Modificación al Reglamento de la Ley Orgánica de Pemex.
El Decreto Foxista viola la Constitución.

En la reunión con la representación del sindicalismo oficial, realizada el 1º. de Mayo en el Museo de Antropología, Fox señaló que decidió dar marcha atrás en su propuesta de integrar empresarios al Consejo de Administración de Pemex. Expresó que esa decisión la hacía "escuchando una recomendación del Congreso de la Unión".

Efectivamente, los Diputados y Senadores le hicieron saber a Fox que sus decisiones eran violatorias de la Constitución. Sin embargo, Fox no ha corregido, por el contrario ha vuelto a violar la Constitución. De acuerdo al Decreto publicado el lunes 30 de abril anterior se crea a un "consejo consultivo, cuyos integrantes tendrán derecho a voz pero sin voto" integrado por los mismos empresarios que antes fueron designados para integrar al Consejo de Administración. Esto es, se ha creado un Consejo paralelo que, al mismo tiempo, estará presente en el Consejo de Administración, máxima autoridad de Pemex.

Así, para corregir una ilegalidad, Fox recurre a otra ilegalidad. De acuerdo a la nueva propuesta se modificó el Reglamento de la Ley Orgánica de Pemex. En el artículo 6 de ésta Ley se indica que Pemex será dirigido y administrado por un Consejo de Administración que será el órgano de gobierno superior de la industria petrolera y, en el artículo 7, se establece la composición de dicho Consejo. En el artículo 10 se indica que "...Quedan reservadas al Organo de Gobierno de Petróleos Mexicanos las facultades que requiera la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera...", entre otras, "...aprobar, conforme a la política energética nacional, la planeación y presupuestación de la industria petrolera estatal en su conjunto y evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma..."

Ahora, según la disposición foxista "El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos contará con un Comité Consultivo..." cuyos integrantes serán nombrados por el mismo Fox y desde luego, serán los mismos que salieron del Consejo de Administración: Slim, Zambrano, Rebolledo y Romo, designados asimismo por Fox.

Ese Consejo Consultivo es ilegal, porque no está considerado en la Ley Orgánica de Pemex. El Consejo Consultivo de Fox queda en el Reglamento a la Ley Orgánica, contradiciendo a ésta. Pero, además, Fox no tiene facultades para modificar ordenamientos legales que corresponde hacerlo al Poder Legislativo.

La medida foxista es, desde luego, política. Al Fox no le interesa la legalidad, pretende mediante acciones "administrativas" llevar adelante los planes que la Nación le impide, tanto constitucionalmente como por la voluntad popular. La política de Fox atenta contra el interés nacional, carece de consenso y es inaceptable para la mayoría de los trabajadores y población mexicana. Fox intenta engañar a la sociedad violentando la legalidad e imponiendo compulsivamente decisiones unilaterales.

La situación es grave con un evidente conflicto de intereses pues los empresarios son contratistas, proveedores y beneficiarios de la industria petrolera nacionalizada. Nada bueno tienen que hacer en el "Consejo Consultivo" del Consejo de Administración de Pemex. Por el contrario, su incorporación ilegítima al máximo órgano de gobierno de Pemex es para influir en las decisiones de política petrolera. Ellos serían los verdaderos consejeros, en consonancia con el gobierno norteamericano, mismo que está dictando los planes a seguir. ¡Más y más petróleo crudo, gas natural y electricidad es lo que quieren los gringos! Con esos empresarios-socios, la política previsible que propondrían será la de extraer cada vez mayores volúmenes de petróleo crudo y la consecuente exportación hacia los Estados Unidos. Ya actualmente, se dilapida más de la mitad de la producción diaria nacional, sin que el mercado norteamericano esté satisfecho.

La propuesta foxista para integrar un Consejo Consultivo espúrio es inaceptable. Lo que se requiere es un Consejo Consultivo verdadero, congruente con la Constitución y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo, integrado por especialistas y vigilado por la sociedad mexicana.