Volumen4, Número 54, Octubre 2 de 2004

De nuevo en defensa de las transnacionales de la energía

Vicente Fox,
el “constituyente” neoliberal

Diversas reformas constitucionales, aprobadas “al vapor” o “mayoriteadas” en el Congreso a instancias del ejecutivo en turno, han tergiversado el orden constitucional basado en un acuerdo social, para imponer el modelo neoliberal, basado en el imperio de la propiedad privada y las leyes del mercado. El foxismo, fiel a la más oprobiosa práctica priísta, busca “legislar” de facto en favor de las transnacionales de la energía. Es necesario restituir de una vez por todas el orden constitucional.

Legalidad constitucional, rota

El artículo 135 de la Constitución política mexicana puede ser adicionada o reformada por el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión y, además, por mayoría simple de los Congresos locales. Sin embargo, este procedimiento --que establece una especie de “constituyente permanente”--, ha sido confiscado en la práctica por el ejecutivo federal en turno. Miguel de la Madrid realizó durante su gestión 60 modificaciones al texto de la constitucional luego, Carlos Salinas de Gortari llevaría a cabo 51 más y, finalmente, Ernesto Zedillo Ponce cerraría concretando otras 49. Así, uno a uno, los predecesores inmediatos de Fox enviaron al legislativo (y cabildearon para su aprobación) casi la mitad de las reformas realizadas a la Constitución desde que fue promulgada en 1917. Esas reformas sentaron las bases de una verdadera “reforma constitucional” FURTIVA para imponer el modelo neoliberal como política de Estado

De este modo el “gran dedo” ha sometido a los levantadeditos --siempre dispuestos a aprobar lo que les pongan enfrente, con tal de conservar sus privilegios--, para aprobar modificaciones a la Constitución que facilitaran la apertura de la economía nacional a los capitales y el comercio mundial. Prescindiendo del parlamento, se ha reformado la ley --nada menos que la Constitución--, para imponer un modelo despótico y esclavizante.

Fox se queja de que la permuta de partido en el poder ha paralizado el cambio, sin embargo la clase política nacional, aferrada a los viejos modelos de concertacesión e impunidad que priva al interior de los partidos, no han cambiado en lo más mínimo, simplemente “nadan de muertito” a la espera de consolidar las nuevas redes de poder que habrán de imponerse en el siglo que comienza, dejando mientras tanto al país en la total indefensión frente a grupos de poder que, maiceados por las empresas imperialistas extranjeras, cabildean incansables para imponer las reformas estructurales.

Empero, de momento la vía "levantadedos" parece estar bloqueada por el reacomodo de fuerzas, lo que no obsta para que en los temas esenciales de la agenda nacional Fox siga aprovechando la reformas de sus predecesores para llevar adelante la entrega del país. En todo caso, cuando la resistencia popular encuentra eco en los legisladores para detener su avance Fox recurre "al estado de derecho" para terminar imponiendo su voluntad.

Tal es el caso de la reciente demanda de juicio de controversia constitucional que con fecha 19 de mayo de 2004 y en razón de las auditorías efectuadas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) durante la revisión de la cuenta pública del 2002, presentó el Ejecutivo en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (CDDCH) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ¡por la ejecución de actos que invaden el ámbito de las facultades del ejecutivo!

Fox gobierna sin ley

Lo dicho en los primeros párrafos demuestra que si alguien suele quebrantar la división de poderes en nuestro país, es precisamente el Ejecutivo. Primero fue el priísmo y, ahora, la oligarquía internacional que se expresa en las acciones que Fox emprende a favor de las corporaciones imperialistas y los intereses de las potencias extranjeras.

Hasta el momento de nada ha servido que la ASF haya documentado irregularidades al por mayor en las diversas cuentas públicas de la actual administración, en Pemex, en CFE, con los amigos de Fox, etc., dado que cualquier acción destinada a corregir tales anomalías es detenida, para no afectar –se dice– a los eternamente sobreprotegidos inversionistas, aún que estos no sean esforzados connacionales dispuestos a jugársela con y por México, sino personeros del capitalismo internacional. Allí está nada menos la actuación del ejecutivo el año pasado para bloquear las auditorías a las cuentas de la banca privada en el IPAB.

En 2003 Vicente Fox recurrió también a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que Banamex devolviera alrededor de 7 mil millones de pesos que ese banco metió de manera indebida al Fobaproa, según lo determinó la ASF. De poco sirvió que la SCJN fallara en contra del ejecutivo: finalmente Bancomer y Banamex se aliaron para eludir el castigo previsto y presionar al IPAB y al legislativo para que valide, de una vez por todas y sin mediar auditoría alguna, toda la deuda registrada ante ese instituto por la banca privada, que alcanza cuando menos 40 mil millones de pesos.

Este tipo de conflictos es lo que paraliza en todo caso a la clase política nacional, tristemente representada por los partidos políticos, que prefieren voltear la mirada hacia sus disputas internas, que atender la necesidad urgente de resolver estos conflictos de una manera irrevocable, es decir restableciendo el orden constitucional.

Fox pretende reeditar la experiencia de la banca, recurriendo nuevamente a la SCJN para rescatar a las trasnacionales energéticas, inconstitucionalmente instaladas en nuestro país por decreto del ejecutivo, gravemente amenazadas luego de que la ASF señalara graves violaciones de dichas empresas a la normatividad vigente, pero sobre todo al texto constitucional.

A esto, el ejecutivo responde, por vía del ex-secretario de energía Felipe Calderón Hinojosa, alegando incompetencia de dicho órgano de la Cámara de Diputados con el argumento de que se invade la esfera de su competencia. Es decir, que en Foxilandia se considera que una vez ganado el poder, nadie puede cuestionar sus acciones. ¡Valiente cambio! Al Ejecutivo no se le toca ni con el pétalo de una auditoría.

Inconstitucionalidad de la Ley eléctrica

Lo que provocó la molestia del presidente no parece haber sido la serie de "observaciones y recomendaciones" elaboradas por la ASF tanto a la CRE como a la Secretaría de Energía (Sener) –que cuestionan la validez de los procedimientos que utiliza la CRE para la expedición de los permisos para la generación de energía eléctrica y solicitándole que haga respetar a los concesionarios la de por si laxa normatividad que rige su inconstitucional participación en el sistema eléctrico nacional–. Lo que parece disgustarle realmente es que un grupo de letrados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM trajera a cuento nuevamente la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y su reglamento.

No hay que olvidar que este tema ya fue motivo de discusión en la SCJN, cuando ésta resolvió que el decreto con el que Fox pretendía eliminar los límites para la venta de excedentes a los generadores privados era inconstitucional (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 22/2001). En aquélla ocasión quedó flotando en el aire un concepto, SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA (Considerando Séptimo), que en términos jurídicos implicaría la posibilidad de que el poder judicial (la SCJN) ampliara los conceptos de la violación para determinar que el legislativo corrija de origen el problema, eliminando de la LSPEE y su reglamento el texto que se contrapone al precepto constitucional, como de hecho lo insinuó al resolver dicha controversia, Considerando Noveno:

“NOVENO.-A mayor abundamiento, debe establecerse que no pasa inadvertido para este Tribunal Constitucional, por una parte, que no sólo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y otras leyes relacionadas, pudieran contener disposiciones contrarias a la Constitución, pero ello es ajeno a la presente controversia y, de ser así, el propio Congreso de la Unión, que es la parte accionante en ella, estará en aptitud de realizar las reformas pertinentes; y, por otra, que podrían darse necesidades de carácter económico o político que, desde esas perspectivas, cuestionaran la última parte del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución y las otras normas que con él se vinculan (según se ha explicado), pero es claro que la decisión al respecto resulta ajena a las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y corresponde, con toda claridad, al órgano previsto en el artículo 135 de la misma y al que podrá acudirse con la iniciativa correspondiente que demuestre la necesidad referida”.

Fox impone la ilegalidad

El problema regresó de nueva cuenta a la SCJN. Mientras, el Ejecutivo ya logró lo que perseguía ó sea la suspensión de la ejecución de los efectos y consecuencias que pudieran tener las aparentemente intrascendentes "observaciones y recomendaciones" de la ASF y de paso, la aprobación de las medidas que pudiera tomar la comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados y su pleno, alrededor de las mismas.

Como el propio Calderón establece en la solicitud de juicio de controversia, Fox ya logró "que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en ese sentido,... que no se tengan que acatar las observaciones y recomendaciones contenidas en el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2002; no se tengan que hacer efectivas, ni instruir, ningún procedimiento administrativo cuyo propósito sea determinar responsabilidades a cargo de los funcionarios por cuenta de los cuales debieran correr estos". En pocas palabras para poder continuar cínicamente con la privatización furtiva de la industria eléctrica nacional.

Revocar las reformas de 1992

No hay más, el legislativo debe demostrar que efectivamente existe separación de poderes, revocando las reformas del 92 a la LSPEE y su reglamento, así como derogar la ley que dio origen a la CRE. Cualquier otra solución seguirá siendo una vergüenza para ese órgano del poder.

¡Fuera Fox y mafias, traidores a México! FOTO: fte