, así como policías al servicio del gobierno de Ulises Ruiz
lanzaron cohetones a la PFP provocando el avance policíaco. Los objetivos
eran obvios: generar más violencia, justificar la acción de la PFP
y reprimir al movimiento.
''No son oaxaqueños y provienen de
grupos violentos de San Salvador Atenco y el Distrito Federal, conocidos como
cegeacheros y panchosvillas'' dijo el vocero del gobierno de
Ulises. “Cuando se le cuestionó sobre la intervención de
comandos de choque priístas, aseguró que la administración
de Ulises Ruiz ''respeta las expresiones partidistas'' (Méndez E.,
Castillo G., Vélez O., en La Jornada 3 nov 2006).
Los
hechos son evidentes. El gobierno de Ulises promueve la violencia y culpa a
otros de la provocación, a sus sicarios “los respeta”.
¡Más clara ni el agua! A pesar de las precauciones tomadas, el
movimiento había sido infiltrado por provocadores a sueldo protegidos por
los gobiernos estatal y federal.
Provocación de la PFP, ofensiva de la APPO
Ante la situación, la APPO
decidió pasar a la ofensiva y convocó a una megamarcha para el 5
de noviembre. También, se acordó la reinstalación de las
barricadas por toda la ciudad. Asimismo, se puso énfasis en la disciplina
para “no permitir actos de vandalismo, saqueos, quemazones ni detenciones
arbitrarias”. Por otra parte, se ordenó el reforzamiento de la
seguridad en las instalaciones de la Universidad, especialmente, donde opera
Radio UABJO.
Las transmisiones de Radio Universidad fueron seguidas en
vivo en la capital del país y en otros países. En la ciudad de
México, maestros e integrantes de la APPO bloquearon 2 horas el Eje
Central, en el centro histórico; en Roma, manifestantes italianos se
apostaron frente a la embajada mexicana. En el interior del país
también hubo acciones de protesta. En Querétaro, una
manifestación fue reprimida por la policía municipal; en Acteal,
el grupo Las Abejas partió en caravana hacia Oaxaca.
La
secretaría de seguridad pública federal informó que el
operativo de la PFP “no buscaba tomar la Universidad” pero,
agregó, que estaban en comunicación con las autoridades de la
Universidad para “solicitarles permiso (sic) para que un contingente de la
PFP ingrese (sic) en cualquier momento a las instalaciones ... como parte de las
acciones de contención de manifestantes ...” (Méndez A., en
La Jornada 3 nov 2006). Desde helicópteros, la PFP había
estado lanzando granadas de gas lacrimógeno que afectaron a la ciudad
Universitaria pero, la PFP, se dijo “agredida”.
Esta era una
obvia justificación, si la PFP no entró a la ciudad universitaria
fue porque los estudiantes y el pueblo lo impidieron. La PFP NUNCA ha respetado
la autonomía universitaria. En 1999, cuando la PFP rompió la
huelga estudiantil en la UNAM “no pidió permiso” para tomar a
la ciudad universitaria, detener a miles y encarcelarlos. ¿Por qué,
ahora, iba a ser “respetuosa”? Lo que la PFP quería era tomar
el campus universitario, quebrar a la APPO y tomar a la radio universitaria.
El operativo de la PFP en las inmediaciones del campus fue una
provocación que no le resultó. Antes de ser obligados a retirarse,
los policías-soldados habían entrado a la unidad deportiva,
trataron de abrir la reja del Instituto de Ciencias de la Educación y
helicópteros sobrevolaron el campus lanzando granadas de gas
lacrimógeno, según denuncias del propio Rector. Más tarde
se supo que varios estudiantes universitarios fueron detenidos y trasladados en
esos helicópteros con amenazas de arrojarlos al vacío en pleno
vuelo; finalmente, los llevaron a la zona militar oaxaqueña.
Agresión militarmente planeada
Para determinar claramente la
situación en el escenario de la confrontación, la prensa dio
cuenta que el gobierno federal utilizó un avión espía que
sobrevolaba la ciudad de día y de noche (Castillo G., Méndez E, en
La Jornada 3 nov 2006). Los campamentos de la APPO fueron, literalmente,
“cuadriculados”; las barricadas y desplazamientos de maestros y
miembros de la APPO habían sido copiosamente fotografiados.
El
avión partía de la base aérea militar número 22, con
sede en Oaxaca. Se trata de un vehículo de 2 plazas, piloto y copiloto,
que cuenta con sistemas de grabación, equipos de radiación
infrarroja y visión nocturna. Estas aeronaves pueden suspender
temporalmente sus motores y planear sus objetivos sin ser detectados.
La
utilización de estos dispositivos, implica acciones militares de
contrainsurgencia. La utilización de soldados disfrazados de
policías (PFP) significa que Fox y Calderón decidieron enfrentar
militarmente al pueblo oaxaqueño.
En Oaxaca se produjo el
enfrentamiento con el Estado. No obstante los esfuerzos de los maestros por
resolver el conflicto laboral sin separarse de la APPO y, de ésta por
reconocer a los maestros, la división fue creciendo. Se trata de una
contradicción inherente al movimiento. Este rebasó los objetivos
laborales, el conflicto se tornó político. No es la simple
remoción de un gobernador, en otras ocasiones han caído varios,
sino el significado político del momento. Se trata de un desafío
político a las cúpulas gobernantes y, para éste, es
inaceptable la protesta oaxaqueña. En consecuencia, es el Estado el que
decidió enfrentar al pueblo y que éste sufriera las consecuencias.
De allí las acciones desproporcionadas del Ejército-PFP.
Fascistoide, criminalizar a los agredidos
Para el gobierno de la derecha
(Fox-Calderón) la protesta social es un crimen. Los sicarios y
provocadores organizan la violencia pero, los responsables resultan los miembros
de la APPO, víctimas de esa violencia estatal. A las víctimas se
les toma como criminales y, entonces, en vez de tratar de solucionar el
conflicto por la vía política, el gobierno federal sigue el camino
de la fuerza.
Los hechos son inocultables, la sangre no importa al
foxismo-calderonismo. El gobierno no actúa como tal sino como Estado. En
la ocupación de Oaxaca y acciones subsecuentes, las operaciones han
estado a cargo de la secretaría de la defensa nacional (Sedena),
secretaría de marina (SM), secretaría de seguridad pública
(SSP), Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y Procuraduría
General de la República (PGR). Es decir, TODOS los cuerpos represivos del
Estado. ¿Cómo esperar diálogo en esas
condiciones?
Ulises Ruiz, desde temprano paramilitarizó el
conflicto mediante acciones terroristas. Una de las características del
terrorismo de Estado es el ocultamiento de su accionar. C. Fazio (en La
Jornada 6 nov 2006) escribió que esos grupos operativos no se
identifican, sus brazos ejecutores visten de civil, las autoridades niegan sus
acciones, los ocultan y legitiman la muerte de opositores criminalizando a las
víctimas a quienes presentan como “violentas” o
“subversivas”, o bien, que forman parte de una “guerrilla
urbana”.
Las medidas adoptadas por Fox y Calderón contra los
pueblos de Oaxaca son, claramente, medidas contrainsurgentes. Para la
ultraderecha gobernante, el “diálogo” NO existe a menos que
se identifique con la “rendición incondicional”. El grupo
fascistoide de El Yunque solo sabe de la fuerza y ejerce el poder del Estado a
plenitud. En Oaxaca están demostrando que NO están dispuestos a
ceder el poder que usurparon a ningún precio y que, antes, se
habrá de derramar mucha sangre. Para ellos, eso no importa.
La APPO mantiene la movilización
El 4 de noviembre, la APPO denunció
torturas y vejaciones a los ciudadanos detenidos por la PFP, varios de los
cuales fueron llevados a la zona militar de Oaxaca. La Asamblea consideró
que el enfrentamiento exitoso con la PFP había sido un triunfo
político. Se anunciaron nuevas medidas que incluían la toma de
ayuntamientos y el bloqueo de carreteras. En preparación a la marcha en
la capital se denunció que grupos de choque al servicio de Ulises
estarían interesados en infiltrar el movimiento para provocar violencia
en la marcha del siguiente día.
Una de las demandas del movimiento
era la salida de la PFP pero, ese día 4, llegaron 2 mil elementos
más. Personal de inteligencia militar se dedicó a provocar en las
inmediaciones de la Universidad, varios elementos fueron detenidos y entregados
después al Ejército y a la Cruz Roja. La PFP, el Ejército y
las policías estatales establecieron retenes en las zonas de ingreso a la
ciudad y procedían a revisar vehículos, autobuses y personas con
el pretexto de aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y la campaña
permanente contra el narcotráfico.
En Matamoros, Mazatlán,
Veracruz y Acteal se produjeron actos de apoyo a la APPO. Del Distrito Federal,
una caravana de observación y solidaridad encabezada por el Frente
Sindical Mexicano, la CNTE, la CND y otras organizaciones, salió hacia
Oaxaca para participar en la marcha del 5 de noviembre.
El domingo 5 se
realizó la gran marcha en Oaxaca. Miles de manifestantes de la capital y
otras regiones oaxaqueñas, así como provenientes de la capital y
otras partes del país, colmaron las calles de la ciudad. En el mitin,
realizado en la plaza de Santo Domingo, la APPO planteó a Fox la
instalación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto. Los
maestros de la región Valles centrales declararon que no había
condiciones para retornar a clases y denunciaron la detención de maestros
en varios de los retenes militares. Se había acordado no intentar llegar
al zócalo para evitar enfrentamientos. Aunque algunos intentaron llegar
al centro, el mitin concluyó en Santo Domingo sin incidentes. Algunos les
arrojaron piedras a la PFP. Elementos de ésta, desde la azotea del
Palacio de las Gemas, se dedicaron a lanzar, con resorteras, canicas a los
manifestantes. No obstante, la comisión de seguridad de la APO estuvo
acertada. La marcha, desde luego, fue vigilada por el avión espía.
En varias partes del país, como Guadalajara, se realizó
una nueva marcha de apoyo a Oaxaca. En Palmillas, se hizo una protesta sin
afectar la circulación vehicular. En Mazatlán, se realizaron
nuevas acciones de protesta; también en Querétaro y Hermosillo. En
otras partes del mundo, como Nápoles en Italia, País Vasco,
Barcelona y Valencia en España, Lyon en Francia, Berlín y Munich
en Alemania, se volvieron a producir manifestaciones de apoyo a
Oaxaca.
En la ciudad de México, después de 21 días,
17 miembros de la APPO dieron por terminada la huelga de hambre que
sostenían en la capital.
Activa provocación del charrismo sindical
El 6 de noviembre, el
comité ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) seguía entorpeciendo cualquier acuerdo con la
sección 22 de Oaxaca. El grupo de Elba Esther Gordillo acusó a las
secretarías de gobernación y de educación de tratar con
“un grupo” de la sección 22 que “no tiene personalidad
jurídica”. Los charros dijeron que la “negociación
unilateral” se estaba llevando “al margen de la
representación nacional”. Por supuesto, amenazaron con la
extensión del conflicto y aseguraron que “exigirán los
más de 41 mil millones de pesos del acuerdo de rebonificación
firmado” (sic).
La posición era sumamente obvia: los charros
ya habían desconocido al comité ejecutivo de la sección 22,
encabezado por Enrique Rueda. A ese comité local le llamaron
“grupo” que “no tiene personalidad jurídica”. En
esto último, los charros tienen razón. Es su estilo, su mecanismo
de control favorito, mantener a TODAS las secciones, y a TODOS los
comités locales, sin personalidad jurídica. De esa manera, la
representación, cuotas sindicales y manejo de la relación laboral
(derechos, salarios y prestaciones sociales) las ejercen UNICAMENTE los charros
y sus delegados. La sección 22 les estorba a los charros, desde hace 26
años, por eso la atacan. Rueda no les preocupa porque, pronto,
dejará el cargo y es casi seguro que será relevado por alguien de
otra de las corrientes internas. Lo que les interesa a los charros es el control
económico y político de la sección.
El clero político apoya la represión del pueblo
“La
entrada de la policía en Oaxaca, una decisión muy acertada”,
declaró Norberto Rivera, cardenal de la iglesia católica metido de
tiempo completo a la política de la ultraderecha en México.
Norberto ha sido acusado de protector de pederastas pero parece impune a
cualquier delito. “Al que viola y asesina, Norberto los persigna”,
le gritaron en la Catedral Metropolitana antes de que iniciara su liturgia el 6
de noviembre. El acto fue organizado por un centenar de ciudadanos que llegaron
con las manos pintadas de rojo. La protesta fue el resultado de las reiteradas
incursiones del cardenal en política.
En otras ocasiones, Norberto
había acusado a su “amigo” (sic) López Obrador y al
PRD, sin embargo, la protesta es más amplia.
En respuesta,
Norberto amenazó con cerrar las puertas de la iglesia si no
recibía protección del Estado. A nivel federal y local, Rivera
recibió el apoyo policíaco. En varias partes del país,
especialmente en el Bajío, los obispos se habían solidarizado e,
incluso, cerraron inmediatamente las iglesias bajo su control en plan de abierto
chantaje al Estado (sic). Es evidente que el control del clero es cada vez
más amplio, la separación del Estado y de la iglesia es algo del
pasado; hoy, nuevamente, la iglesia controla, sirve y se sirve del Estado. Todo
esto es violatorio de la ley pero, en México, el gobierno es de derecha
no de derecho.
Bombazos en la capital, la APPO se deslinda
El 6 de noviembre ocurrieron varios bombazos
en la sede nacional del PRI, tribunal electoral y una sucursal bancaria. Otras
bombas no detonaron. Cinco organizaciones guerrilleras se adjudicaron los hechos
y anunciaron que estas acciones político-militares se ampliarán a
las 40 principales empresas nacionales y transnacionales, así como las
instituciones políticas y gubernamentales espurias que financiaron y
operaron el fraude electoral. En su comunicado, los 5 grupos revindicaron al
“heroico pueblo de Oaxaca”.
Dirigentes de estos agrupamientos
habían advertido que estaban preparados para intervenir si el gobierno
federal reprimía al movimiento de Oaxaca. También habían
declarado que los diversos hechos políticos del foxismo estaban
posibilitando el reagrupamiento de varios grupos armados. Asimismo, desde
octubre anterior habían anunciado un acercamiento para la
unificación.
La APPO se deslindó de los bombazos. Como
parte de la iniciativa para un diálogo entre la sociedad civil, la APPO y
el gobierno federal, se exigió diálogo directo a Fox. La APPO y
los maestros señalaron “no tenemos ninguna relación ... con
ningún grupo guerrillero. Nos deslindamos de estas acciones, que si bien
las entendemos, no las compartimos”. El PRD también se
deslindó de los hechos. Sectores defensores de derechos humanos hicieron
responsable al Estado por su incapacidad para solucionar las demandas sociales.
Algunos intelectuales preguntaron ¿a quién benefician las bombas? y
expresaron que los actos terroristas no se justifican, ni siquiera por razones
revolucionarias (Rodríguez O., en La Jornada 9 nov
2006).
Eduardo Medina Mora, secretario de seguridad pública,
declaró que había una “alerta general” en el
país y que las explosiones provocaron que se reforzaran las medidas de
seguridad en puertos, terminales aéreas, carreteras federales y puntos
fronterizos. Los medios utilizaron los bombazos para exaltar el odio social; los
voceros oficiosos de la televisión llamaron, literalmente, a que la PFP
“disolviera a balazos”, inmediatamente, a la APPO a la que han
venido responsabilizando de la violencia.
El 8 de noviembre, el
Ejército Popular Revolucionario (EPR) llamó “a todo el
pueblo progresista” a organizarse y hacer patente su inconformidad y
solidaridad con el pueblo oaxaqueño. El día 10, una de las
organizaciones que se atribuyeron los bombazos, escisión del EPR,
manifestaron (en La Jornada 10 nov 2006) que viene “una etapa de
resistencia contra la privatización del agua, el petróleo, la
electricidad, una tenaz resistencia por preservar nuestra identidad como
nación mexicana. Por eso necesitamos unir las diferentes voces y fuerzas
antiimperialistas y anticapitalistas”.
Algo que es cierto es que,
en México, las guerrillas son una realidad; esas guerrillas no practican
el terrorismo, el espectro es inhomogéneo y han sobrevivido más de
40 años por razones objetivas (Hernández L., en La Jornada
14 nov 2006). Se reconoce que los bombazos no sirvieron al movimiento
oaxaqueño, más bien lo perjudicaron, pero quienes lo hicieron no
son guerrilleros manipulados por el Estado.
Captura de líderes para la “paz y reconciliación”
El 8 de noviembre se
supo que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) buscaba a Flavio Sosa,
dirigente de la APPO, para cumplimentar una orden de aprehensión librada
por un supuesto juez cuarto de distrito en materia penal del Distrito Federal.
La Procuraduría General de la República señaló que
había obtenido el mandamiento judicial contra varios líderes de la
APPO acusados de los delitos de sedición, ataques a las vías
generales de comunicación e incitación a la violencia.
De
acuerdo a la tercera fase del Operativo Juárez 2006, las fuerzas
del Estado mexicano debían capturar a la dirigencia de la APPO para
llevar la “paz y reconciliación” a Oaxaca. Se proyectaron 200
órdenes de captura contra maestros de la sección 22,
universitarios, miembros de organizaciones sociales y de la APPO.
Los
objetivos del operativo político-militar estaban muy claros. Se trataba
de desarticular totalmente al movimiento. “Política de terrorismo
de Estado contra la APPO”, le llamó Flavio Sosa quien, junto con
otros líderes tuvo que acogerse a la protección de la iglesia y
obtener varios amparos para impedir (sic) su detención. Las medidas de
protección eran correctas pero insuficientes, los amparos NO sirven de
NADA. Apenas dos días después, la iglesia oaxaqueña les
negó asilo a los líderes de la APPO.
Ese día se
realizó un mitin en el Hemiciclo a Juárez, de la ciudad de
México. Al evento asistió Andrés Manuel López
Obrador, a propuesta de la APPO dirigida a la convención nacional
democrática para “caminar juntos” en la lucha por la
desaparición de poderes en Oaxaca.
Congreso constitutivo de la APPO
El 9 de noviembre, la CNTE realizó un paro con
participación mayoritaria de 70 mil profesores en Michoacán; en
otros lugares, como Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas, Durango y Morelos, el paro
fue parcial.
A ese momento, la APPO había reportado a 334
detenidos, de los cuales 57 permanecían en reclusión, más
de 400 heridos, 53 desaparecidos y 17 asesinatos. La APPO señaló
que las garantías individuales habían desaparecido en el Estado y
que, de hecho, había en Oaxaca un estado no declarado de
excepción.
En ese contexto, la APPO convocó a su congreso
constitutivo para darle una estructura organizativa al movimiento. Los
organizadores dijeron que la dirección que surgiera consolidaría
el mando colectivo horizontal que ha caracterizado a la Asamblea. Del congreso
surgiría el consejo estatal de la APPO y, luego, se estructurarían
instancias regionales. En la nueva organización habría
representantes de pueblos, colectivos, sindicatos, grupos sociales y, sobre
todo, representantes de barricadas, en cada calle o colonia. “Romperemos
los rasgos atávicos que han afectado a la izquierda con sectarismos y
vanguardismos que no sirven a sus bases”, dijo uno de los organizadores y,
si no ocurriera la salida de Ulises Ruiz, “La APPO caminará por la
vía del poder popular”. (Petrich B., Méndez E., en La
Jornada 10 nov 2006).
El congreso de la APPO se inició el 11
de noviembre declarando disuelta a la dirección provisional. Se dijo que
el gobierno estatal ha tratado de vincular al movimiento de la APPO con grupos
radicales para desprestigiarlo pero “esta lucha es civil,
pacífica”. El congreso de la APPO acordó sus estatutos,
declaración de principios y plan de acción; también se
eligió una instancia de coordinación de 260 miembros.
El 15
de ese mes, el consejo estatal de la APPO acordó “sitiar” el
centro histórico “para no permitir la salida ni la entrada”
de la PFP. Por la tarde, miles de maestros y no docentes marcharon por las
calles de la ciudad exigiendo la salida de la Policía Federal
Preventiva.
La respuesta del pueblo oaxaqueño había sido
extraordinaria pero la desigualdad de fuerzas era notoria. El enfrentamiento con
el Estado no se puede sostener a nivel local, se requiere cobertura nacional en
términos organizativos y políticos. A ese momento, el Estado y su
gobierno ya había tomado la decisión de “aplastar” al
movimiento de la APPO, la utilización de las fuerzas
policíaco-militares no se detendría en nada. Los hechos revelaban
claramente a los siguientes escenarios.
Las organizaciones agrupadas
en la APPO han mantenido la movilización. En condiciones desiguales se
han enfrentado a la policía-soldados de ocupación. El Estado ha
propiciado la violencia utilizando provocadores y sicarios. La represión
violenta ha estado reiteradamente presente.
Los soldados, disfrazados de
policías, se abastecen en el aeropuerto de Oaxaca. El operativo a su
cargo consiste de tres fases, la tercera implica reprimir al pueblo y detener a
la dirigencia de la APPO.
Comisión de Energia