Avanzan las negociaciones entre Pemex y charros petroleros
30 mil despidos más en Pemex
Revisión y modificación contractual
Con un aumento de 4.1 por ciento
de aumento al salario y 1.7 por ciento en prestaciones sociales quedó
resuelta la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) entre
Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM). En un documento de 677 páginas se
establecen “los derechos y obligaciones de ambas partes”
(Rodríguez I., en La Jornada 7 jul 2006).
La
revisión se firmó con suficiente anticipación para evitar
cualquier conflicto en el contexto postelectoral y para ocultar deliberadamente
los términos del acuerdo.
Asimismo, “La juez federal Silvia
Entrever Escamilla otorgó ayer dos autos de libertad al líder del
sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, en cumplimiento de una ejecutoria
de amparo, por lo que el primer caso de corrupción electoral que se
destapó al inició del gobierno foxista y que se conoció
como Pemexgate ya es historia para el ex diputado federal
priísta” (Méndez A., en La Jornada 19 jul 2006).
Al siguiente día, “la titular de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la
Procuraduría General de la República (PGR), María de los
Angeles Fromow Rangel, reconoció que en el caso del Pemexgate "la
fiscalía no pudo sostener, ni tiene una prueba directa que demuestre que
los implicados en el caso pudieran haber conocido previamente que el dinero
(transferido de Petróleos Mexicanos al sindicato petrolero) se iba a
destinar a un partido político".
Lo anterior es parte de los
acuerdos entre los charros del sindicato petrolero y el foxismo. Estos acuerdos
están enmarcados en los favores otorgados a los charros en 2004, es
decir, la entrega de Pemex al STPRM de 7 mil 781 millones de pesos (4.7 veces
los fondos desviados por el Pemexgate I). En reciprocidad a los fondos del
Pemexgate II, ahora los charros sindicales se apresuran a pactar la
“reestructuración” de Pemex y la modificación al CCT
que incluye el despido de miles de trabajadores y el ajuste al sistema de
jubilaciones y pensiones.
Despidos para eliminar jubilaciones
Vicente Fox Quesada, Luis Ramírez
Corzo --director general de Pemex-- y Carlos Romero Deschamps --"líder"
charro del STPRM--, pretenden eliminar las jubilaciones de más de 30 mil
trabajadores sindicalizados que serán despedidos. Pemex podría
enfrentar una nueva oleada de demandas laborales, que pondrían en crisis
su viabilidad financiera. Al momento, existen 27 mil demandas jurídicas
de trabajadores contra Pemex exigiendo su reinstalación.
El
director de Pemex declaró la existencia de negociaciones con el sindicato
para recortar miles de plazas con el fin de reducir el costo de la
nómina. Dijo que es urgente modificar el CCT, ya que éste resulta
demasiado costoso para la paraestatal. Pero en el fondo, este maridaje entre el
PRI y el PAN (PRIAN), y Fox y Romero Deschamps, sólo obedece a intereses
personales y a las instrucciones giradas por las empresas trasnacionales, el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo, que pretenden
adueñarse de Pemex, continuando con el actual sistema económico
(neoliberalismo), evidenciado ya como una auténtica fábrica de
pobres, y creador y protector de unos cuantos ricos en el mundo.
Por su
parte, la dirección corporativa de finanzas de Pemex aseguró que
los jubilados son una pesada carga y que, incluso, el fondo laboral es
insuficiente para pagar las jubilaciones a los trabajadores, lo que
obligó a Pemex a disponer de 837.5 millones de dicho fondo para cumplir
con esta obligación con la consecuente caída del 42.4% en los
recursos de ese fondo que pasaron de 1 mil 973 millones de pesos en 2004 a
sólo 1 mil 136 millones al cierre de 2005.
Según Pemex,
ésta situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad inmediata
de reestructurar la plantilla laboral de la paraestatal. Los priístas en
turno, Muñoz Leos, Ramírez Corzo, Romero Deschamps y ahora Fox, se
erigen verdugos de los trabajadores petroleros ya que los problemas financieros
de Pemex se deben a más de 67 años de mala administración,
al saqueo y a los desvíos de recursos para pagar campañas
políticas por parte de funcionarios de la empresa.
Esto fue
evidenciado con el sonado caso del Pemexgate I, reeditado ahora como Pemexgate
II, con la promesa de entregar Romero Deschamps casi 8 mil millones de pesos
luego de que éste "denunciara" hace apenas un año los intentos
privatizadores y la agresión al CCT, así como a la
Constitución mexicana en sus artículos 27 y 123, lo que
--según ellos-- en el corto plazo provocaría la pérdida de
empleos sindicalizados (o sea que de todas formas).
Los charros
presionaron en aquella ocasión amagando, incluso, con una huelga
petrolera para recibir la cifra millonaria del controvertido convenio, y
doblegar al gobierno foxista ansioso por lograr las reformas energética y
laboral, que contempla el aumento en la edad y la antigüedad para acceder a
la jubilación, ampliando así el período laboral efectivo de
los trabajadores y profundizando la explotación.
Pero la reforma
que más interesa al foxismo y por la cual negoció con el PRI y la
gobiernista central charra CTM, a través del sindicato petrolero y los
nuevos amigos de Fox, es la llamada reforma energética
(privatización) con la cual entregaría todo el petróleo
y gas de los mexicanos a las empresas trasnacionales.
Irresponsabilidad de charros y patrones
Ramírez Corzo declaró en
diciembre pasado (2005) que la plantilla laboral de Pemex ascendía a
139,171 trabajadores de los cuales 93,706 son sindicalizados. Lo que no
aclaró es que la diferencia, o sea 45,465, son trabajadores de confianza,
a pesar de que el 16 de marzo del 2000 Muñoz Leos y Romero Deschamps
firmaron el convenio 7591 en el que se establecía el traslado de 5,000
plazas de confianza al régimen sindicalizado, violando la ley que
establece que el 90% de los trabajadores deben ser sindicalizados para realizar
trabajos de apoyo y operación, y como máximo 10% de trabajadores
de confianza, realizando funciones de supervisión y
dirección.
Romero Deschamps es el responsable de que se haya
engrosado la plantilla laboral sindical, pero aún así el CCT
establece, en la cláusula 20, que la Comisión Mixta de Reacomodo
tratará de que los trabajadores sindicalizados sean reubicados en otros
departamentos o centros de trabajo e, inclusive, de tenerse que despedir
trabajadores tendrían que salir nueve de confianza por cada sindicalizado
en cada departamento y sin importar la categoría que ostenten los
trabajadores de confianza.
De violar Pemex y el sindicato estos derechos
laborales establecidos en el CCT, los trabajadores podrían demandar la
reinstalación, sueldos caídos y jubilación después
de 20 años de antigüedad. Cabe mencionar que las demandas que
más afectan las finanzas de la empresa y el sindicato son los despidos
injustificados, ya que, según declaraciones de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, el año pasado más de la cuarta
parte de las alrededor de 120 mil demandas presentadas son en contra de
Pemex.
Mientras los trabajadores advertíamos de estos recortes de
personal vía "jubilaciones", los seudodirigentes sindicales y la empresa
insistían en que no llevarían a cabo más despidos de
trabajadores sindicalizados y de confianza, confiados en que mediante el
supuesto programa de “retiro voluntario”, que viene operando desde
el 2001 vía las "jubilaciones anticipadas y obligatorias", cancelan la
última plaza escalafonaria con la complicidad de los charros y en abierta
estrategia para disminuir al sindicato. El propio Romero Deschamps firmó
en 2001 la cláusula 34 del CCT, de acuerdo a la cual se desplaza a los
trabajadores de nuestra propia materia de trabajo poniéndonos en la
antesala del despido masivo para facilitar la entrada del capital privado
extranjero.
Lo peor es que quien pagará estos abusos de Fox,
Muñoz Leos, Ramírez Corzo, Romero Deschamps, los 36 secretarios
generales en turno y de los aproximadamente 1,500 comisionados del sindicato
petrolero a nivel nacional (que por cierto perciben un ingreso mensual de 30 mil
pesos) será el pueblo de México. La Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial establece una indemnización por daño moral por la que
Pemex estaría obligado a pagar el equivalente de hasta 20 mil veces el
salario mínimo diario por cada reclamante afectado.
Los
trabajadores petroleros organizados en el FTE hacemos responsables a los charros
sindicales de encubrir convenios laborales en los que el trabajador es lo que
menos importa y por los que tendremos que pagar una cuota muy alta. Se trata de
charros fieles a las políticas foxistas que llevan a la empresa a su
quiebra y posterior privatización.
!No a la privatización de Pemex!
¡Rescate de la materia de trabajo!
¡Fuera funcionarios corruptos de Pemex y del STPRM!
¡No la reforma de las jubilaciones!
¡No a los despidos injustificados!
¡No la represión sindical!
¡Por la reinstalación de los despedidos!
Unidad Sindical Democrática, Sección 34 del STPRM
Petroleros en el
Zócalo de la Ciudad de México, 1938. El charrismo sindical ha
hecho olvidar a los trabajadores las grandes luchas encabezadas por los
petroleros mexicanos. ¡Hay que organizar la lucha contra el charrismo y
volver a recuperar la capacidad de hacer historia!
