Volumen4, Número 56, Noviembre 22 de 2004

La nacionalización, inconclusa y desviada

Sumisa política
Eléctrica

México no dispone de reservas suficientes de gas natural pero el gobierno neoliberal insiste en seguir instalando centrales eléctricas a base de este combustible. Así lo decidieron las transnacionales. Ahora, habrá que importar ese energético pues se pactó suministrárselo al capital privado por parte de la propia CFE. La privatización furtiva incluye ya a centrales hidroeléctricas. Es el pueblo el que carga con los costos de la traición. La burocracia vendepatrias sigue con los desaciertos, políticos, técnicos y administrativos.

Gas natural, el combustible que no carbura en México

Como parte de la estrategia imperialista de EU, México ha adoptado el gas natural –que no tenemos en cantidad suficiente–, como combustible base para el desarrollo energético del país. Los resultados son pésimos y el pronóstico peor.

Hace unos meses, Vicente Fox y Carlos Mesa, el sustituto del destituido presidente de Bolivia Sánchez de Lozada –por la vía de una enérgica revuelta popular en defensa de los hidrocarburos bolivianos– pretendieron firmar un acuerdo para el envío de gas natural boliviano a México para abastecer a las generadoras extranjeras instaladas aquí. México produce actualmente, hasta un 66% de la electricidad, a partir de plantas termoeléctricas, que en su mayor parte consumen gas natural. El malogrado trato beneficiaba en principio a los generadores gringos instalados en Baja California, sin beneficio significativo para México.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), que también “regula” el mercado privado de gas natural, ha entregado ya cuatro permisos para procesar (regasificar) en el país el gas natural que llega licuado y congelado, procedente de países tan remotos como Australia, Indonesia, Malasia, Bolivia, Trinidad y Tobago, Qatar y Argelia. Uno está ubicado en Altamira (Shell, 700 millones de pies cúbico diarios –mpcd–) y, los otros tres en Baja California, uno en Tijuana (Marathon, 1,000 mpcd) y dos en Ensenada (Shell y Sempra, unos 1,000 mpcd totales). Existe además una solicitud de Chevron–Texaco para construir una quinta planta "off-shore" (en mar abierto) en las Islas Coronado, frente a Tijuana.

Cada vez son más elevadas las importaciones. “A principios de año había un déficit estimado en unos 700 mpcd que normalmente se importan de EU” (Calderón Hinojosa, al comparecer ante la primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados en febrero pasado). Sin embargo, con la entrada en servicio de más plantas generadoras de ciclo combinado –que consumen el 72% de la demanda nacional de gas natural, (El Independiente 15.01.2004)–, la cifra aumenta.

Ante tal dependencia, se han intentado cambios en el esquema de abasto del combustible para “proteger” a los PIE's, sin lograrlo. Los funcionarios foxistas ensayaron entonces la sustitución de gas natural... ¡por otro que tampoco tenemos!. Efectivamente, Petacalco, que se entregó operando apenas en 1994 por la Constructora Kepler, generaba a base de combustóleo, pero fue convertida a carbón, sin tomar en cuenta que dicho combustible tampoco abunda en nuestro país. El único “logro” con la conversión de Petacalco, fue el rescate financiero de Kepler, que tenía serios problemas financieros antes de verse favorecida con ese contrato.

La inestabilidad del precio es grave.

Según informe de CFE de 2003 (Reforma, 18.02.2004), la paraestatal pagó un 46.4% más en combustibles, debido principalmente a los altos precios del gas natural. “Esto se debió al aumento en el precio del gas natural, pero también al uso de otros combustibles como diesel y combustóleo, los cuales se usaron para sustituir la generación hidroeléctrica”. “En el 2002 empezamos a tener problemas con el suministro de gas natural y a diferencia de las plantas privadas que no cuentan con tecnología dual para otro combustible, nosotros sí pudimos quemar diesel, pero es tres veces más caro y eso nos aumentó los costos”, dijo al diario Reforma (19.02.2004), Elías Ayub director de CFE.

Con esos tropiezos, la CFE se lanzó a licitar la construcción de una planta de regasificación propia para tratar de sustituir los variables precios referenciados a los del sur de Texas por un precio de acuerdo a los costos de la Cuenca del Pacífico, una especie de “canasta de carbón y petróleo” que sería menos volátil. A México le conviene tener un gas que no esté referenciado al precio de Texas porque evitará la volatilidad de las cotizaciones” (Elías Ayub, en conferencia de prensa del 5.02.2004).

La Iniciativa privada hizo lo suyo, “agobiada” por los altos costos del gas natural que decidió adoptar. Según notas en Infosel y el diario Reforma (20.02.2004), cerca de 30 proyectos de cogeneración y autoabastecimiento eléctrico en desarrollo habrían sido suspendidos principalmente por los elevados costos del gas. Sin embargo, Pemex responsable legal del suministro de ese combustible cubrió al 60% de sus clientes (industriales, por supuesto, son unas 900 empresas) mediante esquemas que ofrecen precios estables eliminando la volatilidad de los precios, estableciendo un precio promedio en un período dado (el año pasado fue de 4 dólares por millón de Unidades Térmicas Británicas, BTU, a tres años).

Pero las pérdidas de los particulares no fueron tan graves como las de Pemex y CFE, que los protegen, aunque según Marcos Ramírez Silva, director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, “algunas [...] empresas sólo se cubrieron a través de los instrumentos que ofreció Pemex para el período enero-abril de este año, sólo para soportar los altos precios del invierno”. “Tenemos información, que obviamente es confidencial, en el sentido de que otras empresas se cubrieron con otras compañías que se dedican a este servicio” (Reforma 3.02.2004).

La “solución” neoliberal entonces fue ampliar las coberturas y abrir los Contratos de Servicios Múltiples para concesionar inconstitucionalmente la explotación de los yacimientos de Burgos. En todo caso, aunque debería ser Pemex quien construyera las regasificadoras, la realidad es que tanto ésta como CFE son obligadas a subsidiar a los particulares, aun a costa de sus propias finanzas, como aceptó Fernando Elizondo, el actual secretario de energía, “El gobierno incrementó su capacidad de producción de electricidad en los Productores Externos de Energía, no con plantas propias de la CFE y además tuvo que retomar los riesgos de financiamiento en las últimas licitaciones. Unas ocho centrales de generación que tienen contratos de suministro de gas natural con Pemex tuvieron problemas porque la paraestatal incumplió el contrato, provocando que la CFE penalizara a los generadores, quienes, por su parte dejaron de participar en las licitaciones de Productores Externos de Energía. Es hasta que la CFE retomó el control del suministro de gas que los concursantes volvieron a participar en las licitaciones. Eso fue hace cerca de 16 meses y continúan las negociaciones para cambiar los contratos de suministro y que la CFE asuma el riesgo gas” (Milenio, 29.08.04).

Para llevar adelante esa estrategia, CFE tendrá que invertir también en una red de ductos ¡paralela a la de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la que opera ya la IP! para poder autoabastecerse (y vender sus excedentes a particulares) de gas. Se estima que serán en total unos 1,600 km de nuevos ductos en la región occidente, Baja California y península de Yucatán, según El Universal (16.02.2004). Recientemente, por ejemplo, se anunció el gasoducto del Pacífico, otra red privada de más de 3 mil kilómetros que construirán Sonora Pacific Mexico y El Paso Blue Atlantic US, que unirá Sonora con Michoacán, para interconectar sendas terminales de gas natural licuado que se licitan en ambas entidades, integrándolas al Sistema Nacional de Gasoductos y, vía el sistema privado de Naco, a Estados Unidos.

La entrada obligada de CFE al “negocio” del gas natural agravará su endeudamiento en Pidiregas. CFE licitó antes la construcción de los gasoductos Mayakan y Rosarito, uno de Ciudad Pemex, Tabasco a Valladolid, Yucatán y el otro en Baja California. Además del gasoducto Samalayuca, para abastecer la planta del mismo nombre.

En cuanto a la posibilidad de “desligarse” del precio de referencia del sur de Texas, baste recordar que CFE licitó recientemente el suministro de gas natural en Altamira Tamaulipas (un contrato por 15 años, del 2006 al 2020) por un volumen de 500 mpcd, y que en dicho contrato –que ganó Gas del Litoral (en realidad se trata de Terminal LNG y Shell)–, establece un sobreprecio de +0.7142 dólares americanos por GCal arriba del precio de referencia de Henry Hub (Sur de Texas). Luego entonces ¿cuál es la ventaja?

Y ahora, plantas hidroeléctricas privadas

El foxismo comenzó a autorizar la construcción de plantas hidráulicas de mediana escala y ofreció concesionar los cauces de ríos y presas nacionales al sector privado. Desde septiembre de 2003, la francesa Alstom recibió autorización de la Secretaría de Energía (Sener) para instalar algunos proyectos de empresas industriales (del sector minero y manufacturero). Según la Sener, “en una primera fase se contempla construir 16 hidroeléctricas privadas en 12 entidades federativas que aportarían una capacidad adicional al Sistema Eléctrico Nacional de 224.5 Mw”.

Así, entró en servicio la hidroeléctrica Trojes, que se localiza en el municipio de Pihuamo, Jalisco, para alimentar a las cementeras y manufactureras de la zona. Otras plantas como El Gallo, Cutzamala de Pinzón; Chilatán de Jilotlán, y El Marqués en Jalapa, están en proceso de financiamiento para iniciar su construcción.

Indudablemente que esto creará nuevos conflictos sociales, en tanto estos proyectos involucran el apropiamiento de otros recursos nacionales como son el agua, las presas, los canales, los cauces de los ríos, etcétera, cuya administración compete a la Comisión Nacional del Agua (CNA) (El Universal, 21.01.2004).

Prospectiva amañada, 3.52% aumento real del consumo

El consumo de electricidad, según los parámetros del documento oficial para la planeación del sector eléctrico, conocido como “Prospectiva”, está vinculado con las proyecciones de crecimiento económico del país (del Producto Interno Bruto). El propio Fox reconoció que el PIB sólo creció 0.6% el año pasado, mientras el consumo de electricidad creció 3.52%. No obstante, la prospectiva emplea estimaciones fantasiosas e increíbles índices de crecimiento económico y de la demanda, sin ningún apego a la realidad del país.

Usuarios en conflicto por el cobro de la energía

Otra constante durante 2004 fueron los múltiples conflictos surgidos a raíz del "retiro del subsidio", que evidencian el fondo social del problema, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante las innumerables quejas recibidas, responsabilizara al Congreso de la Unión por el incremento de las tarifas eléctricas. Las tarifas "no han sido impuestas de manera arbitraria” sino que fueron producto de una resolución legislativa (Raúl Plascencia, segundo visitador de la CNDH, Milenio, 24.03.2004).

Y tiene razón, los usuarios organizados tendrán que recurrir a nuevas medidas de presión contra los cobros excesivos derivados de la aplicación de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) aprobada en 2001 por el Legislativo, con la cual cualquier error de medición (o de toma de lectura) provoca cobros exorbitantes. Otros usuarios recurrirán a la queja individualizada ante la Procuraduría Federal del consumidor, o de plano aguardarán a que el ajuste se haga automáticamente.

Tendrán que dotarse de paciencia, pues el problema se agravará luego que la CRE licitó este año un nuevo estudio para determinar “los costos marginales” del proceso eléctrico, con la idea de establecer “tarifas en base al costo real" de producción, distribución, transmisión y transformación de la energía. Esto no hará más que complicar aún más el cálculo para esconder nuevas alzas y eliminar el componente social.

Pérdidas eléctricas, corrupción y gasto inútil

El alto costo de la luz aceleró fenómenos como la corrupción y el “consumo ilícito” o robo de energía, que va desde la conexión “no autorizada” a la red de distribución (lo que se conoce popularmente como colgarse o poner un “diablito”), hasta el fraude que se comete en colusión con los propios empleados para no denunciar tales conexiones ilícitas o incluso alterar el equipo de medición o reportar lecturas menores.

Ante ello, la administración de LyFC puso en marcha un ingenua estrategia denominada “Programa de Reducción de Pérdidas (PREP)” orientada en primer ligar a impedir o reducir el robo de energía, publicitada como una campaña para mejorar la calidad del servicio. Como primera medida, se instalaron cientos de kilómetros de cable blindado en algunas redes que alimentan colonias populares, comerciales, oficinas y pequeñas empresas industriales, dónde “se imaginaron” que la probabilidad de fraude era mayor. No hubo siquiera un estudio previo.

Luego, se instalaron cajas de conexión “antifraude” y hasta se cambiaron indiscriminadamente, sin cargo al usuario, un cuarto de millón de medidores por nuevos aparatos de medición “inviolables”. La medida implicó un gasto enorme y fue imposible de aplicar, ya que, LyFC atiende actualmente a cerca de 6 millones de usuarios).

El PREP sirvió además para financiar indebidamente la reconfiguración de algunas redes de distribución para recibir la energía de las plantas generadoras privadas que se conectan por baja tensión (en distribución) a la red de LyFC.

Otra estrategia del PREP consistía en ofrecer la regularización de servicios anómalos, sin aplicar las sanciones correspondientes, pero tampoco en ello hubo avance notable, ya que de miles de solicitudes que se atendieron, solo se resolvieron favorablemente unos cuantos cientos por la falta de equipo y materiales (por ejemplo, medidores, que se destinaron al cambio “a destajo”).

Ciertas mejoras y mantenimiento en la red, que permitieron reducir las quejas por fallas en el suministro y las variaciones de voltaje, se lograron con la instalación y sustitución de algunos miles de transformadores donde la red operaba en condición crítica. A pesar de ello, el fracaso del plan ha sido memorable. Cuando inició el PREP, según los informes oficiales de LyFC, se estimaba que las pérdidas eran del orden del 17% de la energía facturada. Hoy en día esos informes reportan pérdidas del 27% ¡Aumentaron diez puntos porcentuales, en vez de disminuir!

La administración de LyFC anunció en marzo que el año pasado se destinaron más de 4 mil millones de pesos a diversas acciones del PREP. Esto es inaudito, considerando que el presupuesto de la empresa para ese mismo período fue de 5 mil 307 millones de pesos. ¡Es decir, que se desperdició alrededor del 75% del presupuesto de LyFC en medidas inútiles! Este es un ejemplo de la pésima administración que padecen las empresas públicas. Lo mismo sucede en CFE que atiende ciudades dónde el índice de pérdidas es aún mayor.

La “nueva visión” reformadora

A finales de septiembre, el PAN anunció, por voz del senador Rubén Nordhausen González, integrante de la Comisión de Energía, que propondría al pleno del Senado de la República en octubre una Reforma Energética para dotar a Pemex y la CFE de capacidad financiera, para permitir a Pemex asociarse con particulares, tal como lo hace con la empresa Shell en Texas, Estados Unidos. “Vamos por la reforma constitucional en materia energética o, en su caso, por una ley secundaria que implique al sector petrolero, en sus cuatro divisiones y a la CFE para aumentar la competitividad, crecimiento económico y la generación de empleos”, explicó (Unomásuno, 25.09.04), descartando que dicha propuesta implique pérdida de soberanía, “no podemos perder lo que no tenemos, toda vez que mantenemos una pronunciada dependencia de la importación de gasolinas y gas natural provenientes de los Estados Unidos”. ¡Ah bueno! Con esos criterios obtusos hay que entregar todo de una vez a sus verdaderos dueños, el imperialismo.

¡La patria no se vende!

Ya lo dijo Vicente Fox, son años de recoger el fruto de lo sembrado, y él sembró descontento e injusticia social, actuando con desprecio contra el pueblo y la Constitución. Urdió una alianza criminal en contra de la Nación, no solo con su intentona por legalizar la ilegal privatización, sino arremetiendo contra la seguridad social, recortando la educación pública, mientras ha llevado prácticamente a la extinción al campo, todo por atender los dictados neoliberales.

Se pretende la entrega de la Nación. ¡Los trabajadores no lo permitiremos! La movilización que se lleva acabo en el país no se detendrá hasta reestablecer la legalidad constitucional, aboliendo las modificaciones regresivas.

¡La Patria no se vende,
la Patria se defiende!

Fuente: Enrique Villarreal. Petróleo, año 1 Tomo 6, oct-nov 2004

Fuente: Enrique Villarreal. Petróleo, año 1 Tomo 6, oct-nov 2004

“Gasoducto del Pácifico” y Red Nacional de Ductos

Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2003-2012.