Volumen 6, Número 73, marzo 20 de 2006

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CFE, empresa “rentable” ¿para quién?

Como efecto de la emisión de bonos respaldados en su cartera de “clientes”, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Ésta anunció ahora que a pesar de la administración neoliberal, la empresa pública generó “por primera vez desde el 2001” una utilidad neta, para el 2005, por 4 mil 70 millones de pesos [Reforma, 1º de marzo de 2006]. El director de Finanzas de CFE, Francisco Santoyo, atribuye el hecho principalmente al tipo de cambio del peso, que fue de 10.77 pesos por dólar, comparado con los 11.26 pesos del 2004, aunque también dijo que la Secretaría de Hacienda “fue más benévola” con CFE en el 2005, al no aplicarle impuestos extraordinarios, como lo hizo en el 2004.

No obstante, el día 3 de marzo el periodista Noé Cruz Serrano [El Universal, 3.03.2006], apoyado en un informe de uno de los auditores externos de CFE (la transnacional Deloitte Touche Tohmatsu), manipuló tendenciosamente el informe de Santoyo para inducir la idea de que, durante 2005, el gobierno entregó a CFE 6 mil 423 millones de pesos como subsidio directo a su operación, a pesar que los propios auditores reportaron que dichos recursos son “transferencias virtuales”, que “corresponden a los recursos que el gobierno federal otorga a los usuarios del servicio eléctrico a través de CFE mediante diversas tarifas subsidiadas en venta de energía” mismos que se bonifican contra “el aprovechamiento” a cargo del organismo. En pocas palabras, la CFE cubre con sus ingresos el subsidio a las tarifas por lo que debe recurrir al endeudamiento para desarrollarse.

En realidad, durante todo su sexenio, el foxismo manejó a su antojo el impuesto “por aprovechamiento” que aplica a las empresas públicas para obtener recursos adicionales, como lo muestran los estados financieros en el caso de la Comisión Federal de Electricidad.

Utilidades netas de la CFE, 2001-2005

Vicente Fox recibió una empresa financieramente fuerte que estorbaba sus afanes privatizadores. Por eso “la castigó” con fuertes impuestos a través de una contabilidad tramposa inaplicable a una empresa pública: “CFE registró en el 2004 una pérdida neta por 8 mil 591 millones de pesos, derivada del pago de aprovechamientos por 14 mil 983 millones de pesos, que le aplicó Hacienda” dijo Santoyo, según la nota del Reforma, agregando que “Es un acto de autoridad y esperamos que no se repita”.

El reporte enviado a la BMV por la CFE totaliza las ventas de energía de la paraestatal en 2005, que alcanzaron los 183 mil 305 millones de pesos mientras que, el último informe público de la paraestatal correspondiente al tercer trimestre de 2005, las establecía en 132 mil 329 millones de pesos. Es decir, que los banqueros están mejor y más oportunamente informados que el pueblo, verdadero propietario de la CFE.

Otra perversión en la “nueva” contabilidad de las empresas públicas es el pasivo de la CFE, que según el reporte a la BMV asciende a 295 mil 349 millones de pesos, y en el que la mayor parte corresponde al infortunado rubro “pasivo laboral”, que según el análisis financiero neoliberal es el costo de las obligaciones de las empresas por seguridad social y que, paradójicamente, casi ningún empresario tiene, por la sencilla razón de que todos terminan transfiriéndolo al Estado, a través de las instituciones públicas de seguridad, porque en el modelo capitalista el capital “está exento” de responsabilidad social.

Volviendo al tema de la rentabilidad de CFE, lo más grave es que nadie sabe a qué se destinaron los más de 21 mil millones de pesos que fueron expropiados por el foxismo a la CFE de 2002 a 2004. Sabemos, en cambio, de las elevadas ganancias obtenidas por las transnacionales que venden la electricidad que ilegalmente generan en México “para el servicio público” (o directamente entre particulares) y que el año pasado reportaron a los centros financieros y a sus inversionistas, para mejorar su cotización en la Bolsa.

No hay duda que la industria eléctrica es un “negocio rentable”, pero para unos cuantos. Mientras, el pueblo paga tarifas cada vez más elevadas. La cuestión es simplemente decidir ¿Para quién deben ser las “utilidades” de las empresas públicas?

Electricistas del SME, firmes defensores del patrimonio social