La "verdad histórica" de la PGR es insostenible, dice el GIEI al presentar 20 recomendaciones para dar seguimiento al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Recomienda unificar las distintas causas penales, evitar su fragmentación, cambiar la narrativa del discurso, investigar las torturas y obstrucciones. Esto es, se pide lo elemental. Pero el gobierno no actúa con decoro, hará caso omiso de las recomendaciones. Tomás Zerón es cercano hombre de confianza de Peña Nieto.

El GIEI de la CIDH, antes de partir de México expulsado por Peña Nieto, entregó a la PGR un conjunto de recomendaciones para dar seguimiento al caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014. Las siguientes son las 20 recomendaciones (Flores J. O., en El Universal, 1 mayo 2016; Román J. A., en La Jornada, 2 mayo 2016).

Las recomendaciones son muy importantes, sencillas y en algunos casos de sentido común.

1. Unificación de las distintas causas penales.
Se propone la acumulación procesal para investigar y juzgar de una manera integral, no fragmentada. Esto es, las distintas causas deben concentrase en una y ser llevadas a cabo por jueces competentes.

2. Evitar la fragmentación.
Las distintas causas deben incorporarse en una sola para evitar la fragmentación, para tener en cuenta el contexto y la conexidad de los delitos, lo que se considera clave para determinar las responsabilidades.

3. Investigación integral.
El GIEI considera que debe realizarse una investigación integral de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Actualmente, los primeros se investigan en la Oficina del Caso Iguala y, los segundos, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido). Esto es, la investigación de los criminales debe integrarse en una sola. También se deben evitar las interferencias de la Seido en las investigaciones que deben ser realizadas por la subprocuraduría de Derechos Humanos, según los acuerdos de Washington firmados ante la CIDH en 2015.

4. Considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos.
Se recomienda investigar de manera adecuada otras graves violaciones a los derechos humanos, tales como: 1) desapariciones forzadas, 2) homicidios, 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) tortura, 6) exceso en el uso de la fuerza, 7) lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Esto implica que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso.

5. Llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes.
Se recomienda que se deben agotar todas las declaraciones testimoniales solicitadas por el GIEI y que no se han realizado, tales como, las de las autoridades políticas del Estado de Guerrero en funciones aquella infausta noche, el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente municipal, así como de las personas que se encontraban en barandilla esa noche.

Se reitera que deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas por el Informe Ayotzinapa Asimismo, deben incluirse en el expediente los testimonios de familiares del equipo de Los Avispones que informaron al GIEI de cuestiones relevantes para la investigación, que fueron incluidas en el informe Ayotzinapa II, y que deben ser escuchadas por la PGR.

6. Seguimiento a la información de telefonía.
Deben trazarse nuevas líneas de investigación, como la identificación de "Caminante" y otras llamadas telefónicas con los presuntos perpetradores y autoridades, y establecer la identidad de los usuarios. Asimismo, los lugares desde donde se siguieron activando los teléfonos de los estudiantes.

7. Balística.
Se debe realizar la confrontación de la evidencia balística recogida con las armas asignadas a la policía municipal de Cocula, de Huitzuco, estatal, y federal, pues hay evidencias de participación en los hechos.

También debe investigarse por qué la SEIDO vuelve al Basurero de Cocula el día 15 de noviembre de 2014, cuál es el sustento para esta nueva diligencia en la cual se levantan 42 casquillos en la zona alta del basurero cuando ya se había hecho la revisión del sitio del suceso. Así como porque no fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forense.

8. ADN.
Se debe establecer una fecha para la recepción de los resultados de Innsbruck. Han pasado más de dieciséis meses desde que se enviaron los restos. La comunicación debe acordarse de forma consensuada con los peritos de los representantes de las víctimas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

9. Documentos y videos.
La PGR deberá requerir la documentación militar relevante, sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha incorporado a la investigación. También deberá requerir los planes locales de seguridad, reportes, convenios, competencia de las distintas autoridades de seguridad que muestren los procedimientos de actuación. Así como la actuación de las diferentes corporaciones en función de dichos planes de actuación.

La PGR debe recuperar evidencia de videos de C4 y otros que no se encuentran en el expediente, incluyendo el material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia.

10. Investigar posible traslado de estupefacientes.
Deben agotarse las diligencias de esta línea de investigación, entre estas, la indagación sobre la existencia de laboratorios clandestinos en la zona, el movimiento del dinero, las rutas utilizadas para el traslado de heroína hacia Estados Unidos, el medio de transporte utilizado. Si los propietarios de los medios de transporte son empresas, indagar sobre los propietarios, accionistas, socios.

11. Plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso.
Deben realizarse los peritajes que sean necesarios para establecer cuál fue el autobús que efectivamente salió de la Central Camionera la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, si existen funcionarios responsables, de que los hechos sobre este autobús se omitieran en las distintas consignaciones iníciales.

Por otra parte, las contradicciones entre la declaración del chofer ante la PGR con su propio manuscrito firmado que confirma la versión de los normalistas y las declaraciones de los responsables de la empresa, debe ser investigada en profundidad y así como la plena identificación de su conductor en relación con las imágenes obtenidas en el video.

12. Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías.
En el primer informe, se hizo del conocimiento de la PGR, que el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas. En el segundo informe se presentan 17 casos que revisten serios indicios de torturas. Si bien los jueces han indicado a la PGR la realización de informes basados en el Protocolo de Estambul, estos no pueden diferirse más en el tiempo y tienen que realizarse con la participación de peritos independientes con experiencia en la evaluación de casos de tortura y uso del Protocolo de Estambul.

Por otra parte, y de forma complementaria, el GIEI espera que la investigación de la CNDH sobre las quejas planteadas ante dicha institución se base en los mismos estándares, tal y como ha sido el trabajo realizado por el GIEI con sus equipos.

13. Determinar otras responsabilidades en los hechos y en la investigación.
Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho. Especialmente investigar la posible participación de miembros de la Policía Federal y la Policía Estatal en la escena del Palacio de Justicia, el retén anterior a dicho lugar y la desviación del tráfico vehicular cuando se estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro 1531, en el escenario del puente del Palacio de Justicia.

A la luz de los hallazgos incluidos en el informe Ayotzinapa II, investigar si todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en diferentes lugares y horas en que se desarrollaron los hechos como Policía Federal, Policía Federal Ministerial, Policía Estatal cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos. En relación a la Policía Federal y Policía Federal Ministerial indagar si cumplieron con su obligación de investigar a partir de la orden de la PGR de las 22h30 de la noche del 26, y las correspondientes responsabilidades.

14. Llevar a cabo nuevas capturas.
Capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de la policía municipal de Iguala.

15. Investigar el patrimonio de presuntos responsables.
Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso, si su origen es lícito o no, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o ha habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades. Los resultados de dichas investigaciones deben ser incorporadas al expediente y a las causas penales abiertas.

16. Investigar la posible obstrucción de la investigación.
Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa. Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación, que han sido señalados en los dos informes publicados por el GIEI.

Desde enero de 2016, el GIEI señaló que existieron dificultades y obstrucciones a la investigación, la fragmentación del expediente y el control de numerosas peticiones y procedimientos por parte de la SEIDO, lo que limitó el trabajo del nuevo equipo de investigación. Por otra se necesita investigar, tomando en cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la actuación de los funcionarios que aparecen en el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla del Río San Juan realizando inspección del lugar con un inculpado, la recogida de evidencia en el río y el ocultamiento de dichos procedimientos al EAAF.

17. Cambiar la narrativa del caso.
La investigación llevada a cabo por el GIEI en sus dos informes Ayotzinapa I y II, ha mostrado numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la llamada “verdad histórica”. En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto: a) las motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta de claridad sobre el destino de los normalistas. Es decir, la realidad de por qué fueron los normalistas a Iguala, la no evidencia de que estuvieran infiltrados ni fueran confundidos por las autoridades con el narcotráfico, ni atacaron el acto político que había terminado cuando llegaron y otras circunstancias señaladas como origen del ataque. Incorporar los hallazgos relevantes ya probados sobre las circunstancias de los hechos, los diferentes ataques y las actuaciones de diferentes corporaciones.

Es necesario que se señale que no existe certeza sobre el destino de los normalistas, las evidencias muestran tanto que uno de ellos fue identificado a partir de un resto óseo, pero también de que al menos uno de ellos existe evidencia telefónica que señalaría que se encontraba vivo a la 1:16h de la madrugada. La narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo aquellos que señalan que no puede responderse a dicha pregunta y que señalan que se necesitarían hacer nuevos estudios experimentales.

18. Continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones.
Las diligencias de búsqueda no deben interrumpirse puesto que los estudiantes siguen desaparecidos. Mientras no se esclarezcan los hechos completamente y no se ubique el paradero de los normalistas, las búsquedas deben continuar. La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de carácter permanente y suponen una herida abierta en los familiares que necesitan respuestas que generen credibilidad y confianza, y no traten de dar respuestas que no se basan en evidencias científicas y una investigación acorde a los estándares internacionales.

19. Mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares.
El GIEI ha contribuido a abrir espacios de diálogo con la PGR y las instituciones, y considera que dichos espacios tienen que responder a las necesidades de las víctimas de tener un seguimiento efectivo de la investigación y conocimiento del caso como parte de su derecho a la justicia. Las reglas de comunicación establecidas en distintos acuerdos deben cumplirse de forma respetuosa y estricta, evitando las formas de comunicación pública sin informar previamente a los familiares y poder responder a sus dudas mediante el diálogo y el respeto a sus derechos. De ello depende que las instituciones recuperen la credibilidad necesaria para generar confianza en las víctimas.

20. Evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad.
En el caso Ayotzinapa los informes del GIEI han mostrado numerosas formas de nueva victimización de las víctimas en los procesos de investigación, las versiones públicas de los hechos o los intentos de estigmatizar a los familiares. Las acciones realizadas contra los familiares deben ser investigadas también en el futuro para promover un contexto de confianza y seguridad para quienes son el elemento central del sentido de la justicia.

Las recomendaciones del GIEI son razonables y plenamente justificadas. Lamentablemente, el gobierno de Peña no las respetará como no ha respetado la vida de los 43 normalistas desaparecidos.

¿Quién hará las investigaciones faltantes? ¿La Seido o la oficina de Tomás Zerón? Ni a cuál irle, las dos están implicadas en los hechos.

"Es considerado uno de los funcionarios más cercanos a los hombres de confianza del presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico del titular del Ejecutivo, señalaron mandos de la institución federal" (Castillo G., en La Jornada, 2 mayo 2016, p.6).

El poder de este individuo es amplio. "Hace más de un año en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se creó un área de inteligencia para no depender sólo de los informes y acciones que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaba a petición de las áreas ministeriales, y que se cumplían únicamente con el aval de Zerón de Lucio. Esas instancias, que entre otras cosas atendían diligencias para el caso Iguala, fueron canceladas".

La historia laboral de Zerón es turbia. Tras haber sido despedido de la SSP federal en tiempos de Genaro García Luna, fue a dar a la PGJ del Edomex, como coordinador de investigación y análisis, "bajo el mando de Alfredo Castillo Cervantes, entonces procurador general de justicia de esa entidad y primo de Humberto Castillejos Cervantes. También conoció al entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

"Tomás Zerón conoció a ambos en la PGR, cuando García Luna fue titular de la Agencia Federal de Investigación (la extinta AFI), Castillejos y Castillo fungieron como asesores del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha; Alfredo Castillo también se desempeñó como director de planeación estratégica de la AFI.

"En esta administración, Castillejos se convirtió en el consejero jurídico del titular del Ejecutivo y Castillos Cervantes fue señalado en algunos momentos como aspirante a dirigir la PGR.

"El procurador Jesús Murillo Karam creó la AIC; en ella juntó los servicios periciales y la Policía Federal Ministerial, y designó a Tomás Zerón como su titular, quien ha sido considerado un hombre clave en las investigaciones y en el caso Iguala.

"Los funcionarios consultados señalaron que Zerón de Lucio posee su propia videoteca y audioteca de interrogatorios y diligencias, y copia de todos los resultados de los peritajes realizados".

La investigación del caso Iguala no podía estar en peores manos. Desde luego, esto es deliberado, una gran burla a toda la nación, secuestrada y en manos de los peores criminales. La nación está indefensa ante tanto agravio e impunidad.

¿Cómo confiar en esas "autoridades", constituidas en mafia organizada y sucia que siembra pruebas, tortura y se burla?


Ref.: 2016, elektron 16 (124) 1-4, 4 mayo 2016, FTE de México.

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