Volumen4, Número 53, Septiembre 2 de 2004

Las transnacionales se apropian de la industria nacionalizada

Servicio público... ¿sin soberanía nacional?

Según la CRE, el estado tiene garantizado el abasto de electricidad, a la vez que mantiene la soberanía “directa” sobre el servicio público de energía eléctrica mediante el otorgamiento inconstitucional de concesiones. Sin embargo, la proliferación de permisos privados aunado a la “desinversión pública” en infraestructura de generación, están transfiriendo de forma “indirecta” el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las transnacionales. El Estado conserva únicamente el manejo de los aspectos administrativos. El caso de la transnacional Electricitè de France (EDF) lo ilustra ampliamente.

El Riesgo-gas

La concesión de permisos para el Productor Independiente de Energía Eléctrica (PIE), como se denominan en la legislación espuria del 92 (en alusión al Independent Power Producer, IPP, establecidos en el modelo de “desregulación eléctrica” a nivel mundial; o también referidos como PEE, por Productor Externo de Electricidad), basan su funcionamiento en la venta de electricidad “para el servicio público” –es decir, para el suministro de los usuarios que atienden CFE y LyFC–, mediante contratos garantizados (de capacidad instalada) para la compra de energía por 25 años como mínimo.

Originalmente estos permisos fueron concebidos para vender el 100% de su producción en exclusiva para el servicio público, sin embargo actualmente parte de esa capacidad se ha concesionado para exportación básicamente.

Las plantas PIE, con una disponibilidad superior al 95%, aseguran a cambio que la CFE les pague el total de su capacidad instalada convenida, se genere o no (porque hay que tener presente que la electricidad no puede almacenarse). Cabe resaltar que el riesgo de que estas plantas no pudieran generar es prácticamente el riesgo sobre la disponibilidad de combustible, puesto que son nuevas. En teoría, las plantas privadas podrían ser de cualquier tecnología –menos nucleares–, como una estrategia para diversificar fuentes, sin embargo en la realidad TODAS utilizan gas natural para garantizar su dominio.

Durante el sexenio zedillista, todas las concesiones PIE fueron otorgadas con un convenio que estipulaba que el riesgo en el suministro de combustible (o riesgo-gas) sería asumido por el comprador de la energía producida –o sea la CFE y en última instancia el usuario final–, asumiendo el concesionario únicamente el riesgo de garantizar la eficiencia de la planta (para lo cual se estableció un equivalente entre el volumen de gas necesario para producir un Kwh) y la disponibilidad física de la planta que, vale insistir, tratándose de plantas nuevas (que incluso se amortizarán en unos cuantos años) está prácticamente garantizada.

Al asumir funciones, el gabinete foxista intentó un cambio drástico, obligado por la enorme carga que dicho esquema de suministro de combustibles representaba, transfiriendo el riesgo-gas a los nuevos concesionarios de permisos PIE (quienes incluso aprovecharon para solicitar y obtener también concesiones para la distribución de gas natural). Sin embargo, esto provocó que las últimas licitaciones para plantas nuevas quedaran prácticamente desiertas, al considerarse, por parte de las transnacionales, que el riesgo del esquema foxista era demasiado alto.

¿Despacho de carga, o de generación?

El problema principal con estas plantas, radica en el proceso de despacho de carga que lleva a cabo la CFE, y que consiste en decidir qué plantas deben operar y durante qué período(s) para satisfacer la demanda (la carga conectada).

Sin embargo, este mecanismo no gusta a los privados, quienes prefieren el modelo de mercado eléctrico que impulsa la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en México y que se basa en el concepto de despacho de generación, consistente –de manera totalmente inversa–, en asegurar de antemano cuales plantas van a estar “prendidas” y durante qué períodos, independientemente de su eficiencia.

La diferencia radical entre ambos conceptos es que mientras el despacho de carga asegura el costo más bajo de generación y por tanto el precio final más bajo (porque se utilizan las plantas según su eficiencia, que en último término depende principalmente del costo de los combustibles), el despacho de generación asegura el óptimo rendimiento del capital, porque el propietario de la planta sabe con certeza cuánto combustible debe adquirir y en qué momento, con lo que puede negociar su compra en los mejores términos.

A simple vista, la idea del despacho de generación no parece mala. Sin embargo, en condiciones reales, el costo de generar a base de gas natural es a veces demasiado elevado para CFE. Esto, debido a la volatilidad en los precios de dicho combustible ya que se tiene la necesidad de importarlo. México no tiene reservas de gas natural para garantizar la operación de plantas de ciclo combinado, ni siquiera para los 25 años que durarán las concesiones.

Además, y de importancia vital en la estructura tarifaria, existen ciclos en los que se dispone de otros recursos energéticos, como los hidrológicos, que permiten utilizar menos gas. Sin embargo los márgenes de planeación implícitos en el despacho de carga no “ajustan” a la conveniencia del capital privado, dado que dependen de factores estacionales.

Garantizar el despacho de generación, significa renunciar de antemano a la posibilidad de “generar más barato”.

Por el otro lado, el despacho de carga es inaceptable para las transnacionales, dado que implica gastar en complicados mecanismos de cobertura del combustible (que minimicen las sanciones, tanto por el gas no consumido como por el suministro del faltante, ante la eventualidad de que la planta sea o no “despechada”).

Por lo anterior, las transnacionales terminaron “convenciendo” al foxismo para volver al esquema anterior, en el que el “riesgo-gas” castiga la economía de CFE (y de los consumidores) tanto, que ésta licita ahora sus propias terminales regasificadoras de gas natural (incluso la red de distribución ¿... y Pemex?), para garantizar no solo su abasto, sino el de los permisionarios procurando así minimizar el impacto en sus finanzas.

Soberanía energética... ¿sin el control de los recursos?

Efectivamente, justo para “celebrar” un aniversario más de CFE, se anunció que las transnacionales Transalta, Electrictè de France, Abener y Siemens Westinghouse, entregaron seis “nuevas plantas” con capacidad de 1,703 Mw destinados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Dichas plantas fueron construidas bajo distintas “modalidades de financiamiento”: 3 son totalmente privadas (PIE) y las restantes fueron financiadas como obra pública (Pidiregas).

De las plantas privadas, dos son “ampliación” y se trata de las plantas Campeche (que está en servicio desde el 28 de Mayo de 2003 y tiene contrato con CFE para vender una capacidad de 253 Mw) y Chihuahua III (cuya capacidad, 259 Mw, vende a CFE desde el 9 de Septiembre de 2003). Ambas son concesiones en la modalidad PIE y le fueron entregadas por la Comisión Reguladora de Energía a la empresa transnacional Transalta.

La otra planta privada (PIE) inaugurada por Fox en ese mismo acto fue Río Bravo III (con capacidad de 495Mw) concesionada también por la CRE a otra transnacional, la francesa Electricitè de France (EDF), que con esto eleva a 1,735 Mw la capacidad total que tiene instalada en México.

EDF posee además los permisos PIE en servicio: Saltillo (250Mw), Altamira II (495Mw) y Río Bravo II (495 Mw, inaugurada por Fox en febrero pasado ante el presidente de EDF, Fernando Ponasso), Río Bravo III (495 Mw), además de la concesión para Río Bravo IV (otros 500Mw) que entrará en servicio el próximo año (Ver Cintia Angulo, Directora General de EDF, México, Mayo 2004).

La capacidad concesionada al consorcio francés se elevará a 2,235Mw, superando en participación a las españolas U FENOSA (1,491Mw) e IBERDROLA (1,485Mw).

Capacidad en operación de EDF

Con toda esa capacidad de generación bajo su control y ávida de expandirse, EDF –la seudo-paraestatal francesa que recientemente se abrió al capital privado pese a la correcta pero tardía oposición de los electricistas franceses–, coordinó la ofensiva de las transnacionales para “exigir” del gobierno mexicano mayores garantías y protección, desnudando de paso lo que representa la “soberanía directa” garantizada por la CRE.

Con la generación en manos del capital privado, el gobierno en turno estará obligado a realizar lo que a las empresas imperialistas les venga en gana.

Gas Natural, base del control transnacional

Las transnacionales confían en conquistar definitivamente el control del SEN en su capacidad para imponer el uso de gas natural como combustible primario.

Su éxito radicó en “convencer” primero a la CRE, que les concesionó además buena parte de la infraestructura para la importación y distribución de dicho energético.

Por ejemplo, EDF es dueña del Gasoducto del Río, con capacidad de transportar 440 MM BTU/día y Transalta tiene un permiso en Chihuahua para mover hasta 1'955,856 metros cúbicos.

Leyes de mercado en detrimento del control público

Otro grave problema es que tanto para los permisos PIE, como para otras modalidades de concesión –Autoabastecimiento y Cogeneración sobre todo–, la CRE autoriza además al capital privado la instalación de líneas privadas de transmisión y distribución, “para usos propios”.

Esto sin embargo, es utilizado por los concesionarios privados para conectarse a la red nacional, aprovechándose de ésta para establecer un verdadero mercado eléctrico entre particulares mediante la venta no solo bilateral sino en muchos casos multilateral de energía eléctrica (entre supuestas sociedades de Autoabastecimiento y Cogeneración), cuyos flujos provocan la congestión de la red eléctrica.

El fenómeno se acentuará previsiblemente si se autoriza la venta de más excedentes para satisfacer aumentos no programados en la demanda.

Embotellamientos en la red eléctrica

La transmisión y distribución de electricidad por parte de privados incluye el libre acceso a la red nacional para que, mediante el pago de un “cargo por porteo” mínimo, puedan alimentar a sus “asociados”, ubicados las más de las veces lejos de la planta concesionada, incluso en otras entidades.

El pago de dicho “porteo” no cubre la inversión necesaria para reconfigurar la red para el adecuado manejo de los flujos adicionales de electricidad privada, para evitar el congestionamiento y la inestabilidad de la red.

Esta inversión termina siendo financiada por CFE y LyFC, lo que constituye una especie de subsidio escondido a los “productores” privados, que cínicamente la CRE justifica basada en que dicha energía tiene otros fines, distintos al servicio público de energía eléctrica.

Capacidad privada instalada y operando
a diciembre de 2003

PLANTA	ENTRADA	Mw	MUNICIPIO	ENTIDAD
C.C. ALTAMIRA III Y IV	24-12-03	1,036.00	Altamira	Tamaulipas
C.C. TUXPAN III Y IV	23-05-03	983.00	Tuxpan	Veracruz
C.C. BAJIO (EL SAUZ)	09-03-02	577.00	San Luis de la Paz	Querétaro
C.C. RIO BRAVO  II (ANAHUAC)	18-01-02	495.00	Valle Hermoso	Tamaulipas
TUXPAN II	15-12-01	495.00	Tuxpan	Veracruz
C.C. ALTAMIRA II	01-05-02	495.00	Puerto Industrial Altamira	Tamaulipas
C.C. MEXICALI	20-07-03	489.00	Mexicali	Baja California
C.C. MERIDA III	14-10-00	484.00	Mérida	Yucatán
C.C. MONTERREY III	27-03-02	449.00	Monterrey	Nuevo León
C.C. CHIHUAHUA  III	09-09-03	259.00	Ciudad Juárez	Chihuahua
C.C. NACO NOGALES	04-10-03	258.00	Agua prieta	Sonora
C.C. CAMPECHE	28-05-03	252.40	Palizada	Campeche
C.C. SALTILLO	19-11-01	247.50	Ramos Arizpe	Coahuila
C.C. HERMOSILLO	01-10-01	237.83	Hermosillo	Sonora
TOTAL		6,757.73

Estructura del Sistema Eléctrico según la CRE

Soberanía secuestrada por las transnacionales

Definiciones aparte, es evidente que la “soberanía indirecta” que según la CRE mantienen los mexicanos sobre su electricidad, se reduce a dejar a las transnacionales el campo libre, no solo para reapropiarse de la industria sino para retornar a sus tradicionales prácticas depredadoras. La realidad es que la verdadera soberanía, aquella que representa la autoridad suprema del poder público, esa la ejercerán las grandes empresas trasnacionales capitalistas y los estados imperialistas, como EU y Francia en complicidad con instituciones como el FMI, el BM, la OMC, para seguir imponiendo modelos que solo benefician al capital internacional.

La soberanía energética nacional solo puede asegurarse conservando el control efectivo de los recursos, es decir, manteniendo la propiedad social y colectiva de los mismos. Por ello el párrafo 6º del artículo 27 constitucional es uno de los triunfos más importantes de los electricistas en defensa de la soberanía nacional. ¡Ni una concesión de generación más!

Para recuperar la soberanía energética,

¡Cancelación inmediata de todas
las concesiones privadas!

Los electricistas mexicanos firmes en defensa de la Nación
y nuestros derechos de clase. FOTO: fte.

¡Alto a Privatización Furtiva!