Volumen4, Número 47, Febrero 29 de 2004

III Foro Eléctrico

Presupuesto privatizador en LFC

Al no poder privatizar por la vía constitucional, el gobierno otorga presupuestos reducidos a las empresas públicas. El objetivo es entorpecer el adecuado funcionamiento, incrementar los problemas operativos y de mantenimiento para crear las condiciones tendientes a su privatización. La argumentación del gobierno es falaz. Se habla de carencia de recursos y, al mismo tiempo, se destinan cuantiosos recursos al pago de la deuda externa. En 10 años se ha pagado más de 2 veces y, la deuda, sigue aumentando. ¡No a la privatización eléctrica! ¡Moratoria al pago de la deuda! ¡Presupuesto suficiente a los organismos públicos! son propuestas de los electricistas en lucha.

Homenaje a los amigos

Convocado por el FTE se realizó el III Foro Eléctrico Nacional el 17 de febrero de 2002. El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Escuela Técnica del SME.

El Foro fue presidido por José Manuel Pérez Vázquez, de la comisión política del FTE, y conducido por Ricardo Arenas del Movimiento 27 de Septiembre del SME.

Con una gran asistencia, el Foro empezó rindiendo un cálido homenaje a los compañeros que esta vez no estaban ya con nosotros: Gerardo Barragán, del SUTIN, y Humberto Plata, del SME. Puesto de pie los recordamos con minuto de aplausos.

A continuación se inició el III Foro abordando el tema de la Política Eléctrica. La primera ponencia fue presentada por el compañero David Miranda, legislador del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien se refirió al Presupuesto Privatizador en Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Se prepara privatización

En el presupuesto otorgado a las empresas públicas, específicamente energéticas, se refleja el modelo económico neoliberal del gobierno, dijo Miranda. De acuerdo al Presupuesto de Egresos para 2004, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado, las empresas del sector estarán sujetas a un presupuesto austero y recortado.

El presupuesto de LFC será de 20 mil 434.5 millones de pesos, cifra inferior a 2003, no obstante que se atiende a 5 millones de usuarios, el 25% de la demanda nacional, en el ámbito del Valle de México.

Con ese presupuesto, señaló Miranda, se busca entorpecer la actividad de la empresa eléctrica y se prepara el terreno para la privatización de LFC.

Pésima administración y política

Existen diversos problemas derivados de la errónea política y mala administración que se han seguido al interior de la empresa.

De 1976 a la fecha el problema de los ilícitos (las pérdidas no técnicas) ha venido creciendo. En 2003, de cada peso que ingresó por concepto de venta de energía eléctrica, 25 centavos (el 25%) se fueron al rubro de ilícitos. No se trata de los “diablitos” sino de pérdidas ocasionadas con grandes empresas. Se trata de un verdadero robo.

Otro problema es la literal “congelación” en materia de generación eléctrica. Por decisión gubernamental LFC no ha crecido en generación desde 1975. A la fecha, LFC continúa con su “histórica” capacidad instalada, apenas 871 Mw. Esto implica que LFC compre la energía que después comercializa con grandes consecuencias. De cada peso que ingresa a LFC se destina 1 peso con 2 centavos para la compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A LFC se le da un trato de empresa privada y se le somete a operar con pérdidas, siempre en números rojos.

Presupuesto reducido

El panorama es preocupante, expresó el compañero. Para 2003 se otorgó a LFC un presupuesto de 20 mil 582 millones de pesos y para 2004 será de 20 mil 434 millones de pesos, esto es, más bajo que el año anterior. El gobierno federal ratifica con ello el desprecio a los organismos públicos.

Desde 1998 a la fecha, el presupuesto de LFC ha sido un 70-75% del necesario. Pero, el presupuesto autorizado no se ejerce cabalmente debido a una mala administración. Hay problemas con los materiales y los vehículos, sin embargo, no se ve siquiera la voluntad para optimizar los recursos.

Las inversiones han ido a la baja. No se tiene planteado el crecimiento en la capacidad de generación. David Miranda hizo señalamientos graves. Dijo que, de seguir con la misma tendencia, de únicamente comprar la electricidad, en los próximos 5 años habría uan situación de quiebra técnica en LFC. Por lo demás, a ésta se le pretende reducir a solo una empresa de distribución.

Otra denuncia relevante fue la siguiente: gran parte del presupuesto se está destinando en aspectos de asesoría y consultoría técnica extranjera. Desde 1996, la transnacional Unión Fenosa (UF) fue contratada sin consultar a los trabajadores. En este lapso, la empresa española ha disfrutado de 9 contratos millonarios. Pero, UF ni es asesora ni ha podido con el paquete técnico. Sus intenciones son otras, dijo Miranda. Esa empresa, donde quiera que ha estado, llega como asesora y, luego, se convierte en accionista. Un caso es Nicaragua.

Entonces, ante la imposibilidad constitucional de privatizar a LFC, el gobierno sigue la vía de contraerla presupuestalmente hasta asfixiarla con el riesgo de producir fallas e incluso apagones.

Argumentación oficial falaz

Uno de los principales argumentos gubernamentales para la privatización ha sido la falta de recursos. Se requieren más de 500 mil millones en los próximos 10 años, dicen. Pero, si no hay recursos resulta contradictorio que se descapitalice a las empresas públicas, las que generan los recursos. Eso quiere decir que el gobierno prepara las condiciones para la privatización, advirtió David Miranda.

También se ha seguido una campaña ideológica para convencer a los electricistas de la privatización, expresó. Recordó que el gobierno ha dicho que, la crisis financiera se debe a la plantilla exagerada de jubilados y a los altos salarios de los trabajadores. Pero, dijo, eso no se sostiene y no tiene nada que ver con el problema financiero. Para demostrarlo explicó la situación.

1975 fue el año de la cúspide del salario mínimo y del salario electricista. En ese entonces, de cada peso que ingresaba a LFC, se destinaban 29 centavos para los salarios y 27 centavos para las jubilaciones. Es decir, el total representaba el 56% de los ingresos de LFC.

Para 2002, de cada peso que ingresó a LFC se destinó el 8.3% para salarios y el 8% para jubilaciones, es decir, 17-16% de los ingresos. Esto quiere decir que los salarios y prestaciones NO impactan severamente como dice el gobierno. El problema presupuestario no radica en los pasivos laborales ni en los salarios. Los problemas están en la pésima administración, la compra de electricidad y la alta corrupción.

Problema de la deuda externa

En México, hace diez años, la deuda externa era de 17 mil 660 millones de dólares. Entre 1992 y 2002, se destinaron 135 mil millones de dólares para el pago de intereses y, por amortizaciones (compensaciones o pago al capital) se entregaron 152 mil millones de dólares más. En total, en esos 10 años, se erogaron 281 mil millones de dólares. Esto es, la deuda externa se ha pagado ya casi 2 veces y sigue creciendo. En octubre de 2003, la deuda estaba en 155 mil millones de dólares.

La orientación del gobierno respecto del erario público es escandalosa. No les interesa invertir en gasto social, argumento repetido para vender la industria eléctrica. Por lo demás, la experiencia previa es desastrosa. En 1982, el sector estatal estaba formado con 1,155 organismos públicos en 63 ramas de la economía. Con el mismo argumento (para invertir en gasto social: salud, vivienda y educación) se vendieron la banca, pesca, química, telecomunicaciones, minería, siderurgia, petroquímica secundaria y otras. En total se vendieron 942 organismos, hoy quedan apenas 213.

Los ingresos de la venta fueron de 31 mil 538 millones de dólares. Ese dinero no se ha transparentado en nada. Para el rescate de líneas aéreas, ingenios azucareros, banca, etc. se han destinado recursos por 119 mil millones de dólares, más del 300% de los ingresos obtenidos por la venta, para rescatar a empresarios privados que han quebrado. Estos, han demostrado incapacidad y corrupción, y el Estado los ha tenido que rescatar.

¿Ese destino queremos para la industria eléctrica?, preguntó David Miranda. La respuesta de todos fue inmediata: ¡No!. Ante este panorama, dijo, “planteamos la moratoria al pago de la deuda externa”. Para que las industrias eléctrica, petrolera y del gas crezcan, se requiere renegociar la deuda externa; no hay otra alternativa para la Nación.

Las fracciones parlamentarias deben entender la necesidad e fortalecer presupuestalmente a las empresas públicas, propuso Miranda. También, es crucial renegociar el pago de la deuda.

Esto se plantea a la par de la lucha contra la reforma constitucional. El planteamiento es enérgico porque, si la industria eléctrica nacional cae en manos extranjeras se perjudica a la Nación, concluyó el compañero Miranda.

Los electricistas del SME siguen encabezando la lucha de resistencia contra la privatización de la industria eléctrica nacionalizada FOTO: FTE