Volumen4, Número 57, Diciembre 27 de 2004

Fracaso de las políticas eléctricas del BM

El sucio negocio
de la
“ Energía Verde ”

La mayor “granja” eólica del mundo deberá desmontarse para reparaciones, por ineficiente, a menos de dos años de su instalación. Sin embargo el fondo PCF del Banco Mundial (BM) continúa promoviendo la privatización, valiéndose de las fuentes “limpias” de energía. En México, el BM anima a empresarios privados para lucrar con las aguas y vientos nacionales. Mientras, el “mercado eléctrico” deteriora el sistema eléctrico nacional cuya construcción tomó décadas y es uno de los mayores logros de la nacionalización, por su operación confiable y capacidad de abasto suficiente.

“Granja eólica de Horns Rev, Dinamarca

Fuente http://www.eltra.dk y http://www.windpower.org/es/pictures/offshore.htm

La falla de Horns Rev

El número de noviembre de la revista Spectrum del IEEE, da cuenta del fracaso del productor más grande del mundo de aerogeneradores, que pone en jaque la idea de aprovechar comercialmente la energía del viento. La empresa eléctrica danesa Elsam A/S anunció que la granja eoloeléctrica más grande construida hasta la fecha en el mundo, instalada en mar abierto –cerca del arrecife Horns Rev en la costa occidental de ese país–, deberá desmantelarse y transportarse a tierra nuevamente para reparar y reemplazar los transformadores y generadores, cuya operación resultó muy deficiente.

La “granja” fue construida apenas en 2002 con generadores fabricados e instalados por la empresa Vestas. El diseño y la dirección del proyecto fue de ABB Ltd. Hasta ahora, las autoridades danesas achacan a las condiciones “tan adversas” del Mar del Norte el funcionamiento “fuera de los estándares establecidos”. Es evidente que se trata de una grave falla, aunque Elsam refiere al fabricante “para cualquier información adicional”.

Reparar 80 generadores y sus transformadores, representa no solo un gasto enorme, sino un duro golpe para los privatizadores que encontraron en las energías verdes –contando con el apoyo del Banco Mundial (BM) a los proyectos “ecológicos”–, un impulso renovado para apropiarse de los recursos energéticos estratégicos, a nivel mundial.

El BM sigue financiando la privatización eléctrica

Para vencer las resistencias a sus políticas de privatización, el BM promueve proyectos de generación “verde” (a partir de fuentes bajas en contaminantes). Para ello creó Prototype Carbon Found (PCF), un fondo multinacional que, según su página electrónica (http://prototypecarbonfund.org), está integrado por los gobiernos de seis países: Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, y Holanda además del Japan Bank for International Cooperation (considerado así, al nivel de una nación), así como por las 17 empresas energéticas, financieras y comerciales más importantes de Japón y Europa. Participan además los principales bancos de los países industrializados, que aportan los fondos para financiar “proyectos que empleen tecnologías para reducir la potencial emisión de contaminantes de fuentes tradicionales (los hidrocarburos, básicamente). Las principales, el viento y la generación “mini hidráulica”.

PCF principales empresas participantes

Empresa	Ramo	País de origen
British Petroleum – Amoco	Petróleo	Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Chubu Electric Power Co.	Electricidad	Japón
Chugoku Electric Power Co.	Electricidad	Japón
Deutsche Bank	Financiera	República Federal de Alemania
Electrabel	Energía	Reino de Bélgica
Fortum	Energía	República de Finlandia
Gaz de France	Energía	República de Francia
Kyushu Electric Power Co.	Electricidad	Japón
MIT Carbon	Comercial	Japón
Mitsubishi Corp.	Comercial	Japón
Norsk Hydro	Petróleo	Reino de Noruega
RaboBank	Financiera	Reino de Holanda
RWE	Electricidad	República Federal de Alemania
Shikoku Electric Power Co.	Electricidad	Japón
Statoil	Petróleo	Reino de Noruega
Tohoku Electric Power Co.	Electricidad	Japón
Tokyo Electric Power Co.	Electricidad	Japón

Fuente: PCF (http://prototypecarbonfund.org).

“PCF, proyectos impulsados por Tecnología

Waste management- Manejo de desechos, Bagasse- Bagazo de caña, Biomass- Biomasa, Energy efficiency- Eficiencia de energía, Gas flaring- Gas flameante, Geothermal- Geotérmica, Small hydro- Pequeñas hidro, Wind- Viento. Fuente: Platts.

INELEC, “beneficiaria” del BM

En México, PCF financia a “prestanombres” como “Impulsora Nacional de Electricidad, S. de R. L. de C. V.” (INELEC), en los proyectos Trojes (entre Michoacán y Jalisco), Benito Juárez (en Oaxaca), Chilatán (Jalisco) y El Gallo (Guerrero).

INELEC es un grupo financiero que controla a “Corporación Mexicana de Hidroelectricidad S.A. de C.V.” (Comexhidro), la empresa que tramitó originalmente ante la Comisión Nacional de Aguas (CNA) diversos permisos para el aprovechamiento de las aguas nacionales, e incluso emitió –para sí misma– la manifestación de impacto ambiental de la presa El Gallo.

El grupo participa, además, en la sociedad “Administración y Servicios de Generación Eléctrica S.A. de C.V.” (ASERGEN) que maneja dichos permisos ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a través de Carlos Jinich Ripstein (cuya esposa ha sido por cierto, representante legal de Sempra Energy de México –en el 2000– y antes sirvió como apoderada de DGN de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. otra energética gasera, según consta en diversos documentos de la CRE.

Un hermano del ingeniero Jinich, Armando Jinich Ripstein (y media colonia judía más), forma parte de la sociedad denominada, [Corporación] “Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro, S.A. de C.V.”, titular originaria de la concesión de El Gallo, según consta en la resolución RES/003/99. Una familia muy energética por lo que se ve.

Según documentación de PCF, al mismo nivel jerárquico de INELEC se encuentra “Promotora de Energía S. de R.L. de C.V.”, y de ellas dependen “Hidroelectricidad del Pacífico” (proyecto Trojes); “Provedora de Electricidad de Occidente” (Chilatán); “Mexicana de hidroelectricidad” (El Gallo) y “Electricidad del Istmo” (Presa Benito Juárez). A esta lista podría añadirse “Proveedora Nacional de Electricidad”, que recibió permiso para generar 20Mw con las aguas de la Presa Lázaro Cárdenas, antes El Palmito, sobre el río Nazas, en el estado de Durango. PCF mostró interés en al menos dos de esos permisos por sus " problemas" de financiamiento, y hasta refiere las extensiones a los permisos otorgadas por la CRE en las resoluciones RES/106/2001; RES/018/2001; RES/019/2001.

Empresa	Permiso<	Mw	Presa	Municipio/EF
Generadora Eléctrica San Rafael, S. de R.L. de C.V.	E/121/AUT/98	24	Reguladora San Rafael	Tepic/Nayarit.
Electricidad del Itsmo, S.A. de C.V.	E/146/AUT/99	20	Benito Juárez Río Tehuantepec	Jalapa del Marqués/Oaxaca.
Hidroelectricidad del Pacifico S.A. de C.V.	E/147/AUT/99	8	Trojes Río Barrenas	Pihuamo/Jalisco.

Otro proyecto financiado en México por PCF son “los primeros 51 Mw” de una planta eólica de 150 Mw ubicada en el estado de Oaxaca, cuyo proyecto fue desarrollado por “Fuerza Eólica del Istmo, S.A. de C.V.” en el estado de Oaxaca (subsidiaria de Fuerza Eólica), que cuenta con un contrato de suministro por 20 años con Cruz Azul S.A. de C.V.

Mexhidro, resucitada por el BM

A [Corporación] “Mexicana de Hidroelectricidad S. A. de C. V.” (Mexhidro), lo denunciamos desde el I Foro del FTE (resumido en energía No. 11), se le concedió una ampliación del permiso original (E130/AUT/1999, para generar electricidad con una hidroeléctrica de 30Mw en la presa "El Gallo", sobre el río Cutzamala en el estado de Guerrero). Dicha ampliación consistía en un paquete de nuevos socios (empresas cerveceras, cementeras automotrices, mineras, papeleras, vidrieras y refresqueras; además de entidades de la administración pública como el Gobierno del DF y municipios de los Estados de México, Morelos y Guerrero) cuyas demandas rebasaban con mucho la capacidad original de la concesión.

Para efectos prácticos, con el apoyo del BM y en contubernio de las autoridades “mexicanas” dicha ampliación elevó a más del doble la capacidad inicial, ¡nada menos que a 72 Mw!, puesto que al “consolidar” los cuatro proyectos INELEC se apropió, bajo los auspicios del BM hay que insistir, de un "mini sistema" hidroeléctrico conformado por los 30 Mw originales ("El Gallo"), más la capacidad (y la cartera de clientes) de las otras tres pequeñas hidroeléctricas: 19Mw (Benito Juárez), 14Mw (Chilatán) y 8Mw (Trojes).

Con este impulso Mexhidro, junto con otras “pequeñas” generadoras privadas “independientes”, renacen apoyadas, además, por el régimen foxista que desde otras entidades de la administración federal se aprestan a comprar energía “verde”. Hace unos días nadamenos, el diario Reforma publicó (17.11.04) que la secretaría de hacienda y otras entidades federales "subastarán" sus contratos de abastecimiento próximamente, "porque la factura de LyFC es muy alta".

Perversa “coalición privatizadora”

El estudio de diseño elaborado por PCF para el proyecto de El Gallo (disponible en su página http://prototypecarbonfund.org), fechado el 9 de septiembre de 2003, revela el grave desaseo que priva alrededor de éste y otros permisos.

Al menos 70% de la inversión en El Gallo proviene de PCF, con lo que las presas y los generadores quedan bajo control (operación, mantenimiento, etc.) de una coalición multinacional (a la que en caso de conflicto, nada importará que legalmente el terreno y la presa sean "propiedad" de la Nación, a través de la CFE y la CNA).

Al catalogar estos proyectos como energía “verde” (para disminuir la emisión gases invernadero) el BM asegura fondos financieros de bajo costo y, como cínicamente reconoce la PCF, la inversión se reduce a la instalación de la planta, dado que todas las presas ya existían (son para riego). Al consolidar los proyectos las carteras de “clientes”, entre los que se encuentran las "grandes firmas industriales [...] que disponen de las reservas de capital suficientes para realizar de inmediato las inversiones necesarias" se garantiza el financiamiento (y como no, si son los mismos “grandes usuarios que aún contratan con CFE).

Y, el colmo, PCF insinúa que los trámites no representan problema, relatando que han habido concesiones que inician la construcción aún antes de tener los permisos. Con esta estrategia, PCF y su coalición privatizadora no solo promueven negocios, sino que –sobretodo–, dan nuevo aliento a la privatización en un momento en el que la creación de nuevas “sociedades de consumo” para Autoabastecimiento y Cogeneración parecía trabada, según PCF, por la" capacidad acreedora incierta", de la multitud de empresas pequeñas y organismos municipales que las integran.

El “mercado eléctrico” requiere la destrucción del SEN

Empresas como INELEC y sus subsidiarias se benefician con los créditos de los organismos internacionales, que otrora complementaban el financiamiento de las empresas públicas y que ahora se destinan a impulsar el “mercado”. Para el BM, México representa el mercado eléctrico de mayor desarrollo hasta la fecha en toda América Latina, pero la férrea resistencia social a la reforma constitucional impide culminar su total privatización. Por ello, mientras dicha reforma se concreta, el BM ofrece nuevas fuentes de financiamiento, “estirando” la reforma salinista de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para insertar la energía “verde”, en contubernio con el gobierno foxista. Este impulso al mercado, sin embargo, va en detrimento de la calidad del servicio y el BM lo sabe.

Se afecta gravemente el patrimonio de las empresas públicas ya que los generadores privados y sus asociados (generalmente clientes de CFE) no solo se “ahorran” el pago de energía eléctrica (con el servicio de respaldo, eso sí, garantizado por el SEN, en caso de falla de “sus” plantas), sino que además obtienen beneficios vendiendo supuestos excedentes –sin licitación–, al propio SEN (con cargo a la CFE y LyFC).

En el colmo, se aprovechan de la red nacional para transmitir y distribuir “su” energía entre “sus” asociadas, mediante un pago ridículo (con la excusa de que se trata de “cargas dispersas” en una misma área de transmisión, se les calcula en bloque y muy barato, cuando evidentemente se trata de transacciones múltiples, una por cada socio). El desarrollo de la red que la reconfiguración del modelo implica, además, corre por cuenta de CFE y LyFC. Para el gran capital No hay pierde, en una industria llena de riesgos.

Sin embargo, el “mercado eléctrico” compromete peligrosamente la confiabilidad del SEN. Este modelo evidenció sus fallas estructurales con el desarrollo obsesivo de grandes plantas generadoras privadas, a base de gas natural, concentradas en sitios muy alejados de los centros de consumo, que obliga a transportar grandes bloques de energía que provocan inestabilidad en el sistema. La proliferación, bajo una visión exclusivamente comercial, de pequeñas plantas instaladas donde a los inversionistas conviene –como las “minihidráulicas” que impulsa el BM, para “aprovechar” los recursos existentes–, no es más que un paliativo para seguir imponiendo el mercado, que es contrario incluso al desarrollo confiable del SEN.

Peor aún, estas plantas (“minihidráulicas” y eoloeléctricas), explotadas a nivel comercial, representan más bien una nueva complicación en la planeación del sistema integrado, puesto que No se trata de “energía base” (disponible 24 horas al día, 365 días al año) y por tanto, siendo privadas, ni son prioritarias ni merecen tantas consideraciones. Las plantas hidráulicas, por ejemplo, operan cuando mucho menos de la tercera parte del año (unos 100 días al año) y su capacidad de generación continua (sin perder la disponibilidad de agua) alcanza cuando mucho para un mes (a veces semanas). El caso de las “eolos” es todavía más complejo.

El SEN comienza a resentir los efectos del mercado de competencia. LyFC, por ejemplo, anunció recientemente que buscará instalar 20 plantas de ciclo sencillo de gas natural para compensar su sistema, peligrosamente inestable por depender de energía remota (proveniente entre otras fuentes, de las plantas privadas en el Golfo y el Pacífico). Sin estas 20 plantas de generación “cercana” (distribuida) será prácticamente imposible ofrecer un servicio confiable y continuo en la zona central que abarca la capital del país, aumentando el riesgo de enfrentar graves apagones que abarquen amplias regiones, como los de California o la Costa Este en EU.

LyFC busca además rehabilitar las pequeñas hidroeléctricas que hoy se encuentran prácticamente abandonadas y desarrollar el potencial disponible en su zona. En ambos casos lo que se busca es una solución técnica a un problema operativo creado por el modelo mercado, más que un beneficio económico.

Dicho “mercado eléctrico” enfrenta los mismos problemas que las empresas públicas: falta de financiamiento y riesgo en el abasto de combustibles. La diferencia es que en ambos casos el BM y el gobierno foxista ofrecen soluciones al capital privado, mediante nuevas fuentes de financiamiento (ahora “verde”) y transfiriendo el riesgo del abasto de combustibles a las empresas públicas. A éstas, en cambio, se les impide reinvertir sus utilidades y solo se les autoriza financiar su desarrollo vía endeudamientos costosísimos. Mientras tanto, el capital privado goza de inconstitucionales privilegios mientras espera que “alguien” (tal vez Fox) termine de “legalizar” sus tropelías.

Integración, única defensa contra la privatización

La “desregulación eléctrica” privatizadora aplicada a rajatabla por el BM en los países en desarrollo, de nada ha servido para asegurar un abasto confiable y suficiente, incluso en los países desarrollados se han presentado graves trastornos.

Bajo el modelo de mercado se profundiza el desequilibrio entre la capacidad y la demanda, dado que los privados no instalan nueva generación si no está asegurada su venta. La segregación de los consumidores, entre “mayoristas” y “el resto” generara un mayor desequilibrio social, con esquemas tarifarios aún más inequitativos, concediendo bajos precios a los “grandes consumidores”, mientras los usuarios domésticos son castigados con cada vez más elevadas tarifas.

El fracaso de las políticas del BM es evidente, sin embargo, para dicho organismo el problema radica en convencer a los grandes inversionistas de financiar la privatización, sin importarle el daño estructural que crea a las economías nacionales. Nada tiene que hacer en México este organismo, promotor de la ilegalidad.

La única oportunidad de detener y revertir el daño causado por esas políticas es impulsando una política eléctrica independiente. En México, por ejemplo, se debe culminar la integración de la industria eléctrica. Una industria eléctrica nacional integrada, con capacidad para realizar por administración directa todas las funciones estratégicas correspondientes, sin descuidar su responsabilidad social. Solo de esta forma será posible aprovechar toda forma alterna de energía, incluida la “verde”, bajo esquemas de energía distribuida que refuercen la confiabilidad del SEN.

¡Fuera de México el Banco Mundial!

¡Integración eléctrica, Ya!