Volumen4, Número 57, Diciembre 27 de 2004

Privatización en aguas profundas

Pemex-Exploración y Producción (PEP) ya perfora en aguas profundas del Golfo de México. No lo hace por administración directa, como debiera, de acuerdo a la Constitución. PEP prefiere contratar transnacionales. “El 8 de noviembre concluyeron los trabajos del pozo Nab, con una profundidad de 681 metros de tirante de agua y con un potencial, según cuantificación preliminar, de 200 mil barriles de crudo” (Cardoso V, en La Jornada 24 nov 2004). Ya se tienen identificados 20 proyectos mismos que serán entregados a las multinacionales.

Mediante la figura de contratos de servicios y procesos de licitación internacional, Pemex prepara la entrega de los recursos petroleros marinos a las transnacionales British Petroleum, Shell, Exxon, Unocal, Total, Repsol y Petrobras. Se trata de la entrega porque las figuras invocadas NO existen legalmente. La Constitución es clara al respecto. En esa materia NO se otorgarán contratos.

Pemex argumenta costos altos, falta de tecnología y recursos humanos capacitados. Dicen los burócratas al servicio de las transnacionales que “la producción petrolera en aguas profundas reduce el margen de utilidad de la empresa. Actualmente Pemex tiene un costo de producción de entre 5 y 6 dólares por barril en aguas someras (profundidades menores a 500 metros), pero en aguas profundas ese factor puede llegar a 10 dólares por barril”.

Lo anterior es falso, son costos inflados artificialmente. Pero, cualquiera que sea el costo, al final resultará más caro porque Pemex tendrá que pagar tal costo a las transnacionales incrementado con su respectiva ganancia. Para Pemex no es buen negocio. La falta de tecnología es el resultado de haber asfixiado al Instituto Mexicano del Petróleo al orientársele por la vía de los negocios y servicios. Si no se tienen recursos humanos es porque han sido despedidos injustificadamente.

“El encargado del despacho de la subdirección de Planeación y Evaluación de PEP, Vinicio Suro Pérez, adelantó que el primero de enero de 2005 se incorporarán más de 850 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, como reservas auditadas bajo los parámetros de la Securities Exchange Commission (el órgano regulatorio del mercado de valores de Estados Unidos, SEC, por sus siglas en inglés)”.

¿De qué reservas se trata? ¿Dónde están? Por lo demás, 850 millones de barriles es casi NADA. La exportación actual de petróleo es de 1 millón 851 mil barriles diarios, esto es, 675 millones 615 mil barriles anuales. El volumen que supuestamente incorporará Pemex alcanzaría para exportarlo durante 1.2 años. Es decir, la supuesta incorporación es similar a la exportación actual anual, la incorporación neta es marginal. ¿De que serviría a la Nación esa incorporación aún cuando fuera cierta?

Mucho ha dilapidado el foxismo y ni con esa incorporación podrá resarcir el daño. La intención para desarrollar los campos petroleros en aguas profundas representa, ni más ni menos, que la privatización de Pemex en aguas profundas, la entrega de los cada vez más escasos recursos petroleros a las transnacionales, comprometiendo el futuro de la Nación.

Manipulación con tarifas eléctricas

El 19 de diciembre, el gobierno foxista anunció “la reestructuración de las tarifas domésticas en materia de servicio eléctrico a partir de enero de 2005, mismas que constan actualmente de dos cargos: uno hasta 500 kilovatio hora y otro, más caro, para el consumo excedente. El cambio consiste sólo en aplicar el precio más bajo a toda la energía consumida, lo cual implicará una disminución en la factura promedio de electricidad en los hogares” (Pérez C, en La Jornada 20 dic 2004) .

“Las tarifas eléctricas industriales también registrarán una reducción de 50 por ciento en el cargo del horario de punta de la energía adicional consumida en ese horario.

Sin embargo, pronto hubo una rectificación. Al siguiente día, el gobierno precisó que “el descuento sólo se aplicará a las industrias y a las residencias que gasten más de 500 kilovatios por hora, personas con altos ingresos que representan tan sólo 2.2 por ciento del total de consumidores” (Rodríguez I, en La Jornada 21 dic 2004).

Fernando Elizondo, secretario de energía de Fox, dijo que “en el servicio doméstico se aplican varias tarifas, una de ellas la denominada DAC o de alto consumo, la cual se cobra en dos modalidades: una para quienes utilizan hasta 500 kilovatios-hora y la otra para consumos superiores a esa cantidad”. Así, desde el primero de enero se uniformará la tarifa DAC, de alto consumo, uniendo a quienes consuman hasta 500 kilovatios-hora y a quienes superen esa cantidad, similar al de cinco viviendas de interés social.

Según José Alberto Monroy, subsecretario de electricidad, “25 por ciento de los consumidores totales son domésticos -porcentaje al que pertenece 2.2 por ciento de los hogares beneficiados-; 8 por ciento se dedican al comercio; 3.8 pertenecen al sector servicios; 4.6 al agrícola y 58.8 por ciento son consumidores industriales. Estas cifras indican que la mayoría quedó al margen de los descuentos. En un intento por justificar los límites de la medida, el titular de Energía, Fernando Elizondo Barragán, sostuvo que la intención del gobierno es controlar y abatir la inflación. En 2004 las tarifas eléctricas aumentaron 15 por ciento, mientras el precio del gas subió 16 por ciento, lo que tuvo impacto en la inflación, en detrimento de las mayorías” (Rodríguez I, en La Jornada 21 dic 2004).

La decisión de Fox ha sido motivo de severas críticas y con justa razón. Se trata de una evidente manipulación. NO hay reducción de tarifas eléctricas, hay beneficio únicamente para una ínfima minoría (2.2%) misma que consume más energía. La mayoría de los mexicanos seguiremos sufriendo las atrocidades del gobierno neoliberal.

La Coalición viola la Constitución

El PRI y el PAN practican la sucia Coalición mafiosa no únicamente en la Cámara de Diputados. Ahora, en el municipio de Querétaro, los regidores del PRI y el PAN se aliaron para aprobar la violación a la Constitución política del país. Cínicamente acordaron que el municipio compre “energía eléctrica a la empresa privada Energía Azteca VIII S de RL de CV, con la justificación de que con esto la actual administración ahorrará 3 millones 250 mil pesos al año, que serán destinados a obra social” (Chávez M, en La Jornada 21 nov 2004). La mafia dijo que la energía privada a comprar será para "satisfacer sus necesidades de alumbrado público”.

Energía Azteca genera (ilegalmente) energía eléctrica con base en un fraudulento permiso de “Autoabastecimiento” otorgado por la Comisión (Privatizadora) de Energía. No hay tal “Autoabastecimiento”, es la comercialización (inconstitucional) disfrazada entre socios privados. A tal propósito, el municipio de Querétaro absurdamente se declaró privado y se “asoció” a la transnacional. Esta opera una central de 600 Mw a nombre de Intergen Aztec Energy VIII en San Luis de la Paz, Gto. Este, NO es el único permiso de Azteca, hay más, todos fraudulentos.

El hecho es vergonzoso porque las autoridades municipales están obligadas a cumplir la Constitución no a violarla. El acuerdo tomado motiva la aplicación de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos y su destitución inmediata.

Derrame de petróleo en Coatzacoalcos

5 mil barriles de petróleo, es decir, 750 mil litros de petróleo crudo fueron derramados en el río Coatzacoalcos afectando una parte de las costas del Golfo de México, específicamente la playa del puerto. La causa fue una avería a un poliducto de Pemex ubicado en Nanchital.

La mancha negra se extendió varios kilómetros. Garzas, gaviotas y pelícanos fueron cubiertos con chapopote; ríos y lagunas fueron contaminados.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre sin que Pemex pudiera recuperar un volumen apreciable del derrame. La afectación ecológica a la flora y la fauna fue importante y tardará años en resarcirse el daño. ¿Porqué ocurrió el accidente? Por la irresponsabilidad de los tecnócratas de Pemex, individuos foxistas ajenos a la industria, dedicados únicamente a la sobreexplotación del petróleo sin considerar los riesgos asociados.