Volumen 5, Número 59, febrero 28 de 2005

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Reducir las pérdidas eléctricas no es cuestión de buenos propósitos, ni argumento para privatizar

Nueva iniciativa privatizadora “ecologista”

Justificando la necesidad de reducir las “pérdidas eléctricas” se abre en México un nuevo frente privatizador. El Partido Verde Ecologista (PVEM) plantea al Senado la privatización de las fuentes renovables de energía basado, entre otras cosas, en el combate a las pérdidas. A nivel global, la implantación del mercado eléctrico tiene como principal “efecto secundario” --también global--, el aumento de las pérdidas eléctricas, con la consecuente elevación de tarifas. Muchos países presentan el mismo problema que, según datos del propio Banco Mundial (BM), ya puede asociarse a la "desregulación" eléctrica neoliberal.

Cifras del BM lo revelan: aumenta el robo de electricidad a escala mundial

Lo que los impulsores de la "desregulación" eléctrica han dado en denominar simplemente como "robo de electricidad" y que asocian a un defecto estructural, propio de la regulación estatal (supuestamente inexistente en el modelo de libre mercado) es en realidad un problema muy complejo cuya magnitud y alcance pone en crisis el paradigma del mercado. Las pérdidas de electricidad (entre las cuales está el robo) son un grave problema a escala global, como revela un muestreo realizado por Thomas Smith de la Universidad de Zayed, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con datos del propio Banco Mundial en 102 países entre 1980 y 2000, publicados hasta 2003.

Pérdidas de Transmisión y Distribución por región 1980-2000

Región	países	Pérdida 1980 (%)	Pérdida 2000 (%)	Variación (%)
Europa Oriental	17	7.71	7.56	-0.15
Europa Occidental	24	9.68	18.18	+8.50
Medio Este y Norafrica	11	11.18	19.63	+8.45
África	11	14.60	19.95	+5.35
América del Norte	3	9.67	9.38	-0.29
Sudamérica	9	13.00	17.23	+4.23
América Central y Caribe	9	15.50	21.68	+6.18
Sur de Asia	5	25.20	27.50	+2.35
Sudeste asiático	7	12.14	13.22	+1.18
Este de Asia y Australia	6	8.67	7.65	-1.02
TOTAL	102	11.69	16.22	+4.54

Fuente: Thomas B. Smith, Electricity theft: a comparative analysis. Elsevier, Energy Policy 32 (2004) [www.elsevier.com/locate/enpol].

Hacia una actitud del no pago

Las pérdidas eléctricas “no técnicas” (es decir, cuyo origen no es inherente al proceso “natural” de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica) --y más particularmente el robo de energía, no pueden medirse por lo que solamente se estiman, clasificándolas según las diversas formas en que se manifiestan. Entre las pérdidas “no técnicas” se cuentan el fraude (generalmente, la alteración del medidor o de la propia instalación para que registre un consumo menor), la conexión clandestina (en México, conocida como “diablito”, que ocurre por incapacidad de la empresa suministradora de proporcionar oportunamente el servicio al usuario, o la de éste para pagar dicho servicio) y, finalmente, las irregularidades en la facturación (básicamente la alteración intencional de lecturas). Un fenómeno distinto es el "no pago" abierto, es decir, usuarios regulares (cuya instalación cuenta con medidor y se le toma periódicamente la lectura) que simplemente dejan de pagar su factura, sin que por diversas razones, se les pueda cortar el servicio (o que se “reconectan” en cuanto se ejecuta el mismo).

Por otra parte, como el estudio citado advierte, el "robo" de energía es un indicador de gobernabilidad por lo que muchos países no revelan sus datos reales (y menos al Banco Mundial). Sin embargo, este fenómeno se multiplica rápidamente alrededor del mundo y se manifiesta por la proliferación --nada clandestina-- de intrincadas “telarañas” de cables que cuelgan de los postes de luz, mediante las cuales miles de "usuarios ilegales" se conectan a la red de distribución, afectando no solo la economía de las empresas eléctricas, sino la calidad del servicio a los usuarios "regulares" por las constantes caídas de voltaje que provocan, incluso, la interrupción del servicio y en ocasiones repercute en daño a los transformadores de distribución.

La mayoría de las transnacionales que operaban empresas de distribución, sobre todo en el tercer mundo, vieron en este problema la oportunidad de favorecer una “cultura” de no pago entre los usuarios que serviría para poner en crisis a las empresas públicas y obligar a cambios profundos en los sistemas de distribución, como los que requiere el modelo de mercado eléctrico. En México, por ejemplo, mucha gente sabe que basta violar algún poste de alumbrado público para hacerse de una fuente de energía "gratis". Del mismo modo, se puede dejar de pagar a sabiendas de que no se ejercerá acción legal en contra, a menos que sea una acción organizada que cuestione el fondo del problema, es decir, las elevadas tarifas y los bajos salarios.

¿Represión, única vía de solución?

La respuesta oficial al fenómeno varía. En México, por ejemplo, la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) lanzó una campaña "Al diablo con los diablitos" (o "No te robes mi luz") cuya ineficacia es evidente, puesto que las pérdidas se elevaron otro 3% desde que se implantó el programa PREP 25-15 (programa de LyFC destinado a reducir las pérdidas del 25 al 15%). Ni el costoso blindaje de partes de la red de distribución (unos 1,200 kilómetros) o de los medidores (de los cuales se sustituyeron más de medio millón causando, por cierto, graves problemas de facturación y molestias a los consumidores) pudieron frenar el robo. LyFC se ubica junto con otros 28 países (según el estudio de Smith) entre los peores indicadores de pérdidas a nivel mundial.

Luis de Pablo Serna, director de LyFC, declaró a finales del año pasado que, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la magnitud de las pérdidas asociadas al robo de energía (mediante conexiones clandestinas) representó (de septiembre 2003 a septiembre de 2004) casi el 7% del total, atribuyéndolo a infinidad de asentamientos irregulares, servicios "autoconectados" y al comercio informal. Pero, de manera sorpresiva, de Pablo reconoció como segunda razón en importancia el "incremento extraordinario de los precios en tarifas domésticas a partir del 2002, que propició el aumento no previsto en la comisión de ilícitos para alterar la medición de los consumos".

Ahí está el problema ante el cual, en otras partes del mundo, ciertos gobiernos han tomado ya medidas represivas muy graves, incluso acciones policíacas y militares --casa por casa-- para combatir el robo de electricidad. Por ejemplo, el citado estudio señala que el gobierno de Pakistán "empleó 35 mil efectivos del ejército para recuperar adeudos y combatir el robo a la empresa Water and Power Development Authority". El caso no es único. En México el gobierno también ha procedido judicialmente en contra de dirigentes sociales que buscaban negociar la reducción de tarifas tanto para usuarios de escasos recursos como para los que viven en zonas de clima extremo. Es previsible la radicalización de estas medidas, incluso por recomendación de los organismos financieros.

Del papel rector del Estado a la caricatura reguladora neoliberal

Los municipios del Estado de México que rodean a la capital, no solo albergan innumerables asentamientos ilegales --que conforman un “cordón de pobreza” como el de todas las grandes urbes en los llamados países “en vías de desarrollo”-- sino que, además, han proliferado indiscriminadamente verdaderas “ciudades periféricas” construidas por grandes empresas urbanizadoras privadas apoyadas irresponsablemente por los organismos encargados de “regular” el desarrollo de viviendas de interés social.

En esas “ciudades” se calcula que al menos unas 300 mil casas-habitación están conectadas ilegalmente a la red de distribución de LyFC, "autoconectadas" con la complicidad de las mismas "urbanizadoras" privadas, aprovechándose de la inconstitucional reforma al Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones.

A esto hay que añadir miles de diablitos que alimentan clandestinamente electricidad al "comercio informal" (callejero), actividad cuya proliferación también debemos "agradecer" a las políticas dizque “regulatorias” de la modernidad neoliberal.

En este complejo escenario, no es raro que cualquier campaña de regularización falle, puesto que las causas y la magnitud del problema rebasan toda previsión. De un lado no se tienen los recursos suficientes para suministrar oportunamente el servicio derivado de un crecimiento no planificado por el propio Estado. Electrificar las cerca de 750 mil viviendas que el gobierno federal se ha propuesto edificar al año, tiene un costo que las empresas públicas no pueden absorber. Por otro lado, no se cuenta con personal suficiente ni para realizar el corte efectivo de conexiones ilegales (que aparecen nuevamente al día siguiente) o para encausar legalmente cuando menos a los infractores mayores. ¿O qué, se trata de seguir castigando la pobreza? Así parece, la privatización eléctrica solamente favorece a los grandes empresarios privados y extranjeros.

¿Privatizar las fuentes renovables para minimizar las pérdidas?

En este contexto, Verónica Velasco Rodríguez, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó, el pasado martes 8 de febrero de 2005, otra iniciativa para "reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política, con el objeto de permitir la participación de los particulares en la generación de electricidad, siempre y cuando y solamente sea a través de energías renovables" [http://www.senado.gob.mx].

Según ella, "con esta iniciativa también se pretende liberar recursos [...] para que las compañías eléctricas propiedad de todos los mexicanos puedan invertir en programas que minimicen las pérdidas de energía, que para la CFE oscilan en alrededor del 10.5% y para LyFC alrededor del 28%, en donde más del 15% corresponde a pérdidas no técnicas, es decir, pérdidas asociadas a ilícitos como el robo de electricidad".

Pero no solo el PVEM tiene “ocurrencias”. Organizaciones “no gubernamentales”, como Greenpeace, han dado a conocer una petición en el sentido de privatizar las fuentes de energía alternas [“6 elementos fundamentales para una verdadera reforma eléctrica”], como si no se entendiera que este tipo de fuentes, por sus características y el tipo de energía que son capaces de ofrecer, solamente podrán desarrollarse a través de la propiedad social, que en el caso de México solo las empresas públicas pueden ejercer.

De “p(é)rdida”, privatizar el proceso de trabajo

Por si fuera poco, un tercer elemento que se presenta en el caso de México, particularmente de LyFC, es la tendenciosa campaña que pretende asociar las pérdidas eléctricas a la obsolescencia de los sistemas comerciales para el control del registro de los consumos de energía eléctrica y la facturación (palabras de Luis de Pablo, responsable de LyFC, ante la prensa nacional), para lo cual se presiona al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME, titular del contrato en LyFC) para aceptar la entrada de la transnacional Unión Fenosa, que implanta (desde hace 9 años) unos sistemas informáticos con los que, supuestamente, se reducirán las pérdidas de electricidad.

Lo que este funcionario omite decir es que la mayoría de los burocráticos trámites que implica el proceso comercial de LyFC, p. e. la contratación de un servicio nuevo, obedece a una normatividad establecida legalmente cuya simplificación no ha sido emprendida ni por él ni por ninguna otra administración precedente de LyFC.

Por otro lado, es obvio que ningún sistema informático puede combatir las causas profundas del complejo fenómeno de las pérdidas eléctricas. Lo que puede hacerse es analizar los factores y presentar alternativas viables. En LyFC esto puede hacerse con los sistemas de información existentes, puesto que se dispone de las herramientas necesarias y del personal adecuado para mejorar la información disponible. Pero, más bien parece que se trata de eliminar la participación de trabajadores sindicalizados en un proceso estratégico que determina, nada más y nada menos, la viabilidad financiera de la empresa.

Así, la correcta defensa del SME en contra de la privatización de la industria eléctrica plantea un nuevo frente en el que, por desgracia, no faltan dizque dirigentes sindicales que apoyen la intromisión en LyFC de Unión FENOSA, una de las empresas extranjeras que más han privatizado furtivamente la generación en nuestro país. Para modernizar y mejorar el control y la operación de las empresas públicas de México no es necesario recurrir al exterior ni puede justificarse en la reducción de las pérdidas de energía.

Alternativas

Ningún sistema eléctrico está libre de pérdidas, sin embargo, la “desregulación” (privatización en la mayoría de los casos) del sector eléctrico en los países pobres (como México) induce el robo de electricidad, en primer lugar porque eleva las tarifas mediante la compra de generación privada (basada fundamentalmente en gas natural). En ese sentido, el robo de electricidad es un problema social y no simplemente técnico o judicial.

Indudablemente, hay soluciones técnicas que pueden practicarse (no solo con el “blindaje” indiscriminado de la red de distribución o con el desarrollo de sistemas complementarios de control y administración) pero, antes, habrá que analizarlas para racionalizar la inversión (no tiene caso seguir invirtiendo pesos para recuperar centavos).

Se requiere, por ejemplo, asociar físicamente la red de distribución con el consumo por zona (medir la energía suministrada por alimentador y compararla con la energía facturada), cuando menos para empatar eficientemente las políticas de desarrollo y mantenimiento de la infraestructura. Ello permitiría, además, ubicar las zonas dónde las pérdidas tienen mayor impacto y diseñar políticas específicas.

La modernización del proceso comercial implica además desarrollar nuevas funciones (o aquellas que hoy no se realizan) y que permitirán un mayor acercamiento de los trabajadores que laboran en contacto directo con los usuarios, para orientarlos y aconsejarles las mejores prácticas sobre ahorro y aprovechamiento de la energía, así como para detectar situaciones anómalas, tanto en el servicio como en la red, para prevenir fallas. Para ello hay que automatizar las funciones actuales más repetitivas o delicadas que permita la tecnología actual (un caso concreto es la toma automática de lecturas). Todo esto requiere una nueva y decidida respuesta sindical.

Obviamente los neoliberales confían en que trabajadores y usuarios no ofreceremos una respuesta organizada y planean otras soluciones “modernas” como el cambio indiscriminado de medidores que permitan emplear tarjetas “prepagadas” (como las telefónicas) con ajuste de horario para desestimular el consumo en “horas pico”. La atención al público sería mediante sistemas telefónicos con mensajes pregrabados, etc., que obviamente acarrearán nuevos problemas, similares a los que ocurren actualmente con el servicio que ofrece Telmex o las empresas operadoras de telefonía celular.

Mejorar la atención al público no solo implica una respuesta individualizada, sino resolver la problemática colectiva, atendiendo la participación social de los usuarios del servicio respondiendo no solo a sus quejas y denuncias, sino a sus sugerencias y necesidades específicas. Hoy, más que nunca, se requiere la respuesta organizada de trabajadores y usuarios.

¡Por una política energética social!
¡Alto al aumento a las tarifas eléctricas!

¡No a la privatización de la Industria Eléctrica Nacionalizada!