Ministros corruptos incumplen su función
“La tremenda corte” de Justicia de la Nación
El número 38 (año 4, mayo de
2005) de la revista Contralínea (www.contralinea.com.mx) dedica
buen número de artículos a analizar los excesos de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. La información ofrecida por los
reporteros Zósimo Camacho, Manuel Pineda, Nancy Flores y Claudia Luis,
permite entender porqué la autonomía del poder judicial, y en
particular la de “la tremenda corte” está gravemente
cuestionada, dada su extraña proximidad con los intereses de presidencia.
En el aspecto económico, los elevados sueldos de los ministros --y las
escandalosas pensiones que perciben los ex-ministros--, explica la
sumisión de “la suprema” al ejecutivo. Por si fuera poco, la
auditoría superior de la federación informa que “la
suprema” maneja más de 3 mil millones de pesos mediante
fideicomisos secretos. El presidente, además promueve el ascenso de
ministros sin méritos suficientes para ocupar el cargo.
Resoluciones bajo sospecha
En el 2003, “la tremenda corte” determinó que las
auditorías que pretendía realizar el Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a los bancos Banamex, Bancomer,
Bital y Banorte (para cambiar créditos vencidos por pagarés de
dicha institución) eran improcedentes. Más tarde “la
suprema” concedió razón al ejecutivo cuando objetó
que el IPAB no tenía atribuciones para descontar a Banamex más de
9 mil millones de pesos en operaciones irregulares. A finales del año
pasado aceptó otra disputa del ejecutivo que cuestionaba el presupuesto
de egresos de 2005 aprobado por la Cámara de Diputados, resolviendo que
los legisladores carecían de facultades para reasignar partidas. Este
año, “la tremenda” resolvió que la ASF carecía
de atribuciones para recomendar cualquier revisión al proceso de
otorgamiento de concesiones para generación eléctrica. En todas
estas acciones, “la suprema” se ha comportado como una simple
oficialía de partes del presidente y en "brazo judicial" del
régimen.
Sueldos "irreductibles" y "decorosos", además de escandalosas pensiones
Cada uno de los 11 ministros que componen el pleno de la SCJN percibe
más de 70 millones de pesos al año. Por disposición de la
Constitución, dichos sueldos no se pueden disminuir durante los 15
años que permanecen en el cargo, al cabo de los cuales pueden cumplir un
descanso obligatorio de al menos dos años, antes de reintegrarse a su
lucrativa vida profesional (sea litigando o brindando asesorías a quien
pueda pagarlas).
Solo en el 2005 “la tremenda”
destinará 133 millones de pesos al pago de las pensiones de unos 40
ministros retirados, que además disponen de una secretaria, un auxiliar
de oficina y un chofer, todos a cuenta del erario. Según la ASF, al 31 de
diciembre de 2003 el plan de pensiones complementarias para otros 81
funcionarios superiores del poder judicial de la federación
registró un saldo de más de 1,865 millones de pesos. Según
el “tremendo juez” --ministro presidente--, Mariano Azuela
Guitrón, todo esto es perfectamente justificable, en tanto que para
garantizar la independencia del poder judicial se requiere de salarios
"irreductibles y decorosos", al tiempo que "es imprescindible un sistema
especial de jubilaciones para los ministros".
Fideicomisos secretos
Según la ASF, “la suprema” maneja además
recursos públicos al margen de los controles establecidos en la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y en su Reglamento.
Como prueba señala que más de 3 mil millones de pesos se manejan a
través de 11 fideicomisos cuya transparencia está en duda. Existe,
por ejemplo, un fideicomiso para el personal de cargos medios operativos por
casi 411 millones de pesos y otro más para atender el plan de
prestaciones médicas para los empleados del poder judicial de la
federación por un saldo de 34 millones de pesos aplicables a 23
servidores públicos. Un fideicomiso aparte respalda la venta
pública del semanario judicial de la federación, la gaceta y otras
publicaciones de “la tremenda” (administrado por Bancomer, pero que
no cumple su objetivo de financiar otros proyectos o nuevas publicaciones). La
mayoría de estos fideicomisos presentan graves irregularidades en cuanto
a la disposición de capital principal, comprometiendo por tanto su
objetivo de salvaguardar financieramente los objetivos para los cuales fueron
creados
Ministros sin méritos = "Jurimprudencia"
Para ser ministro de “la suprema” actualmente,
únicamente se requiere ser licenciado en derecho titulado, con una
antigüedad de diez años. Considerando el número de
controversias constitucionales que ha resuelto “la suprema”
recientemente, cualquiera pensaría que al menos sería exigible que
conocieran del derecho constitucional. Sin embargo ninguno de los actuales
ministros es especialista en dicha materia; lo son en cambio en derecho civil,
penal o mercantil. Según el doctor en derecho constitucional, Miguel
Covián Andrade, esto es causa de que muchas de las recientes resoluciones
de “la tremenda” sean erróneas y deban registrarse
simplemente como "jurimprudencia" en la legislación mexicana.
Las comunidades
zapotecas de Ozolotepec, Oaxaca,
en contra de la
privatización eléctrica
Comisión de Energia
