Volumen4, Número 51, Junio 30 de 2004 |
Fox defiende las ilegalidades de la privatización eléctrica Privatización El 31 de marzo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el “Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002”, en cuyo tomo V se detallan los resultados de las auditorias normales y especiales efectuadas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la CFE. Ante la contundencia de la enorme cantidad de violaciones a la ley, la ASF no ha tenido mas remedio que desnudar a los impulsores de la privatización eléctrica que aseguraban (sin demostrarlo) que CFE no tiene recursos para desarrollar la inversión y que no se esta violando la Constitución al otorgar permisos a particulares para la generación de energía eléctrica. En el resumen de resultados de la Auditoria de Desempeño a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Evaluación del Programa de Desarrollo y Construcción de Infraestructura Básica), el resultado 7 dice ‘La CFE cuenta con capacidad de inversión para financiar sus proyectos de ampliación de infraestructura para generación, toda vez que durante el periodo 1992-2002 la inversión efectuada por la entidad fiscalizada por 134,786.7 millones de pesos pudo haber sido cubierta con la suma de la utilidad neta (31,410.2 millones de pesos) y la depreciación (112,493.5 millones de pesos); sin embargo, su presupuesto anual depende de la asignación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que aprueba la Cámara de Diputados.’ pág. 39, tomo V, volumen 1. En el resultado 13 se lee que; CFE compra la electricidad a los productores independientes de electricidad (PIE’s) a precios superiores que los costos medios establecidos como referencia y, en el 14, que por concepto de porteo y respaldo se cobraron tarifas abajo del costo real por casi 160 millones de pesos a generadores privados. Es decir CFE tiene recursos para sus proyectos de ampliación de infraestructura pero se usan para beneficio de las transnacionales, comprándoles cara la electricidad y subsidiándoles el porteo y el respaldo. Por su parte en la Auditoria Especial a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) denominada Evaluación de los Permisionarios con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la ASF considera que “...La CRE no ha vigilado ni supervisado el adecuado cumplimiento, por parte de los permisionarios, de las obligaciones establecidas en los títulos de permiso, en infracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de su reglamento, lo que ha propiciado que los titulares de los permisos incumplan las relativas a los trámites que tienen que realizar ante diversas autoridades administrativas, y los términos de operación, generación, distribución, transmisión, porteo y venta de excedentes de energía eléctrica; ya que se encontró evidencia de actos que comprueban la generación de energía eléctrica cuyo objeto es la venta entre particulares y la prestación de servicio público”. Pág. 519 tomo V, volumen 1. En teoría la CRE debería vigilar que no se efectuara compra-venta de energía eléctrica entre particulares, pero como su principal objetivo es la creación del mercado eléctrico auspicia y oculta los actos de compra-venta de energía violando la constitución. En la sección “Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas” en el Resultado Núm. 3 Observación Núm. 1 se lee ‘De los 89 permisos de generación revisados, 77 no están fundados ni motivados....’ Pág. 581 tomo V, volumen 1. Esto significa que casi 8 de cada 9 permisos nisiquiera cumplen con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y eso que fue reformada en 1992 precisamente para privatizar el Sector Eléctrico al margen de la Constitución. La ASF emitió una serie de observaciones a corregir relacionadas con los 14 resultados encontrados (que engloban todas las irregularidades) y le ordenó a la CRE informar el resultado de las gestiones. Como era de esperarse la CRE maniobró para invalidar cada una de las recomendaciones, pero al no lograrlo le negó atribuciones a la ASF como quedó asentado en el propio informe de la auditoria ‘De manera categórica y terminante, se rechaza la validez y por ende, se objeta el contenido y alcance de todas y cada una de las observaciones.....’ Pág. 609 tomo V volumen 1. Inmediatamente, Fox acudió al rescate de la CRE (y de las transnacionales) interponiendo una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación alegando que “... la ASF se atribuyó funciones exclusivas de los poderes Ejecutivo y Judicial” (El Universal, 27 de mayo 2004). La Suprema Corte, admitió la demanda y de entrada le concedió a Fox una suspensión provisional para que queden sin efecto, las observaciones que le hizo la ASF a la CRE y a la CFE mientras se resuelve el juicio. Con esta táctica también ganan tiempo, porque la resolución tardará muchos meses, mientras, seguirán otorgando permisos y no tendrán que corregir las irregularidades señaladas por la ASF. Independientemente que la Suprema Corte falle a favor o en contra, ya quedó demostrado plenamente que CFE si tiene recursos para los programas de inversión eléctrica y que el Ejecutivo esta violando la Constitución. Si la Suprema Corte falla en contra de Fox y las transnacionales, lo más que puede pasar es que se corrijan las irregularidades señaladas, pero la CRE seguiría otorgando permisos hasta que la privatización sea un hecho consumado irreversible. La solución definitiva es la derogación de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1992 con todo y permisos, incluyendo el castigo a los responsables y la expropiación sin indemnización a las transnacionales. A los legisladores corresponde restituir la legalidad constitucional presentando la iniciativa de una nueva Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica apegada estrictamente a la Constitución. A los trabajadores nos corresponde impulsar esta solución. | ||||
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