Confederación Nacional de
Jubilados y Pensionados
Se constituye la CNJP
Los días 25 y 26 de septiembre, jubilados de la capital e interior
del país pertenecientes a diversos sectores se reunieron en las
instalaciones del Sindicato mexicano de Electricistas (SME) para constituir a la
Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados (CNJP).
La CNJP
se constituyó “Con la finalidad de acabar con el "precario nivel de
vida" que experimentan pensionados y jubilados del país, por medio de
conseguir mejoras en seguridad social, en especial en el monto de sus
jubilaciones y en la atención sanitaria de este sector, así como
luchar por la defensa de sus derechos y establecer una vigilancia sobre los
legisladores en cuanto a las determinaciones que tomen con respecto al
sector” (Gómez C., en La Jornada 27 sep 2006).
Los
antecedentes de esta Confederación surgieron en la Convención
Nacional de Jubilados y Pensionados, realizada los días 19-21 de enero de
2006 a convocatoria del SME. 47 organizaciones de jubilados y pensionados
asistentes a dicha Convención, de 23 estados del país, aprobaron
la constitución de la CNJP.
La seguridad social como un derecho humano fundamental
La
Convención previa realizada en enero de 2006, a través de 50
ponencias, hizo diversas consideraciones. La Convención
señaló que, “La jubilación es una conquista
contractual de los trabajadores mexicanos que data de los años treinta
del siglo XX. Hoy, sin embargo, los patrones del mundo quieren desaparecer esa
conquista contractual ... Las grandes corporaciones del planeta, a través
de las instituciones financieras internacionales y con la complicidad de los
gobiernos, han dirigido la privatización –en cascada– de la
mayoría de los servicios públicos de los países
subdesarrollados: transporte, energéticos, salud, educación,
trabajo, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, agua, basura, biodiversidad,
etc.; el resultado ha sido desastroso: desempleo, pobreza, desigualdad y
deshumanización de una gran parte de la población
mundial”.
“A cada país se le privatiza según
circunstancia histórica y geográfica; y para México han
diseñado un plan de privatizaciones gradual discreto y furtivo,
para evitarse problemas de impacto social en virtud del carácter
constitucional y popular de la mayoría de los servicios públicos;
y han optado también por privatizar en paralelo, a través
de reformas en las leyes secundarias, sin tocar la
Constitución....
“La reforma a la Ley del Seguro Social
(LSS) de 1995 que entró en vigor en julio de 1997, así como la
última de agosto de 2004, obedece a esa estrategia (gradual y en
paralelo).
“Esta reforma estaba diseñada desde el año
2002 a través del documento del Banco Mundial: “Nuevo Programa de
Beneficios de Pensiones” recomendando, entre otras cosas: “Una nueva
estructura que considere dos tipos de asociados: los viejos miembros y a nueva
generación ... el establecimiento de cuentas individuales para el retiro
... el incremento de las contribuciones a los trabajadores”; agregando que
estas propuestas ... “se basan en la experiencia de reformas similares en
otros países”.
En efecto, esas “reformas
similares”, en América Latina, comenzaron en Chile que es el
pionero en reformas al sistema de pensiones (1980-81), seguido por Argentina
(1993-94), Colombia (1993-94), México (1995-97), Uruguay (1995-97),
Bolivia (1996-97), etc.; y en todos los casos por “recomendaciones”
del BM, FMI o del BID, poniendo en evidencia la fragilidad de la
soberanía nacional en los países del continente.
“En
abril de 2002, el Banco Mundial le entregó al gobierno mexicano el
documento para la reforma del otro sistema de pensiones, el del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE):
“proyecto de Asistencia Técnica para la Reforma del ISSSTE” y
que es muy similar a la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
privilegiando –entre otras cosas– la apertura al mercado y la
privatización de los servicios de salud y las pensiones, sustituyendo el
sistema solidario de pensiones por el sistema de cuentas
individuales”.
Según datos de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) contenidos en su documento:
“La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y
solidaridad”, América Latina y el Caribe forman una de las regiones
más inequitativas del, mundo. “El 61 por ciento de sus trabajadores
asalariados carece de seguridad social y el 40.6 por ciento de los hogares se
encuentran bajo la línea de pobreza y sin protección social
básica, lo cual afecta a 213 millones de personas, 88 millones de las
cuales viven en condiciones de pobreza extrema”.
El documento
también destaca que “México es una de las tres naciones en
el área, por debajo de Panamá y Paraguay, con la mayor incidencia
de pobreza extrema entre indígenas y afrodescendientes. Aunado a ello,
solo 55 por ciento del total de sus trabajadores tiene seguridad social, aunque
en el área rural 68.2 por ciento carece de este derecho”.
Además, ubica a México “en un nivel relativamente bajo de
cobertura en materia de jubilaciones y pensiones (de 23 por ciento, cuando el
que más, Uruguay, alcanza 93)”.
Respuesta obrera al neoliberalismo
“En pleno siglo XXI, el capitalismo ha
retomado su política neocolonial de saqueo, depredadora y de dominio
económico y territorial. Pero, también, ha propiciado la
resistencia global, la solidaridad internacional y la reorganización de
la clase obrera y de los pueblos en todo el mundo, particularmente en los
países subdesarrollados, como México”.
Como parte de
esta reorganización de la clase obrera de México, tanto de
jubilados como de los trabajadores en activo es que se constituido la CNJP cuyo
objetivo es:
“Constituir, agrupar y representar, de acuerdo con
los resolutivos de la Convención Nacional de Jubilados y Pensionados, de
enero de 2006, y bajo la Declaración de Principios, el Programa de Lucha
y sus Estatutos, la CNJP con el propósito fundamental de defender los
derechos de los jubilados y pensionados del país; restablecer la
legalidad constitucional ante modificaciones regresivas de las leyes en materia
de seguridad social; agrupar y reorganizar a los grupos de la sociedad que se
encuentran al margen de la previsión social y de los derechos de la
jubilación y pensión; restituir el papel tutelar del Estado y la
política del gobierno en la preservación de los derechos de
jubilación y pensión del país, así como difundir la
información nacional e internacional en materia de jubilaciones y
pensiones”.
Reunidos en el auditorio del SME, 50 agrupaciones
de jubilados de 28 estados del país, conformadas por electricistas,
telefonistas, ferrocarrileros y petroleros, entre otros, acordaron constituir la
CNJP. Vicente Gutiérrez García, secretario de jubilados del SME,
fue electo presidente y César Torroella, vicepresidente.
Comisión de Energia