La burguesía local presiona en tiempos electorales
Acuerdo de Chapultepec
No respetan el derecho, ni invierten ni crean empleo, solamente se enriquecen.
Los empresarios millonarios de México pretenden un acuerdo para incrementar sus fortunas.
Estos burgueses han sido los beneficiarios de las inconstitucionales privatizaciones.
Su intención es la privatización TOTAL de las industrias petrolera y eléctrica.
El FTE de México rechaza las propuestas del Capital y sus voceros en México.
Millonarios reiteran propuestas viejas
El 29 de septiembre, alrededor de 300
empresarios, intelectuales y académicos, fueron convocados por el
millonario Carlos Slim, en el alcázar del Castillo de Chapultepec donde
dieron a conocer a la opinión pública mexicana el
“Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, la
Inversión y el Empleo”. El evento contó con la presencia
de Carlos María Abascal Carranza, Secretario de Gobernación de
Fox.
Los asistentes firmaron e hicieron público este acuerdo,
conocido como “el Acuerdo de Chapultepec”, que bajo una
visión totalmente empresarial plantea 5 ejes, con el objeto, según
ellos, de “convocar a los mexicanos a la construcción de una
democracia para garantizar nuestras libertades, nuestra pluralidad y nuestros
derechos” (Periódico La Jornada, 30 de Septiembre de 2005).
Dichos ejes son los siguientes:
1. Estado de Derecho y Seguridad Pública
2. Desarrollo con Justicia, Crecimiento Económico y Empleo
3. Formar y desarrollar Capital Humano y Social
4. Desarrollo de Capital Físico
5. Reforma de Administración Pública.
Destaca el eje
2, “Desarrollo con justicia, Crecimiento económico y empleo”
que, entre otras cosas, propone “cambiar el marco legal para poder
sumar el ahorro privado y el social a la capacidad de las finanzas
públicas” aludiéndose a
un punto en donde existe un profundo rechazo de la sociedad mexicana: el de
la privatización parcial o total del Sector Energético
Mexicano.
Esta propuesta no es nueva, ni bien intencionada, y mucho
menos busca construir desarrollo con justicia social, sino que está
acorde con lo planteado por los gobiernos neoliberales de nuestro país,
desde 1982, por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado,
después por Salinas de Gortari, luego por Ernesto Zedillo, y ahora por
Vicente Fox: Entregar nuestros recursos energéticos
(Petróleo, Gas y Electricidad), a los empresarios nacionales y
trasnacionales. Eso, en gran medida, ya lo están
haciendo.
Beneficiarios de las
privatizaciones
Este “acuerdo para la unidad nacional”
está planteado por un puñado de millonarios, quienes han sido
los principales beneficiarios de la política de privatizaciones de
empresas públicas implantada en México desde 1982:
Carlos Slim, además de Salinas Pliego y Emilio Azcárraga,
dueños de Televisión Azteca y Televisa respectivamente, quienes
son los principales promotores de este documento empresarial.
Es de
dominio público que, el gobierno federal a partir de 1982 comenzó
con la política de privatización de organismos públicos. Con el
afán de maquillar este proceso, desde aquel entonces lo llamaron
“proceso de desincorporación de empresas públicas”,
así el gobierno mexicano vendió una gran cantidad de empresas
públicas, a precios francamente ridículos y risibles,
multiplicando enormemente las inmensas fortunas de
personajes como Carlos Slim, que adquirió entre
1982 y 1983: Hulera el Centenario y la cadena de restaurantes Sanborns;
en 1985, compró Porcelanite, Euskadi y las fábricas de
papel Loreto y Peña Pobre; en 1986, la Compañía Minera
Frisco y Nacional de Cobre; en 1989, Bicicletas de México.
El
negocio más grande y jugoso de Slim vendría en 1990, cuando el
Gobierno mexicano subastó Teléfonos de México (Telmex)
que en aquel entonces era empresa pública de participación estatal
mayoritaria. El Grupo Carso (con Slim al frente) encabezó al
consorcio ganador que pagó 1 mil 757 millones de dólares por la
compañía. Sectores progresistas y democráticos denunciamos
que había sido favorecido por el entonces presidente Carlos Salinas. El
resultado es que su fortuna creció a tal grado, que en los últimos
años aparece reiteradamente en la lista de Forbes, que publica las
fortunas de las 500 personas más ricas del planeta.
Como se puede observar el ascenso de Slim ha sido
espectacular, para un empresario que hasta hace
poco más de quince años era un ilustre desconocido, pero gracias a
la política neoliberal de privatizaciones hoy representa la cuarta
fortuna mundial.
Asimismo, entre otros firmantes de este “Acuerdo
de Unidad Nacional”, están Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga,
María Asunción Aramburuzabala, etc., quienes también han
visto crecer sus fortunas al amparo de las privatizaciones de empresas
públicas: Ricardo Salinas Pliego con 2 mil 600 millones de
dólares; María Asunción Aramburuzabala con mil 800 millones
de dólares; Jerónimo Arango con 3 mil 600 millones de
dólares; Alberto Bailleres con 2 mil 700 millones de dólares;
Lorenzo Zambrano con 2 mil 200 millones de dólares; Roberto
Hernández con 2 mil millones de dólares; Alfredo Harp Helú
con mil 200 millones de dólares y Emilio Azcárraga Jean con mil
millones de dólares. (Fuentes: Revista Forbes, periódico
La Jornada).
Fortunas ilegítimas y escandalosas
El proceso de privatizaciones le
ha salido caro a México, como lo muestran los siguientes datos: De los
1,155 organismos públicos que existían en 1982, el gobierno
mexicano vendió más de 1000, obteniendo por su venta 31,538
millones de dólares, esto incluye la venta de carreteras, bancos,
aerolíneas, telecomunicaciones, etc. Lo que los mexicanos hemos tenido
que pagar después, para rescatar estas empresas de la quiebra, son 109
214 millones de dólares, casi 300% más de lo que había
ingresado al fisco por la venta de las citadas empresas (Fuente: Datos del
Banco de México).
En consecuencia, de acuerdo a cifras
conservadoras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), cerca del 60% de la población mexicana, se
encuentra en estado de pobreza, situación que no va a cambiar con la
firma de un “Acuerdo Nacional para la Unidad”, sino solamente con un
cambio profundo y radical de la política económica de nuestro
país.
Por otra parte, hay que señalar que muchas
afirmaciones que se hacen en este documento denominado “Acuerdo
nacional”, no son más que justificaciones del modelo
económico neoliberal, como por ejemplo las llamadas
“consideraciones generales”. Se dice que “Los recursos
disponibles del sector público son y serán insuficientes para que
el Estado se haga cargo de estos desafíos por sí solo. Para
nuestro desarrollo sostenido y sustentable, es necesario sumar los ahorros
privado y social.”
En este punto habría que recordarles
a Slim y compañía, que el problema no es la falta de recursos del
sector público. Como ejemplo, tenemos las auditorias realizadas en 2004
por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a empresas
públicas como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y
Fuerza del Centro (LyFC) las que arrojaron, entre otras conclusiones, que los
ingresos de estas dos empresas las hacía autosuficientes, por lo que no
había necesidad de inversión privada en materia de
generación eléctrica.
Este viejo pretexto de la “falta de recursos del sector
público”, es el mismo que utilizó Zedillo en su iniciativa
de privatización de la Industria Eléctrica en febrero de 1999. Lo
mismo ha sido argüido por Vicente Fox al promover sus 5 iniciativas de
privatización del Sector Eléctrico el 16 de agosto del 2002. Estos
pretextos fueron desmentidos por el Congreso de la Unión y por expertos
en la materia.
Más aún, los recursos que ingresan a estas empresas, y que la
Hacienda Nacional recauda, se destinan para el pago de la deuda externa. Por lo
tanto, mientras se siga privilegiando el pago de la deuda externa,
lógicamente no habrá recursos para invertir no sólo en el
Sector Energético, sino tampoco en educación, salud y
vivienda.
Los mexicanos rechazamos las privatizaciones
Debemos recordar que en Junio de 2004, el Banco Mundial publicó
una encuesta que realizó a nivel de América Latina, para valorar
la opinión de los ciudadanos de esta región sobre las
privatizaciones. En el caso de México el resultado fue el
siguiente:
“Con base en información de empresas de
demoscopía regionales, el Banco Mundial señaló que al
menos tres de cada cuatro mexicanos desaprueban las privatizaciones, cifra
que revela un cambio de tendencia respecto de lo que ocurría hace apenas
seis años. En 1998, la incorporación del capital privado a
actividades reservadas al Estado era desaprobada por 40 por ciento de la
población, pero en 2000 ya era 60 por ciento y creció hasta 75 por
ciento en la última muestra".
El reporte Reformando la
Infraestructura, divulgado por el Banco Mundial en Washington, establece que
"la hostilidad" creciente a las privatizaciones "no está limitada a un
puñado de manifestantes radicales". Encuestas de opinión
pública en varios países en desarrollo o en transición
(como se identifica a las naciones del ex bloque comunista) revelan "un
creciente desencanto" hacia estas políticas, una desilusión
alimentada por el despido de personas, el incremento de precios, el retraso (o
ausencia) de los beneficios prometidos y el impacto de las privatizaciones en la
distribución de la riqueza". La conclusión es
clara: Según el propio Banco Mundial, tres de cada cuatro
mexicanos rechazamos las privatizaciones.
Los patrones quieren la privatización total, el FTE rechaza esos acuerdos
Queda claro que lo planteado en el “Acuerdo para la Unidad Nacional”,
entre otras cosas no es más que un intento de los empresarios para
revertir esta tendencia y culminar el proceso de privatizaciones, con el objeto
de apoderarse sobre todo del Sector Energético (Petróleo, Gas y
Electricidad).
En este contexto político, el Frente de
Trabajadores de la Energía (FTE) de México rechaza
públicamente este llamado Acuerdo de Chapultepec y en
particular la propuesta del eje 2 del “Acuerdo
para la Unidad Nacional”, que establece: “es necesario
cambiar el marco legal para poder sumar el ahorro privado y el social a la
capacidad de las finanzas públicas en virtud de que esto
traería como consecuencia la privatización TOTAL de nuestra
Industria energética nacionalizada.
Trabajadores
mexicanos en lucha encabezados por el SME
Comisión de Energia