Volumen4, Número 54, Octubre 2 de 2004

A un año del apagón en Estados Unidos

Congreso Ineficaz

El sábado 14 de agosto se cumplió el primer aniversario del apagón más grande en la historia de EU que dejó sin electricidad a 50 millones de personas en Estados Unidos y Canadá. Un año sin que el Congreso gringo haya podido aprobar normas de operación obligatorias (mediante sanciones) a las empresas privadas que permitan asegurar que no vuelva a ocurrir un accidente de tales proporciones.

El problema central radica en la imposibilidad de normar la operación de la red eléctrica a nivel nacional, misma que cambió para adaptarse al “mercado eléctrico” afectando su confiabilidad y la continuidad del servicio, porque no se desarrolló correspondientemente su arquitectura, dada la enorme inversión que se requiere para ello.

Los congresistas gringos (muchos de ellos representantes de las grandes empresas privadas) no son ineficaces, simplemente no están dispuestos a permitir que las empresas privadas de generación y distribución tengan mayor responsabilidad legal en la operación de la red de transporte de energía, no solo para asegurar la confiabilidad de las líneas mismas sino, incluso, para financiar la rehabilitación, expansión y reconfiguración de la red eléctrica.

Los inversionistas privados, tomando en cuenta que una de las causas probables más difundidas que inició el apagón del año pasado fue un cortocircuito provocado por el contacto de la rama de un árbol contra una línea de transmisión privada en el estado de Ohio (propiedad de FirstEnergy Corp.), se dedicaron todo este año en implantar y difundir “ambiciosos programas” de poda permanente de árboles, e incluso aumentaron el uso de sistemas de protección y alarma por medio de computadora, según ellos para evitar que un nuevo apagón pueda propagarse más allá de una cierta región.

Sin embargo no hay soluciones de fondo: no hay un aumento real de generación para reserva −y, aunque lo hubiera−, tampoco hay posibilidad de mejorar la capacidad de transporte para reducir la vulnerabilidad de la red. Lo anterior evidencia que el control de la red no solo puede limitarse al aspecto, legal y administrativo, ignorando la cuestión técnica y operativa.

En México, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los “dueños” de las inconstitucionales concesiones de generación de electricidad tienen permiso para construir líneas “para usos propios” y para interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional sin obligación de someter al control de la CFE (o LyFC) dichas líneas. Sin embargo, mediante el pago de un ridículo cargo por el “porteo” de energía obtienen importantes beneficios utilizando la red nacional para vender (ilegalmente) electricidad entre particulares, comprometiendo la confiabilidad del sistema público y la continuidad del servicio. En esas condiciones, la posibilidad de tener un apagón en México, similar al de la costa este de EU, crece cada día.

Es tiempo aún que el Congreso mexicano demuestre menos “tolerancia” para con las transnacionales de la energía que, de manera inconstitucional, se benefician de la privatización de buena parte de la industria eléctrica nacional. Es momento de eliminar, de una vez por todas, las inconstitucionales reformas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento que no solo dan pie a la concesión de un recurso estratégico sino que comprometen la prestación del servicio público.

Nueva York a oscuras en 2003 durante el gran apagón eléctrico privado