Crisis política y pasividad del gobierno foxista
Conflicto social en Oaxaca
El descontento del pueblo de Oaxaca aumenta mientras el gobierno procede a la represión.
El gobierno en evidente crisis, en Oaxaca “tronaron” las instituciones oficiales.
La movilización se intensifica y extiende en todo el Estado, Ulises Ruiz debe salir.
Protesta social contra el autoritarismo del gobierno
La protesta social no es solo en la
capital, Oaxaca, sino que se ha extendido a las siete regiones del estado del
mismo nombre. En Zaachila, Huahuapan de León, Tehuantepec, Pinotepa
Nacional, Teotitlán de Flores Magón y 28 municipios más el
pueblo ha desconocido a los alcaldes. En todos los casos, las acciones se han
tomado por los pobladores cansados de tantos abusos. En sustitución de
los destituidos se han nombrado “ayuntamientos populares”. La
demanda principal del movimiento, en estos momentos, es la renuncia de Ulises
Ruiz, gobernador de Oaxaca. Tanto el gobernador como los alcaldes ya destituidos
son miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y están
siendo apoyados por el Partido de Acción Nacional (PAN) y el gobierno
foxista.
Organizados en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO),
los maestros y pobladores oaxaqueños realizaron, a fines de julio, un
boicot a la presentación de la tradicional Guelaguetza,
espectáculo comercializado con música y baile de las regiones de
Oaxaca, y, procedieron a realizar otro evento pero de carácter abierto,
popular y gratuito. Durante el boicot, hubo provocaciones y disparos.
El
1 de agosto, “unas 2 mil mujeres de diferentes organizaciones de la APPO
tomaron al medio día las estaciones de radio 96.9 FM y 680 AM, y
el Canal 9, la llamada "televisión de los oaxaqueños",
pertenecientes a la Corporación Oaxaqueña de Radio y
Televisión (CORTV), propiedad del gobierno estatal” (Bellinghausen
H., Vélez O., en La Jornada 2 ago 2006).
“Las
mujeres denunciaron en la radio oficial el uso "contra el pueblo" de armas de
uso exclusivo del Ejército por parte de "grupos paramilitares" y,
agregaron, "Será el pueblo de Oaxaca el que decida el rumbo del
estado."
El mismo día, un grupo de maestros oaxaqueños
iniciaron un plantón en la Ciudad de México, frente al Senado de
la República, para exigir la renuncia de Ulises. En Oaxaca, los maestros
lo emplazaron su pronta renuncia o, "de lo contrario se procederá a la
quema de autobuses" del servicio urbano de pasaje, dijeron.
Provocación, violencia e indignación popular
“El movimiento magisterial y
popular integró hoy brigadas móviles para cerrar de manera
permanente todas las oficinas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
así como palacios municipales, y "recoger" todos los "vehículos
oficiales", con el objetivo de "paralizar la operatividad de la
administración pública e incrementar las condiciones de
ingobernabilidad", a fin de que renuncie o sea destituido el gobernador Ulises
Ruiz Ortiz” (Vélez O., en La Jornada 5 ago 2006). Los
maestros de la sección 22 del SNTE tomaron el palacio municipal de
Oaxaca.
El movimiento ha llegado a un nivel tal que la
administración gubernamental ha sido paralizada sumiendo a las
instituciones en una profunda crisis política. El descontento contra el
autoritarismo del gobierno estatal ha aglutinado ya a un sector mayoritario de
la población.
A petición de Ulises Ruiz, el 7 de agosto,
llegaron a la capital del estado 500 elementos de la Policía Federal
Preventiva (PFP) los que acamparon en la 28 zona militar del Ejército
federal.
El 10 de agosto, el movimiento magisterial y popular
realizó una nueva marcha. 20 mil personas se manifestaban por las calles
de Oaxaca cuando empezaron los balazos. La marcha fue atacada por presuntos
policías apostados en el balcón de una casa deshabitada. Los
atacantes abrieron fuego durante varias ocasiones dispersando a la multitud. Un
mecánico fue herido y, posteriormente, falleció. Con piedras, los
Topiles de la APPO hicieron frente a los agresores y detuvieron a cuatro,
el quinto se refugió en el interior de la casa de donde salieron los
disparos. Los Topiles lo buscaron y, al no encontrarlo, procedieron a
prender fuego a esa casa.
La indignación del pueblo
oaxaqueño aumentó. "Fox, Calderón y Ulises, el pueblo los
maldice", surgió como consigna.
El 15 de agosto, otros
provocadores fueron detenidos por el pueblo cuando habían irrumpido en la
casa de uno de los miembros de la APPO en el municipio de Coyotepec. Ese
día, los 5 mil afiliados a la sección 5 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud (SNTSSA) se sumaron al movimiento e iniciaron un paro
de labores para exigir la salida de Ulises. Esta sección forma parte del
Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca (FSODO). Los
trabajadores se integraron al plantón indefinido que se mantiene en el
centro histórico de Oaxaca.
Foro para construir la democracia
Ese día se inició, también, el
Foro Nacional Construyendo la Democracia y la Gobernabilidad en Oaxaca. La APPO
proyectó la realización de un paro cívico estatal y el
cierre de carreteras. El Foro fue convocado como "un espacio de reflexión
plural y diverso, cuya finalidad es convocar a amplios sectores de la sociedad
oaxaqueña y de la comunidad nacional, para analizar la grave crisis que
enfrenta el estado, proponer alternativas de solución y ofrecer
respuestas desde una perspectiva ciudadana".
Al evento asistieron 1,500
participantes de 200 organizaciones. Teniendo como sede a la Universidad Benito
Juárez de Oaxaca, los temas se refirieron a “la necesidad de un
nuevo Constituyente estatal, el diseño de un programa político y
la discusión de políticas de inclusión y diversidad en
Oaxaca”-
El Foro exigió al Congreso de la Unión la
desaparición de poderes en la entidad. También se hizo “un
llamado a la sociedad oaxaqueña para iniciar un diálogo y consulta
hacia una nueva Constitución, que "refleje a todas las voces que
conforman la pluralidad y diversidad de sectores, grupos y expresiones que hacen
la riqueza histórica y política del estado".
Los
indígenas de la Unión de Organizaciones Sociales de la Sierra de
Juárez, desde el 14 de junio, han sido parte solidaria y activa del
movimiento, su presencia en el Foro fue determinante. También la
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y otras
organizaciones indígenas han sido partícipes del movimiento. El
FSODO anunció un paro de 80 mil trabajadores del sector público
para el 18 de agosto. Ese día se realizó una marcha. En el mitin
se exigió al Congreso de la Unión la desaparición de
poderes.
El 17 de agosto, en la Ciudad de México, integrantes de
la APPO estuvieron presentes en los campamentos y declararon que se unían
a la lucha contra el fraude electoral presidencial para evitar la
imposición de Felipe Calderón y por la remoción de Ulises
Ruiz.
Pero la crisis, más que electoral es social. En Oaxaca se ha
vivido durante casi 100 días un clima de violencia persistente y
creciente. Las acciones de movilización han sido masivas, intensas y
variadas, incluyendo bloqueos de bancos y carreteras, toma de oficinas de
gobierno, vehículos oficiales, estaciones de radio y televisión.
Al mismo tiempo, se han multiplicado las órdenes de aprehensión
contra participantes en el movimiento, agresiones armadas, provocaciones e
intimidaciones policíacas, detenciones y torturas.
El Foro de
Oaxaca lo expresó un diagnóstico de la situación enmarcado
en “"la falta de instituciones confiables para el buen desempeño
del servicio público. La violencia constante promovida desde el gobierno,
junto al uso ilegítimo de las fuerzas de seguridad pública,
evidencian la crisis de gobernabilidad en el estado".
Agresiones deliberadas del convoy de la muerte
A la media noche del 22 de agosto,
policías estatales y municipales, algunos de ellos encapuchados, atacaron
a maestros y miembros de la APPO abriendo fuego contra las guardias nocturnas de
vigilancia, hiriendo a una persona quien después falleció. Lejos
de cumplir sus funciones, Lizbeth Cañas, procuradora de justicia del
Estado, declaró que el movimiento es “una guerrilla urbana”.
Ulises Ruiz, por su parte, reivindicó la acción de la
policía. En la ciudad de México, Enrique Jackson (PRI) dijo que
había “evidente presencia de grupos armados” mientras el PRD
exigió la salida de Ulises. La APPO rechazó las versiones de
Cañas y Jackson.
Las agresiones policíacas se produjeron en
diversos puntos de la ciudad y de otros municipios. En la
“Operación Limpieza”, las policías, golpeadores y
pistoleros a bordo de vehículos pesados, se dedicaron a aterrorizar a la
población. Los agresores se hicieron acompañar de la
televisión privada nacional (Televisa y Televisión Azteca). Los
grupos de golpeadores estaban encabezados por los charros sindicales de la CROC,
organización mafiosa afiliada a las imperialistas CIOSL-ORIT.
Para
evitar más agresiones, se multiplicaron las barricadas del movimiento en
calles y avenidas. Pero, al siguiente día, prosiguieron las agresiones
del convoy de la muerte contra instalaciones de varias radiodifusoras en
poder de la APPO. Luego, los golpeadores tomaron la rectoría de la
Universidad de Oaxaca desalojando a profesores y estudiantes.
Las
asambleas populares se multiplicaron y el gobierno federal ofreció
“negociaciones”. La APPO respondió que, después de 38
asesinatos, exigía la “desaparición de poderes como un
derecho del pueblo”. El movimiento declaró que “"los
paramilitares, los violentos, son del gobierno; quienes han puesto los muertos,
los heridos, los secuestrados, somos nosotros" y agregó que, "las
barricadas defienden los sueños del pueblo oaxaqueño"
(Bellinghausen H., en La Jornada 24 ago 2006).
Escuadrones sueltos
y flotillas de taxis de la CROC circulaban con los convoyes policíacos
disparando por las calles, ante una movilización decidida, incansable e
intensa de la población en la capital y municipios de Oaxaca.
El
24 de agosto, la APPO aceptó dialogar con la secretaría de
gobernación “sin condiciones” y con un único tema
“la salida de Ulises Ruiz”.
Protesta de los maestros
de Oaxaca frente al Senado de la República.
FOTO: B. Hernández, en www.jornada.unam.mx
Comisión de Energia