45 Aniversario de la Nacionalización Eléctrica en México
Contra-reforma eléctrica en marcha
La privatización eléctrica furtiva sigue adelante, el gobierno la implementa.
Las transnacionales quieren al CENACE bajo su control absoluto.
La CRE prepara nuevo esquema de tarifas eléctricas, es previsible otro aumento.
Mejora regulatoria, disfraz privatizador
En septiembre anterior, la secretaría de Economía
publicó, en el Diario Oficial de la Federación [DOF-11.08.05], un
Acuerdo (disfrazado de lineamientos para la presentación de programas de
mejora regulatoria de las dependencias del Estado) por el que se pretende
obligar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del
Centro (LyFC) a realizar una separación contable de la generación
eléctrica (por planta y unidad) detallando los costos unitarios de
generación. La medida, por supuesto, es para empatar con la contabilidad
pública con la de las plantas generadoras privadas, así como los
exportadores e importadores de energía eléctrica, mismos a los que
no se exige “transparencia”. Del mismo modo, los costos de
“conducción, transformación, transmisión,
distribución y abasto de energía eléctrica”
deberán separarse por región, incluidos los costos
laborales.
El anexo de dicho Acuerdo establece las mediadas
específicas que habrán de contener los programas de cada entidad,
entre las que destacan las siguientes:
a) “Transparentar” los costos unitarios del despacho de carga
(tanto del despacho previsto con una semana de anterioridad, como los del
despacho económico efectivamente realizado, junto con la capacidad
aportada por cada planta de generación. Es indudable que los
burócratas economistas del estado buscan con ello “adecuar”
la contabilidad de las empresas públicas al modelo de mercado. Para que
no quede duda, se especifica que las modificaciones deben estar conforme a las
“mejores prácticas internacionales”.
b) “Transparentar” la rendición de cuentas de las
empresas paraestatales, donde además de esclarecer los costos unitario y
económico, se exige reportar los indicadores de gestión y calidad
del servicio; a poner a disposición “del público en
general” (las transnacionales), un “modelo de
simulación” para el cálculo de las contraprestaciones por el
uso temporal de la red eléctrica y las restricciones técnicas que
presente el sistema (así como las obras e inversiones que tenga planeado
el sector público para solventarlas). Es decir, facilitar todo lo
necesario para la interconexión de los permisionarios y el
establecimiento de una política de fomento a las opciones de
autoabasto.
Economía “sugiere” además a la
secretaría de Energía (Sener) modificar el reglamento de la Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) en
Materia de Aportaciones, elaborando un anteproyecto de reforma (que
deberá entregar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer) a más tardar en 40 días) que determine el cargo por
aportación exclusivamente en base a los costos de la obra.
Transnacionales tras el CENACE
En entrevista [Reforma, 1 Mayela Córdoba], José
Acevedo Monroy, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de
Energía, afirmó que la autonomía del Centro Nacional
de Control de Energía (Cenace), considerada parte de la reforma al
sector eléctrico y a la que se oponía la CFE, será
obligatoria, como parte del las Acciones Concretas para Mejorar la
Competitividad, presentadas por el Ejecutivo hace unas semanas.
La
propuesta responde puntualmente a demandas del sector privado en las que exige a
CFE no solo reforzar la red de transmisión y distribución
eléctrica, sino "plazos específicos para mejorar la calidad, la
competitividad y la cobertura" del servicio [Consejo Coordinador Empresarial, en
su propuesta a Cofemer publicada en El Financiero, 22.09.05]. Solicitan
además la eliminación del trámite denominado aportaciones
específicas, aduciendo que exonera tanto a CFE como a LyFC de la
responsabilidad de ofertarles el servicio de manera "adecuada y en
tiempo".
La Sener privatiza a través de las energías renovables
La Sener, atenta a las demandas de la oligarquía nacional y las
transnacionales, presentó ya un proyecto de modificación de
contratos de interconexión para favorecer los proyectos de
energías renovables (Ley para el Fomento de Energías Renovables)
con el que busca reactivar su política privatizadora, otorgando
incentivos a unos 66 permisos que ha otorgado la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) para centrales de ese tipo (hidroeléctricas,
eólicas y de biogás).
El proyecto de ley “reconoce la
capacidad que aporta la energía renovable al Sistema Eléctrico
Nacional en las horas de máxima demanda”, sin embargo no hace
referencia a los elevados costos de inversión y la baja eficiencia
eléctrica de este tipo de plantas.
Los concesionarios, a
través de Eduardo Zenteno Garza (Eléctrica del Valle de
México, de la francesa EDF Energies Nouvelles), se quejan que los
excedentes generados mediante proyectos de “energía alterna”
son pagados por CFE al 85% del costo real.
La CRE prepara nuevos aumentos tarifarios
La CRE, por su parte, anunció que pronto tendrá listo el
estudio que permitirá diseñar una estructura más eficiente
de tarifas eléctricas tanto para industriales como de usuarios
domésticos. Dionisio Pérez Jácome Friscioni, presidente de
la CRE, dijo que “Muy pronto tendremos ya el estudio actualizado completo
que describirá los costos marginales aplicables en el sector
eléctrico mexicano, que aportará elementos dirigidos a lograr una
reestructuración del sistema tarifario en México”
[Reforma, 5.09.05]
Al ser cuestionado por la periodista Alma
Hernández [El Economista, 19.09.05] sobre los beneficios de la
reestructura de precios, Dionisio dijo que “se recogerán los costos
eficientes, a fin de que el consumidor pague por servicios eficientes”
concluyendo a la manera de Cantinflas que “el objetivo es proteger
los intereses de los usuarios asociados a mayores beneficios para los
mismos”.
¡Impedir la
privatización furtiva burocrática!
Es evidente que
el ejecutivo federal lanzó su llamado “decálogo
energético” como una cortina de humo con la que pretende desviar la
atención pública respecto de este tipo de reformas furtivas, que
afectan directamente la operación de las empresas públicas, con un
severo impacto negativo sobre las tarifas al público.
Se trata de
una nueva agresión consumada en la normatividad secundaria, en contra del
pacto constitucional. La solución es simple: impedir que las empresas
públicas lleven adelante dichas “recomendaciones” del
ejecutivo a través de la secretarías de Economía y muy
seguramente de Energía. ¿Cómo? Desarrollando la
organización social y obrera, movilizándonos en todo el
país.
Comisión de Energia