Volumen 5, Número 65, agosto 10 de 2005

Medida totalmente insuficiente

Reforma fiscal para Pemex

Paliativo a los graves problemas de Pemex: ni se detiene su privatización, ni se recapitaliza.
El legislativo anuncia “un respiro” transitorio a Pemex, sin explicar cómo habrán de sustituirse los ingresos petroleros en el presupuesto federal.
El esquema fiscal vigente NO garantiza los ingresos suficientes. Previsible contraofensiva foxista.


Nuevo régimen fiscal de Pemex impacta el presupuesto 2006

El pasado miércoles 29 de junio, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) --vía la reforma de la Ley Federal de Derechos--, que reduce el pago de impuestos de la paraestatal hasta por 25 mil millones de pesos (mdp). La medida impactará el presupuesto del 2006, porque significa menos recursos para los estados y municipios, beneficiarios del “excedente petrolero” (fondo de estabilización petrolera), cuya asignación habían pactado con el régimen foxista, a través de la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores.

Las principales entidades afectadas son el Estado de México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Puebla y Nuevo León, que en conjunto dejarán de percibir unos 110 mil 600 mdp, según estimó la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, los gobiernos de estas entidades tendrán que recurrir a las medidas tradicionales: recortar su gasto o aumentar su recaudación.

Las reacciones no se han hecho esperar: “Va a haber una batalla al final del año en el presupuesto, donde obviamente los gobernadores van a intentar de que no les recorten el gasto y Hacienda de que no se amplíe el déficit”, advirtió el experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Raúl Feliz. (Reforma 1.07.05, P.19 Carlos Mari). Según la prensa, “algunos” gobernadores y mandatarios municipales ya cabildean con Fox la posibilidad de vetar dicha reforma (El Economista 12.07.05).

La medida, sólo un paliativo

La tendencia entre los legisladores y sus partidos ha sido sobrevalorar el impacto de la reforma aprobada. El senador del PRI Manuel Bartlett Díaz, por ejemplo, denunció que el foxismo descalifica la medida porque afecta su interés por entregar el petróleo a las trasnacionales. El ex-jefe de gobierno del DF y aspirante presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, fue más lejos al considerar que el nuevo régimen fiscal de Pemex, permitirá a la paraestatal disponer de mayores recursos para “alejar la amenaza de la privatización”.

Ambos exageran, puesto que ni las transnacionales dejarán de recibir concesiones inconstitucionales en materia de hidrocarburos, ni Pemex se recapitalizará en los 6 o 7 años que se supone tendrá vigencia la medida (2006-2013), pese a los altos precios del petróleo. Los beneficiarios reales serán --sin lugar a dudas-- los acreedores de Pemex, verdaderos destinatarios de la renta petrolera, sea por vía de los ingresos propios de Pemex, o directamente del erario.

En todo caso, la reforma es hasta peligrosa, pues da a Fox justificación para seguir dilapidando nuestros hidrocarburos, al aumentar más la extracción-exportación justificada en la necesidad de compensar la disminución de la renta petrolera.

Recursos, cuando mucho, para el pago de deuda

Y es que la deuda de Pemex ya es equiparable a los ingresos adicionales previstos por los legisladores en su reforma (26 mil mdp y 25 mil mdp, respectivamente). Solo al primer trimestre de 2006, Pemex adeuda, “con vencimientos menores a 12 meses incluye 23 mil 300 millones en deuda documentada y 3 mil millones de pesos en notas a contratistas (...) De los poco más de 26 mil millones de pesos con plazo de vencimiento a un año, 19 mil 90 millones están documentados en diversas monedas, en tanto que 7 mil 261 millones está contratada en pesos.” (La Jornada, 1.07.07, Israel Rodríguez).

El problema de fondo es que Pemex ha sido expropiado en los hechos por las transnacionales, que realizan prácticamente todas las etapas de la exploración, producción y distribución de hidrocarburos, lo que provoca una constante sangría de los recursos que genera, además del deterioro de su infraestructura, crudamente ejemplificada por constantes accidentes, causados por la nula inversión en mantenimiento (el 80% de la inversión en Pemex es para explotación).

A resolver esto, los legisladores no le entrarán, porque tendrían que quedar mal con las transnacionales y demás patrocinadores políticos, lo cual sería un auténtico suicidio en plena temporada de elecciones.

Que la medida es inocua para el gran capital, lo demuestra el hecho de que ni los mismos economistas neoliberales prevén un impacto significativo en el desempeño operativo y financiero de Pemex a corto plazo por los cambios que aprobó el Congreso Mexicano (Standard & Poor’s, citado por Notimex, 2.07.05).

Así las cosas, el “nuevo régimen fiscal” de Pemex no es más que un paliativo, que en todo caso demuestra que aún en pleno desmantelamiento, esta empresa es capaz de generar los recursos suficientes para autofinanciarse. Sin embargo se ha creado la percepción generalizada de que solo mediante Inversión Extranjera Directa (IED) pueden resolverse los problemas estructurales de la economía mexicana. No es verdad, en el caso del sector energético de México, la IED únicamente ha sido el medio para cumplir el fin de la privatización inconstitucional de los recursos nacionales, sin cumplir siquiera los supuestos beneficios, como sería alcanzar la autosuficiencia en gasolinas o gas natural.

El fenómeno, por otra parte, es generalizado. En América Latina, de acuerdo con un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) [La Jornada, Economist Intelligence Unit], “se requiere una inversión de 20 mil millones de dólares para impedir que entre 2004 y 2008 ocurra escasez de energía en los países del Cono Sur”. O sea que usando la misma amenaza se sigue justificando el despojo: a pesar que desde la década de los noventa se calcula haber invertido (mediante IED) unos 77 mil millones de dólares en electricidad y gas natural en América del Sur, No se satisfizo el aumento en la demanda, por lo que sigue latente la amenaza de desabasto.

Parche, y a medias

Otro aspecto en la mencionada reforma es su incompletud, pues es luego de aprobada, que los legisladores buscarán “poner candados” a esos recursos “para asegurar que el beneficio de la reforma sea efectivo para Pemex” (¡!). Lo peor es que no se refieren a la previsible respuesta de Fox, quien podría recurrir no solo al veto, sino a reasignar arbitrariamente esos recursos desde su proyecto de presupuesto para el año próximo, sino que reconocen explícitamente que los “beneficios agregados” de su reforma, no están sustentados. Veamos.

El diputado Francisco Carrillo del PRD (que además es secretario de la Comisión de Energía de la Cámara), ¿piensa? ¿ingenuamente? que basta con “imponer una tasa impositiva diferenciada al gas natural para incentivar la exploración y explotación de este hidrocarburo”. Inclusive propone eliminar --o reducir-- la exención sobre el gas que se quema en la atmósfera y cree, con fe casi religiosa, que será posible convencer a los burócratas de Hacienda “para que establezcan esquemas fiscales más ‘benévolos’ para el desarrollo de proyectos ‘con características geológicas tales’ que hagan menos costosa su explotación” [Margarita Palma, 7.07.05, El Financiero].

Por su parte, el diputado Julio César Córdoba Martínez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, estimó que con el nuevo régimen fiscal, “Pemex podría destinar hasta 300 millones de pesos a investigación en materia energética”. El legislador explica que con tal inversión sería posible modernizar las plataformas tecnológicas, para incrementar su funcionalidad y crear productos petroquímicos de mayor valor agregado. “Con la aprobación de la Ley Federal de Derechos para el Nuevo Régimen Fiscal de Pemex” --puntualizó--, “será posible reducir un 0.05% del valor anual de los hidrocarburos extraídos”.[La Jornada, 17.07.05]

O sea que todo es hipotético. Y es que lo que estos legisladores no toman en cuenta --antes de hacernos cuentas alegres--, es la respuesta del foxismo, que ya prepara el revire mediante la largamente anunciada modificación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, mediante la que se pretende otorgar a esa empresa “autonomía plena”, de gestión, financiera, presupuestal --y lo que se acumule--, con tal de que el burócrata directivo en turno pueda hacer y deshacer al gusto de las transnacionales.

Pemex, autonomía o libertinaje neoliberal

La senadora Laura Alicia Garza Galindo define claramente la visión con que fue preparada la nueva Ley Orgánica de Pemex propuesta por Fox: el “director general es quien diseña los programas financieros; los sistemas de supervisión y control; el presupuesto para cada una de las subsidiarias, y define las actividades estratégicas de la paraestatal sin atender al Plan Nacional de Energía”. [La Jornada, 10.07.05], mismo que no existe ¡Y luego nos sorprendemos de la corrupción!

La senadora describe además como en la dicha propuesta se propone legalizar las facultades que hasta ahora se ha abrogado ilegalmente el consejo de administración de Pemex: creando “43 empresas privadas -financieras y comercializadoras, entre otras- en paraísos fiscales; ... para quedar exentas de la rendición de cuentas (al) estar constituidas bajo leyes extranjeras”. Fox quiere que con el solo poder de su firma, el director de Pemex, como los de las subsidiarias”, tengan “facultad para suscribir toda clase de actos, convenios o contratos; y, a través de poderes especiales, pued(a)n transferir esa facultad a funcionarios inferiores. Es así como pretenden evadir la responsabilidad al suscribir contratos prohibidos por la Constitución, enviando a un empleado de cuarta a firmar los contratos de servicios múltiples o ahora las alianzas estratégicas.”

Solo la izquierda parlamentaria, la partidocracia y los analistas orgánicos, siempre al servicio del poder en turno, pueden declararse satisfechos con el “nuevo régimen fiscal” de Pemex, que no es más que la antesala de la autonomía por muchos de ellos añorada, con la que pretenden seguir conviviendo con el “capitalismo de rostro humano”, tan a su gusto.

Para los trabajadores, esta no es sino una reforma más, en el contexto de salvaguardar los intereses del gran capital, “sensible” a la ineficiencia foxista, promotor de la frustrada (constitucionalmente) reforma eléctrica neoliberal. Lo que no se quiere ver, es que el déficit fiscal no puede ser corregido sin afectar los intereses de las grandes transnacionales.

Son las inmorales prerrogativas al capital, exenciones, condonaciones y beneficios fiscales las que, traducidas a una enorme deuda externa --varias veces pagada--, provocan un permanente déficit fiscal, estimado por Hacienda en 617 mil millones de pesos para el 2006, y que consumen el producto del trabajo de millones de mexicanos.

Así pues, la lucha se complica para aquellos que se contentan con pedir “un presupuesto social” para las empresas públicas.




El petróleo crudo mexicano llegó a 51 dólares. Eso de nada sirve, todo queda en manos de la corrupción del gobierno, administración de Pemex y charros sindicales. La política de Pemex es contraria al interés de la Nación.

¡Pemex sí, PeUSA no!
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