Volumen4, Número 51, Junio 30 de 2004

Japoneses en la privatización eléctrica furtiva

Tuxpan V para Mitsubishi

Mediante resolución número RES/049/2004 y permiso E/292/PIE/2004, la Comisión Reguladora de Energía otorgó otro permiso privado para generar energía eléctrica. El permiso viola una vez más a la Constitución política del país. Ahora los consorcios japoneses, Mitsubishi Corporation y Kyushu Electric Power Co. Inc., son los beneficiados. Nada importa a la CRE menos que la legalidad constitucional. El gobierno foxista sigue entregando la Patria a las transnacionales en la impunidad total.

Sucios procedimientos

Supuestamente renunció un año antes pero, el 26 de febrero de 2004, firmó la resolución RES/049/2004 otorgando un nuevo permiso privado para generación eléctrica. Dionisio Pérez Jácome, seguramente ya muy enriquecido gracias a los favores otorgados a las transnacionales de la energía, fue reemplazado por Francisco Barnés de Castro a principios del año; antes de irse, cedió ilegítimos derechos a consorcios japoneses.

Se trata de la “Adjudicación de un contrato de compromiso de capacidad de generación de Energía Eléctrica de no menos de 431 MW ni más de 527 MW y Compraventa de energía eléctrica asociada por un período de 25 años”.

Otra vez, las burocracias vendepatrias siguieron un procedimiento simplista.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió la convocatoria número 18164093-013-02, denominada 25 CC Tuxpan V Clave 054.00.053, el 17 de octubre de 2002. El 17 de diciembre de 2003 la CFE dio a conocer el fallo a favor de Mitsubishi Corporation y Kyushu Electric Power Co. Inc. Consecuentemente, el 14 de enero de 2004, informó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Esta, expedita, resolvió favorablemente un mes después.

¡Simples trámites administrativos! Las decisiones se toman previamente, al margen de la Constitución del país, lo demás es papelería. Contradictoriamente, la CFE decidió, ANTES, que debía licitar una central eléctrica. Unilateralmente, bajo una supuesta “transparencia” procedió a declarar un ganador. Después, simplemente notificó a la CRE. Esta, a su vez, simplemente llenó los formatos y Dionisio firmó en unión de otros 3 burócratas. Por supuesto, antes de que la CFE decidiera, las transnacionales ya habían tomado la decisión respecto del ganador. Así de simple, las transnacionales siguen apoderándose del patrimonio colectivo de la Nación, entregado por un grupito de corruptos.

Permiso anticonstitucional

La licitación indica claramente los términos para la entrega de la Patria. De acuerdo a dicha licitación, las transnacionales ganadoras, reciben un permiso para “desarrollar, construir, poseer, operar y mantener una central denominada Tuxpan V, e instalaciones asociadas cuya interconexión al Sistema Eléctrico nacional será en el Estado de Veracruz”.

¡Esto, es anticonstitucional! Al otorgarse el derecho a las transnacionales para “poseer” la central e instalaciones asociadas, se está transfiriendo la propiedad estatal a la industria privada. ¡Esto contradice a la nacionalización! Al conceder el derecho para “desarrollar, construir, ... operar y mantener” la central, se están usurpando las funciones constitucionales que corresponde realizar, de manera exclusiva, al Estado mexicano. ¡Se trata de violaciones flagrantes a los artículos 27 y 28 constitucionales!

No nada más, al concederse el derecho para la “interconexión al Sistema Eléctrico Nacional”, se está poniendo este sistema al servicio privado con serias implicaciones políticas y técnicas.

Previamente al permiso la CFE, a través de la Subdirección de Contratación y Proyectos de Inversión Financiada, firmó con los japoneses el contrato “Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica Asociada (PIF-001/2004)”. ¡Tal compra-venta es anticonstitucional!

La central privada japonesa “estará ubicada en el sitio denominado “Tres Estrellas”, en el litoral del Golfo de México, en la parte norte del Estado de Veracruz, en el municipio de Tuxpan, a 48 km al noroeste de la ciudad de Poza Rica”.

El proyecto consiste de una central de ciclo combinado integrada por dos turbogeneradores a gas con una capacidad de 179.2 MW cada uno, y un turbogenerador de vapor con capacidad de 190 MW. La central tendrá una capacidad de generación de 548.4 MW, con una producción estimada anual de energía eléctrica de 3 mil 787.32 GWh y un consumo anual de 813.57 millones de NM³ de gas natural.

Manipuleo legaloide

La CRE, a las transnacionales les llama “personas morales”. Estas, “inmorales”, procedieron a constituir de inmediato una sociedad privada en México denominada “Electricidad Sol de Tuxpan S. de R.L. de C.V.” por supuesto, con todas las facilidades otorgadas por el gobierno federal.

El objeto de esta sociedad será, “entre otros, generar energía eléctrica para su venta a la CFE en su carácter de productor independiente de energía”. Desde luego, la CRE invoca, como base legaloide, a las inconstitucionales reformas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y su Reglamento.

La anticonstitucionalidad reside en que, la LSPEE contradice a la Constitución pues, la generación, transmisión, distribución y comercialización corresponde realizarlas al Estado y nadie más. En el presente caso, la generación será privada, la transmisión será utilizada por el generador privado y, éste, comercializará la energía generada al venderla a la CFE. ¡Todo esto es ilegal!

Los japoneses presentaron la solicitud a la CRE, el 2 de febrero de 2004; menos de tres semanas después, en su domicilio ubicado en Paseo de la reforma 287, piso 3, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 de la Ciudad de México, recibían su “regalo”: un permiso anticonstitucional para generar energía eléctrica con vigencia a partir del 26 de febrero de 2004 hasta el 1 de septiembre de 2031.

Al otorgar el permiso, la CRE invoca a la “Prospectiva del Sector Eléctrico” y encuentra, obviamente, que dicha central está considerada en tal documento. Consecuentemente, aprueba el permiso. Se trata de un evidente manipuleo. La Prospectiva está diseñada al gusto de las transnacionales y sirve únicamente para justificar las “decisiones” de la CRE.

En el colmo de la desfachatez, la CRE dice que “la realización del proyecto se ajusta a los criterios y lineamientos de la política energética nacional de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 36 y 36-Bis de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y 124 de su Reglamento”. ¡Esto es falso!

De entrada, el gobierno federal NO TIENE ninguna política energética nacional; su política es entregar la Patria a las trasnacionales de la energía. En estos momentos, el gobierno NO TIENE ni siquiera un Programa Nacional de Energía. Peor aún, la Política Energética NO se define, ni está definida, en la legislación secundaria o terciaria. La LSPEE y su Reglamento JAMAS podrán estar por sobre la Constitución y, tan no lo están, que no incluyen ninguna política energética nacional.

Transnacionales no cumplen requisitos

Si lo anterior no representa nada para la CRE, respecto a los demás requisitos procede con todo descaro. Dice esa Comisión que, los japoneses “cumplieron” con lo indicado por la ley al presentar su solicitud “en el formato autorizado”. Tan cumplieron que, incluyen “el domicilio” y la “denominación social” de la empresa pantalla prestanombres recién constituida.

No tienen permisos para el uso del agua

A la CRE le resulta “facilito” violar reiteradamente a la Constitución. Respecto al agua que será utilizada para el enfriamiento de la central dice que, “la solicitante manifestó que utilizará agua de mar y que en términos del artículo 17, segundo párrafo, de la Ley de Agua nacionales no requiere de permiso para uso de aguas nacionales para la central”.

Esto, desde luego, es aberrante. Las aguas nacionales son propiedad de la Nación, así lo indica el artículo 27 Constitucional. Claro, para la CRE dirigida por los gringos y mexicanitos vendepatrias, renegados de la Constitucionalidad de la Nación, las transnacionales “no requieren permiso” para usar las aguas de los mares mexicanos.<

No tienen estudio ambiental

Acerca del cumplimiento de las normas ecológicas, la CRE solamente tomó en cuenta “la copia del escrito presentado con fecha 30 de enero de 2004, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la cual informó a esa dependencia que se encuentra en proceso de elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo, para la instalación de la central...”.

En pocas palabras, los propios burócratas de la CRE reconocen que, las transnacionales beneficiadas, NO TIENEN ningún Estudio de Impacto Ambiental, ahora llamado “Manifestación” ni tienen ningún Estudio de Riesgo. Apenas, están informando a la Semarnap que están en el “proceso de elaboración” de esos estudios. Lo que pasa es que NO TIENEN NADA, NI LES INTERESA. Transnacionales tan poderosas se ven ridículas informando que “están en proceso” de realizar estudios que jamás harán. La Semarnap, por su parte, dirá que “todo sigue en proceso”.

No tiene permiso para uso del suelo